Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Dolores
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede, los que se tienen aquí por reproducidos, este Tribunal resuelve declarar inexistente el líbelo de fs. 927 y por lo tanto mal concedido el recurso de apelación de fs. 928, con costas al presentante. En virtud de las omisiones alegadas por la recurrente, se declara la imposición de costas en el orden causado con relación a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Bomrad; se desestima el pedido de pluspetición inexcusable y se establece que los intereses deberán liquidarse a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos de aplicación. Confirmar en cuanto ha sido materia de agravios la sentencia recurrida, con la aclaración respecto del rubro daño psicológico en cuanto corresponde asignar la suma de pesos cinco mil ($ 5.000) para la Sra. Arce y los restantes ($ 3.000) para el Sr. Vidal (arts. 161, 168, 171 Constitución Provincial; 163 inc. 5°, 165, 260, 263, 265, 266, 272, 330, 354, 374, 375, 384, 385, 411, 424, 457, 474 y concs. CPCC.; 519, 520, 622, 901, 1067, 1068, 1069, 1077, 1078, 1083, y concs. del Cód. Civil; 15, Ac. 2514/92).
Costas al recurrente en razón del principio objetivo de la derrota (art. 68, CPCC.).
Los honorarios se regularán cuando lo hayan sido los de primera instancia (arts. 31 y 51, Ley 8904).
2.
En la ciudad de Dolores, a los diecinueve días del mes de agosto del año dos mil catorce, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, en Acuerdo Ordinario, con el objeto de dictar sentencia en causa Nº 93.428, caratulada: "VIDAL RAMON Y OTRO C/ BOMRAD ABEL ROBERTO Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", habiendo resultado del pertinente sorteo (arts. 263 del CPCC; 168 de la Constitución Provincial), que las Señoras Juezas debían votar según el siguiente orden: Doctoras María R. Dabadie y Silvana Regina Canale.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1a. ¿Es justa la sentencia apelada?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C I Ó N A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA DABADIE DIJO:
A. Viene la causa referenciada al Acuerdo del Tribunal en virtud de la subsistencia del recurso ordinario de apelación que contra la sentencia definitiva dictada en su Primera Instancia, se dedujera por el letrado apoderado del demandado Abel Bomrad y de la co-demandada “La Zulema S.A.”. Consecuente con su actuar, el apelante ha delimitado el cometido de este Tribunal de Alzada mediante el escrito de fs. 948/961. Esta presentación fue respondida por el actor en su escrito de fs. 973/978 y por el apoderado del co-demandado Fernando José Gallino a fs. 980/981. Por su parte el mandatario de los actores Dr. Diego Monzani dedujo recurso de apelación a fs. 927 y expresó sus agravios a fs. 963/966, al tiempo de contestarlos el apoderado de los demandados Bomrad y “La Zulema S.A.” solicitó se declare la inexistencia de ambas piezas procesales y la deserción del recurso.
Toda vez que lo requerido en primer término podría conllevar una sanción grave que privaría al actor de su recurso, a ese extremo me he de avocar en primer lugar. B. Inexistencia de los libelos de fs. 927 y 963/966.
Como ha dicho el Dr. Larruy solicitó se declare en esta etapa procesal la inexistencia de los escritos de fs. 927 y 963 /966 por no corresponderse la firma de esas piezas con la del profesional que aparece en el párrafo de presentación. Como así que el letrado que suscribió los escritos –Dra. Mariana Monzani- no resulta mandataria del actor recurrente.
Por su parte el Dr. Diego Monzani a fs. 973 punto 2.- ratificó la actuación de su socia y hermana Dra. Mariana Monzani en este proceso de modo puntual a fs. 963/966.
Visto el encabezamiento de ambos libelos se presenta el Dr. Diego Monzani, abogado, L.V.F.29 mientras que al pie aparece una firma ilegible con el sello “MARIANA MONZANI ABOGADA TV F 91 C.A.D.”; por lo que se llega a respuesta que emerge impoluta el profesional presentado no ha suscripto los instrumentos.
De conformidad con el art. 118 inc. 3 del CPCC los escritos judiciales deben estar firmados por los interesados, no hay duda que en el caso bajo análisis se incumple tal manda.
El escrito judicial suscripto por la parte o en este caso por el apoderado pertenece a la categoría de instrumentos privados y cuando carece de firma o no hay identidad con la de quien debía suscribirlo, no queda duda que estamos ante un acto inexistente por ausencia de un requisito esencial, pues aún cuando pueda recurrirse al acto de ratificación por aquel que se encontraba legitimado para estampar su grafía lo es sin perjuicio de los derechos de terceros, en suma, su ineficacia parte de su no existir y nada puede quedar en él más allá de la constatación de su inexistencia (arg. arts. 1012, 1065 y 1936 Cód. Civil; CSJN, 6/6/85, ED, 114-798 n 932; 21/10/70, Fallos, 278:84). En rigor nulidad e inexistencia atienden a dos niveles distintos de planteo; en el caso de la nulidad se está ante un acto que tiene existencia pero cuya eficacia, por causas anteriores o coetáneas con el propio acto, está afectada en el parámetro de su validez o invalidez como productor de efectos propio a los que el acto estaba destinado. Cuando el acto, por circunstancias relativas a su esencialidad, no puede nacer a la vida del derecho, su ineficacia parte de su no existir y nada puede quedar de él más que la constatación de su inexistencia, ni siquiera bajo la expresión de la obligación natural (art. 515 Cód. Civil).
A lo dicho se debe agregar que la Dra. Mariana Monzani no tiene la condición de apoderada de los actores; en el poder de fs. 9 sólo se puede leer el nombre del Dr. Diego Monzani por lo que la primera carece de personería para representar a aquellos.
En definitiva, lo dicho sumado a las facultades deberes de la Alzada en cuanto a la verificación de la admisibilidad del recurso corresponde decir que el recurso de fs. 928 ha sido mal concedido por resultar inexistente el instrumento de fs. 927; en su consonancia el escrito de fs. 963/966 debe ser desglosado y entregado a su presentante.
C. Los actores Ramón Luis Vidal y Flora Arce Panizo, en ejercicio de su propio derecho, promovieron acción por daños y perjuicios ocasionados por el accidente acaecido el día 23 de octubre de 2005 en la Ruta 41 en cercanías del Arroyo San Miguel. Accionaron en contra de los propietarios de un animal de la especie bovina; “La Zulema S.A.”, Abel Roberto Bomrad y Fernando Gallino. La sentencia apelada hizo lugar a las excepciones de falta de legitimación pasiva planteadas por los codemandados Gallino y Bomrad y receptó la pretensión indemnizatoria en contra de “La Zulema S.A.” en el entendimiento de que los accionantes probaron en debida forma los extremos narrados en su escrito postulatorio, lo que es motivo de queja por parte del recurrente quien considera que no se meritó la prueba producida de modo correcto. De forma puntual se duele por entender que hubo error en la atribución de responsabilidad a “La Zulema S.A.” y omisión por parte del sentenciante de verificar las conductas de los actores como provocadora/agravadora de sus propios daños. Además impugna los rubros indemnizatorios que prosperaron y su cuantía.
D. Sentencia y apelación en cuanto a la responsabilidad en el acaecimiento del evento.
El señor juez de la primera instancia debió decidir en el presente expediente respecto de un accidente producido entre un animal suelto y un vehículo en movimiento, en la Ruta Provincial 41 a unos 16 kms. de la ciudad de Pila, cuando los accionantes circulaban en dirección a esa ciudad.
El vehículo dominio RSZ-968, era conducido al tiempo del evento por el actor Ramón Luis Vidal a quien acompañaba su esposa Flora Arce Panizo y su nieta menor de edad Ana Laura Zapaza. Al contestar la demanda la accionada “La Zulema S.A.” representada por su presidente, Abel R. Bonrad, negó que el ente societario resultara propietario y/o poseedor del animal vacuno.
La sentencia apelada tiene en cuenta las constancias de la IPP acompañadas a fs. 361/385 y 886, la pericia de ingeniero agrónomo de fs. 544/551, 703/704 y 718; informe de SENASA de fs. 436/438 y testimoniales de fs. 593/690; con tales medios probatorias se conformaron los indicios necesarios para receptar la pretensión actoril. En síntesis el iudex a quo, estableció que la responsabilidad en la producción del hecho dañoso debe recaer sobre “La Zulema S.A.” en su condición de poseedor del animal de la especie bovina al tiempo en que tuvo lugar el evento.
a. Demandado recurrente El letrado apoderado del demandado sostiene su queja en que las conclusiones del magistrado sentenciante al expedirse sobre la responsabilidad de “La Zulema S.A.” en calidad de guardián/poseedor del animal, tuvo por probada la producción del hecho y la participación de la bestia sin haber atendido a la totalidad de la prueba producida y a la verificación de la conducta de los actores como provocadora/agravadora de sus propios daños. Asimismo arguye que no se ha acreditado en autos que su representada propietaria del animal vacuno, por lo que desde su análisis resulta insuficiente la prueba rendida en el proceso, con más exactitud aduce que los dichos de los testigos no han sido valorados en debida forma.
Indica de modo particularizado que sus representados –Bonrad y “La Zulema S.A.”- no tuvieron intervención en la IPP 100.593; en que la testimonial de César que difiere de la prestada en sede penal a la de sede civil; la inexistencia de acta de incautación de la caravana; y que de la pericial de ingeniero agrónomo, de la informativa del SENASA y de la testimonial de Pereyra empleado de Gallino surge que la propiedad del animal era de este último. Que los indicios resultan a su entender insuficientes para tener por propietario o poseedor del vacuno a la condenada.
En lo que respecta a la conducta de los actores refiere a que el actor no tenía licencia de conductor y que el vehículo no tenía apoya cabezas, señala las incidencias que tales extremos podrían tener en la decisión del sentenciante.
Critica los rubros indemnizatorios en cuanto a su viabilidad y la tarifa por la que prosperaron.
Por último señala que el juez de primer grado omitió decidir sobre la imposición de las costas por la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por su mandante Bomrad; solicita se subsane la omisión y se imponga las costas al accionante.
Peticiona se subsane la sentencia en lo que a los intereses que ha de devengar la condena, en tanto en la dispositiva se refiere al Considerando V y este no existe. Por último pretende que se condene a la actora por entender que ha habido en la causa pluspetición por parte de éste, al tener en consideración el monto del reclamo y aquel por el cuál ha prosperado la acción. En definitiva peticiona que se haga lugar al recurso, con costas a los accionantes.
b. Responde de la actora.
Por su parte el letrado apoderado de la actora a fs. 973/978 contestó los agravios traídos por la condenada y al mismo tiempo solicitó la deserción del recurso por insufiencia de la presentación con la que se cumplió con la manda del art. 260 CPCC.
Funda su pretensión en que la pieza procesal carece de autosuficiencia (fs. 979) y que no es una crítica de la sentencia apelada sino que se trata de cuestiones subjetivas. Cita frondosa jurisprudencia sobre el tema en apoya de su pedido.
Responde los agravios del quejoso punto a punto, solicita en definitiva se confirme la sentencia apelada. c. Responde co-demandado Gallino.
A fs. 980/981 contesta el letrado apoderado de Gallino los agravios de la actora y de la co-demandada. En razón de haber declarado mal concedido el recurso de apelación de la accionante, el responde a sus agravios resulta inoficioso.
Con relación al responde de los agravios de “La Zulema S.A.” destaca los dichos del testigo César y la absolución de posiciones del ente societario y de Bomrad, en soporte de su propia posición en la causa.
Solicita se confirme la sentencia apelada.
a. Deserción del recurso.
En razón del requerimiento del letrado apoderado de la parte actora al contestar los agravios, corresponde que me expida sobre el pedido de deserción de la fundamentación de los agravio por no cumplir con la carga que impone el art. 260 del citado digesto (SCBA, Ac. C. 85.339, “Menéndez”, sent. 19-09-07), ya que en caso de prosperar la pretensión cerrará el embate recursivo (SCBA, Ac. C. 92.588, “López”, sent. 31-10-07).
La expresión de agravios en estudio, si bien se aprecia que se sustenta en ciertas objeciones a la valoración de la prueba de naturaleza subjetiva que rozan la mera discrepancia con lo decidido, ya que en el curso de la queja sólo se advierte una selección parcial de la prueba que hubo de tener en consideración el juez de primer grado más no existe en momento alguno referencia a la existencia de otras pruebas idóneas para dar por tierra con la fundamentación de la sentencia, podemos decir que se realiza un paralelismo con lo decidido. No obstante, lo cierto es que esa actividad es muestra de una denodada actividad del letrado apoderado de la co-demandada “La Zulema S.A.” y su presidente Bomrad por revertir el decisorio recurrido; esa acción procesal hace que cumpla aún de modo mínimo con la manda del legislador, pues constituye una crítica razonada y lógica de la sentencia apelada, razón que la exime de la sanción de deserción. En síntesis, la pieza procesal ha superado el examen de suficiencia toda vez que hube de hacerlo con un criterio amplio de apreciación (CC0202 LP 97 133 RSD-244-2 S 26-9-2002; MORELLO, Augusto Mario, Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso, v. I, pág. 175 a 180; art. 260 CPCC).
Trazado aquel sendero debo señalar que la actividad revisora, genuina de esta instancia, se encuentra limitada por el agravio traído por el recurrente, fijándose así la frontera de aquella tarea. Así se han de examinar las cuestiones de hecho y de derecho que hubieron de ser sometidas a la decisión del juez de la primera instancia, siempre que resultaran materia de agravios. Más aún, esta Alzada se encuentra dispensada de examinar aún cuestiones decisivas para el desenlace del proceso, si al expresar sus agravios el quejoso no realizó un planteo expreso a su respecto; al igual que aquellas sobre las que el iudex a quo guardara silencio. Estos principios resultan de inexorable cumplimiento, sin perjuicio del acierto o desacierto con que se hubiera dictado la sentencia puesta en crisis (arts. 260, 261, 266, 272 del CPCC; S.C.B.A., Acs. 74.366 S 19-2-2002, 16.832 S 16-III-1971; CSJN, diciembre 2 de 1980, Fallos, v. 302, pág. 1435).
b. Tratamiento de los agravios.
Los agravios del apelante se configuran con una crítica por entender que hubo error en la atribución de responsabilidad a “La Zulema S.A.” y omisión por parte del sentenciante de verificar las conductas de los actores como provocadora/agravadora de sus propios daños. Además impugna los rubros indemnizatorios que prosperaron y su cuantía. El juez de grado hizo recaer la responsabilidad en la producción del hecho en la co-demandada “La Zulema S.A.” por considerar que era como se dijo poseedora del vacuno, que interviniera en el hecho dañoso en el entendimiento de que la prueba producida en autos resultó suficiente para así hacerlo, pues mediante los indicios colectados durante el proceso fue posible tener por probado que el animal se encontraba en el campo propiedad de aquel. Adelanto que no analizaré todas las argumentaciones de las recurrentes, sino aquellas susceptibles de incidir en mi voto (Conf. CSJN, 13-XI-96, in re: "Altamirano, Ramón c/ Comisión Nacional de Energía Atómica; ídem, 12-II87, in re: "Soñes, Raúl c/ Administración Nacional de Aduanas); como igualmente no he de reiterar los antecedentes fácticos de la causa, en tanto ya han sido explicados y enumerados minuciosamente por la sentenciante de origen, salvo -claro está- que el desarrollo expositivo lo requiera.
1. Marco normativo.
Corresponde a esta Alzada en su misión revisora establecer si el señor juez de la primera instancia hubo de dictar su pronunciamiento ajustado a la prueba rendida en el proceso con debida valoración de aquella. Así también se ha de meritar en un hecho en el que intervino un animal suelto, que se ha de juzgar de conformidad con lo prescripto por el art. 1124 y sgts. del Código Civil, sobre cuál de los litigantes ha de recaer la carga probatoria, pues ésta herramienta de juzgador ha de tener relevancia en la causa.
La norma señalada se refiere a los animales tanto domésticos como feroces, siendo los primeros los que se crían en una casa (domus) y se adaptan a la vida y costumbres del hombre, mientras que los últimos son aquellos de instintos crueles y sanguinarios, y que por dichas características pueden resultar peligrosos para el hombre, más allá de cualquier domesticación accidental, siempre que pertenezcan a alguien o que alguna persona ejerza su guarda (TRIGO REPRESAS, F., en CAZEAUX-TRIGO REPRESAS, Derecho de las obligaciones, 3ª ed. 1996, t.V, pags. 209/210).
El art. 1124 responsabiliza tanto al propietario del animal como a su guardián, y para liberarse de responsabilidad el accionado debe acreditar que el animal fue excitado (art. 1125), el caso fortuito (art. 1128), el hecho de la víctima (art. 1128), o bien que al momento del hecho nocivo el animal se había soltado o extraviado sin culpa de la persona encargada de guardarlo (art. 1127). El fundamento del art. 1124, a pesar de que el art. 1127 le permita al dueño la demostración de su falta de negligencia o de culpa de la persona encargada de guardar al animal (fundamento subjetivo), es objetivo, por lo que la norma contenida en este último artículo no obsta a que a la víctima le sea menos rigurosa la carga de la prueba a la hora de accionar. El ser titular o servirse de un animal doméstico, domesticado o feroz crea una situación de peligro, porque se trata de una cosa animada que en muchas oportunidades no puede ser controlada. Esa imposibilidad de vigilancia y autoridad sobre el animal crea un riesgo, lo que conduce a proteger a los damnificados por el hecho que aquel produzca (HIGHTON- BUERES, Código Civil y normas complementarias comentado, t. 3B, pág. 177 y sgts., Ed. Hammurabi).
En rutas provinciales no concesionadas cuya traza limita con campos cuyos propietarios se dedican a la cría de animales vacunos, entre otras actividades afines, es frecuente encontrar animales sueltos, en algunos casos acompañados por arrieros que los trasladan de un potrero a otro, los conducen para ser cargados en camiones jaula, se los puede ver pastando en las banquinas o en los préstamos adyacentes a la cinta asfáltica ya sea por voluntad de sus propietarios o debido al deterioro de los alambrados, entre otros motivos causantes de aquella conducta por parte de las bestías. Este riesgo creado por el dueño o su guardián, por sí o a través de sus dependientes, conlleva la aplicación del art. 1124, que presume su responsabilidad.
Son legitimados pasivos el propietario, el poseedor, el tenedor sea dependiente o guardián.
2. Marco probatorio. Carga de la prueba.
Sentadas aquellas premisas, he de decir que el señor juez de grado ha decidido la cuestión que le fuera sometida de modo impecable como así lo hiciera al meritar la prueba rendida por las partes.
Decidido que la responsabilidad por el hecho dañoso producido por la intervención de un animal doméstico, domesticado o feroz es de carácter objetivo, la carga probatoria se encuentra depositada en el demandado quien debe acreditar la existencia de algún hecho que quiebre el nexo causal existente entre el daño causado y la participación del animal; como reflejo de ello la carga de probar que la víctima tenía se torna menos rigurosa como se dijo supra.
Sabido es que la carga de la prueba que no es otra que una carga jurídica, constituida esta última por la conveniencia para el sujeto de obrar de determinada manera a fin de no exponerse a las consecuencias desfavorables que podría ocasionarle su omisión.
La actividad de las partes es de fundamental importancia para la suerte de sus pretensiones o defensas, sobretodo en procesos regidos por el principio dispositivo, como el civil, de aquí se deduce que aquellas deben ejecutar ciertos actos, adoptar determinadas conductas, afirmar hechos y hacer peticiones, todo ello dentro de los límites de tiempo y lugar que la ley procesal señale, si quiere obtener éxito y evitarse perjuicios como resultado del proceso. Así “Carga de la prueba es una noción procesal que contiene la regla de juicio, por medio de la cual se le indica al juez cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos, para evitarse las consecuencias desfavorables” (DAVIS ECHANDIA, Hernando, Teoría general de la prueba judicial, t. 1, pág. 424 y sgts.,Ed. Zavalía).
En consonancia con la definición dada he de agregar que la carga de la prueba “no supone ningún derecho del contrario, sino que consiste en un imperativo del propio interés”(SCBA, 14-5-56, AS. 1957-I-88), más aún es una circunstancia de riesgo, que consiste en que quien no prueba los hechos que debe probar, pierde el pleito si de ello depende la suerte de la litis.
Vista la queja del co demandado y las actuaciones, se advierte que la actividad probatoria de aquel no resulta suficiente ni apropiada para acreditar los hechos conducentes y controvertidos en la causa (art. 358 CPCC).
Por este camino he de decir que al actor le bastaba con demostrar la legitimación del accionado para lograr la reparación integral del perjuicio sufrido, y así lo hizo; mientras que el demandado recurrente ninguna actividad probatoria cumplió para demostrar la inexistencia de nexo causal entre el riesgo que conlleva la presencia de un animal suelto y el daño causado.
En forma previa a comenzar el análisis de los medios probatorios producidos en la causa, de modo puntual debe quedar sentado que las constancias de la IPP 100593 que fuera ofrecida como prueba instrumental ad effectum videndi et probandi tienen pleno valor probatorio, sobre todo cuando parte de ella (fs. 361/385) obra agregada en fotocopias certificadas. No es posible bajo ningún concepto descartar la prueba en cuestión, como así tampoco restarle valor probatorio por la mera formulación de especulaciones o por alegar la imposibilidad de verificar el cumplimiento de actos durante su trámite. Las constancias de la IPP resultan relevantes dado que conforman la evidencia científica colectada con la temporalidad más cercana a la producción del hecho haciendo que la misma no sea alterada por el transcurso del tiempo (arts. 979 inc. 2, 993 Cód. Civil).
Es sabido que quien se doliere de ello, en el caso el letrado apoderado de la co-demandada aquí recurrente, bien pudo al tiempo de contestar la demanda ofrecer la prueba que hiciera al derecho de su parte y que entendiera fue realizada en la IPP con lesión de su derecho de defensa. No puede dejarse de lado el principio de adquisición de la prueba por parte del órgano jurisdiccional, sólo sujeto a la debida valoración y argumentación por el sentenciante (arts. 164, 384 CPCC). De acuerdo con la fotografía de fs. 66 primera línea derecha e in fine línea izquierda de la IPP y 375, el animal involucrado en el hecho ilícito era como ya se ha dicho de la especie bovina con pelaje negro, y en su oreja se observa en la fotografía indicada en último termino una caravana de color celeste; no hay duda con relación al tipo de animal si con respecto a su dueño o guardián.
La calidad de propietario del animal por parte de “La Zulema S.A.” debe quedar descartada por las consideraciones siguientes referidas a la modalidad de probar la propiedad de un animal en el caso de la especie bovina. En primer lugar la propiedad del ganado en general se prueba por la existencia en su cuerpo de la marca o señal, en el caso no se hace referencia a la última pero con relación a la primera el perito médico veterinario interviniente en la IPP manifestó que “… a realizar el pelado del trozo de cuero, constatándose que del mismo se desprende que es ilegible cualquier punto de referencia para dictaminar la marca del mismo”(fs. 38 vta.,IPP y 372 vta.). Esa afirmación hace que sea necesario descartar la vía de conocimiento de la marca del animal para establecer la identidad de su propietario (arts. 1 y sgts. ley 22.939; 112 a 121 del Código Rural de la Prov. de Buenos Aires). En segundo término, desde la creación del Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) es posible identificar el propietario de un animal por el número de inscripción en aquel que se grava en las piezas que se colocan en la oreja de la bestía, ese adminiculo se denomina caravana. En el caso de autos en razón de no haber identidad entre el número de identidad del productor (Gallino) y el número que corresponde al vacuno como perteneciente a un campo de propiedad de ese productor; se levanta una valla identificatoria que no es menester investigar en esta instancia pues no hay prueba que devele la ausencia de identidad entre productor y propietario del campo en que se encontraba presuntamente el animal (Res.
SENASA 13/2003).
Lo dicho queda avalado con la informativa agregada a fs. 137/139, 437 y 636/638, procedente del SENASA; ente que no puede completar la información requerida por no conocer si se trata de una caravana oficial dado que no la tuvo a la vista.
Descartada que fuera la propiedad del animal de la especie bovina por las razones señaladas, toda vez que el juez de la causa no puede ampararse en el principio non liquet (art. 15 Cód. Civil) no queda otra opción probatoria que recurrir como lo hizo el Dr. Val a los indicios obrantes en la causa para establecer si la co-demandada recurrente tuvo bajo su custodia el animal en calidad de guardián y en caso afirmativo si se dio algún extremo exonerativo de responsabilidad. Si seguimos ese hilo conductor es dable indicar que resulta poseedor quien tiene la cosa por sí o por otra persona con la intención de someterla al ejercicio de un derecho de propiedad (art. 2351 Cód. Civil); resultará tenedor el que efectivamente tiene la cosa pero reconoce en otro la propiedad (art. 2352 Cód. Civil) tal el caso de los dependientes y guardianes. Con relación a estos últimos por más que el art. 1124 requiera que la persona responsable se sirva del animal, la norma debe interpretarse como comprensiva de una guardia más amplia, o sea que resulta responsable aquel que ejerce, de hecho o de derecho, un poder de gobierno, dirección, contralor o mando sobre el animal o que obtiene un beneficio económico de la cosa; habiéndose transmitido la guarda en forma permanente y no accidental.
Ha quedado probado que el campo propiedad de “La Zulema S.A.” se encuentra a la vera de la Ruta Provincial 41 a la altura en que se produjo el hecho bajo análisis, ver croquis de la IPP (fs. 365) y pericia de ingeniero agónomo punto I de fs. 547.
De ese mismo dictamen emana que en el campo conocido como “La Zulema S.A.” sito en el partido de Castelli, la actividad allí desarrollada es la relacionada con animales vacunos, de diversos pelajes que indicarían su raza entre las que hay de color negro. Ese color de pelaje guarda identidad con el del vacuno que intervino en el hecho que se juzga (fs. 547/552).
El recurrente insiste en la validez probatoria del Acta de 154/156 realizada con la intervención de la escribana Julieta Negroni de Larruy el día 24 de octubre de 2005, realizada el día siguiente al hecho motivo de marras. Este tipo de instrumento cae en cuanto a su validez dentro de la prescripción del art. 993 Cód. Civil vale decir que ha de estarse a los hechos constatados por el notario en tanto no sea aquel redargüido de falsedad. En el caso que me ocupa si bien el instrumento es válido; su contenido debe ser confrontado con otras pruebas obrantes en la causa.
Ello así porque el acta no fue acompañada con las fotografías respaldatorias del estado de los alambrados, toda vez que en la IPP, cuya validez como dije antes también por efectos de la misma norma deviene impoluta, no sólo surge que los alambrados del campo propiedad de la Zulema S.A. estaban cortados y con restos de pelambre animal (fs. 2 vta., IPP) adunando a ello una varilla quebrada.
No puede dejarse de lado que a fs. 67 de la IPP las fotos 11 y 12 ilustran sobre los mismas cuestiones, en el alambrado del campo en cuestión, varilla quebrada y alambres cortados. Se advierte que las fotografías fueron tomadas en horario nocturno y el accidente aconteció a las 23,45 aproximadamente del 23 de octubre de 2005;
elaborándose indicios de coincidencia temporal y contemporaniedad con el hecho ilícito.
Como conclusión de estas reflexiones sobre la validez del contenido del Acta Notarial de fs. 154/155, tengo plena convicción que la misma fue realizada a posteriori de que el señor Bomrad o personal a su cargo arreglaran los perimetrales adyacentes a la Ruta 41; ya que es evidente que dispusieron de tiempo suficiente para hacerlo pues la escribana Larruy se constituyó en el lugar a las 17,35 hs. del 24/10.
Para así concluir he tenido presente las fotografías de fs. 142 de la IPP, con las que se ilustra que el alambrado que en las fotos de fs. 67 estaba cortado, fue reparado mediante ataduras de un trozo de alambre al que estaba cortado y la varilla que pervive está quebrada. Téngase en consideración que esta constatación se realizó en el año 2009 y el alambrado no ha sufrido ni cambios ni reparaciones integrales sólo la que demandó la rotura que existía el tiempo del hecho.
En definitiva, el indicio que he de tener como valedero son las informaciones que emergen de la IPP. Vienen a fortalecer aquellas los dichos del testigo César (fs. 416/418) quien no sólo reconoció como coincidentes los números de la caravana del animal muerto con las del establecimiento “La Zulema S.A.” y que tales caravanas no eran oficiales pues procedían de Francia. Esta última afirmación arroja luz sobre la incertidumbre que había traído el antes referido informe del SENASA en cuanto informa sobre la caravana secuestrada.
Por su parte el testigo González (fs. 594)
ratificó en un todo lo dicho y actuado en la IPP 100593, de lo expuesto en aquella (fs. 23 vta.) surge que el veterinario César le hubo de decir que la caravana se correspondía con un animal propiedad del campo “La Zulema S.A.”.
El conocimiento de César no puede cuestionarse pues en su condición de veterinario conocía de los animales de la sociedad condenada.
No escapa a esta juzgadora que conforme el acta de fs. 398 ante la incomparecencia del representante legal de “La Zulema S.A.” a la audiencia de posiciones requeridas por la parte actora, el letrado apoderado de ésta solicitó se hiciera efectivo el apercibimiento que contiene el art.
415 CPCC.
Al constatar si la notificación a la co-demandada de la audiencia en cuestión fue realizada de modo correcto se advierte que la cédula de fs. 388 dirigida al “Representante Legal de “La Zulema” Sociedad Anónima” fue diligenciada en el domicilio constituido por el letrado apoderado (fs. 161) cuando es sabido que en el caso de que la convocada a absolver posiciones actuara en el proceso mediante mandatario la notificación de la audiencia de posiciones debió serle realizada en el domicilio real del citado.
En definitiva, no es posible hacer efectivo aquel apercibimiento ni proceder a la apertura del sobre de fs. 110, no obstante la omisión de referirse a la cuestión por el juez de primer grado, debido a la deficitaria notificación.
Sabido es que la convicción judicial, al tiempo de sentenciar, se integra con todos los elementos arrimados al proceso, se trate de las afirmaciones a cargo de las partes y pruebas rendidas, incluidas las posiciones negativas; es decir, el silencio y el reconocimiento tácito (art. 354 inc. 1º CPCC). Todo ello puede englobarse en un común denominador, esto es, la conducta procesal de las partes, que el operador jurídico debe valorar pues aunque resulte obvio la conducta pasiva de uno de los litigantes que resulta de aguardar que su oponente realice la totalidad de actividad procesal ha de pesar al tiempo de pronunciar la decisión judicial.
El juez ha de meritar la prueba que se estime idónea para dilucidar la cuestión litigiosa a la luz de las reglas de la sana crítica (art. 384 CPCC; conf. SCBA, Acs. 48.420, 48.970, 49.311), que no son otras que las de la experiencia y las de la lógica, pues ambas permiten que el sujeto neutro a los intereses de los justiciables valore el grado de verosimilitud de los datos aportados, la mayor o menor convicción de que las circunstancias fácticas sostenidas hayan realmente acontecido en la forma que ilustran los elementos de prueba que fueron meritados por la iudex a quo (SCBA, Ac. 45.723).
Por último he de recordar al quejoso que los jueces no están obligados a ponderar una por una y exhaustivamente todas las probanzas, pues basta que lo hagan respecto de las que estimen conducentes o decisivas para resolver correctamente el caso particular, pudiendo preferir algunas de las pruebas producidas a otras, y omitir toda referencia a las que estimaren inconducentes o no esenciales, en síntesis “Los jueces únicamente tienen el deber de expresar en sus sentencias la valoración de las pruebas esenciales y decisivas” (CSJN, 14/9/93, JA, 1994-
II-222; SCBA, 14/6/96, DJBA, 151-5577).
No ha probado el co-demandado en modo alguno haber quebrado el nexo causal creado por la intervención del animal vacuno en la producción del daño, cuando ha quedado probado por medio de presunciones claras, precisas y concordantes que al momento del hecho la bestia se encontraba bajo su cuidado y hubo de escapar a su guarda debido al estado deficitario en el alambrado perimetral (art. 163, inc. 5, CPCC.).
3. Rubros indemnizatorios.
1. Daño físico.
Se queja la recurrente solicitando el rechazo del rubro del epígrafe o, en su caso, la reducción del monto otorgado con sustento en que el vehículo en que se transportaban las víctimas carecía de “apoya-cabezas”, considerando que los daños padecidos pudieron haberse evitado de haber contado con dichos elementos.
El agravio no es de recibo.
Si bien no se encuentra fehacientemente acreditado en autos que el vehículo carecía del referido apoya cabeza en la butaca delantera derecha, en tanto el perito mecánico sostiene que no existen elementos objetivos de prueba que permitan establecer con certeza tal extremo –ver fs. 667 vta./668, pto. 14-, en tanto la restante butaca delantera sí poseía, lo cierto es que la ausencia de dicho elemento no opera como factor determinante del accidente.
En tal camino y como fuera dicho, aunque no existen elementos que permitan establecer certeramente su ausencia, y aún en la hipótesis de tener por acreditada la misma, mas allá de configurar una falta reglamentaria, valorando las causas del acaecimiento del siniestro, los daños padecidos por los accionantes y la mensura que ha efectuado el a-quo, considero que la suma otorgada por el rubro bajo análisis, resulta justa y acorde para resarcir el daño sufrido por la señora Arce, quien ocupaba la butaca del acompañante al momento del accidente, debiéndose confirmar en la suma de pesos diez mil ($ 10.000)(conf. Pericia médica de fs. 852/854 y vta. y contestación de fs. 872; documental de fs. 15, 85/98, 265, 273, 275, 317/323; historia clínica de fs. 798/851; arts. 375, 384, 385, 394, 457, 474 y concs. del CPCC.; 1068, 1069, 1083 y concs. del C. Civil).
2. Daño moral.
Respecto del mismo la recurrente se queja, en principio, en cuanto a la diferenciación de montos otorgados a los accionantes, pesos dos mil ($ 2.000) al Sr. Vidal y pesos cinco mil ($ 5.000) para la Sra. Arce, entendiendo que la misma resulta arbitraria y carente de un razonamiento que habilite la diferencia.
Sostiene que el rubro resulta improcedente, peticionando su desestimación. Sustenta su afirmación en la decisión recaída en la causa penal –archivo-, resaltando que el caso resulta más que fortuito y que la demandada en momento alguno contribuyó al hecho o desplegó algún tipo de conducta que pudiera haber coadyuvado a su consumación. Analizadas tales argumentaciones, debo señalar en lo que respecta a la responsabilidad que se le atribuye a la demandada en el accidente de autos, que tal cuestión ha quedado dilucida precedentemente, por lo que la argumentación a su respecto efectuada por el recurrente queda sin sustento.
No obstante ello, los agravios sobre el rubro en cuestión, en modo alguno logran conmover los fundamentos dados por el sentenciante de grado al respecto (arg. art.
260, CPCC.).
He dicho de modo reiterado, en referencia a la indemnización del daño moral, que tiene por objeto resarcir el quebranto que supone la disminución de aquellos bienes que tienen un valor principal en la vida del hombre, no está sujeto a reglas fijas, su reconocimiento y cuantía depende, en principio, del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión (SCBA, Ac. 55.774, Sen. del 14-05-1996; Ac. 98.039, Sent. del 18-3-2009; Ac. 104.488, Sent. del 25-8- 2010). Para la cuantificación del resarcimiento debido por este rubro, debe considerase su carácter resarcitorio y en particular la índole del hecho generador, como así las lesiones padecidas por la víctima, dolores y sufrimientos que debió soportar.
Su apreciación se ciñe estrictamente a las afecciones espirituales, ninguna relación de proporcionalidad guarda con el resto de los daños reclamados, no encontrándose sujeto a cálculos matemáticos, debiéndo fijarse a la luz de la razonabilidad y la prudencia.
Como consecuencia del hecho los accionantes han sufrido traumatismos y lesiones de gravedad -las que han sido minuciosamente detalladas por el sentenciante en su decisión-, que dieron lugar a distintas internaciones e intervenciones quirúrgicas, produciéndose en el caso de la Sra. Arce, la pérdida de sensibilidad en las manos, determinándose una incapacidad parcial y permanente que se evalúa en el 90%; de su lado, el Sr. Vidal padeció heridas cortantes y fractura de radio cubital izquierdo, debiendo permanecer enyesado por 45 días; tales circunstancias configuran el daño moral resarcible, por lo que el agravio respecto de su procedencia no puede admitirse.
En cuanto a su monto, de difícil estimación por su naturaleza, toda vez que significa nada menos que tratar de medir el sufrimiento que tuvieron que padecer los accionantes, y para lo cual no se requiere prueba alguna específica de su existencia. Conforme lo expuesto y las particularidades del caso y las consideraciones efectuadas por el sentenciante, estimo que las sumas de $ 5.000 y $ 2.000 respectivamente, fijadas por el sentenciante, resultan justas y adecuadas para indemnizar este rubro (art. 1078 del C.C.).
No debe soslayarse que en esta materia aún campeando el principio de la reparación integral, los jueces deben establecer prudentemente el monto de la indemnización, sin que para ello deban utilizarse formas estrictas o matemáticas, y con arreglo a las distintas pautas orientadoras para el caso (arg. arts. 1068, 1083, 1084, 1085, Cód. Civil). (v, mis votos en causas nº 90975, Sent. del 8-3-2012; n° 91156, Sent. del 29-5-2012). En definitiva, corresponde desestimar los agravios interpuestos y confirmar la sentencia apelada en esta parcela.
3. Daño Psicológico.
Sostiene la recurrente en este agravio que la sentencia deviene nula respecto del referido rubro en tanto el sentenciante otorgó una suma –pesos ocho mil- para ambos accionantes, sin especificar exactamente cuanto le correspondía a cada uno, lo que afecta su derecho de defensa.
Por otro parte, considera dicho monto como desorbitado, teniendo en cuenta que el sentenciante sustenta su decisión en una pericia que se ha confeccionado con dichos y exposiciones de la parte actora.
Analizada la queja, considero que la misma no puede prosperar.
Si bien le asiste la razón a la recurrente en cuanto se aprecia que existe una errónea técnica sentencial al otorgarse un único monto indemnizatorio sin determinar exactamente el quatum que le corresponde a cada víctima en razón del daño sufrido, lo cierto es que acreditado el mismo, la indemnización resulta procedente, siendo que, vía aclaratoria –cuestión que no aconeció en autos- o ante esta Instancia revisora, la responsable obligada puede ejercer en plenitud su derecho de defensa, tal como efectivamente lo ha hecho (arg. arts. 242, 255, CPCC.; 18, Constitución Nacional), por lo que la nulidad pretendida no tiene sustento alguno.
Cabe señalar que la iudex a quo tuvo en consideración, a fin de admitir el rubro y su cuantificación, la pericia psicológica de fs. 444/446 y vta., de la cual surgen los trastornos sufridos por por los accionantes –los que se encuentran individualizados en la sentencia apelada-.
En su razón, conforme tal análisis, tiene por acreditado el referido daño y procede a su cuantificación en la suma de $ 8.000 para ambas víctimas.
Considerando la cuestión debatida, ha sostenido esta Alzada que el detrimento por daño psíquico refiere a aquellas alteraciones patológicas de la personalidad de la víctima, sea que se asienten en algunas o varias de sus áreas afectivas, intelectuales, volitivas, causando daño material (a las facultades de las personas, doct. art. 1068 del Cód. Civil), cuya configuración y clasificación, determinación de alcances y vinculación causal o concausal con el hecho lesivo, exige, en cada caso, la intervención de expertos con conocimientos especiales sobre dichos aspectos de la salud humana, toda vez que son ajenos a los conocimientos científicos y empíricos del juez (arts. 457, 472 y 474 del CPCC).
El daño psíquico o psicológico, supone una perturbación de la personalidad del reclamante, que altera su equilibrio básico o agrava algún desequilibrio precedente. Implica una faceta morbosa, que perturba la normalidad del sujeto y trasciende en su vida individual y de relación.
Ahora bien, de lo actuado se advierte que la admisibilidad del rubro bajo análisis si bien resultó cuestionada, lo fue en forma dogmática, sin exponer las razones por las cuales dicho rubro no resulta admisible, mas allá de la nulidad pretendida, por lo que la procedencia del rubro permanece incólume, limitándose entonces la actividad revisora de ésta Alzada a considerar la justeza o no del monto indemnizatorio establecido. En tal sendero, analizados los antecedentes señalados por la sentenciante, en atención a la necesidad de asistencia profesional a fin de elaborar la situación traumática sufrida, considero que el monto otorgado resulta justo, estimando que corresponde asignar la suma de pesos cinco mil ($ 5.000) para la Sra. Arce y los restantes ($ 3.000) para el Sr. Vidal (arts. 165, 272, 457, 472, 473, 474 y concs. del CPCC.; 1068, 1078 y concs. del Código Civil).
En su razón el agravio bajo análisis tampoco puede prosperar.
4. Omisiones de la sentencia.
Entiende el recurrente que el iudex a quo incurrió en una serie de omisiones al sentenciar, solicita se las subsane en esta instancia.
Es principio generalmente expuesto que la Cámara debe llevar a cabo una función revisora, tomando como punto de partida la decisión de la primera instancia, pero esta premisa sufre una excepción, en el caso que el juzgador de origen hubiera omitido decidir alguna cuestión, ya que en ese caso este Tribunal, en lugar de inspeccionar lo resuelto, debe avocarse a las temáticas omitidas en el pronunciamiento atacado.
En este sentido nuestro Superior Tribunal Provincial ha dicho que viola la ley procesal la Cámara “que no considera una cuestión que no fue examinada por el juez de primera instancia, no obstante su inserción, tanto en el escrito inicial como en la expresión de agravios” (S.C.B.A., causa Ac. 23.433, DJJBA, 22-VI-78; v. 114, p. 138).
Sólo es necesario de conformidad con los principios generales que el decisorio sea apelado e introducir el tema en el escrito de expresión de agravios. La falta de deducción de la aclaratoria en caso de omisión de la sentencia de primera instancia no impide su conocimiento por parte de esta Instancia; de ahí entonces, que ante tales hipótesis no es imprescindible ejercer esa vía, ya que dichos defectos pueden ser enmendados por el carril de la apelación (arts. 272, 273 CPCC; Morello-Passi Lanza-Sosa-Berizonce, Códigos procesales ..., V. III, p. 473; Hitters, Juan Carlos, Técnica de los recursos ordinarios, 2da. ed., op. 227).
4.1. Costas de la excepción de falta de legitimación de Abel Roberto Bomrad.
El Dr. Larruy indica que en la sentencia no se hace referencia a las costas que corresponden a la acogida de la excepción de falta de legitimación pasiva que opusiera a su tiempo el demandado Abel Roberto Bomrad. Sabido es que las costas procesales comprenden los gastos necesarios para la preparación, instrucción y decisión del proceso judicial, en ellas se encuentran comprendidos los honorarios de los peritos que intervinieron en el proceso.
En nuestro sistema adjetivo se ha establecido como principio general, que el vencido, sea el actor o el demandado han de soportar todos los gastos, incluidos los de la contraria y aunque resulte de Perogrullo, los propios (art. 68 párr. 1º).
Tales conceptos y visto que ciertamente en los considerandos de la sentencia como así en su dispositiva se ha omitido pronunciarse sobre las costas por la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Bomrad, esa imposición la he de decidir en esta instancia.
De las constancias de la causa que han sido incluso meritadas en este voto ha quedado demostrada la imposibilidad de acreditar la identidad del propietario del animal vacuno, sólo se pudo identificar su guardador. No tengo duda que ante esa dificultad que tuvo la actora más allá de haber tratado de conocer a quien demandar con exactitud mediante la solicitud de varios informes, es por esa razón que tengo pleno convencimiento que aquella tuvo razones suficientes para convocar a Bomrad.
Considero que las costas por la excepción en cuestión deben imponerse en el orden causado (art. 68 2do. párrafo CPCC), dado que el letrado apoderado de los actores bien pudo entender que Bomrad podía tener alguna relación con el animal de la especie bovina de conformidad con lo prescripto por el art. 1124 Cód. Civil.
4.2. Pluspetición.
Solicita el recurrente se condene a la actora por la inexplicable falta de relación entre el monto reclamado ($ 304.900,00) y el de sentencia ($ 39.600,00).
Esta petición se debe enmarcar en la figura conocida como pluspetición inexcusable y en primer lugar se debe verificar que la misma haya sido planteada al tiempo de contestar la demanda limitándose la procedencia del reclamo de conformidad con el art. 72 CPCC.
En el responde (fs. 171 y vta.) bajo el acápite IV.C.) IMPUGNACIÓN se hace una leve referencia a lo infundado del reclamo de los actores y a la posible existencia de plus petición.
Para tener por configurada la pluspetición se debe evidenciar la conducta del pluspeticionario que muestre malicia, temeridad o negligencia grave para resultar injustificable; tales extremos no se han probado en la causa.
Resulta vital como anticipé y como lo manda la norma en cuestión que quien alegue la pluspetición admita el monto hasta el límite establecido en la sentencia, ello no ocurre en el sub examine por el contrario el recurrente intenta en forma denodada que se revoque la sentencia dictada en su contra o al menos se revean los rubros indemnizatorios en su viabilidad y cuantía incurriendo en conducta contradictoria a todas luces con su actividad recursiva.
No tengo dudas que la pretensión del Dr. Larruy en esta parcela debe ser desestimada de plano.
4.3. Intereses.
El sendero de la omisión también es recorrido, en el entendimiento del letrado apoderado de la condenada, con relación a los intereses que ha de devengar el capital de condena pues en el fallo se hace referencia a que se deberán liquidar de acuerdo con el Considerando V pero éste no existe.
Si bien es cierto que el Considerando V no consta en la parte pertinente del decisorio es lo cierto que el tercer párrafo de fs. 922 vta. se lee “… prospera la presente demanda por … con más los intereses legales desde la fecha del evento (23/10/05) y hasta el momento de su efectivo pago (art. 622 del C.C.)”; así entonces los intereses fueron establecidos por el sentenciante aún cuando hubo un error al consignar el número del Considerando como V cuando era III in fine.
A mayor abundamiento, atento la doctrina legal imperante, conforme lo resuelto por la S.C.B.A. en Ac. n° 101.774, in re, Ponce Manuel Lorenzo y otra c/ Sangalli, Orlando Bautista y otros s/ Daños y Perjuicios, sentencia del 21/10/2009, los intereses moratorios deben ser liquidados exclusivamente sobre el capital (art. 623, Código Civil) con arreglo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasa.
De tal forma se deja aclarada la cuestión respecto a la omisión señalada –v, fs. 960 vta., pto. 3-.
5. Costas.
Las costas de esta instancia se han de imponer a la demandada en virtud del principio objetivo de la derrota. (art. 68 CPCC)
VOTO POR LA AFIRMATIVA.
LA SEÑORA JUEZA DOCTORA CANALE ADHIRIÓ AL VOTO PRECEDENTE POR SUS FUNDAMENTOS.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA DABADIE DIJO:
Por lo dicho propongo al Acuerdo declarar inexistente el líbelo de fs. 927 y por lo tanto mal concedido el recurso de apelación de fs. 928, con costas al presentante. En virtud de las omisiones alegadas por la recurrente, se declara la imposición de costas en el orden causado con relación a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Bomrad; se desestima el pedido de pluspetición inexcusable y se establece que los intereses deberán liquidarse a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos de aplicación. Confirmar en cuanto ha sido materia de agravios la sentencia recurrida, con la aclaración respecto del rubro daño psicológico en cuanto corresponde asignar la suma de pesos cinco mil ($ 5.000) para la Sra. Arce y los restantes ($ 3.000) para el Sr. Vidal (arts. 163 inc. 5°, 165, 260, 263, 272, 330, 354, 374, 375, 384, 385, 411, 424, 457, 474 y concs. CPCC.; 519, 520, 622, 901, 1067, 1068, 1069, 1077, 1078, 1083, y concs. del Cód. Civil).
Costas al recurrente en razón del principio objetivo de la derrota (art. 68, CPCC.).
ASI LO VOTO.
LA SEÑORA JUEZA DOCTORA CANALE ADHIRIÓ AL VOTO PRECEDENTE POR SUS FUNDAMENTOS.
CON LO QUE TERMINÓ EL PRESENTE ACUERDO, DICTÁNDOSE LA SIGUIENTE S E N T E N C I A
Por los fundamentos expuestos en el Acuerdo que antecede, los que se tienen aquí por reproducidos, este Tribunal resuelve declarar inexistente el líbelo de fs. 927 y por lo tanto mal concedido el recurso de apelación de fs. 928, con costas al presentante. En virtud de las omisiones alegadas por la recurrente, se declara la imposición de costas en el orden causado con relación a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Bomrad; se desestima el pedido de pluspetición inexcusable y se establece que los intereses deberán liquidarse a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos de aplicación. Confirmar en cuanto ha sido materia de agravios la sentencia recurrida, con la aclaración respecto del rubro daño psicológico en cuanto corresponde asignar la suma de pesos cinco mil ($ 5.000) para la Sra. Arce y los restantes ($ 3.000) para el Sr. Vidal (arts. 161, 168, 171 Constitución Provincial; 163 inc. 5°, 165, 260, 263, 265, 266, 272, 330, 354, 374, 375, 384, 385, 411, 424, 457, 474 y concs. CPCC.; 519, 520, 622, 901, 1067, 1068, 1069, 1077, 1078, 1083, y concs. del Cód. Civil; 15, Ac. 2514/92).
Costas al recurrente en razón del principio objetivo de la derrota (art. 68, CPCC.).
Los honorarios se regularán cuando lo hayan sido los de primera instancia (arts. 31 y 51, Ley 8904). Regístrese. Notifíquese. Devuélvase.
MARIA R. DABADIE SILVANA REGINA CANALE GASTON FERNANDEZ
Abogado Secretario
Fin de la sentencia