Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa V-2660/25-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al pedido de nulidad de la integración dispuesta en PE2083152-2025.-
2Rechazar por improcedente la recusación formulada por el Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: V-2660/25-TSJ Interlocutorio N°: 3913 Actor: VIDAURRE MIGUEL MARÍA Y OTROS Demandada: EMPRESA F.K. MINERA S.A. Y/O CANERO ARTURO Objeto: SUMARIO s/ QUEJA POR CASACION DENEGADA -PARTE DEMANDADA- Fecha: 06-04-2026 Texto: TOMO XXXVII -INTERLOCUTORIO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 3913 FOLIO Nº 7271/7273 PROT. ELECT. TSS1 004 I.261
Río Gallegos, 6 de abril de 2026.-
Los presentes autos caratulados: “VIDAURRE MIGUEL MARÍA Y OTROS c/ EMPRESA F.K. MINERA S.A. Y/O CANERO ARTURO s/ SUMARIO s/ QUEJA POR CASACION DENEGADA -PARTE DEMANDADA-”, Expte. Nº V-2660/25-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en primer término, en virtud del acuse de nulidad de la integración dispuesta en PE2083152-2025 y del pedido de “apartamiento”, deducido por el Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal Superior de Justicia, respecto de V.E. Dr. Daniel Mauricio Mariani (cfr. PE2091344-2025).-
En cuanto a la primera cuestión (pedido de nulidad de la integración de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia). El Sr. Agente Fiscal manifiesta que: “Ello, en virtud que el suscripto se ve en la obligación de manifestar que remitiéndome a la medida cautelar decretada por el TSJ en fecha 8 de Octubre del corriente año, en el marco de los autos caratulados: 'Asociación Gremial de Empleados Judiciales de la Provincia de Santa Cruz '3 de Julio' c/ Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz y Otra s/ Acción de Inconstitucionalidad – Incidente de Medida Cautelar' Expte. N° A-917/25- IMC-TSJ, la ley 3949 se encuentra suspendida y en consecuencia las referidas designaciones dispuestas en los decretos mencionados.” (cfr. PE cit.).-
En relación al segundo tema, el Sr. Agente Fiscal solicita el apartamiento del mencionado Vocal en virtud de lo expresado por el Dr. Daniel Mauricio Mariani en el escrito PE2083152-2025. Al respecto aquel Funcionario manifiesta: “Que no obstante lo resuelto en la medida cautelar mencionada ut supra, considero que el Dr. Daniel Mauricio Mariani además de incumplir con lo ordenado por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia procediendo a integrar de acuerdo a una normativa no vigente; desoye también lo ordenado por el Alto Cuerpo en cuanto a la integración del Tribunal en el presente trámite, según lo dispuesto en la Resolución Interlocutoria obrante en éstos actuados, integración que el nombrado magistrado consintiera y rubricara… Por lo expuesto, es que además de la nulidad de la integración dispuesta, solicito, a los efectos de preservar la imparcialidad en la resolución de los actuados, el apartamiento del Dr. Daniel Mauricio Mariani en las presentes actuaciones.” (cfr. PE2091344-2025).-
II. El Dr. Daniel Mauricio Mariani expresa en su informe que: “…pongo en su conocimiento que el apartamiento perseguido por el Sr. Agente Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia resulta improcedente toda vez que la petición referida no se encuentra dentro de las facultades conferidas al nombrado por el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Justicia de la Provincia de Santa Cruz, carece de fundamento jurídico y finalmente el instituto alegado (apartamiento) no se encuentra previsto en nuestro Código de rito. Nótese que la intervención que le cupo al mencionado profesional en este proceso se encontraba limitada a dictaminar con relación a la competencia del Alto Cuerpo en los términos del artículo 71 inc. a) de la Ley Orgánica de la Justicia de la Provincia de Santa Cruz (cfr.
PE1144986-2025) sin revestir la calidad de parte y careciendo, en consecuencia, de legitimación para perseguir el presunto apartamiento del suscripto […] Sumado a ello, la pretensión perseguida no resulta ser un instituto previsto en nuestro Código de rito lo que obsta a todas luces a su procedencia. Si bien es cierto que nuestra normativa procesal faculta a los interesados a pretender el apartamiento de un Magistrado de un proceso, dicha facultad se encuentra conferida exclusivamente a las parte (sic) intervinientes (cfr. art 14 y 18 del CPCC) y, en el caso de un Vocal del Excmo. Tribunal Superior de Justicia, únicamente a través del instituto de la 'recusación' y por alguna de las causales previstas en el artículo 17 del CPCC las que tampoco fueron invocadas ni mucho menos suficientemente demostradas.
En cuanto al argumento referido a que este Magistrado incumple con lo ordenado por el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, resta aclarar que la integración dispuesta en PE2083152-2025 fue ordenada en cumplimiento de la normativa vigente (Ley 3949) en tanto y en cuanto la resolución que hace lugar a la medida cautelar dictada en los autos 'Asociación Gremial de Empleados Judiciales de la Provincia de Santa Cruz '3 de Julio' c/ Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz y Otra s/ Acción de Inconstitucionalidad – Incidente de Medida Cautelar' Expte. N° A-917/25- IMC-TSJ carece de firmeza toda vez que la misma se encuentra recurrida y en consecuencia suspendida su ejecución. En efecto, la Fiscalía de Estado interpuso revocatoria in extremis, incidente de nulidad y recurso extraordinario federal contra la resolución dictada el 8 de octubre de 2025 (PE2042245, inl00008282.pdf) por lo que, la mera interposición de los mencionados recursos tienen efectos suspensivos respecto de la medida cautelar conforme lo disponen los artículos 13 de la Ley 3947 y 499 segundo párrafo del CPCyCN […] Con relación a lo manifestado por el Sr.
Agente Fiscal en el cuarto párrafo de su presentación, resta aclararle al mencionado profesional que el objeto del presente proceso es un recurso de queja por casación denegada y que en el mismo no obra resolución interlocutoria alguna referida a la integración del Alto Cuerpo, al contrario la única providencia referida al tema es la obrante en PE2083152-2025 cuya nulidad persigue. En consecuencia, la alegación efectuada (sic) el Sr. Agente Fiscal no impone una estructura de argumentaciones convincentes y fundadas toda vez que los reproches argüidos distan de encontrarse abonados por fundamentos normativos serios y reitero, tampoco se demuestra ni se advierte causal alguna que pueda considerarse encuadrada en los supuestos de recusación que contempla el artículo 17 del CPC y C.
Más teniendo en consideración la interpretación restrictiva que se debe campear en estos casos, pues se podría afectar la garantía del juez natural (cfr. art. 18 de la C.N.). Por lo expuesto y al advertirse el carácter manifiestamente improcedente del apartamiento impetrado y la nulidad perseguida, solicito el rechazo de las mismas.”. (cfr. PE212653-2025).-
Habiéndose producido el informe que prescribe el artículo 22 del Código Procesal Civil y Comercial quedan los presentes actuados en estado de resolver (cfr. PE1263901-2025).-
III. En relación al pedido de la nulidad de la integración, efectivamente, surge de las actuaciones que el Dr. Daniel Mauricio Mariani suspende el pase al Acuerdo y hace saber que los Dres. José Antonio González Nora, Sergio Edgardo Acevedo, Juan Lucio Ramón de la Vega y Gabriel Nolasco Contreras, integrarían este Tribunal Superior de Justicia (cfr. Decretos del Poder Ejecutivo Provincial 858/25, 859/25, 871/25 y 873/25 respectivamente) (cfr. PE2083152-2025).-
Al respecto se debe recordar que en autos:
“Asociación Gremial de Empleados Judiciales de la Provincia de Santa Cruz '3 de Julio' c/ Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz y Otra s/ Acción de Inconstitucionalidad”, Expte. N° A-917/25- TSJ, se ha dictado sentencia, en la que se declaró la inconstitucionalidad de la Ley Nº 3949, la ineficacia de todos los actos dictados en su consecuencia. Asimismo se establece que la invalidez dispuesta impide que la Ley Nº 3949 haya producido efectos jurídicos válidos, manteniendo plena vigencia el régimen anterior relativo a la integración del Tribunal Superior de Justicia, conforme lo establecido por el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Justicia Nº 1600 (texto según Ley 2404). (cfr. PE2144088-2025 del expediente citado en este párrafo). Razón por la cual le asiste razón al Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo deviniendo nula la integración efectuada.-
El “apartamiento” que solicita el Fiscal es, técnicamente hablando, una recusación con causa. Por lo que en atención a este instituto analizaremos la cuestión.-
El artículo 18 del CPCyC dispone que:
“Oportunidad. La recusación deberá ser deducida por cualquiera de las partes en las oportunidades previstas en el artículo 14º. Si la causal fuere sobreviniente, sólo podrá hacerse valer dentro de quinto día de haber llegado a conocimiento del recusante y antes de quedar el expediente en estado de dictar sentencia.”.-
De la lectura de este artículo se advierte que el Código de Rito determina que quienes se encuentran facultados a recusar son los que revisten la calidad de parte en el proceso. No posee tal calidad el Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal. Por lo tanto la recusación debe ser rechazada.-
Al respecto ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “Que -en efecto- este Tribunal ha decidido que las cuestiones de recusación tienen por objeto preservar la mejor administración de justicia, cuyo ejercicio imparcial es uno de los elementos que integra la garantía del debido proceso reconocida en el art. 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 251:132 y su cita). De ahí, pues, que sólo cuentan con legitimación para introducir planteos de la naturaleza indicada quienes intervienen en el proceso en calidad de parte (arts. 14, 15 y 18 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; Fallos: 313:1047). 3°) Que, en las condiciones expresadas, el titular del Ministerio Público Fiscal carece de aptitud para deducir la recusación que intenta, pues su actuación en el sub lite está inequívocamente limitada -como lo dispone el art. 33, inc. a, apartado 5, de la ley 24.946- a dictaminar si corresponde a la competencia del Tribunal la cuestión federal articulada en el recurso extraordinario, sin asumir la condición de parte como, en cambio, prevé dicho texto legal para otro tipo de situaciones (arts. 40, inc. b, y 41, inc. a).” (Fallos 322:1408). Afirmaciones estas extrapolables, al caso bajo estudio.-
Sin perjuicio de lo antedicho, el reclamo esbozado, por el Sr. Agente Fiscal, tampoco brinda razones convincentes y fundadas que permitan determinar que nos encontramos ante un supuesto que haga viable la recusación.-
Se debe señalar que la conducta desarrollada por el Dr. Mariani no se encuentra contemplada en ninguna de las causales de recusación contempladas en el artículo 17 del CPCyC.-
Debe destacarse que el artículo 17 del CPCyC establece la posibilidad de la recusación en base a una enunciación taxativa referenciada a lo largo de diez incisos. Debe resaltarse que en materia de recusación con causa el sistema vigente se sustenta precisamente en esta enumeración específica de los motivos que la hacen procedente, debiéndose entender con un criterio restrictivo, y requiriéndose una fundamentación seria y precisa al momento de su reclamo, por tratarse de un acto grave y trascendental.-
De las constancias de la causa, más allá de la percepción y manifestaciones del recusante, no surge objetivamente el encuadramiento en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 17 del CPCyC.-
Pues su relato no es susceptible de llevarnos a una conclusión inequívoca, teniendo en cuenta el carácter restrictivo con las que deben ser ponderadas las causales previstas en el artículo 17 del Código Procesal Civil y Comercial.-
A mayor abundamiento, debe dejarse en claro que, por principio, los juicios deben iniciarse y concluirse ante los jueces naturales, pues de lo contrario se abrirán las puertas a una desviada interpretación de la norma (cfr. Sum. SCBA, “Empresa hípica argentina c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios”, LP B 67653, del 23/06/1989; TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXI, Reg. 3508, Folio 6007/6009).-
Por lo tanto, la recusación con causa deducida resulta inad-misible en razón de lo expuesto y en función del criterio de interpretación restrictiva que subyace en todo este instituto (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos IX, Reg. 1314, Folio 1771/1774; XXVII, Reg. 3187, Folio 5239/5243; XXX, Reg. 3439, Folio N° 5813/5818, entre otros).-
Por todo ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar al pedido de nulidad de la integración dispuesta en PE2083152-2025.-
2. Rechazar por improcedente la recusación formulada por el Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal.-
La presente resolución se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse excusada la Dra. Reneé Guadalupe Fernández (art. 27, 2º párrafo, Ley 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal a/c de Presidencia-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1004I.261 Tomo: XXXVII Interlocutorio: 3913 Folio N°: 7271/7273 Secretaría: 1
Fin de la sentencia