Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa V-2275/18-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 674/695, por quebrantamiento de formas sustanciales, y en consecuencia declarar la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 656/670, debiendo reenviarse los presentes autos a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte nuevo pronunciamiento conforme a derecho y según corresponda.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: V-2275/18-TSJ Interlocutorio N°: 699 Actor: VIDAURRE MIGUEL MARIA Y OTROS Demandada: EMPRESA F.K. MINERA S.A. Y/O CANERO ARTURO Objeto: SUMARIO Fecha: 17-12-21 Texto: TOMO XXI -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 699 FOLIO Nº 4147/4151 PROT. ELECT. TSS1 027 S.211
Río Gallegos, 17 de diciembre de 2021.-
Los presentes autos caratulados: “VIDAURRE MIGUEL MARIA Y OTROS c/ EMPRESA F.K. MINERA S.A. Y/O CANERO ARTURO s/ SUMARIO”, Expte. Nº V-9827/07 (V-2275/18-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por el Sr. Miguel María Vidaurre, por intermedio de su letrado apoderado Dr. Horacio Daniel García, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, que declaró de oficio la inexistencia de todo lo actuado a partir de la foja 211 segundo párrafo, e innecesario el tratamiento de los recursos de apelación e impuso las costas de ambas instancias a la actora (cfr. 662/670).-
II. La parte recurrente, procura que en casación se revoque dicha decisión, acusando violación de la ley, y el principio de congruencia en los términos de los artículos 2º y 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y arbitrariedad. Plantea que el fallo renuncia a la búsqueda de la verdad jurídica objetiva y configura un exceso ritual manifiesto, incompatible con un adecuado servicio de justicia (cfr. fs. 674, 675 vta. y 682 vta./683).- Sostiene, que la sentencia en crisis viola los artículos 34 inciso. 5 apartado b), c), e), 276, 309, 314 del CPC y C; el art. 3° del Código Civil y Comercial y artículos 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional. Considera que se encuentra ante un caso de arbitrariedad que vulnera las garantías de igualdad, propiedad y debido proceso. (cfr. fs. 674 y 675 y vta).-
Indica que la Excma. Cámara Apelaciones vulnera su facultad revisora con los límites impuestos por los agravios, al fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de Primera Instancia. (cf. fs. 675 y vta.).-
Ratifica reserva del caso federal (cfr. fs. 693 vta./694 vta.).-
A fs. 701/702, la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto.-
A fs. 722/723 obra interlocutorio de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia declarando bien concedido el recurso y poniendo los autos a disposición de las partes de conformidad con el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, sin que ninguna de las partes haya hecho uso de ese derecho (cfr. certificación de foja 729).- El Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Tribunal dictamina a fs. 730/734 vta., quien por los fundamentos que allí invoca y a los cuales nos remitimos en honor a la brevedad señala que: “…no debe hacerse lugar a los agravios esgrimidos por la actora…” (cfr. fs. cit.).-
A foja 776 se reanuda el llamado de autos oportunamente dispuesto y vuelven los presentes a estudio.-
III. Que, en lo que atañe a los agravios que se alzan contra la decisión de la Excma. Cámara de Apelaciones, reiteradamente este Tribunal ha tratado la violación del principio de congruencia procesal en el andarivel de artículo 2 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-: “…en materia de incongruencia, el remedio se opera a través de la vía del quebrantamiento de formas (art. 2º -Recurso de Casación - Ley 1687), precisamente por tratarse de un vicio estructural que necesariamente invalida al pronunciamiento así dictado…” (cfr. Sentencia, Tomo IX, Reg. 313, Folio 1685/1694).- Que, desde el cuadrante doctrinario se ha definido a la congruencia procesal como la “…coherencia o correspondencia lógica, como comparación o confrontación entre lo peticionado por las partes y la parte dispositiva de la resolución.
No significa acogimiento de lo solicitado, sino pronunciamiento acerca de lo requerido […] Es un requisito interno de armonía…de la sentencia y de respeto a los principios de aportación de parte y de contradicción que rigen el proceso civil: Iudex iudicare debet secundum allegata et probata partium…” (cfr. Enderle, Guillermo Jorge: “La congruencia procesal”, Rubinzal Culzoni Editores, 1º Ed. Santa Fe, 2007, pág. 57). Así, nuestro ordenamiento jurídico se adscribe al “…rígido sistema de preclusiones que encapsula herméticamente el thema decidendi en los márgenes estrictos del contenido de la litiscontestatio…” (cfr. Berizonce, Roberto O., “El objeto de la decisión y cuestiones que integraron la litis (Flexibilización del principio de preclusión)”, en Masciotra, Mario y Rosales Cuello, Ramiro (coordinadores) “El principio de congruencia”.
Libro homenaje a Augusto Mario Morello, Librería Editora Platense, La Plata, 2009, pág. 156).- Que, la violación del principio de congruencia puede presentarse de diversas formas. Así, el ex Juez Hitters en un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, sostenía que “El postulado en cuestión asume -como bien señala Guasp- tres caras distintas, a saber: por omisión, esto es cuando el fallo contenga menos de lo pedido por las partes (ne eat iudex citra petita partium); por extralimitación, cuando otorga más de lo impetrado por los litigantes (ne eat iudex ultra petita); o por ambas razones, es decir mixto, cuando padezca de los dos defectos a la vez. (Derecho Procesal Civil, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1961, pág. 533)” (cfr.
SCBA, “Ferreyra, Graciela Elvira c/ Suma S.A. s/ Pronto Pago de Crédito Laboral”, del 7-6-2006, causa Ac 838185).- Que, en el sublite la recurrente se agravia por entender que el decisorio en crisis ha incurrido en este vicio procesal al haberse declarado de oficio la inexistencia de todo lo actuado en los presentes a partir de la foja 211, segundo párrafo.-
Al respecto, es concordante la doctrina al decir que: “… ‘...El proceso tiene límites objetivos (objeto y causa) y subjetivos (partes), el tribunal debe fallar dentro de esos límites, los cuales, en el proceso dispositivo que nos rige, son los que derivan de las pretensiones de las partes. Es éste el principio de congruencia al que deberá ajustarse la sentencia. El objeto del proceso en la segunda instancia es el mismo de la primera, fijado por el actor en su pretensión (o el demandado en su reconvención) y delimitado por las defensas del demandado…No existe en nuestro sistema el novum iudicium, por lo que debe enunciarse el siguiente principio negativo: el objeto del proceso de segunda instancia no puede ser distinto al de la primera; es decir, el tribunal a quem no puede conocer sobre cuestiones no propuestas a la decisión del juez a quo…’ (confr. BACRE, Aldo, ‘Recursos ordinarios y extra-ordinarios’, Ed. La Rocca, Bs. As., 1999, págs. 262/263)...” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXIII, Reg. 2853, Folio 4494/4497).- Tampoco los jueces de instancias superiores pueden conocer “…de aquellas cuestiones que han quedado firmes al haberse consentido la sentencia, dejando transcurrir el plazo perentorio de impugnación, o por no haber sido objeto de agravios?” (cfr. Bacre, Aldo: “Recursos ordinarios y extraordinario. Teoría y práctica”, Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2010, págs. 273/274).-
Es decir que: “…La congruencia de la sentencia pronunciada por los tribunales de apelación permite señalar un doble comportamiento lógico; uno, el que resulta de la relación procesal, y otro, nacido de la propia limitación que el apelante haya impuesto a su recurso, siendo la expresión de agravios, o memorial en su caso, la que señala el ‘marco de competencia del tribunal’, no pudiendo éste resolver de oficio cuestiones ajenas a las planteadas en la impugnación…” (cfr. Fenochietto, Carlos Eduardo, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, comentado, anotado y concordado con los códigos provinciales, Ed. Astrea, 1999, Tomo 2, págs. 113/114).- En igual sentido se ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al decir que la jurisdicción de las Cámaras está limitada por el alcance de los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su facultad decisoria, y que la prescindencia de tal limitación infringe el principio de congruencia que se sustenta en los artículos 18 y 17 de la Constitución Nacional (Fallos: 310:1371, 315:501, 325:657, 327:3495) (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 593, Folio 3407/3411).-
IV. En los presentes, se expresa en la sentencia en crisis: “Del examen de las constancias de autos se advierte que a fs. 136/149 vta. luce agregado el escrito de demanda; ratificada la misma por los Sres. Raúl Felipe Vidaurre y Carlos Leandro Vidaurre a fs. 151 y 153 respectivamente, la a quo ordena subsanar la omisión de indicación del monto reclamado en el escrito de inicio en el término de cinco días ‘...bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de tener por no presentada la demanda.’ (cfr. fs. 154). A fs. 155 y vta. el letrado apoderado del actor aclara y estima el valor del resarcimiento peticionado y seguidamente, la magistrada dispuso en virtud de lo establecido por los artículos 314, 34 inc. 5 y 308 del Código Adjetivo que: ‘No habiendo subsanado la parte mediante el escrito que antecede las omisiones señaladas a fs. 154, y en uso de las potestades conferidas..., la que habilita a los magistrados a tomar las medidas necesarias para que la relación procesal del pleito se constituya regularmente evitando el dispendio jurisdiccional y garantizando el principio de congruencia, a fin de arribar a una sentencia de mérito, es que corresponde hacer efectivo el apercibimiento allí señalado, rechazando in limine la demanda...’ (v. fs. 156). La providencia de mención fue apelada -por el accionante -a fs. 157 y rechazada por la juez de grado a fs. 158. Empero -articulada la impugnación del rechazo decidido- a fs. 201/202, este Tribunal dicta sentencia interlocutoria mediante la que se hace lugar al recurso de queja por apelación denegada articulado por la parte actora’. En consecuencia, la Sra. Juez [a] fs. 204 y vta. dispone conceder el plazo de estilo a los fines de que el recurrente fundamente la impugnación deducida. Sin embargo, el actor apelante a fs. 209 solicitó: ‘...se tenga por desistido el recurso de apelación oportunamente interpuesto y concedido.’. El desistimiento fue proveído a fs. 211, continuándose con el trámite judicial iniciado.” (cfr. fs. 666 y vta.).- Ante esta situación, la Excma. Cámara de Apelaciones concluye: “Se evidencia que al desistir el recurso de apelación deducido contra la providencia de fs. 156 -el cual fuera concedido por esta Alzada- el rechazo in limine de la demanda interpuesta ganó firmeza, por lo que el proceso que se instruyó lo fue sobre la base de una pretensión rechazada judicialmente.” (cfr. foja cit.).-
Con base en ello, se expresa: “Lo actuado con posterioridad no subsana el destino de la demanda interpuesta pues la estimación de monto reclamado que el actor presenta en autos luego de desistir del recurso, en modo alguno tiene la virtualidad de revocar el rechazo in limine dispuesto por la señora magistrada.” (cfr. foja 667 vta.).-
Agrega finalmente: “En resumen, se advierte la construcción de un proceso judicial sobre una demanda que fue objeto de la repulsa liminar por parte de la magistrada, decisión ésta cuya revisión es inviable en esta instancia por cuanto la misma ha ganado firmeza al tiempo que fue el mismo actor quien desistió que (sic) la ponía en crisis...Claro es que al tener por desistido del recurso de apelación deducido por la actora contra el rechazo de la demanda, esta última decisión ganó firmeza y consecuentemente el juez de grado carecía de competencia alguna para continuar con la sustanciación de un proceso finiquitado, menos aún dictar sentencia respecto de las pretensiones sobre las que ya existía una decisión firme, su rechazo.” (cfr. fs. 668 y vta.).- Se arguye en definitiva que: “Los actos procesales posteriores al ordenatorio de fojas 211, (luego del error incurrido no advertido -por los justiciables-) deben ser considerados inexistentes, pues fueron dictados por un juez que no tenía facultades para decidir u ordenar en el marco del expediente de marras, pues ya no tenía la potestad de juzgar en el mismo. Tales actos ineficaces no pueden adquirir efectos por consentimiento o ratificación.” (cfr. fs. 668 vta./669).- Finalmente, se resuelve “…declarar la inexistencia y privar de efecto lo actuado a partir de fs. 211, segundo párrafo en adelante.” (cfr. foja 669).-
V. La Excma. Cámara de Apelaciones despliega una serie de fundamentos con base estrictamente procedimental, apartándose sin embargo de principios que resultan necesarios para arribar a una decisión justa.-
En primer lugar, debe señalarse que luego del desistimiento del recurso por parte de la actora a foja 209, se realiza la estimación del monto de la demanda a fs. 210 y vta..-
Si bien en el proveído de foja 211 la Sra. Jueza tiene por desistido el recurso oportunamente concedido, también decide a continuación: “Proveyendo el escrito de fs. 210 téngase presente la estimación del monto de la demanda efectuada por el Dr. Horacio Daniel García en nombre y representación de Miguel M. Vidaurre...Previo a todo trámite requiérase la conformidad de los demás actores.”.-
Finalmente, a fs. 216 y vta., se provee la demanda ordenándose su traslado a los accionados.-
Ante la inactividad de la contraria, se declara su rebeldía a fs. 222, primer párrafo.-
Como bien es señalado por la Alzada y citado supra, a lo largo de este expediente se produjeron situaciones confusas y errores hace ya más de 10 años (resulta importante destacar que el proveído de fs. 156 que ordena rechazar in limine la demanda es de junio de 2007, mientras que el proveído de foja 211 es de junio de 2008), y que tienen eco en la actualidad.-
De esta manera, la sentencia en crisis implica en los hechos que de forma oficiosa desaparezcan años de actuaciones judiciales.-
Para ello, entran en juego los principios de preclusión de las etapas procesales, seguridad jurídica y progresividad.-
En cuanto al primero de ellos, se ha dicho: “Preclusión y nulidad. El saneamiento por consentimiento de los actos que adolecen de nulidad procesal...está también ligado a la preclusión, ya que ‘la firmeza de los actos procesales es una necesidad jurídica que justifica la validez de los mismos, no obstante los vicios que pudieran presentar, si no se formuló en oportunidad la correspondiente impugnación.’”(cfr. Falcón, Enrique M:, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Tomo II, pág. 392).- Ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el principio de preclusión reconoce su fundamento en motivos de seguridad jurídica y en la necesidad de lograr una administración de justicia rápida dentro de lo razonable, evitando así que los procesos se retrotraigan a etapas ya superadas y se prolonguen indefinidamente (Fallos 314:1399). De allí que el pronunciamiento que afecta una situación procesal ya consolidada al amparo de la preclusión resulta incompatible con las garantías dispuestas por los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos 320:2653), pero la preclusión no legitima situaciones inconciliables con el orden público (Fallos 323:2562).- Sin lugar a dudas, una administración de justicia que sea rápida es el norte hacia el cual debemos mirar continuamente. Ello obviamente resulta totalmente contradictorio con procesos que puedan prolongarse sin fin.-
Recientemente, también ha dicho nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación: “Que tanto el principio de progresividad como el de preclusión reconocen su fundamento en motivos de seguridad jurídica y en la necesidad de lograr una administración de justicia rápida dentro de lo razonable, evitando así que los procesos se retrotraigan a etapas ya superadas, o que se reabran los plazos procesales transcurridos, o se rehabiliten facultades procesales después de vencidos los límites legales para su ejercicio (Fallos: 320:1670, entre muchos otros).” (cfr. SCJ, “OSPLAD c/ Salta, Provincia de s/ Ejecución Fiscal”, 27/2013(49-0)).- En definitiva, se advierte que la sentencia que excede cualitativa o cuantitativamente el objeto de la pretensión menoscaba el derecho de defensa en juicio de la parte actora, quien a raíz de ese proceder, se la viene a privar de toda oportunidad útil de alegar y probar acerca de temas que no fueron objeto de debida controversia.-
Que, no otra cosa fue lo sostenido por este Tribunal Superior de Justicia al decir que debe prosperar el quebrantamiento de formas deducido por vía del recurso de casación, en virtud que el fallo de Cámara ha violado el principio de congruencia al haber introducido cuestiones no incluidas en los agravios de los recursos de apelación, todo ello en razón de que la jurisdicción de los Tribunales de Alzada, están limitados por el alcance de los recursos concedidos, que determinan el ámbito de su competencia decisoria (cfr. Sentencia, Tomos VII, Reg. 229, Folio 1234/1238; XVIII, Reg. 593, Folio 3407/3411).- Esto es así en razón que: “…‘Una de las garantías del debido proceso consiste en el marco que tiene la judicatura para no introducir alegaciones o cuestiones de hecho sorpresivamente, de manera que las partes no hayan podido ejercer su plena y oportuna defensa; por ello, la conformidad entre la sentencia y la demanda en cuanto a las personas, el objeto y la causa, es ineludible exigencia de principios sustanciales del juicio relativos a la igualdad, bilateralidad y equilibrio procesal, toda vez que la litis fija los límites de los poderes del juez.
Superando este marco, se produce el quebrantamiento del principio de congruencia’ (confr. sum. JUBA, SCBA, L 32598 S 24-8-1984; SCBA, L 34731 S 30-7-1985, A y S 1985 II, 271; SCBA, L 66755 S 17-11-1998), ya que ‘El destino del principio de congruencia es conducir el proceso en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio y exige que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa’ (confr. sum. JUBA, SCBA, L 34882 S 23-12-1985 A y S 1985 III, 835; SCBA, L 40856 S 7-2-1989, DJBA 136, 101 A y S 1989-I, 41), porque ‘La conformidad entre la sentencia y la demanda en cuanto a las personas, el objeto y la causa, es ineludible exigencia de cumplimiento de principios sustanciales del juicio, relativos a la bilateralidad, igualdad y equilibrio procesal, toda vez que la litis fija los limites de los poderes del juez, conculcándose el principio constitucional de la defensa en juicio cuando el decisorio recae sobre una cosa no reclamada o sobre un hecho que no ha sido propuesto a decisión’ (confr. sum.
JUBA, SCBA, Ac. 33329 S 5-11-1985, A y S 1985-III-363 - DJBA 1986-130, 278).” (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XII, Reg. 425, Folio 2322/2327).- Finalmente cabe destacar que pese a las diversas situaciones acaecidas en los presentes actuados, en todo momento se mantuvo a salvo el derecho de defensa de los demandados, ya que todo error en el que pudiera incurrirse se subsanó antes del traslado de la demanda (así, y como se expresara, a fs. 216 y vta. se provee la demanda ordenándose su traslado a los accionados; y ante la inactividad de estos se declara su rebeldía a foja 222).- Asimismo, en ninguna instancia del procedimiento se omitió expedirse respecto de alguna de las partes.-
Es por todo lo expuesto, que debe concluirse que la sentencia en crisis deviene nula por quebrantamiento de las formas sustanciales del proceso.-
VI. La decisión que va a ser dada en estos actuados por este Alto Cuerpo trata, en definitiva, del debido contralor de la adecuada motivación de las decisiones, que siempre y necesariamente deben respetar la lógica interior de los hechos, pruebas y legalidad de las respuestas jurisdiccionales, sin lo cual se malogran irremediablemente las garantías del debido proceso, de la defensa en juicio, del derecho de propiedad y, fundamentalmente, del principio de seguridad jurídica. Las razones expuestas sirven como base exponencial para referir que la sentencia en crisis deviene nula por quebrantamiento de las formas sustanciales del proceso (cfr. art. 2° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-), ya que la misma ha violado las disposiciones contenidas en los artículos 34° inciso 4°; 164° inciso 6° y 270° del CPC y C. En consecuencia, debe declararse procedente el recurso articulado, reenviándose la causa a la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial para que, con nuevos jueces hábiles, dicten nuevo pronunciamiento conforme a derecho y según corresponda (cfr. art. 14 del CPC y C del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-), debiendo advertirse que la exposición desarrollada en el presente tratamiento no implica pronunciamiento alguno sobre la solución que, en definitiva, merezca el litigio.-
Por todo ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 674/695, por quebrantamiento de formas sustanciales, y en consecuencia declarar la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 656/670, debiendo reenviarse los presentes autos a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte nuevo pronunciamiento conforme a derecho y según corresponda.-
La presente sentencia se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptada la excusación de la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernán-dez (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidenta- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-, Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1027S.211 Tomo: XXI Interlocutorio: 699 Folio N°: 4147/4151 Secretaría: 1
Fin de la sentencia