Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas, con costas; y reducir las multas aplicadas a su mínimo legal, con costas en la parte que se confirma, y por su orden, en relación a la reducción de las mismas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-61519457-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 11 de Junio de 2024 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En la Ciudad de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación), Pablo Alejandro Porporatto (Vocal Subrogante de la Tercera Nominación) y Armando Magallón (Vocal Subrogante de la Primera Nominación), a fin de resolver el expediente N° 38.993-I, caratulado: “VIEJAS RUTAS DEL VINO S.A. s/apelación”.
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que a fs. 88/91 se interpone recurso de apelación contra dos resoluciones de la AFIP-DGI, fechadas ambas de fecha 13 de noviembre de 2013, mediante las cuales se determinan de oficio sus obligaciones fiscales frente a los impuestos a las ganancias (período fiscal 2009) y al valor agregado (períodos fiscales octubre y diciembre de 2009, junio, julio agosto y octubre de 2010. En ambos casos se liquidan intereses resarcitorios y se aplica multa con sustento en el artículo 45 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) en el impuesto a las ganancias y en el valor agregado por los período fiscal octubre de 2009. Con respecto al resto de los períodos fiscales del impuesto al valor agregado, se hace reserva del art. 20 de la ley 24.769.
Manifiesta que las impugnaciones efectuadas por la administración se limitan a negar los aportes irrevocables aprobados y rechazar créditos fiscales técnicos por considerar que provenían de facturas apócrifas y de libre disponibilidad inexistentes en la base de datos de la Administración Fiscal.
Con respecto a la determinación del impuesto a las ganancias, explica que se impugnan aportes irrevocables por $ 2.000.000.-, considerándolos ingresos gravados, adicionándole un 10% en concepto de incremento patrimonial no justificado, sumando el importe así obtenido a la utilidad contable impositiva originalmente declarado, generando de esa forma una diferencia de impuesto a pagar.
Relata que dichos aportes fueron cuestionados porque no se aportó escritura pública o instrumento privado conteniendo la transcripción del acta de Asamblea que aprobó el aumento de capital y planilla de registro de asistencia, publicación de edictos y documentación que certifique el movimiento de fondos, negando la facultad del Directorio de celebrar el contrato de suscripción. Sobre uno de sus aportantes, Viña de Agrelo S.A., el ente fiscal considera que es insolvente, no tiene capacidad operativa, patrimonial ni financiera para realizar los aportes. Con relación al otro aportante, aclara que la resolución nada dice.
Afirma que otorgó información y documentación sobre la constitución de los aportes irrevocables. Sobre ello, aclara que los montos provienen de saldos acreedores adeudados a los aportantes, reconocidos por los directorios de ambas sociedades y provenientes de operaciones que no fueron impugnadas por la administración. Explica que en el caso de Viñas de Agrelo S.A. el importe fue acreditado en diciembre de 2005 y corresponde a un efectivo ingreso registrado en cuenta corriente. Por su parte, agrega, Caminos del Vino S.A. es una sociedad en plena actividad a la fecha, exhibiendo en sus declaraciones juradas presentadas la suficiente capacidad económico-financiera como para integrarlos ya que provienen de operaciones tampoco impugnadas. Aclara que esos aportes fueron aprobados por los directorios y registrados e incorporados en los respectivos balances, elementos que vienen a acreditar su operación, razón por la cual solicita se revoque el ajuste.
Ahora bien, la impugnación de los aportes en el impuesto a las ganancias –dice- produce un débito fiscal en el impuesto al valor agregado de $ 462.000.-, que sumado al declarado en el mes de octubre generó la diferencia a pagar que se reclama.
Explica que los períodos fiscales noviembre 2009 a noviembre 2010, la impugnación reposa por un lado, en facturas emitidas por distintos proveedores que son cuestionadas por diversos motivos, a saber: CUIT inexistente o inválida; domicilio fiscal no confirmado o inexistente o desconocido; no registrar empleados en relación de dependencia; no contestar requerimientos; no haber presentado declaraciones juradas de impuestos ni previsionales; no tener declarado los integrantes de la sociedad; no registrar acreditaciones bancarias; actividad registrada que no coincide con el bien vendido o el servicio prestado; etc.
Sobre este punto, critica que se le endilgue el incumplimiento de sus proveedores.
Finalmente se agravia que no se le considere un importe de libre disponibilidad de IVA porque no se encuentra registrado en las bases de datos de la AFIP. Para probarlo, manifiesta que fotocopia simple de la retención, de fecha 10/9/2010.
Por último, considera improcedentes las sanciones aplicadas por considerar que se aplican sobre conceptos que se determinaron con argumentos esgrimidos por la administración y sobre los montos que ella tuviera en cuenta, los que se encuentran discutidos.
II. Que a fs. 102/117 contesta el recurso la representación fiscal y por las razones de hecho y derecho que expone, solicita se confirmen las resoluciones venidas en recurso, con costas.
Acompaña las actuaciones administrativas y hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 122 se elevan las actuaciones a conocimiento de la Sala “A”.
A fs. 123 pasan a sentencia.
IV. Que de acuerdo con lo que se desprende del informe final de inspección que obra agregado a fs. 180/193 del Legajo 1 de Ganancias, en cumplimiento de funciones que le son propias, el ente fiscal inició una fiscalización en la firma recurrente a fin de verificar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. En esa tarea, analizaron la información obtenida de los sistemas informáticos del organismo, retenciones, CITI Compras, Sistema Bancario, declaraciones juradas de impuestos, declaraciones juradas del SUSS, etc.; estados contables de los períodos bajo auditoría, sin certificación del CPCE; libros contables; libros societarios, Actas de Asamblea Actas de Accionistas; Registros de Acciones; Asistencia a Asambleas; copias de extractos bancarios; facturas de ventas; Libros IVA Compras e IVA Ventas y se circularizó a proveedores. Advirtiéndose que no declaró el total de operaciones, se circularizó a sus clientes. Asimismo, se solicitó información a la Bolsa de Comercio de Mendoza, Autoridad de Aplicación del mercado del vino, uvas y mostos, como así también el servicio de elaboración de y para terceros, solicitándose el aporte de contratos de facturas respectivas de cada una de las operaciones. La información recibida corroboró la registrada y la emergente de los clientes y proveedores.
También se solicitó información al Instituto Nacional de Vitivinicultura.
De las respuestas recibidas y de la información obrante en los sistemas informáticos de AFIP se observaron importantes diferencias entre las ventas de los registros de la recurrente y las declaradas correspondiente a los períodos 6/10 a 11/10.
Los proveedores circularizados no respondieron los requerimientos. De allí que se procedió a impugnar aquellos conceptos facturados de acuerdo a la inscripción de los proveedores por no encontrarse vinculados con la actividad, no poseer movimientos bancarios, no poseer presentaciones en el impuesto a las ganancias o presentar en el impuesto al valor agregado en cero, no poseer bienes o los CUIT asignados ser inconsistentes. Se destaca que la recurrente no posee movimientos bancarios acordes con sus operaciones y no aportó los comprobantes respaldatorios de los ingresos y egresos que se requirieron.
Con esos elementos se impugnaron los créditos fiscales emergentes de esas operaciones. Se resalta que ni las ventas ni las compras registradas se ven reflejadas en el movimiento financiero, escaso si se lo compara con los montos operados.
Ahora bien, con respecto a los aportes irrevocables, se observa que según asiento del libro diario, con fecha 31 de octubre de 2010 se efectuaron aportes irrevocables para futuro aumento de capital por: Viñas de Agrelo S.A., $ 1.000.000.- y Caminos del Vino S.A., $ 1.000.000.-
Se advirtió que esa operación no se encuentra registrada en los Libros de Actas de Asamblea ni en los Libros de Actas de Directorio como tampoco se efectúa de acuerdo a lo normado por la ley 19.550, dado que sobrepasa el quíntuplo del capital social. Asimismo, no se verificaron movimientos bancarios ni anteriores ni posteriores a esa fecha.
En la documentación presentada durante la fiscalización (mayores de las sociedades involucradas y fotocopia certificada simple de autorización de los aportes) de los que no surge movimiento de fondos que puedan corroborarlos, no existiendo Actas, tanto de Directorio como de Asamblea que le otorguen veracidad. Esa situación origino una fiscalización en las sociedades aportantes, no corroborándose movimiento de fondos entre las empresas involucradas. Por otra parte, se constató que la firma Viñas de Agrelo no registra actividad comercial alguna desde aproximadamente el año 2005.
Analizados los componentes de la sociedad se concluyó que son insolventes y no presentaron declaraciones juradas en los impuestos correspondientes.
En ese contexto, se impugnaron los aportes irrevocables consignados y se consideraron incremento patrimonial no justificado por la suma de $ 2.000.000.- más un 10% en concepto de renta consumida o dispuesta. Ante la disconformidad del ajuste efectuado, se iniciaron sendos procedimientos determinativos que concluyeron con los actos venidos en recurso.
V. Que en mérito al relato efectuado, corresponde tratar los diversos agravios expuestos, considerando que por un lógico orden de precedencia, analizar en primer término el ajuste efectuado en el impuesto a las ganancias.
Como quedó dicho, durante la fiscalización efectuada se observó que en los libros societarios, con fecha 31 de octubre de 2009, se registraron aportes irrevocables para un futuro aumento de capital, efectuado por las firmas Viñas de Agrelo S.A. y Caminos del Vino S.A.
Si bien el ente fiscal requirió la documentación que acreditara dichos aportes, la recurrente manifestó que aquellos surgen de los saldos acreedores de las firmas aportantes, debitados para su constitución. Acompañó copias simples certificadas de cada una de las aportantes –firmados por sus respectivos presidentes- donde autorizan a transformar los saldos adeudados en Aportes Irrevocables para futuros aumentos de capital, con débito al saldo existente en cuenta corriente al 31 de octubre de 2009.
Como la recurrente no aportó escritura pública o instrumento privado original, conteniendo la transcripción del acta de asamblea en la que se aprobó el aumento de capital y de la planilla de registro de asistencia a la misma, ni constancia de las publicaciones efectuadas para la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria, por tratarse el aumento de capital superior al quíntuplo, ni documentación que certifique los movimientos bancarios, se impugnaron los aportes consignados en los Estados Contables , considerándolos como un incremento patrimonial no justificado, conforme lo dispone el artículo 18, inc. f), punto 1, de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
Ello así, y advirtiendo que el ente fiscal se encontraba autorizado a la luz del relato efectuado, de recurrir válidamente a las presunciones establecidas en la norma mencionada, cabe conceptualizar al incremento patrimonial no justificado como el aumento en el valor del patrimonio del contribuyente -ya sea a través del aumento de sus activos o disminución de sus pasivos- sin que este último pueda justificar acabadamente la fuente que los originó.
Así, pueden clasificarse los mismos en tres tipos diferentes, a saber a) por aumento de derechos o bienes; b) disminución de las obligaciones y c) por la creación artificial de pasivos.
En los tres casos ese incremento patrimonial podría justificarse si el contribuyente cuenta con la documentación fehaciente de los mismos.
Bajo ese contexto se analizará el ajuste efectuado con reposo en el mencionado artículo 18, inc. f) de la ley de rito.
VI. Que el llamado aporte irrevocable para los futuros aumentos de capital son aquellos desembolsos que se realizan a un ente económico, por parte de sus socios, accionistas o terceros, permitiendo siempre la posibilidad de ejercer el correspondiente derecho de preferencia a acrecer en la participación del capital por parte de los socios o accionistas, en su caso.
Explica el Dr. Vítolo que la sociedad asume una obligación de medio, que consiste en convocar oportunamente a la asamblea para que trate el tema: para ello, el órgano de administración debe: 1) fundar la necesidad del requerimiento de fondos y 2) fundar la elección de la opción del aporte irrevocable. (vid. Vítolo, Daniel R., “Aportes, Capital social e infracapitalización en las sociedades comerciales”, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2021, Libro digital, pág. 277 y sgtes.)
Siguiendo a dicho autor, podemos señalar entre sus características más destacadas que: a) No es un acto unilateral, pues el aporte debe ser aceptado por la sociedad: es decir que el acto de aportación para ser calificado y materializado como tal necesita de una declaración recepticia, la que debe ser emitida por el órgano de administración de la sociedad, que es el competente para recibir y otorgar tal carácter al aporte, toda vez que es el órgano competente para convocar al órgano de gobierno en materia de aumentos de capital y elaborar el orden del dia. Ello, por otra parte, no alcanza sino para eso solo: otorgar el carácter de aporte irrevocable, pero no para comprometer la capitalización, pues ello será competencia del órgano de gobierno; b) No es un acto gratuito: quien aporta no lo hace a fondo perdido, sino que pretende la contraprestación de la participación societaria.
Sin embargo, conoce el aportante que el acto tiene un alea propia, cual es que el órgano de gobierno puede, llegado el momento, decidir la capitalización o rechazar la misma, o aun decidiéndola, pueden tener preferencias otros socios o todos ellos. El alea trae como consecuencia que el aportante sepa de antemano que existe un riesgo al aportar, pues si hubiera dado el bien o el dinero en mutuo, podría reclamar intereses, y si lo ha dado en aporte, sólo podrá pedir la restitución en caso de negativa a capitalizar o de una resolución adversa; c) Hay sinalagma funcional y [orgánico: tanto la sociedad como el aportante adquieren derechos y comprometen obligaciones. Para el aportante, el derecho está dado en la expectativa de ampliar su participación societaria o en la de convertirse en socio, según sea el caso, si es ya socio o si no lo es al momento de aportar irrevocablemente.
Para la sociedad, el derecho es la posibilidad de capitalizar o denegar tal capitalización; d) Hay, en principio (o al menos debería haber), conmutación de valores: el valor del aporte en relación con el capital tiende a que los valores guarden equivalencia en el grado de participación…”; e) No es un aporte definitivo, y esto es así en la medida en que se encuentra sujeto a una suerte de condición suspensiva en sentido lato, cual es que el órgano de gobierno decida el aumento del capital social y afecte el aporte del aportante en ese sentido. O también puede darse que el órgano de gobierno resuelva la capitalización en condiciones diferentes a las que el aportante hubiera estimado o establecido para decidir o efectuar el aporte” (vid. op.
Citada)
Ahora bien, la RT 17 (FACPCE) como la Inspección General de Justicia han fijado requisitos que deben cumplir los aportes irrevocables para ser considerados tales. Entre ellos, destacamos que: deben haber sido efectivamente integrados; surgir de un acuerdo escrito entre aportante y órgano de administración del ente que estipule –entre otras condiciones- que el aportante mantendrá el aporte salvo que la asamblea de accionistas del ente resuelva la reducción del capital, que el destino del aporte sea la conversión en acciones y las condiciones para dicha conversión. Asimismo, los aportes deben ser aprobados por asamblea de accionistas (u órgano equivalente) o por su órgano de administración ad referéndum de aquella.
Demás está decir que deben identificarse las partes, establecer plazo durante el cual el aportante se obliga a mantener el aporte y dentro del cual deberá celebrarse la asamblea de accionistas que tendrá que decidir sobre su capitalización, como un punto especial del orden del día; identificar cantidad, características y clase de acciones que deberán entregarse en caso de aprobarse su emisión, establecer su valor patrimonial, mencionar la obligación de la sociedad de cumplir con la restitución en caso de no celebrarse asamblea.
En ese contexto, cabe concluir que le asiste razón al ente fiscal en el tratamiento otorgado a los aumentos del patrimonio de la sociedad recurrente, pues de acuerdo con las constancias obrantes en las actuaciones administrativas, la recurrente no ha logrado acreditar la realización de dichos aportes, no habiendo cumplido con los requisitos que exige la normativa aplicable.
En efecto, considera acreditado los aportes con la presentación de copias certificadas por Escribano Público de Actas del Directorio de fechas 23 de diciembre de 2011, en la que se ratifica la constitución de los aportes irrevocables efectuados –en discusión en autos- y se aprueba la convocatoria a Asamblea General Extraordinaria que se realizaría el día 20 de enero de 2012, cuya copia también se acompaña.
Más, nunca aportó otros elementos, vg. acuerdos entre aportantes y sociedad receptora que fije condiciones y plazo y lo más importante, nunca acreditó el ingreso de los fondos. Adviértase que frente al requerimiento del ente fiscal de documentación que verifique los movimientos de fondos, sólo se aportó copias de los mayores de las firmas involucradas y fotocopia certificada simple de sendas notas que autorizaban los aportes (fs. 91 y 92 del cuerpo 1 de IG). Esta situación originó la fiscalización de la situación patrimonial de las sociedades aportantes observándose que no existen movimientos de fondos entre las empresas involucradas. Es más, pudo determinarse que Viñas de Agrelo no tenía actividad comercial alguna desde un plazo anterior a los cinco años.
Asimismo, se concluyó que los componentes de las sociedades eran insolventes y no presentaban declaraciones juradas o lo hacían, presentando declaraciones en cero. Tampoco poseen bienes ni movimientos bancarios.
Ello así, solo cabe concluir confirmando el criterio fiscal y considerar a los aportes irrevocables declarados como incremento patrimonial no justificado.
VII. Que a idéntica solución cabe arribar con respecto al ajuste efectuado en el impuesto al valor agregado vinculado a los aportes irrevocables, toda vez que su defensa reposa en idénticos argumentos que los analizados en el Considerando precedente.
VIII. Que debe ahora analizarse el cuestionamiento efectuado al acto determinativo del impuesto al valor agregado relacionado con operaciones realizadas con determinados proveedores.
Como resultado del cruce de información de los libros IVA Compras e IVA Ventas y las declaraciones juradas presentadas, se observó que:
a. En los períodos fiscales junio, julio, agosto y octubre de 2010, declaró un menor débito fiscal que el registrado en el libro IVA Ventas.
b. En los períodos fiscales diciembre/2009, Junio y septiembre 2010, declaró mayor crédito fiscal que el registrado en el libro IVA Compras.
c. En los períodos fiscales mayo y agosto de 2010, declaró al fisco un menor crédito fiscal que el registrado en el libro IVA Compras.
d. Respecto al período fiscal noviembre de 2010 no aportó documentación que permita acreditar la procedencia del débito y crédito fiscal declarado. Además no hubo información por parte de los clientes y proveedores circularizados, como así tampoco informaron operaciones tanto la Bolsa de Comercio de Mendoza como el Instituto Nacional de Vitivinicultura.
Asimismo, sobre la base de las verificaciones registradas se observaron diversas irregularidades respecto de las compras registradas en el Libro IVA Compras por los períodos fiscales Diciembre de 2009, Mayo, Julio y Agosto de 2010, relacionadas con los siguientes proveedores, que no contestaron los requerimientos.
1. REM S.A.: De las consultas a las bases de datos del organismo fiscal se comprobó que no presentó declaraciones juradas correspondientes al impuesto a las ganancias por los períodos fiscal 2008, 2009 y 2010. Tampoco presentó declaraciones juradas del SUSS, hasta el período junio de 2011 que declaró no tener personal en relación de dependencia. No registra acreditaciones bancarias. No declaró correctamente los integrantes de la sociedad. La actividad declarada es “construcción, reforma y reparación de edificios residenciales” y “alquiler de maquinarias y equipos de construcción e ingeniería civil, sin operarios”.
2. Compañía Acanel S.A.: De las consultas a las bases de datos surge que no presentó declaraciones juradas en el impuesto a las ganancias ni en el régimen de SUSS. Desde el período 1/2008 hasta 5/2011 todas las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado han sido presentadas sin saldos a favor del Fisco. No posee bienes registrables y no registra acreditaciones bancarias desde enero de 2007. No declara correctamente los integrantes de la sociedad. Se encuentra inscripto como “ventas al por mayor de mercancías ncp” y “ventas al por mayor de artículos de ferretería”.
3. José Luis Macía: De la información de las bases de datos se constató que el domicilio fiscal figura como no confirmado. No presentó declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y con respecto al impuesto al valor agregado, por el período fiscal julio de 2010, el débito fiscal declarado por la responsable es significativamente inferior a los montos consignados en las facturas cuestionadas. Posee bienes registrables y no posee acreditaciones bancarias en el período fiscal cuestionado. Declara como actividad principal “venta al por menor de bebidas” y como secundaria “transporte automotor de cargas ncp”.
4. Alejandro Carlos Vicente: Según la información existente en las bases de datos del organismo, el domicilio fiscal declarado figura como no confirmado. No registra empleados en relación de dependencia. No presenta declaraciones juradas en el impuesto a las ganancias, desde el período fiscal 2006 y respecto del impuesto al valor agregado, sus declaraciones tienen saldo cero. Registra un automotor y no posee propiedades. A partir del período fiscal abril de 2008 no registra acreditaciones bancarias. Declara como actividades las “ventas al por mayor de mercancías ncp” y “obras de ingeniería civil ncp”.
5. Zelti S.A.: Tiene domicilio fiscal inexistente. A partir del año febrero de 2009 no presenta declaraciones juradas en SUSS ni en el impuesto a las ganancias. Con respecto al impuesto al valor agregado, las declaraciones juradas fueron presentadas en su totalidad sin saldos a ingresar. No posee propiedades y registra un automotor. No registra acreditaciones bancarias desde el 9/2008. Declara como actividad “servicios empresariales ncp”. Mientras tanto, los proveedores “Transporte Doña Eva”, “ACV S.A.” y “Transportes San Vicente”
tienen CUIT inválida.
Del relato efectuado, se desprende que como consecuencia de las tareas que le son propias, el organismo fiscal pudo comprobar serias y concretas irregularidades de algunos proveedores de la recurrente que lo llevaron a la conclusión fundada de que se estaba frente a operaciones inexistentes e impugnables. En atención a lo expuesto, el tema en debate queda delimitado a una cuestión de hecho y prueba a fin de establecer con un grado de certeza la realidad de los hechos tenidos en cuenta por la administración y negados por la recurrente, lo que nos lleva a analizar las probanzas arrimadas por ésta.
Resulta oportuno recordar que la carga de la prueba constituye tanto una regla de juicio para el juez, pues le indica cómo debe fallar en atención a los hechos probados y una regla de conducta para las partes, toda vez que advierte y delimita los hechos que serán objeto de prueba a fin de que el juez los considere como ciertos.
IX. Que resulta pertinente destacar que la defensa de la actora consiste –fundamentalmente- en sostener que las operaciones se realizaron, que se pone en cabeza de los contribuyentes controles que sólo puede ejercer la administración fiscal así como que le resultan inoponibles las pretendidas irregularidades de sus proveedores y que no pudo participar en los cuestionamientos efectuados por el ente fiscal.
Sobre el particular, si bien, de manera alguna puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto (en particular aquellas que se vinculan con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la firma emisora de las facturas y su inclusión en la base de datos del organismo de proveedores apócrifos), lo cierto es que la impugnación de las operaciones con ciertos proveedores de la recurrente se realizó sobre la base de una serie de indicios graves y concurrentes, tales como la no localización de alguno de los proveedores, falta de capacidad operativa de los mismos, la falta de acreditación del circuito financiero, etc, elementos que en su en su conjunto llevaron al organismo fiscal a concluir sobre la inexistencia de las mismas.
En esa inteligencia cabe traer a colación lo sostenido por la Sala B de este Tribunal, en su anterior conformación, in re “Vialbo Construcciones S.A.”, 12/2/2002, donde señaló que en la medida que el Fisco había formulado concretas y graves impugnaciones a los proveedores, el actor no podía limitarse a afirmar que no se encontraba obligado a conocer o verificar la situación fiscal de aquellos con quienes contrata. Allí, advirtió que “…no pueden considerarse las impugnaciones del Fisco Nacional en forma aislada y someterlas a un análisis singular, como pretende equivocadamente la apelante, para concluir si tenía obligación de conocerla o no, cuando la realidad indica que se trata de situaciones reiteradas, irrazonables desde el punto de vista del supuesto trato comercial (que habría abarcado más de cuatro años), que se conjugan con un racimo de otras anomalías propias de operaciones falsas...claramente, una cosa es reputar de apócrifa una factura por el mero hecho de que el proveedor no haya presentado las Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado y/o al Impuesto a las Ganancias, o que las haya presentado en forma constante con saldo a su favor, circunstancias éstas que resultan completamente ajenas al adquirente de tales bienes o servicios y que no bastan, por sí solas, para calificar de falso instrumento alguno (cfr. Doctrina Jurisprudencial emergente de la causa “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 17/3/02)...otra muy distinta es la situación que se presenta cuando se dan, concomitantemente, una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas...y como corolario una actitud de la apelante que se limita a aseverar dogmáticamente que no le compete el control de la situación fiscal de aquellos con quienes contrata, sin aportar dato adicional alguno...tendiente a profundizar la investigación en terrenos que resulten de su exclusivo interés".
Asimismo, no puede dejar de señalarse que dado el grado de sofisticación cada vez mayor de las maniobras utilizadas por algunos contribuyentes destinadas a evadir el impuesto debido a través del cómputo improcedente de créditos fiscales o de gastos, no puede convalidarse la existencia de las operaciones discutidas únicamente porque las mismas se encuentran registradas en la contabilidad de la firma y las facturas que las respaldan cumplen con los recaudos exigidos por la normativa fiscal.
X.- - Que, puntualmente, en cuanto a la impugnación de los créditos fiscales cabe recordar la importante doctrina sentada por esta Sala, en su anterior integración, en la que explicó que “de la economía propia del impuesto al valor agregado surge la doctrina de la concurrencia de los elementos material- formales del crédito fiscal” (vid. por todos, “Impulso S.A.”, 27/3/98). En efecto, para que un crédito fiscal revista la calidad de computable, es menester la concurrencia del aspecto material (existencia de las operaciones) y formal (discriminación del impuesto, cuando correspondiere por expresa disposición legal).
Este criterio fue convalidado por Nuestro Máximo Tribunal entre otros, en las causas “ADM Argentina SA” y “Molinos Rio de la Plata S.A.” de fechas 10 de marzo de 2015 y 25 de agosto de 2015, respectivamente, en donde se estableció que “...a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), resulta indispensable que sea legítimo. Ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente”.
En esta inteligencia, corresponde al actor acreditar fehacientemente la existencia de las operaciones comerciales. Sobre el particular, la Alzada ha tenido oportunidad de expresar reiteradamente que “... ante las fundadas observaciones efectuadas por el Fisco, pesaba sobre la parte actora, la demostración de la existencia y veracidad de las operaciones cuestionadas, refutando adecuadamente el contenido de la impugnación fiscal, a lo que debe añadirse que, los documentos ofrecidos en sustento de la veracidad de las operaciones carecen de virtualidad para demostrarla y exigen de la utilización de otros medios probatorios para comprobar la existencia de las negociaciones (conf. esta Sala, Causa Nº43037/2011, in re “Lim Sur SA (TF 24762-I) C/DGI”, del 20/11/2012; Causa Nº 7795/08, in re “Molinos Rio de la Plata S.A. c/ E.N.- AFIP DGI- Resol 370/08 s/ DGI”, del 03/04/12; y Sala II, Causa Nº32.350/2012, in re “Toledo Pedro Roque (TF 29.171-I) c/ DGI”, del 29/11/2012)”.
Y, agregó, que “....no basta para contradecir las conclusiones del acto determinativo la mera demostración del cumplimiento de recaudos formales de orden documental o contable, sino que es menester que el contribuyente aporte elementos concretos y contundentes que acrediten la veracidad de tales operaciones (conf. esta Sala, in re “Molinos Río de la Plata S.A. c/ AFIP DGI (Resol 247/06) s/ proceso de conocimiento”, del 3-7-12; y “Cereales Acebal S.A. c/ AFIP (TF 30769-I) c/ DGI”, del 11-9-12; en el mismo sentido, CNACAF, Sala I, causa “Nidera SA”, expte. nro. 41858/2005, del 20/03/2012 y Sala IV, causa “Agrocomercial Ramallo SA”, expte. nro. 5341/2015, sentencia del 11/08/2015, entre muchos otros)”.
En consecuencia, los agravios de la recurrente –sobre la que reposaba la carga probatoria- resultan a la postre meras afirmaciones dogmáticas que no logran conmover las conclusiones a las que arribara el juez administrativo en la resolución apelada en autos, por lo que corresponde confirmar el ajuste efectuado por el Fisco Nacional en la resolución determinativa en cuanto impugnan el crédito fiscal computado en las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado. Con costas.
Por otra parte, y ante la ausencia de argumentos concretos y prueba fehaciente, corresponde confirmar en su totalidad el resto de los ajustes efectuados en el impuesto al valor agregado. Con costas.
XI. Que finalmente corresponde ahora analizar la procedencia de las sanciones aplicadas que el ente fiscal subsume en el artículo 45 de la ley 11.683 Dicha norma tipifica el ilícito de omisión de impuestos, que requiere -en situaciones como la sub examine- la concurrencia de dos situaciones, a saber: a) omisión de pago de impuestos y b) la falta de presentación de declaraciones juradas o presentación de declaraciones juradas inexactas. Siempre que el juez administrativo haya descartado la existencia de “declaraciones engañosas”, además de los presupuestos de culpa o negligencia.
Ello así, el extremo objetivo que requiere la norma para su procedencia se encuentra verificado en la especie a tenor de lo resuelto precedentemente.
Ahora bien, con respecto a la presencia del elemento subjetivo, cuya concurrencia es necesaria para la configuración del ilícito en cuestión, en el entendimiento que deben excluirse aquellas sanciones exigidas sólo de modo objetivo, cabe señalar que la recurrente no ha alegado ni acreditado ninguna causal exculpatoria. Ello así, y toda vez que a mi criterio la conducta ha sido correctamente encuadrada y merituada, corresponde confirmar la sanción aplicada. Con costas.
En mérito a lo expuesto, voto por confirmar las resoluciones venidas en recurso, con costas.
Los Dres. Porporatto y Magallón dijeron:
I. Que adhieren a los Considerandos I a X del voto de la Dra. Guzmán.
II. Que en relación a las sanciones aplicadas en el impuesto a las ganancias y al valor agregado, compartimos los argumentos expuestos por la Vocal preopinante en cuanto confirma las mismas, no obstante, no surge del Informe Final de Inspección ya mencionado en este decisorio que la recurrente presentara antecedentes infraccionales, lo cual conduce a reducir las multas aplicadas a su mínimo legal de los gravámenes dejados de ingresar en su justa medida, con costas en la parte que se confirma, y por su orden, en relación a la reducción de las mismas.
Por ello, por mayoría, SE
Confirmar las resoluciones apeladas, con costas; y reducir las multas aplicadas a su mínimo legal, con costas en la parte que se confirma, y por su orden, en relación a la reducción de las mismas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente, archívese.-
Date: 2024.06.10 15:46:36 -03:00 Digitally signed by Armando Magallon Date: 2024.06.10 17:11:03 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Armando Magallon Vocal Subrogante Vocal Subrogante Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.06.11 15:25:18 -03:00 Laura Amalia Guzman Vocal Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.06.11 15:25:19 -03:00
Fin de la sentencia