Abriendo la norma
Cámara Segunda Civil y Comercial Sala I de la Plata · Causa 138.113
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe confirma con el alcance indicado en el Considerando 2.3.- parte final, la apelada resolución del 18/6/2024 en lo que fuera materia de recurso y agravios. Costas de Alzada a la apelante.
MCM-YAN
En la ciudad de La Plata, a los 5 días del mes de Noviembre de 2024, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro, Ricardo Daniel Sosa Aubone y por disidencia, el Señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits (art. 36 de la ley 5827), para dictar sentencia en los autos caratulados: "VIGUERA FERNANDO MARIO S/ SUCESION AB-INTESTATO " (causa: 138113 ), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿ Es ajustada a derecho la apelada resolución de fecha 18/06/2024?.
2da. ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
1. Antecedentes.
1.1. Por medio de la resolución del 18/6/2024, la Juez interinamente a cargo del Juzgado dispuso que careciendo Marta Alejandra Rivera de título de abogado no puede tomar intervención en autos en representación de su hijo mayor de edad Rodrigo Blas Viguera.
1.2. Que contra esa forma de decidir se alza en forma subsidiaria Marta Alejandra Rivera mediante recurso que concedido, llega fundado en la presentación de fecha 27/6/2024.
Sostiene en lo sustancial que la providencia atacada provoca la imposibilidad de acceder al servicio de justicia y ejercer sus derechos de quien resulta ser representante convencional de un heredero forzoso, vulnerando su derecho de defensa y representación en juicio; que el rechazo de la legitimación para intervenir en juicio carece de sustento legal, y que el art. 92 de la ley 5177 que se cita dice, no excluye la facultad de apoderar a cualquier persona capaz de contratar en los términos del mandato, máxime cuando el mismo instrumento del mandato confiere facultades expresas, concretas e inequívocas al representante para intervenir por sí o designar letrados patrocinantes, facultad que fue precisamente la ejercida en el juicio conforme expresa voluntad del poderdante mediante el agregado apoderamiento notarial.
Agrega que la representación en juicio es un derecho garantizado constitucionalmente razón por la cual cualquier norma que de algún modo restrinja, limite o condicione tal ejercicio debe interpretarse en función de una plena y libre defensa e intervención procesal; que las normas provinciales que establecen el modo de conducción de los procedimientos deben inordinarse a los principios constitucionales y códigos de fondo; y que la ley 5177 reglamenta la profesión de abogados y procuradores y no tiene por objeto modificar o limitar los derechos de los ciudadanos como la de otorgar libremente mandato conforme la ley sustantiva 1.3. Que el 25/9/2024 el Adjunto de Fiscal de Cámaras departamental dictamina aconsejando la confirmación del resolutorio impugnado.
2. Tratamiento de la cuestión.
2.1. Cuando la ley 5177 -que regula el ejercicio de la abogacía en la Provincia de Buenos Aires-, en el Libro CUARTO, Título I (“De las intervenciones de las partes en el proceso civil y comercial”), Capítulo I (“Reglas generales”), establece en el art. 92 que “Salvo los casos de representación obligatoria sancionados por las leyes en vigencia, toda persona puede comparecer por derecho propio, en juicio, siempre que actúe con patrocinio letrado, sin perjuicio de que conforme a las leyes del mandato, pueda hacerse representar por abogado o procurador de la matrícula”, esta disponiendo limitaciones a los sujetos legitimados para actuar en los supuestos de representación voluntaria, sin perjuicio de las excepciones que contempla el art. 93 (que no encuadran en el supuesto analizado).
Ha dicho esta Sala en otras oportunidades, analizando el supuesto de representación voluntaria -esto es cuando no hay obligación legal de representación y la persona capaz de actuar en juicio encomienda a otra que actúe por ella- que de conformidad a las distintas normas que regulan lo atinente a la forma de actuar en juicio y la acreditación de la personería invocada, en la Provincia de Buenos Aires nadie puede actuar ante los tribunales en nombre de otro sin ser abogado o procurador inscripto en la matrícula de abogados o en la de procuradores, con la salvedad prevista por el artículo 93 de la ley 5177 (artículos 92 de la ley citada, 46 y siguientes del Código Procesal) (conf. SCBA, "Ac. y Sent.", 1956-VI, 326; 1957-I, 203; 1966-I 885; Ac. 55.246, 8/10/96). Es decir, que "de conformidad a las distintas normas que regulan lo atinente a la forma de actuar en juicio y a la acreditación de la personería invocada, no es posible actuar ante los tribunales de justicia en nombre de otro sin ser abogado o procurador inscripto en la matrícula respectiva, salvo los casos de representación legal expresamente contemplados (Morello-Sosa-Berizonce, "Códigos..." 2da. ed. pág. 89 nº2 y jurisp. allí cit.) (esta Sala, causa 117.012, sent. del 22/4/2014, RS. 79/2014, e.o.), que son los supuestos a que alude el art. 46 cuando refiere a los padres que comparezcan en representación de sus hijos menores de edad.
En este sentido tengo presente que las personas incapaces ejercen por medio de sus representantes los derechos que no pueden ejercer por sí (art. 100, C.C.C.N.), y que son representantes de las personas menores de edad no emancipadas, sus padres (arts. 101, inc. b y 677, C.C.C.N.) -sin perjuicio de que hay actos que requieren el consentimiento de ambos progenitores (arts. 645 y 687, C.C.C.N.) o contratos prohibidos (art. 689, C.C.C.N.)-, siendo menor de edad la persona no ha cumplido 18 años (art.
25, C.C.C.N.).
No esta demás recordar, que la titularidad de la responsabilidad parental se extingue por alcanzar el hijo la mayoría de edad (art. 699, inc. c, C.C.C.N.).
2.2. En la especie, habiéndose dado mandato convencional por el hijo mayor del causante a su progenitora quien se presentara en autos por sí y en representación de aquel, lo cual aconteció ya vigente el nuevo Código Civil y Comercial (C.C.C.N.), como la mandataria no resulta ser abogada ni procuradora de la matrícula que la faculte -a tenor de la limitación impuesta por el art. 92 precitado- para asumir la representación en autos de otra persona, aunque el mandante sea su hijo mayor de edad y se halle esa circunstancia probada en autos, se esta frente a un supuesto de inhabilidad de representación, que puede superarse sustituyendo el poder en favor de un abogado de la matricula (arts. 161 inc. 3 a, Const. Prov.; 1, 92, 93, 94 y cctes. ley 5177; 46 y 56 del C.P.C.C.; conf. esta Sala, causas 104587 RSI-2-6 del 14-2-2006; 111762 RSI-213-9 del 27-8-2009; 115552, RS22/2013 del 28/2/2013; Cám. I Sala I, Mar del Plata, causa 111.395, RSI. 1275/99; Cám. San Isidro, Sala II, causa 54.648, RSI 67/91 y esta Cámara Sala III, causas 89.081, reg. int. 425/02, 99.538 reg. int. 37/03, 101.058 reg. int. 253/03).
2.3. Que bajo tales circunstancias, tratándose de una representación voluntaria, la participación personal de un apoderado no abogado de la matricula -aunque sea con patrocinio letrado como aconteció en la especie al iniciar las actuaciones- no es factible, ya que la Sra. Marta Alejandra Rivera no esta facultada para actuar en juicio en nombre de su poderdante, resultando estéril -al no hallarse permitida por el régimen legal vigente en la provincia de Buenos Aires- para constituir válidamente la relación procesal litigiosa, aspecto sobre el que los jueces pueden avanzar de oficio (art. 34 inc. 5, C.P.C.C.).
La libertad de contratación que emerge del art. 958 del C.C.C.N., frente a lo dispuesto por una ley especial (art. 963, inc. a, C.C.C.N.) como lo es la 5177, no se ve obstaculizado por las reglas del mandato (arts. 1319 y siguientes del C.C.C.N.), ni por la vigencia de las normas sobre representación voluntaria (arts. 362 y siguientes del C.C.C.N.). Por más que el art. 92 en tratamiento puede ser criticado en la limitación que dispone, la misma no emerge irrazonable ni violatoria del derecho de defensa en juicio tutelados por los arts. 18 de la Const. Nac. y 15 de la Carta Magna provincial (arts. 28 y 31, Const. Nac.; 163, 164 y 384, C.P.C.C.). Es más, la necesidad de que sea un letrado el que actúe como apoderado en los casos de representación voluntaria hace a una mejor asistencia del representado, ya que la presencia de un profesional del derecho garantiza de mejor manera la inexistencia de conflicto de intereses. Siendo ello suficiente para dirimir la cuestión, no cabe sino confirmar el decisorio apelado del 18/6/2024 en lo que fuera objeto del recurso y agravio, debiendo en consecuencia intimar al pretenso heredero Rodrigo Blas Viguera a presentarse en debida forma mediante representante legal o a sustituir el poder presentado designando letrado habilitado para actuar en la provincia de Buenos Aires (artículos 34 inc. 5to., 36 inc. 1ero.,y cctes. del CPCC; MORELLO - SOSA - BERIZONCE, "Códigos Procesales...", 2da. ed., Tº II-A, p. 886 y jurisp. allí citada; Mosset Iturraspe, Jorge "Mandatos", p. 234).
3. Por ello, de conformidad con el dictamen del Adjunto de Fiscal de Cámaras departamental del 25/9/2024, y demás fundamentos expuestos, con el alcance que surge del apartado 2.3, postulo confirmar la apelada resolución de 18/6/2024 en lo que ha sido materia de recurso y agravio. Y que se impongan las costas de Alzada a la apelante que reviste objetiva condición de vencida en el alzamiento (arts. 68, 69 CPCC).
Voto por la AFIRMATIVA.
A la primera cuestión planteada el señor Juez doctor López Muro dijo: Disiento con la opinión de mi distinguido colega y mi posición se apoya en los siguientes fundamentos:
I. Admite el mismo, que las “limitaciones” para que una persona represente a otra ante los tribunales no surgen del art. 92 de la ley 5.177, sino de la interpretación que al mismo se le ha dado.
Sin merma de la altísima calidad de las opiniones citadas en apoyo de tal línea interpretativa, advierto que la mencionada norma no establece tales limitaciones y que, frente a ello, la interpretación debe ser a favor de la libertad contractual.
Me aboco a este análisis.
II. El art. 92 de la ley 5177 dice textualmente: “Salvo los casos de representación obligatoria sancionados por las leyes en vigencia, toda persona puede comparecer por derecho propio, en juicio, siempre que actúe con patrocinio letrado, sin perjuicio de que conforme a las leyes del mandato, pueda hacerse representar por abogado o procurador de la matrícula.”
No se advierte en el texto indicado limitación alguna en razón de la profesión. Antes bien, entiendo que la norma dispone que quien comparece por derecho propio necesita patrocinio letrado y quien lo hace por apoderado, es decir por interpósita persona, también, salvo que otorgue dicho poder a un abogado o procurador, en cuyo caso éste no necesita patrocinio.
Tal interpretación resulta armónica con el texto del art. 46 CPCC que dice: “La persona que se presente en juicio por un derecho que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de una representación legal, deberá acompañar con su primer escrito los documentos que acrediten el carácter que reviste.”
Resulta claro e indubitable que si el CPCC hubiera querido limitar la representación convencional a los abogados y procuradores, no habría señalado que puede intervenir una “persona”.
A contrario de tal interpretación se dirá que tanto en su parte final, el mismo artículo refiere a que para el otorgamiento de poder ante el actuario debe comparecer el poderdante y el profesional que actuará como apoderado”.
Empero, el art. 47 CPCC cuando exige la acreditación de su personalidad desde la primera gestión que se lleve a cabo en nombre del poderdante menciona a los “procuradores” o “apoderados” y no dice que éstos deban ser letrados. Resulta entonces claro que puede intervenir tanto quien sea “procurador” como quien carezca de calidad profesional pero actúe en nombre de otro.
Si se analizan los artículos del CPCC que siguen al 47 se concluye que de ninguno de ellos puede concluirse que la representación deba recaer, necesaria y excluyentemente, un abogado o procurador, sino que se refiere al “apoderado” sin condicionamiento alguno.
A ello ha de añadirse que, en el art. 54 se habla de la unificación de la representación a la que, tratándose de un juicio ordinario, se añade la exigencia de unificar la dirección letrada. Resulta claro que el código ha dispuesto que aunque se unifique la representación, ello no basta. Es claro que si la dirección letrada pudiere mantenerse dividida, el apoderado podría formular presentaciones contradictorias por falta de una dirección letrada única.
III. Algunas opiniones suponen la preponderancia de las normas “locales” en esta materia. He de advertir que el Código Procesal, en cuanto dispone sobre la representación en juicio, no incide en las normas de fondo: se limita, y no puede ser de otro modo, a establecer la forma en que se debe acreditar la representación invocada.
Los artículos 49, 50 y 51, 52 y 53 del CPCC que establecen en conjunto los alcances del poder, han de interpretarse con suma prudencia. Es que el mandatario no tendrá más facultades, ni obligaciones, ni su poder se extenderá temporalmente más allá que lo que el mismo indique conforme el contrato de mandato y ello dependerá del texto del instrumento con que se acredita el apoderamiento, independientemente de lo que pueda establecer la legislación local sobre el mismo (Arts. 372, 373, 374 y cc CCCN).
En cualquier caso es menester distinguir la relación de carácter contractual entre mandante y mandatario, de la relación procesal entre las partes, representadas o no por apoderados, que se regirán por las normas del proceso. Por ejemplo, si en el poder se establece un plazo de vigencia (plazo de resolución del contrato, art. 1329 CCCN), esto impondrá eventualmente la intimación a la parte para que tome los recaudos pertinentes bajo apercibimiento de seguir el juicio adelante. La cesación de la representación por esta causal, no está comprendida en el art. 53 del rito y sin embargo, no podría negársela habida cuenta de la norma de fondo que la admite. Valga el solo ejemplo para sostener que el código de rito no puede ser interpretado alterando los derechos que se han legislado en los Códigos de fondo y leyes dictadas por el Congreso Nacional.
IV. El Código Procesal ha impuesto, y en esto advierto un condicionamiento razonable de las normas de fondo, que la intervención en juicio requiere de patrocinio letrado (art. 56). Dejando a un lado las críticas que ha recibido la norma, señalo que el conocimiento que los letrados tienen del proceso garantiza un adecuado desarrollo del mismo y una comprensión acabada del alcance e implicancias de los diversos actos procesales, cuestiones que requieren probados conocimientos generales y a menudo estudios especiales sobre el tópico en debate en los diversos procesos y fueros. Tal exigencia alcanza a todas aquellas personas que hayan de estar en juicio por sí o por terceros (art. 46 y 56 CPCC).
En defensa de esa exigencia legal la SCBA ha dicho que “la garantía constitucional del debido proceso legal (art. 18, Constitución nacional), ha tenido cabida en el ordenamiento adjetivo (arts. 63, ley 11.653 y 56, C.P.C.C.), en forma concordante con las prescripciones que impone la ley 5177 (t.o. dec. 180/87) al abogado que asume una responsabilidad profesional, quien deberá ejercerla hasta su cese legal en el cargo, con las responsabilidades derivadas del mandato (arts. 60 y 90 inc. 3°, ley cit.), y estableciéndole la obligación de asistir puntualmente a las audiencias que se celebren en los juicios donde intervienen (art. 90, inc. 5°, ley cit.). Tales normas legales aparecen dirigidas a tornar operativa la referida garantía constitucional en tanto la intervención de un profesional del derecho posibilita una adecuada defensa de los justiciables.(SCBA, L 67422 S 27-4-1999 , Juez PETTIGIANI (SD) en autos “ Araujo, Walter D. c/ El Chatarral S.A. s/ Indemnización infortunio laboral” DJBA 156, 321 - TSS 1999-993)
Resulta claro que cuando la parte fuere abogado o quien interviniere como representante tuviera tal grado universitario, no se requerirá patrocinio: se supone que tiene el conocimiento requerido para conducir el proceso. En cualquier caso el letrado, patrocinante, apoderado o aún abogado en causa propia, deberá dar cumplimiento a las normas rituales y policiales imperantes, entre ellas la de contar con matriculación en un Colegio de Abogados Provincial, o estar exceptuado de ello (art. 1 y ss ley 5.177).
V. Como he dicho más arriba, no es el art. 92 de la ley 5177 el que ha generado el conflicto que nos ocupa sino su interpretación.
La norma ha previsto: “Salvo los casos de representación obligatoria sancionados por las leyes en vigencia, toda persona puede comparecer por derecho propio, en juicio, siempre que actúe con patrocinio letrado, sin perjuicio de que conforme a las leyes del mandato pueda hacerse representar por abogado o procurador de la matrícula”.
La primera parte de esta norma resulta superflua. Si las leyes especiales disponen representación obligatoria, a ellas ha de estarse. Por otro lado, la exigencia de que quienes se presenten a juicio por derecho propio se hagan patrocinar por un profesional, ya esta prevista en el Código de Procedimientos. Hasta aquí no se agrega nada a la legislación ya vigente. La segunda parte, que indica el derecho de hacerse representar “conforme las leyes del mandato” por abogado o procurador de la matrícula” puede interpretarse de varias formas.
La interpretación de carácter restrictivo sostiene que tal representación solo puede ejercerla ante los tribunales un abogado o procurador matriculado y que si no se interpreta así, la norma no tiene contenido alguno, pues la facultad de hacerse representar resulta de otras normas procesales (arts. 46 y 56 CPCC).
Me he enrolado en esta postura restrictiva siguiendo el criterio de múltiples precedentes. Así he sostenido que “de conformidad a las distintas normas que regulan lo atinente a la forma de actuar en juicio y la acreditación de la personería invocada, no es posible actuar ante los Tribunales de Justicia en nombre de otro sin ser abogado o procurador, inscripto en la matrícula respectiva, salvo los casos de representación legal expresamente contemplados, de modo que, habiéndose dado mandato a un tercero no profesional, éste debe suplir su inhabilidad sustituyéndolo en un abogado o procurador (arts. 1, 80, 110 y c.c. ley 5177 y 56 del CPCC). (esta Sala, 111762 RSI-213-9 I 27-8-2009, autos “Barclay, Alejandro A. c/ Bogado Iglesias, Julia y ots. s/ Daños y perjuicios” (votantes López Muro-Ferrer). Con otras composiciones, la Sala que integro siguió el mismo criterio (Causa nº 101392 RSD-11-4 S 24-2-2004 , “Weissberg, María Gabriela c/ Puz, Dionisio y otra s/ Incumplimiento de contrato y daños y perjuicios” (Dres Marroco-Sosa) y, Nº 104587, RSI-2-6 I, 14-2-2006 autos “Soria, Julieta Elsa c/ Naum, Jorge Enrique y otros s/ Escrituración” (Dres. Marroco-Ferrer). En igual sentido, se expidió la Sala Tercera, (Causas 101058 RSD-253-3 S 21-10-2003 y 89081, reg. int. 425/02, 99538 reg. int. 37/03.) y otros tribunales (CC0002 SM 53763 rsd-356-3 S 16-9-2003 , autos “Ramos, Tomás José; Cucarezza, Nuncia; Ramos, José Tomas s/ Sucesión”, CC0001 LZ 58130 RSI-208-4 I 25-3-2004, CC0002 SM 46947 RSD-419-99 S 9-11-1999 autos “ Consorcio de Propietarios Rodríguez Peña 1225 c/ Lagos, Elina s/ Cobro ejecutivo”, CC0101 MP 111395 RSI-1275-99 I 10-11-1999).
VI. Un nuevo análisis de la cuestión me persuade, empero, de una solución distinta.
Conforme la interpretación explicitada en el punto anterior debe entenderse que el art. 92 de la ley 5177 impone a las personas físicas la obligación hacerse asistir por un letrado en caso de intervenir por derecho propio y las “autoriza” a intervenir por interpósita persona a condición de que el representante sea abogado o procurador matriculado en la Provincia de Buenos Aires.
Entiendo que la indicada interpretación es errónea. Va contra la libertad de contratar y carece de fundamento.
Es que las personas pueden otorgar poder a un tercero para que intervenga en su nombre y el código de fondo no establece otras condiciones para ello que la capacidad para contratar (art. 364 CCCN), entonces no parece razonable que, por vía de interpretación se afirme que una norma supletoria del código de ritos limita tal facultad.
En consecuencia sostengo que la correcta interpretación del mencionado art. 92 debe estar en armonía con la amplitud que el CCCN confiere a la representación y al contrato de mandato (arts. 362 y ss y 1, 2 y 1319 ss y cc CCCN). Y ella no es otra que la de establecer que a los fines de intervenir en un proceso judicial las personas físicas pueden hacerlo por sí o por apoderado, siendo las únicas limitaciones las que surgen de las normas citadas y con la condición de ser patrocinados por letrado.
VII. Debo agregar que la interpretación que propone el voto que abre el debate, contraría disposiciones del Código Civil y Comercial y expresas garantías constitucionales (art. 18 CN, art. 15 CPBA) como cualquier norma que de algún modo restrinja, limite o condicione tal ejercicio debe ser interpretada en función de una más plena y libre defensa e intervención procesal.
Agrego que las normas provinciales que establecen el modo en que han de conducirse los procedimientos deben inordinarse a tal principio constitucional y a los derechos establecidos en las leyes y códigos de fondo (art. 31 CN), no pudiendo ser alterados los principios, garantías y derechos por las leyes que reglamenten su ejercicio (art. 28 CN).
En consecuencia, concluyo que si el Código Civil y Comercial ha establecido las condiciones y capacidades que se requieren para ejercer la representación de otros, no pueden las normas procesales vedar tal ejercicio, pues estarían estableciendo incapacidades que la ley no ha considerado.
Por último diré que la ley 5.177 está dirigida a “reglamentar la profesión de abogados y procuradores”, razón por lo que ha de entenderse que el legislador tuvo por objeto “reglamentar” el ejercicio de la profesión, en el ámbito local, y no la de modificar o limitar derechos de los ciudadanos, tales como el de otorgar libremente mandato conforme los lineamientos de la legislación sustantiva.
VIII. Encuentro innecesario entrar en consideraciones sobre la constitucionalidad del art. 92 de la ley 5.177 pues, como se ha visto, basta una correcta interpretación del mismo para armonizar el texto legal con los principios de mayor jerarquía arriba mencionados.
En consecuencia y en orden a los principios que anteceden, concluyo que el art. 92 de la ley 5.177 debe interpretarse sosteniendo que dicha norma no impone, para el caso de intervención en juicio mediante apoderado, la obligación de otorgar poder a un abogado o procurador, sino que señala, en armonía con el art. 56 del CPCC que, a los fines de dar cumplimiento a tal norma se podrá optar por otorgar poder a un letrado o procurador matriculado en la Provincia de Bs. As. sin que ello impida que el apoderado no tenga título de abogado o procurador, en cuyo caso su intervención requerirá asistencia letrada.
Aplicando lo expuesto a caso de autos, propondré revocar la resolución dictada y admitir la intervención de la Sra. Marta Alejandra Rivera en autos en representación de su hijo mayor de edad Rodrigo Blas Viguera. Con dicho alcance voto por NEGATIVA.
A la primera cuestión planteada el Sr. Presidente doctor Hankovits dijo:
1. Atento la disidencia efectuada en las presentes actuaciones es que voy a emitir mi voto en las mismas (arts. 35 Ley 5827; 168 últ. párrafo de la Carta Magna provincial).
A. Liminarmente, he de señalar que ya he tenido oportunidad de expedirme sobre el tópico, en una situación similar a la presente, en la causa 117.012 -RSD 79/14- con sentencia del 22/04/2014-, al votar en esta misma Sala 1 a fin de resolver una disidencia igual ocurrida entre los distinguidos colegas ahora también intervinientes.
Allí sostuve que lo regulado sobre el mandato en el Código Civil tenía carácter supletorio de lo que disponen las leyes de cada Provincia en cuanto a la procuración judicial (arts. 1870 inc. 6 y 1952). Ello así, dada la íntima relación que el ejercicio de las profesiones de abogados y procurador guardan con la organización judicial y la formulación del derecho procesal, materia reservada a la competencia legislativas de cada una de las Provincias (arts. 5; 75 inc. 12; 121 y 123 de la Const. Nac.). En efecto, el art. 1870 del digesto civil establecía que “Las disposiciones de este título son aplicables:.. 6° A las procuraciones judiciales en todo lo que no se opongan a las disposiciones del Código de procedimientos”; por su parte el art. 1.952 preceptuaba que “Debe también satisfacer al mandatario la retribución del servicio. La retribución puede consistir en una cuota del dinero, o de los bienes que el mandatario, en virtud de la ejecución del mandato, hubiese obtenido o administrado, salvo lo que se halle dispuesto en el Código de procedimientos respecto a abogados y procuradores judiciales”.
Normas éstas que, ciertamente, no se han reiterado en el nuevo régimen civil y comercial, lo cual es connatural con uno de los objetivos de dicha reforma: simplificar dicho régimen legal. Y en ese sentido pareciese hasta sobreabundante aclarar un requisito específico de la representación judicial, -como especie de la representación general- que por disposición constitucional corresponde legislar a cada jurisdicción provincial. Simplemente pues, en la actualidad, no existe norma expresa que reconozca el imperio de las normas locales al respecto, mas de ello no se sigue, en mi criterio, que por dicho motivo el mismo se haya desvanecido. Efectivamente, como ha sido antes manifestado, la regulación procesal es materia reservada a la competencia legislativas de cada una de las Provincias (arts. 5; 75 inc. 12; 121 y 123 de la Const. Nac.). De allí entonces que no se puede afirmar que el Código Procesal y sus leyes complementarias, sea supletorio del Código Civil y Comercial. Son dos regímenes diferentes que tienen por objeto regular, para ámbitos diferenciados, materias disímiles. A saber, el primero establece reglas que determinan forma, modo y tiempo de actos llevados a cabo en un juicio, es de orden público y de aplicación en la Provincia; el segundo rige las situaciones, relaciones y negocios jurídicos de ámbito privado y tiene vigencia en el orden nacional. No son pues dos plexos jurídicos que se subordinan sino, en todo caso, que se complementan. En ese sentido, la CSJN ha juzgado que “La inconsecuencia o la falta de previsión no se suponen en el legislador y por esto se reconoce como principio que las leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto” (Causa “ENGEL RODOLFO MARIO Y OTROS c/ ESTADO NACIONAL-MINISTERIO DE JUSTICIA Y DDHH s/ PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG”, sentencia del 10/09/2024; en Fallos: 347:1191).
Más aún, es el propio digesto sustantivo que fija que “El apoderamiento debe ser otorgado en la forma prescripta para el acto que el representante debe realizar” (art. 363)
Así, debemos pues distinguir el mandato común del mandato judicial que tiene características propias, desde que limitan el ejercicio del derecho de postulación procesal –ius postulandi- sólo a personas que reúnan dos requisitos: a. título habilitante de abogado o procurador y b. inscripción en la respectiva matrícula (arts. 1 inc. 2, 62 inc. 2, 70 inc. 1 y 75, ley 5177). Y ello no es incompatible con lo regulado en la ley sustantiva ya que se ha dar preeminencia, en lo relativo al mandato judicial, a la legislación local con respeto auténtico al federalismo establecido en el art. 1 de la Constitución Nacional.
En ese sentido, entiendo que la cuestión esencial determinante es si la designación del mandatario es o no válida; esto es, si está habilitado por ley para el ejercicio de la procuración judicial, y no si el mandatario cuenta con asistencia letrada en el proceso.
B. No se trata -en mi posición- de errónea interpretación del art. 92 de la ley 5177 ni de fijar incapacidades donde la ley no las ha establecido, sino simplemente de aplicar lisa y llanamente dicho precepto legal vigente. Justamente, la primera fuente de exégesis de la ley es su letra, y cuando ésta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma (CSJN en causa “YACYLEC SA TF 24786-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”, sentencia del 27/06/2023; en Fallos: 346:68).
2. Adhiero pues al voto del Dr. Sosa Aubone, con las razones expuestas en el presente proporcionadas a mayor abundamiento, dando igualmente el mío por la AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión planteada, el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo: Atendiendo al Acuerdo logrado por mayoría, corresponde y así lo propongo, confirmar con el alcance indicado en el Considerando 2.3.- parte final, la apelada resolución del 18/6/2024 en lo que ha sido materia de recurso y agravios. Las costas de Alzada se han de imponer a la apelante que reviste objetiva condición de vencida (arts. 68 y 69 CPCC).
ASI LO VOTO.
En un todo de Acuerdo, los doctores López Muro y Hankovits adhieren al voto que antecede, con lo que se dio por terminado el Acuerdo, dictándose por el Tribunal la siguiente:
POR ELLO, se confirma con el alcance indicado en el Considerando 2.3.- parte final, la apelada resolución del 18/6/2024 en lo que fuera materia de recurso y agravios. Costas de Alzada a la apelante. REG. NOT.
DEV
Fin de la sentencia