Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 48811-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar los agravios y confirmar el pronunciamiento apelado, con costas (art. 68, párrafo primero, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 67908/2019 VILA, ELIANA MELISA ANALIA (TF 48811-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
67908/2019 VILA, ELIANA MELISA ANALIA (TF 48811-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 18 de octubre de 2021.- AK Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Eliana Melisa Analía Vila, por derecho propio, interpuso el recurso de apelación previsto en el art. 76, inciso b), de la ley 11.683, contra la resolución nº 1068/2018 (DV JUMA), en virtud de la cual fue sancionada con una multa equivalente a dos veces el impuesto al valor agregado omitido (períodos fiscales 1 a 3/2014, 6/2014, 9/2014, 1 a 03/2015, y 5/2015) y reducida en un tercio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46, 47, inciso b), y 49 de la ley 11.683 (según el texto que se encontraba vigente al momento de la emisión del acto).
II. La Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió: (a)
confirmar la multa, con costas; y (b) regular los honorarios de los letrados intervinientes por el Fisco Nacional (ver fs. 62/65).
Para decidir de ese modo, consideró que:
i. El elemento objetivo de la sanción estaba configurado porque la parte actora reconoció que “las declaraciones juradas originales no se correspondían con la realidad impositiva”, situación que tradujo un saldo a favor del organismo fiscal.
ii. La figura tipificada en el artículo 46 de la ley 11.683 requería la demostración de que la contribuyente había desplegado una conducta defraudatoria.
iii. La presunción establecida en el artículo 47, inciso b), de la ley 11.683 fue aplicada correctamente, pues el informe final de inspección exhibía la existencia de errores en los registros contables de la contribuyente, extremo que fue reconocido en el escrito recursivo.
iv. El elemento subjetivo de la sanción estaba perfeccionado, puesto que en el procedimiento fiscal se acreditó “que la actora desplegó maniobras tendientes a ocultar su realidad impositiva”.
v. La petición de la parte actora referente al reencuadramiento de la sanción en la figura que prevé el artículo 45 de la ley 11.683 debía desestimarse, porque su conducta no podía interpretarse como una omisión o un error involuntarios.
vi. La decisión del Fisco Nacional de aplicar el texto del artículo 49 de la ley 11.683 vigente al momento de la comisión de los hechos fue correcta, pues de haber aplicado el texto según la reforma de la ley 27.430 la sanción para la contribuyente hubiera sido mas gravosa.
III. La parte actora interpuso recurso de apelación (fs. 77) y expresó agravios (fs. 67/76) que fueron replicados (fs. 85/96). Sus críticas pueden ser sintetizadas de la siguiente manera:
i. El artículo 47 de la ley 11.683 es inconstitucional por violar los principios de inocencia, de debido proceso y de defensa en juicio (artículos 18, 28 y 33 de la Constitución Nacional). El legislador, al prever un régimen de presunciones, permite al Fisco Nacional no probar el dolo a la hora de aplicar las sanciones y, de ese modo, produce una inversión de la carga de la prueba, generando una tensión con los principios antes referidos.
ii. La actuación llevada a cabo en sede administrativa es nula, pues tanto el Fisco Nacional como el Tribunal Fiscal de la Nación, denegaron la apertura a prueba, puntualmente la producción del peritaje contable, que era indispensable para evidenciar la ausencia de dolo. No pudo recurrir la resolución del Tribunal Fiscal que rechazó la apertura a prueba, dada la regla de inapelabilidad de ese tipo de decisiones.
iii. La presentación de las declaraciones juradas rectificativas es insuficiente para considerar que la formulada originalmente fue realizada con el ardid o el engaño que requiere el tipo infraccional en discusión.
iv. Su estudio contable asesor consideró que para presentar las declaraciones juradas a tiempo “lo mejor era sumar todas las facturas de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 67908/2019 VILA, ELIANA MELISA ANALIA (TF 48811-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO compra de cada período para tener así el importe de crédito fiscal, pero evitando cargar cada factura en los libros iva compras. Se decidió imputar en el libro el importe a tres proveedores tomados al azar […] con la idea de presentar las declaraciones juradas y luego rectificar y cargar correctamente todas las facturas en los libros iva compras”. La finalidad “era presentarle inmediatamente a la inspección los comprobantes de compras que demostraran esa circunstancia, pero los mismos increíblemente se extraviaron […]”.
El desarrollo del presente sumario permitió hallar el lote de comprobantes extraviados, “por lo que ofrecimos la producción de una pericia contable que demostraría que los comprobantes de compra se corresponden con los registrados en los libros Iva compras a nombre de los tres proveedores […]”.
v. Las discordancias que los funcionarios detectaron entre la registración de ingresos y los importes que surgen del controlador fiscal, evidenciaban que “en algunos meses se declaró en defecto, en otros se declaró de más”, pero jamás se ocultaron sus ingresos.
vi. El organismo fiscal no cumplió con su obligación de acreditar el dolo en el accionar y, en su defecto, aplicó la presunción prevista en el artículo 47, inciso b), de la ley 11.683, afectando gravemente el principio de presunción de inocencia. Corresponde que, previa declaración de inconstitucionalidad de esa norma, se revoque la sanción o, subsidiariamete, se reencuadre su conducta en la figura prevista en el artículo 45 de esa ley. IV. Con posterioridad a la radicación de la causa y en atención a la sanción de la ley 27.541 (B.O. 23/12/2019 y su modificatoria, ley 27.562, B.O. 26/08/2020), el tribunal dictó una medida para mejor proveer a efectos de que las partes se expidan sobre esa circunstancia (ver la resolución del 14 de julio de 2021).
El Fisco Nacional sostuvo que la actora había regularizado los montos que dieron origen a la sanción aplicada mediante el plan J942097, “que se encuentra caduco y no fue reformulado ni por la ley 27541 o 27562, ni se canceló la deuda por pago bancario” (ver la presentación digital del 2 de agosto de 2021).
La parte actora no formuló manifestación alguna.
V. Por razones de orden lógico, en primer término corresponde señalar que:
i. El planteo de inconstitucionalidad del artículo 47 de la ley del 11.683 que la parte actora formuló en esta instancia no puede ser admitido. Si, como ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad institucional, ultima ratio del orden jurídico, que debe ejercerse únicamente cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta y la incompatibilidad inconciliable (Fallos: 327:5863; 338:1504; entre otros), debe recordarse que esta sala ha expresado que la limitación que contiene el artículo 185 de la ley 11.683 no constituye un impedimento para que el Tribunal Fiscal examine el planteo constitucional y concluya en la declaración de validez de las resoluciones apeladas si lo considerase pertinente, habida cuenta de que la restricción se refiere estrictamente a la declaración de inconstitucionalidad, pero no impide que se afirme su validez jurídica (esta sala, causas “Ferramar S.R.L. (T.F. 10.905-I) c/ D.G.I.” y “Molinos Río de la Plata SA c/ EN s/ proceso de conocimiento”, pronunciamientos del 16 de mayo de 2000 y del 14 de septiembre de 2021, respectivamente).
ii. El planteo de nulidad del tramite de las actuaciones en la sede del Fisco Nacional no puede ser examinado aquí ya que es producto de una reflexión tardía (artículo 277 del Código Civil y Comercial de la Nación, de aplicación supletoria al caso, según el artículo 197 de la ley 11.683; esta sala, causa “Agrocentro Santa Fe SA c/ Dirección General CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 67908/2019 VILA, ELIANA MELISA ANALIA (TF 48811-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 19 de febrero de 2019).
iii. No puede admitirse el planteo de nulidad del trámite ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
En este aspecto, la Corte Suprema ha indicado, reiteradamente, que las nulidades procesales requieren un perjuicio concreto para alguna de las partes, pues no proceden en el solo interés del formal cumplimiento de la ley, ya que la declaración de una nulidad por la nulidad misma es una solución inaceptable en el ámbito del derecho procesal (Fallos: 320:1611; 322:507; 324:1564; 325:1649; 334:1081; 339:480; entre otros).
Y ha explicado, asimismo, que en materia de nulidades procesales prima un criterio de interpretación restrictiva y sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un prejuicio irreparable, sin admitirlas cuando no existe una finalidad práctica, que es razón ineludible de su procedencia (Fallos: 334:1081; 339:480).
En ese mismo sentido se ha pronunciado esta sala (causas “Cooperativa de Trabajo AEI ‘Colonia Barraquero’ LTDA c/ INAES – resol. 806/08”, pronunciamiento del 3 de febrero de 2012, “Velito Castillo, Luis Antonio c/ EN- DNM Ley 25.871”, pronunciamiento del 13 de noviembre de 2014, “Incidente Nº 6 - s/ inc. apelación ‘Cámara Unión Argentina de Empresarios de Entretenimiento’”, pronunciamiento del 10 de julio de 2018, y “Catardo Emmanuel c/ ENCSJN-Resol Adm 50/11 2/13 (expte 57/10) s/empleo público” pronunciamiento del 12 de septiembre de 2019).
A partir de esas premisas, debe desestimarse este agravio puesto que la parte actora no demuestra un perjuicio concreto que no le sea imputable.
Por un lado, no se advierte de qué manera la producción del peritaje contable ––según los puntos propuestos–– habría permitido demostrar la ausencia de dolo en su accionar (ver fs. 23 y 24). Por otro lado, no puede pasar inadvertido que la parte actora tenía la posibilidad de interponer un recurso de reposición contra la resolución que denegó la producción de la referida prueba con arreglo al artículo 173, último párrafo, de la ley 11.683, y no lo hizo (ver fs. 54 y subsiguientes).
VI. En el plano sustancial del pleito, cabe precisar que las presentes actuaciones tienen su génesis en la fiscalización llevada adelante por el organismo fiscal, que impugnó: (1) el crédito fiscal consignado en las declaraciones juradas de la actora, porque carecía de respaldo documental y fue desconocido por los distintos proveedores; (2) el débito fiscal para lo que se basó en los datos que arrojaba el controlador fiscal (ver el informe final de inspección, especialmente, fs. 49 de la actuación administrativa nº 11903-278-2017/7).
En el referido informe se precisó que la actora se encontraba inscripta en la actividad de “prestación de servicios o locación, servicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicios de mesa y/ o en mostrador n.c.p. y servicios de publicidad”, y cerraba sus ejercicios fiscales en el mes de diciembre de cada año (ver fs. 43/54 de la actuación 11903-278-2017/7).
Asimismo, los funcionarios intervinientes informaron que el trámite del sumario se demoró porque tuvieron que confeccionar las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado (IVA) y del impuesto a las ganancias con la información que brindaron los proveedores y con la que surgía del controlador fiscal, “sin la colaboración de la contribuyente”, que únicamente aportó los subdiarios IVA, pero no acompañó las facturas o notas de crédito (ver especialmente, fs. 45, 47 y 48 de la actuación 11903- 278-2017/7).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
67908/2019 VILA, ELIANA MELISA ANALIA (TF 48811-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO A su vez, en el informe de inspección complementario se dejó asentado que el 16 de agosto de 2017 la actora había informado que presentó las declaraciones juradas rectificativas en el IVA de los períodos enero de 20014 a junio de 2015, conformando así el ajuste fiscal (ver fs. 55/60 de la actuación 11903-278-2017/7).
VII. En el examen de la calificación de la conducta efectuada por el organismo recaudador es necesario tratar los elementos objetivo y subjetivo que prevé el artículo 46 de la ley 11.683, para comprobar si la actora es pasible del reproche formulado por el organismo fiscal. En el mencionado artículo se disponía —según el texto vigente al momento de los hechos— que “el que mediante declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco Nacional, será reprimido con multa de 2 hasta 10 veces el impuesto evadido”.
En el artículo 47 se establece una serie de indicios de declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas. En lo que al caso interesa, el legislador presumió, salvo prueba en contrario, que el responsable obra con la intención dolosa exigida en la figura analizada, cuando en los libros, en las registraciones, en los documentos y demás antecedentes correlativos, “se consignen datos inexactos que tengan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible” (inciso ‘b’).
VIII. Esta sala ha dicho que la falta de presentación de las declaraciones juradas o su presentación inexacta no pueden considerarse una como una maniobra fraudulenta per se (causas “Ahumada, Beatriz Inés Josefina c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo” y “Queñoa SA (TF 31861-I) c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamientos de fecha 8 de marzo de 2016 y del 6 de junio de 2017).
IX. El elemento objetivo se encuentra acreditado, pues la parte actora presentó las declaraciones juradas rectificativas en el IVA y, con ello, arrojó un saldo a favor del Fisco Nacional de $ 540.050,12.
Referentemente al elemento subjetivo, cabe precisar que los hechos constatados exhiben que la parte actora desplegó una conducta tendiente a ocultar los débitos y los créditos fiscales que generaba su operatoria.
Dicha conducta tuvo una grave incidencia en la materia imponible exigida, de manera que la presunción aplicada por el Fisco Nacional fue correcta, dado que, a partir de aquellas maniobras, la contribuyente revelaba un saldo técnico a favor de aquel que era mucho menor.
Así, pues, se encuentra corroborada la concurrencia del soporte fáctico de la presunción de una conducta dolosa por parte de la actora. Incumbía a ella demostrar que no obró con la intención de defraudar al Fisco Nacional, pero no lo hizo.
En ese sentido, debe resaltarse que las alegaciones de la actora —reseñadas en el considerando III, puntos iii y iv— no son aptas para controvertir el modo en que fue calificada su conducta.
Por ello, tampoco puede ser admitido el pedido de reeencuadramiento de su conducta en la figura prevista en el artículo 45 de la ley 11.683, pues las circunstancias reseñadas evidenciaron suficientemente que la actora desplegó una conducta defraudatoria. En mérito de las razones expuestas, el tribunal RESUELVE:
desestimar los agravios y confirmar el pronunciamiento apelado, con costas (art. 68, párrafo primero, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
67908/2019 VILA, ELIANA MELISA ANALIA (TF 48811-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Se hace constar que la jueza Clara María do Pico no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.).
Fin de la sentencia