Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la resolución apelada en autos, con costas.-
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-20288691-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 25 de Febrero de 2025 En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala "A", Dres. Laura A. Guzmán (Vocal Titular de la Segunda Nominación), Pablo A. Porporatto (Vocal Subrogante de la Tercera Nominación), a fin de resolver el Expte. N° 41339-I, caratulado: “VILLA ATUEL S.A. s/apelación”.-
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que a fojas 41/58vta se interpone recurso de apelación contra una resolución de la AFIP-DGI de fecha 21/10/2024, mediante la cual se determinó de oficio la obligación tributaria de la actora frente al impuesto al valor agregado, períodos fiscales diciembre de 2006 a diciembre de 2009, con más intereses resarcitorios y se le aplicó una multa de conformidad con los arts. 46 y 47 inc. a) de la ley 11683 por los períodos fiscales 12/2006 y 01 y 02/2007.
La recurrente expresa que la inspección actuante consideró como diferencia patrimonial no justificada, lo que en principio fue un pasivo que luego se capitalizó en un aporte de capital. En ese sentido sostiene que la impugnación del pasivo con la firma Andromeda Brokers LTD sería totalmente antojadiza, basada en una presunción sin sustento alguno.
Explica que al momento de contestar la vista conferida adjuntó documentación a fin de acreditar la existencia del pasivo y su capitalización. Al respecto detalla la prueba documental presentada. Manifiesta que luego de aportar la documentación que –a su criterio- respalda la capitalización de un pasivo por parte del accionista mayoritario, con ingreso de fondos al país a través del sistema financiero formal, aprobación de ingreso de divisas por parte del Banco Central, aprobación del trámite de capitalización por parte de la Dirección de Personas Jurídicas de Mendoza, para el organismo fiscal no fue suficiente, esto es, que los fondos son originados en un aporte de su accionista mayoritario para solventar los gastos operativos. En efecto, asegura que recibió de su socio mayoritario Kelson BV, aportes de capital, con el objeto de lograr su supervivencia comercial y que fueron reflejados contablemente y debidamente inscriptos y publicados mediante edictos, originalmente habrían sido un pasivo que luego se capitalizó.
Entiende que sería esencial la utilización del principio receptado en el artículo 2° de la ley 11683, debido a varias razones, tales como: el contexto económico social, la circunstancia de que se encontrara en concurso preventivo, etc; se utilizaron formas jurídicas inadecuadas sólo en algunos aspectos formales, que ahora por imperativo legal deben develarse, y cuya utilización, en nada habría perjudicado las arcas fiscales. Asume que dicho tratamiento erróneo como pasivo en nada afectó las arcas fiscales.
Destaca que aquel principio se aplica tanto a favor del Fisco Nacional como a favor del contribuyente, por ser una regla de interpretación de los hechos y forma parte, dice, como la ley tributaria misma, del derecho público.
Explica las distintas etapas de inversión y resalta que desde el año 1997 ocupa aproximadamente 350 personas como personal fijo y un número similar de eventuales y que su mayor accionista es la firma Kelson B.V. –Sociedad Holandesa- la cual tiene una cantidad de acciones de 11.015.279, siendo el valor nominal de cada acción la suma de $ 5,00, por lo que el valor total de las acciones de aquella firma asciende a la suma de $ 55.076.395.-
Es por tal razón que cuestiona el tratamiento efectuado por el Fisco a las operaciones que describió, el que tilda de injusto, toda vez, que no tuvo ganancias y sí una cuantiosa inversión, la que persiste. Plantea acreditar dos extremos fundamentales a fin de probar la deficiente aplicación del art. 18 inc. f) de la ley 11683. Por un lado, la errónea valoración del organismo fiscal respecto del presupuesto de hecho que habilitaría la aplicación de la presunción, esto es, se probó fehacientemente el incremento patrimonial, el que se justifica por el aporte de capital de su socio mayoritario; y por otro lado, se habría acreditado la imposibilidad material de la existencia y medida del hecho imponible presumido por el fisco nacional a partir de la valoración del presupuesto de hecho, habida cuenta de que no habrían quedado dudas acerca de la imposibilidad de la generación de rentas por parte de la firma, situación que persiste en la actualidad, que de algún modo no hubieran sido declaradas, simulando que provenían de préstamos.
Arguye que la calificación de incremento patrimonial no justificado, constituye en realidad la exposición contable y documental de una realidad innegable, esto es, que recibió un importante flujo dinerario destinado a cancelar sus deudas y para abonar los gastos propios de explotación. Asimismo, dice, la actitud de los accionistas en pos de mejorar la situación patrimonial y financiera de la firma, se consolidó cuando acordaron conferir a los recursos el carácter de aportes de capital, con la debida publicación de edictos y su inscripción en el Registro de Personas Jurídicas.
Afirma que jamás pudo haber generado rentas de un modo tal que le permitiera llegar a los niveles sugeridos por el ente fiscal en su liquidación de impuesto y que, según el organismo, se habría ocultado mediante la simulación de préstamos y luego de capitalización. En tal sentido, reitera que siempre hubo pérdidas, la inversión realizada siempre fue superior a lo que se cosechó y vendió, por lo que entiende que el instituto utilizado por el Fisco no se puede aplicar, salvo que se incurra en una injusticia flagrante. Indica que la ausencia de ganancias surge claramente de los balances que acompañó como prueba.
Diferencia su caso de los señalados en la resolución aquí apelada, pues considera que ha quedado demostrado el ingreso de divisas desde el exterior y el destino de dichos fondos.
Sostiene que en el acto recurrido el Fisco habría omitido tomar los cuatro reintegros desistidos que modifican el saldo de las DDJJ, señalando que el acto habría hecho vagas consideraciones, sin ni siquiera tratar el punto en cuestión.
Con relación a la impugnación de los créditos fiscales, afirma que aquélla se debería a hechos de terceros y que no puede pretenderse que el comprador sea fiscalizador del que vende. En su caso, añade, las compras se realizaron efectivamente, se pagaron y no sería adecuada la impugnación del crédito fiscal por el sólo hecho de que el proveedor no sea encontrado en su domicilio fiscal y/o si ha contestado o no los requerimientos. Cita jurisprudencia en apoyo a su tesitura.
Destaca que el artículo 12 de la ley de impuesto no exigiría para el cómputo del crédito fiscal que el vendedor haya declarado la operación, o que posea bienes registrables, o que se inscriba en una actividad y no ejerza otra, o que declare sus propios empleados, ya que eso, dice, escapa a la posibilidad de control del comprador.
Finalmente, se agravia de la multa aplicada. Al respecto, sostiene la ausencia absoluta de todo argumento y consideración tendiente a poner en conocimiento de la sumariada, cuáles fueron los elementos tenidos en cuenta para iniciar sumario en los términos del artículo 46, como así tampoco se habría efectuado ninguna consideración relativa a la existencia del elemento subjetivo. Considera que este hecho vulneraría su derecho de defensa y por ende, solicita se le otorgue la vista contemplada en el art. 38 del Dto. Reglam. 1759/72, fijándose fecha y hora.
Añade que los presupuestos tomados en cuenta por el fisco para impugnar el pasivo, serían falsos, por lo que, dice, no se habría configurado el dolo. Con relación a la presunción prevista en el inciso a) del artículo 47, entiende que el acto apelado no detallaría en qué reside la presunción legal ni cuáles serían sus elementos probatorios, sino que se limitó a enunciar los citados incisos, violando el derecho de defensa. En forma subsidiaria, solicita la aplicación de la figura establecida en el artículo 45 de la ley. Acompaña prueba documental y hace reserva de la cuestión federal.
II. Que a fojas 70/88vta contesta la representación fiscal, quien por las razones de hecho y de derecho que expone, solicita se confirme la resolución apelada. Hace reserva de la cuestión federal.
III. Que a fojas 157 se elevan las presentes actuaciones a consideración de la sala “A”.
A fojas 176 se llaman los autos para dictar sentencia.
IV. Que a partir de la fiscalización efectuada a la recurrente (vide fojas 208/215 de los a.a.), se procedió a analizar la información aportada por aquélla y las DDJJ presentadas. Se tuvo en cuenta que la firma había sido fiscalizada por los períodos fiscales 2002 a 2005 ajustándose los pasivos declarados con las empresas Artifex Information System BV y Cenit SA, considerándolos incrementos patrimoniales no justificados en los términos del artículo 18 inciso f) de la ley 11683. Es así que se culminó con la determinación de oficio de su obligación tributaria frente al IVA por los períodos 12/02 a 03/06.
En el marco de dicha fiscalización, se observó en el Estado de Situación Patrimonial del ejercicio comercial cerrado al 31 de marzo de 2007, la existencia de un pasivo contraído con la empresa extranjera Andromeda Brokers Limited por la suma de $ 5.800.247,68.-
Frente al requerimiento efectuado a fin de evaluar la veracidad de dicho préstamo, con fecha 22/5/2012 la recurrente aportó copia del contrato de préstamo celebrado entre la firma extranjera (prestadora) y la actora (prestataria) de fecha 7/09/2006.
Ello así, del análisis de aquel instrumento surgieron las siguientes consideraciones, a saber: la prestadora es una sociedad mercantil de nacionalidad inglesa; el préstamo asciende a la suma de U$S 1.900.000.- pudiendo la prestataria hacer uso del dinero en una sola o varias disposiciones; el plazo de vencimiento y restitución de la suma prestada es a partir de los dos años posteriores a la recepción de los fondos y antes del 31 de julio de 2014; los intereses pactados se calcularán a una tasa de interés del 3% anual, que se devengarán anualmente y se incorporarán al capital principal pendiente, debiendo cancelarse en dólares estadounidenses junto al último pago de capital; las garantías que las partes acuerdan concretar para garantizar el préstamo, serán convenidas en instrumento separado a formalizar antes del 31 de julio de 2013; el contrato de mutuo celebrado se encuentra redactado en idioma español y no posee fecha cierta.
Entre la documentación aportada, la actora acompañó copia de las respectivas transferencias y telegramas de notificación de remesas de los fondos del exterior que acreditaron la efectiva entrada de los fondos al circuito económico de la empresa.
A pesar de los elementos aportados, el organismo fiscal consideró que no resultaban suficientes para acreditar que los fondos recibidos por la actora hayan sido préstamos financieros.
Para así concluir destacó que el contrato de mutuo exhibido carece de fecha cierta, garantías, la tasa de interés pactada resultó inferior a las habituales del mercado internacional y los plazos y condiciones de restitución resultan irrazonables.
Como consecuencia de ello, se le otorgó a dicho pasivo el tratamiento de incremento patrimonial no justificado, cuyo importe sumado al 10 % en concepto de renta dispuesta o consumida, constituyen montos de ventas omitidas del ejercicio cerrado el 31/3/2007 (períodos fiscales 04/2006 a 03/2007), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18 inciso f) apartado 2 de la ley 11683.
Por otro lado, se analizaron los registros de compras. Se le requirieron facturas de compras, órdenes de pago, forma de cancelación de las operaciones y toda documentación relativa a los proveedores Juan Carlos Arias y José Alberto Figueroa.
Como resultado del análisis de dichos proveedores se detectaron diversas irregularidades en las operaciones registradas en los períodos fiscales 01/08 a 06/09:
Juan Carlos Arias: Declara como actividad la construcción, reforma y reparación de edificios; no declara personal en relación de dependencia para el período 2009, realiza presentaciones parciales durante el período 2008; no posee inmuebles, sólo declara un vehículo que no puede ser identificado; existencia de acreditaciones bancarias en el año 2008 por montos muy inferiores a las operaciones facturadas y nada en el año 2009; no posee retenciones de impuesto a las ganancias; posee CUIT con CBU informada en una cuenta del Banco de la Nación Argentina, y los pagos de las operaciones cuestionadas han sido efectuados con cheques librados contra esa cuenta, sin haber depositado el impuesto en la cuenta mencionada.
José Alberto Figueroa: declara como actividad principal la venta al por menor de materiales de construcción y como actividad secundaria la venta al por menor de artículos de ferretería; presenta DDJJ de IVA y de Ganancias con movimientos en cero; no posee bienes registrables para realizar su actividad; no posee empleados en relación de dependencia.
En razón de lo expuesto, se concluyó que los proveedores mencionados no poseían capacidad operativa ni financiera para realizar las operaciones facturadas a la actora. En consecuencia se impugnaron los créditos fiscales por los períodos fiscales 01 a 07, 09 a 12/08 y 01 a 06/09.
Con sustento en las mencionadas impugnaciones se concluyó en el acto determinativo ahora en crisis.
IV. Que así descripta la actividad de la administración fiscal, dos son las cuestiones a resolver, a saber, por un lado, la impugnación del pasivo y por el otro, la impugnación de los créditos fiscales originados en operaciones tildadas de apócrifas, las que se tratarán en ese orden.
V. a) Que con relación a la impugnación del pasivo y su consecuente tratamiento como incremento patrimonial no justificado, entiendo oportuno examinar –previamente- si la metodología seguida por el ente fiscal se adaptó a la normativa vigente, debiendo destacarse que en el caso se recurrió a la presunción contenida en el inciso f) del artículo 18 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
Al respecto, cabe precisar que más allá de que la ley imponga al contribuyente o responsable la obligación de declarar la existencia y medida de su obligación tributaria, puede suceder que éste no lo haga o lo haga defectuosamente, por haber incurrido en errores de interpretación o realizado maniobras tendientes a eludir o evadir el tributo correspondiente. Frente a esas situaciones, el legislador previó el procedimiento de determinación de oficio, que habilita a la administración fiscal a determinar la obligación tributaria en forma cierta o directa o estimativa o presunta, cuando se verifiquen dos supuestos: a) cuando no se hayan presentado declaraciones juradas o b) cuando las presentadas resulten impugnadas. De allí que este procedimiento resulta excepcional y subsidiario, pues deben darse alguna de aquéllas circunstancias para que pueda actuar el ente fiscal. Asimismo, la norma establece un orden cronológico a seguir, pues la administración podrá recurrir a la estimación de la obligación tributaria sobre base presunta cuando no cuenten con elementos ciertos que le permitan conocer la existencia y magnitud de la materia imponible. Es decir, en primer término, deberá agotar los medios que le permitan reconstruir la materia imponible de modo directo y sólo deberá recurrir al método indirecto o presuncional cuando no cuente “con pruebas lo suficientemente representativas de la existencia y magnitud de la relación jurídica tributaria a través de libros y demás documentación que lleve el contribuyente” (vid. esta Sala en su anterior integración, entre muchos otros, “Cafiero y Pollio S.A.”, 28/06/2001). Considero oportuno señalar que, a la luz del relato efectuado, el ente fiscal recurrió válidamente –con sustento en el artículo 16 de la LPT- a la estimación sobre base presunta en atención a no contar con elementos de prueba lo suficientemente representativos de la existencia y magnitud de la relación jurídica tributaria a través de libros y documentación que lleve el contribuyente.
Estimación que resulta viable en esos supuestos.
Aclarado ello, y respecto del pasivo originado en el préstamo que habría obtenido de la empresa Andromeda Brokers Limited, corresponde señalar en primer lugar, que el organismo fiscal aplicó el art. 18 –primer párrafo- de la ley de procedimiento fiscal: “La estimación de oficio se fundará en los hechos y circunstancias conocidos que, por su vinculación o conexión normal con los que las leyes respectivas prevén como hecho imponible, permitan inducir en el caso particular su existencia y medida. Podrán servir especialmente como indicios: el capital invertido en la explotación, las fluctuaciones patrimoniales, el volumen de las transacciones y utilidades de otros períodos fiscales, el monto de las compras o ventas efectuadas, la existencia de mercaderías, el rendimiento normal del negocio o explotación o de empresas similares, los gastos generales de aquéllos, los salarios, el alquiler del negocio y de la casa-habitación, el nivel de vida del contribuyente, y cualesquiera otros elementos de juicio que obren en poder de la Administración Federal de Ingresos Públicos o que deberán proporcionarles los agentes de retención, cámaras de comercio o industria…” A su vez, el inciso f) apartado 2 de dicho artículo dispone que los incrementos patrimoniales no justificados con más un diez por ciento (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles, representan en el IVA montos de ventas omitidas.
V. b) Que con respecto a los incrementos patrimoniales no justificados por fondos provenientes del exterior, el Máximo Tribunal sostuvo que “...nuestra legislación no establece otras exigencias para justificar los incrementos patrimoniales derivados de aportes de capital provenientes del exterior que la acreditación de su ingreso y la individualización de sus aportantes, y que aquélla no requiere que a tales fines se deba probar que los fondos invertidos se hubiesen generado en actividades o capitales provenientes de extraña jurisdicción” (conf. Fallos 316:1979, entre otros).
En la misma dirección, en pronunciamientos que resultan aplicables al caso, la Alzada sostuvo que: “En consecuencia, en casos como el de autos, los contribuyentes deben acreditar: 1) que los fondos se originan en el patrimonio del prestamista o estaban disponibles para éste, 2) su transferencia al país, esto es, el movimiento de los fondos desde el patrimonio del prestamista extranjero hasta su ingreso al del deudor local, con suficiente sustento documental, es decir, instrumentos fehacientes que acrediten ininterrumpidamente la secuencia completa de la operación mediante la cual se otorgaron los aportes y su recepción por los responsables, y 3) prueba escrita del mutuo mediante instrumento de fecha cierta y de las circunstancia que clarifiquen si la operación se presenta como un acto anormal de gestión (“Procesamiento Industrial de Laminados Argentinos Residuales SA (Pilar)”, TFN, Sala “B”, pronunciamiento del 11 de junio de 2003)”.
“En otras palabras, en cuanto a la prueba tendiente a comprobar la realidad de un pasivo, ésta deber ser particularmente indudable del nacimiento, modalidades y, de corresponder, la extinción de la deuda. En suma, es necesario que se demuestre la secuencia completa de la operatoria llevada a cabo, correspondiendo acreditar la titularidad de los fondos en cabeza de quien presta, su entrega al deudor, la aplicación de los mismos por parte de éste y, si fuera del caso, su posterior restitución.”
“En tal sentido, la importancia de la comprobación fehaciente del ingreso y origen de los fondos provenientes de exterior, resulta imperiosa para demostrar que los capitales no fueron sustraídos del poder fiscal argentino para luego retornar al país por medio de “prestamos” y/o “capitalizaciones”, incumbiendo la carga de la prueba que permita destruir la presunción contenida en el art. 18, inc. f), de la ley 11.683, al contribuyente (“Castellanos Bonillo, Juan”, TFN, Sala “C”, pronunciamiento del 29 de marzo de 2005).” (Vid. C.N.A.C.A.F., Sala I, “Badial S.A.”, 3/2/2015)
Asimismo, en la causa “Valle Escondido S.A.” de fecha 17/05/16, la Sala IV, sostuvo que “...la prueba tendiente a comprobar la realidad de un pasivo debe ser en casos como el presente particularmente indudable. Para ello, resulta necesaria la demostración de la secuencia completa de la operatoria llevada a cabo, en particular, la acreditación de la titularidad de los fondos en cabeza de quien presta, su entrega al deudor, la aplicación del préstamo a la actividad comercial de éste, y su posterior restitución (conf. “Club Vacacional S.A. c/ Dirección General Impositiva c/ recurso directo de organismo externo”, sent. Del 14/4/16...”. Bajo ese marco doctrinario, el caso sub examine refiere a una cuestión de hecho y prueba, dirigido a obtener el grado de certeza sobre la efectiva correspondencia entre los hechos estimados por el organismo recaudador con la realidad económica de la contribuyente.
En consecuencia, corresponde analizar las probanzas aportadas por el recurrente a fin de destruir los elementos tenidos en cuenta por el ente fiscal para concluir en el acto en crisis, las que se limitan a la aportada en sede administrativa.
V. c).- Que en ese contexto, y como quedó expuesto en el Considerando IV, el juez administrativo observó en el Estado de Situación Patrimonial del ejercicio comercial cerrado al 31 de marzo de 2007, la existencia de un pasivo contraído con la empresa Andromeda Brokers Limited, por la suma de $ 5.800.247,68.-, que la recurrente probó con la copia de un contrato de préstamo celebrado entre la sociedad prestadora y la recurrente, suscripto el 7 de septiembre de 2006. Asimismo, acompañó detalle de la evolución del préstamo, copias de las respectivas transferencias y telegramas de notificación de remesas de los fondos del exterior, que acreditan el efectivo ingreso de los fondos al circuito de la empresa.
No obstante, se concluyó que esos elementos no fueron suficientes para acreditar la existencia de un préstamo financiero por cuanto el contrato de mutuo no tenía fecha cierta, no tenía garantías, la tasa de interés pactada resulto ser inferior a las habituales pactadas por el mercado internacional y plazos y condiciones irrazonables de restitución.
Ahora bien, la recurrente cuestiona dicha apreciación por cuanto acompañó documentación que acredita –a su criterio- tanto la existencia como la capitalización de dicho préstamo.
Como cuestión preliminar es importante destacar que más allá de los esfuerzos efectuados por este Tribunal, ni la recurrente ni la administración fiscal han acompañado la documentación vinculada con el Mutuo mencionado. En razón de ello, a mi modo de ver, la documentación que se enumera en el acto administrativo impugnado se da por acompañada en sede administrativa, máxime cuando las manifestaciones de la recurrente no impugnan los elementos tenidos en cuenta por el juez administrativo sino su interpretación.
Ello así, preliminarmente entiendo que la cuestión se desplaza a determinar si el convenio del que da cuenta el acto administrativo tiene virtualidad para ser oponible a terceros, en este caso, al Fisco Nacional. En principio, cabe recordar que el artículo 973 del Código Civil (vigente a la sazón) establecía que “La forma es el conjunto de las prescripciones de la ley, respecto de las solemnidades que deben observarse al tiempo de la formación del acto jurídico; tales son: la escritura del acto, la presencia de testigos, que el acto sea hecho por escribano público, o por un oficial público, o con el concurso del juez del lugar”.
Por su parte, el artículo 1034 disponía que “Los instrumentos privados, aun después de reconocidos, no prueban contra terceros o contra los sucesores a título singular, la verdad de la fecha expresada en ellos” y aclaraba en su artículo 1035 que “Aunque se halle reconocido un instrumento privado, su fecha cierta en relación a los sucesores singulares de las partes o a terceros, será: 1° La de su exhibición en juicio o en cualquiera repartición pública para cualquier fin, si allí quedase archivado; 2° La de su reconocimiento ante un escribano y dos testigos que lo firmaren; 3° La de su transcripción en cualquier registro público; 4° La del fallecimiento de la parte que lo firmó, o del de la que lo escribió, o del que firmó como testigo”.
Estos últimos preceptos disponían que los instrumentos privados, aún después de reconocidos, no prueban contra terceros la verdad de la fecha cierta en ellos expresada, la cual se adquiere por alguno de los métodos allí descriptos. La falta de tal requisito, si bien puede no provocar la invalidez del contrato entre las partes, cuando no fue extendido por instrumento público, da lugar a su inoponibilidad frente a terceros ajenos al negocio.
Este criterio ha sido, por otra parte, el sustentado por nuestro Máximo Tribunal al señalar que “…el mutuo puede ser contratado verbalmente, pero no podrá probarse sino por instrumento público, o por instrumento privado de fecha cierta…” (vid. Autolatina Argentina S.A., 15/3/2011).
De todo lo dicho podemos colegir que el instrumento aportado y descripto por el Juez administrativo en el acto en crisis, por medio del cual el recurrente intentó probar el pasivo cuestionado carece de fecha cierta por lo tanto no resulta oponible a terceros, toda vez que no reúne ninguno de los supuestos previstos en el citado artículo 1035 del Código Civil,-vigente a la sazón-, razón por la cual no resulta conducente a los fines de acreditar los dichos del recurrente.
Si bien ello alcanza para rechazar la pretensión de la actora, resulta oportuno precisar que las pruebas acompañadas y producidas en sede administrativa no han logrado tampoco acreditar la existencia del pasivo declarado.
En efecto, la recurrente acompañó prueba documental por medio de la cual entiende que se acredita la existencia de aquel pasivo. Dicha prueba consiste en una serie de instrumentos que darían cuenta de la transformación del crédito en aportes irrevocables.
Así, obra a fs. 258 del Cuerpo II de verificación del Impuesto al Valor Agregado, copia del Acta de Capitalización deuda de Villa Atuel S.A. efectuada por la entidad Holandesa Kelson B.V., de fecha 30 de noviembre de 2012. Allí se explica que habiendo tomado conocimiento de la deuda existente entre la entidad Andrómeda Brokers Ltd. como prestamista y Villa Atuel S.A. como prestataria, por un importe de $ 5.800.247,68.- se hace cargo de la deuda antedicha y admite la posición de Villa Atuel S.A. por ese mismo importe frente al acreedor y asume su condición de acreedor de la mencionada y en tal condición suscribe la oportuna ampliación de capital que Villa Atuel S.A., llevará a cabo al incorporar dicha deuda a su capital social. Obran también allí copia de las Actas de Directorio en las que se aprueba la incorporación al patrimonio neto social del importe mencionado como aporte irrevocable a cuenta de futuros aumentos de capital y copia de la resolución de fecha 17 de junio de 2013 emitida por la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Mendoza por la que se aprueba la reforma de estatuto y aumento de capital con sustento en aquellas actas. Como se dijo, dichas probanzas no logran acreditar la existencia del préstamo financiero declarado. Ante todo, resulta oportuno señalar que, a mi criterio, las razones esgrimidas por el Fisco Nacional en oportunidad de cuestionar el contrato de mutuo acompañado –aparte de la ausencia de fecha cierta- resultan atendibles. En efecto, a las cuestionables condiciones pactadas –tasas de interés, plazo de devolución, ausencia de garantías- cabe agregar la falta de actas de directorio que avalen la necesidad del préstamo, su justificación, destino o aplicación. No se ha acreditado la efectiva aplicación de los fondos, su devolución o pago de servicios financieros o las razones de su falta de cancelación.
Ahora bien, en esa misma dirección, tampoco pueden aceptarse como elementos válidos a fin de probar el préstamo la prueba instrumental acompañada que acreditaría que dicho préstamo se convirtió en aportes de capital efectuado por la entidad holandesa Holandesa Kelson B.V, quien asumió la deuda con la sociedad Andromeda Brokers Ltda. en lugar de la recurrente, sin efectuar ninguna manifestación sobre cuál sería el interés de dicha sociedad de tomar a su cargo la deuda. Asimismo, merece destacarse que toda esa operatoria es de fecha posterior al inicio de la fiscalización y de haber tomado conocimiento de los cargos que se efectuaban. En mérito a lo expuesto, entiendo que corresponde confirmar el ajuste efectuado en este aspecto en el acto en crisis.
VI. a).- Que el segundo aspecto que forma parte del objeto en litigio en autos se dirige a cuestionar la impugnación de los créditos fiscales originados en operaciones efectuadas con los proveedores Juan Carlos Arias y José Alberto Figueroa, que con sustento en los elementos colectados durante la fiscalización y reseñados en el Considerando IV, llevaron al ente fiscal a concluir que no poseían capacidad operativa ni financiera para realizar las operaciones declaradas.
Centra su defensa en sostener que las operaciones se realizaron, que se pone en cabeza de los contribuyentes controles que sólo puede ejercer la administración fiscal, así como que le resultan inoponibles las pretendidas irregularidades de sus proveedores y que no pudo participar en los cuestionamientos efectuados por el ente fiscal.
Sobre el particular, si bien, de manera alguna puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto (en particular aquellas que se vinculan con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la firma emisora de las facturas y su inclusión en la base de datos del organismo de proveedores apócrifos), lo cierto es que la impugnación de las operaciones con ciertos proveedores de la recurrente se realizó sobre la base de una serie de indicios graves y concurrentes, tales como la no localización de alguno de los proveedores, falta de capacidad operativa de los mismos, la falta de acreditación del circuito financiero, etc, elementos que en su en su conjunto llevaron al organismo fiscal a concluir sobre la inexistencia de las mismas.
En esa inteligencia cabe traer a colación lo sostenido por la Sala B de este Tribunal, en su anterior conformación, in re “Vialbo Construcciones S.A.”, 12/2/2002, donde señaló que en la medida que el Fisco había formulado concretas y graves impugnaciones a los proveedores, el actor no podía limitarse a afirmar que no se encontraba obligado a conocer o verificar la situación fiscal de aquellos con quienes contrata. Allí, advirtió que “…no pueden considerarse las impugnaciones del Fisco Nacional en forma aislada y someterlas a un análisis singular, como pretende equivocadamente la apelante, para concluir si tenía obligación de conocerla o no, cuando la realidad indica que se trata de situaciones reiteradas, irrazonables desde el punto de vista del supuesto trato comercial (que habría abarcado más de cuatro años), que se conjugan con un racimo de otras anomalías propias de operaciones falsas...claramente, una cosa es reputar de apócrifa una factura por el mero hecho de que el proveedor no haya presentado las Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado y/o al Impuesto a las Ganancias, o que las haya presentado en forma constante con saldo a su favor, circunstancias éstas que resultan completamente ajenas al adquirente de tales bienes o servicios y que no bastan, por sí solas, para calificar de falso instrumento alguno (cfr. Doctrina Jurisprudencial emergente de la causa “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 17/3/02)...otra muy distinta es la situación que se presenta cuando se dan, concomitantemente, una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas...y como corolario una actitud de la apelante que se limita a aseverar dogmáticamente que no le compete el control de la situación fiscal de aquellos con quienes contrata, sin aportar dato adicional alguno...tendiente a profundizar la investigación en terrenos que resulten de su exclusivo interés".
Asimismo, no puede dejar de señalarse que dado el grado de sofisticación cada vez mayor de las maniobras utilizadas por algunos contribuyentes destinados a evadir el impuesto debido a través del cómputo improcedente de créditos fiscales o de gastos, no puede convalidarse la existencia de las operaciones discutidas únicamente porque las mismas se encuentran registradas en la contabilidad de la firma y las facturas que las respaldan cumplen con los recaudos exigidos por la normativa fiscal.
VI. b).- Que, puntualmente, en cuanto a la impugnación de los créditos fiscales cabe recordar la importante doctrina sentada por esta Sala, en su anterior integración, en la que explicó que “de la economía propia del impuesto al valor agregado surge la doctrina de la concurrencia de los elementos material- formales del crédito fiscal” (vid. por todos, “Impulso S.A.”, 27/3/98). En efecto, para que un crédito fiscal revista la calidad de computable, es menester la concurrencia del aspecto material (existencia de las operaciones) y formal (discriminación del impuesto, cuando correspondiere por expresa disposición legal).
Este criterio fue convalidado por Nuestro Máximo Tribunal entre otros, en las causas “ADM Argentina SA” y “Molinos Rio de la Plata S.A.” de fechas 10 de marzo de 2015 y 25 de agosto de 2015, respectivamente, en donde se estableció que “...a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), resulta indispensable que sea legítimo. Ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente”.
En esta inteligencia, corresponde al actor acreditar fehacientemente la existencia de las operaciones comerciales.
En ese contexto, la actora no ha desplegado actividad probatoria alguna ni aportó elementos que pudieran destruir los fundados y probados hechos tenidos en cuenta por el ente fiscal en el acto en crisis. En esa dirección, la Alzada ha tenido oportunidad de expresar reiteradamente que “... ante las fundadas observaciones efectuadas por el Fisco, pesaba sobre la parte actora, la demostración de la existencia y veracidad de las operaciones cuestionadas, refutando adecuadamente el contenido de la impugnación fiscal, a lo que debe añadirse que, los documentos ofrecidos en sustento de la veracidad de las operaciones carecen de virtualidad para demostrarla y exigen de la utilización de otros medios probatorios para comprobar la existencia de las negociaciones (conf. esta Sala, Causa Nº43037/2011, in re “Lim Sur SA (TF 24762-I) C/DGI”, del 20/11/2012; Causa Nº 7795/08, in re “Molinos Rio de la Plata S.A. c/ E.N.- AFIP DGI- Resol 370/08 s/ DGI”, del 03/04/12; y Sala II, Causa Nº32.350/2012, in re “Toledo Pedro Roque (TF 29.171-I) c/ DGI”, del 29/11/2012)”.
Y, agregó, que “....no basta para contradecir las conclusiones del acto determinativo la mera demostración del cumplimiento de recaudos formales de orden documental o contable, sino que es menester que el contribuyente aporte elementos concretos y contundentes que acrediten la veracidad de tales operaciones (conf. esta Sala, in re “Molinos Río de la Plata S.A. c/ AFIP DGI (Resol 247/06) s/ proceso de conocimiento”, del 3-7-12; y “Cereales Acebal S.A. c/ AFIP (TF 30769-I) c/ DGI”, del 11-9-12; en el mismo sentido, CNACAF, Sala I, causa “Nidera SA”, expte. nro. 41858/2005, del 20/03/2012 y Sala IV, causa “Agrocomercial Ramallo SA”, expte. nro. 5341/2015, sentencia del 11/08/2015, entre muchos otros)”.
En consecuencia, los agravios de la recurrente –sobre la que reposaba la carga probatoria- resultan a la postre meras afirmaciones dogmáticas que no logran conmover las conclusiones a las que arribara el juez administrativo en la resolución apelada, por lo que corresponde confirmar el ajuste efectuado en la resolución determinativa en cuanto impugna el crédito fiscal computado en las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado.
VII. Que resta analizar la procedencia de la sanción aplicada, que el ente fiscal subsume en los artículos 46 y 47, inciso a) de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
Cabe tener presente que en materia de ilícitos materiales por defraudación tipificados en el artículo 46 de la ley de procedimientos fiscales se deberá respetar la secuencia que se describe seguidamente, en orden a determinar si se verificaron sus elementos tipificantes.
En primer término, se debe analizar el aspecto objetivo al evaluar la presencia de la conducta antijurídica y si en su caso, no existió causal que enervara su antijuridicidad.
Comprobada la presencia del elemento objetivo corresponde analizar la imputabilidad del autor. La norma exige la acreditación no sólo de la conducta descripta sino la presencia de un accionar engañoso o malicioso mediante hechos concretos. Ello por cuanto en materia sancionatoria es aplicable el principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda serle atribuida tanto objetiva como subjetivamente.
Al respecto, no resulta ocioso destacar que la defraudación fiscal se configura con la comisión de un ardid o engaño, es decir, con la realización de una conducta dirigida a evadir el tributo. Como señala la doctrina, “el engaño es, ante todo, expresión objetiva de una falsedad subjetivamente pensada”. Debe existir la conducta falsa, pero esa falsedad debe ser conocida por el sujeto activo de la defraudación.
Y ello es así toda vez que “El elemento tipificante del art. 46 de la ley 11.683 está constituido por la intención defraudatoria cuya descripción genérica puede esbozarse como representación de aquellas circunstancias de hecho que correspondan a los elementos constitutivos esenciales de un delito. No obstante, no basta para constituirlo la presencia de elementos genéricos configurantes, es decir, la conciencia de la criminalidad del acto y la dirección de la acción, pues el aspecto subjetivo del tipo establecido está definido de manera especial y requiere instrumentación expresa a través de “declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas.” (conf. Damarco, Jorge H. (Director) “Tratado Jurisprudencial y Doctrinario”, Derecho Tributario. Régimen Penal Tributario e Infracciones”, Cap. XXI, “Multa por defraudación”, Ed. La Ley, Bs. As, 2010, p. 304).
Bajo esas premisas, sólo resta afirmar que será el ente fiscal el encargado de comprobar la existencia de ambos elementos.
VII. Que en el caso sub examine, el Fisco Nacional recurrió para encuadrar la conducta del recurrente, al artículo 47 de la ley 11.683 (t.o. en 1998) que presume, salvo prueba en contrario, que existe voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas, cuando se verifiquen algunas de las situaciones que se describen en sus cinco incisos.
Dos características son comunes a todo tipo de presunciones, cualquiera sea su clase: por un lado, la estructura lógica de su juicio en que se basan; por otro, y como consecuencia, el hecho de que no son juicios orientados a la certeza, sino razonamientos simplemente probabilísticos. La doctrina las ha definido como aquélla operación lógica tendiente a fijar la existencia o dimensión de un hecho desconocido a partir de uno conocido, que según la experiencia le sigue o precede.
En el caso de las presunciones contenidas en el artículo citado, el legislador, a partir de un hecho cierto (hecho inferente, comprobado o fundante, que son los descriptos en sus incisos) y que debe ser probado por el ente fiscal, elabora a partir de él una regla de experiencia que nos indica cómo es -generalmente- el orden natural de las cosas y a partir del cual deriva una afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (inferido, presumido, fundado). En la especie, deriva la afirmación de que existió la voluntad de producir declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas, que posibilita tener por cierto que existió un obrar en fraude al Fisco.
Según Bielsa, la presunción jurídica no es una fórmula legal puramente artificial o imaginaria, sino una disposición legislativa que tiene fundamento en la realidad, pues la ley funda la presunción en el hecho de que en general eso casi siempre ocurre (“presumtio sumitir ex so quo prelumque fit”), aunque en algunos casos no suceda así (Bielsa, Rafael, “Metodología Jurídica”, Librería y Editorial Castellvi, Santa Fe, 1961, pag. 580). Bajo la luz de esas premisas, analizadas las actuaciones administrativas, el informe final de inspección y en atención a lo resuelto en Considerandos precedentes, el Fisco Nacional actuó correctamente al encuadrar la conducta de la recurrente. En efecto, imputa a la apelante la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas toda vez que media “una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas o con los que deban aportarse en la oportunidad a que se refiere el último párrafo del artículo 11”.
Frente a ello, los argumentos que ensaya no tienen entidad para enervar la ausencia de una conducta dolosa. Baste para ello destacar que sus declaraciones juradas originales no reposaban en documentación fidedigna, pues se encontraban declarados créditos fiscales y pasivos que no contaban con el debido respaldo documental que significaron un importante ajuste en su determinación de la obligación tributaria. En mérito a lo expuesto, corresponde confirmar el encuadre de la conducta reprochada efectuada por el ente fiscal y en consecuencia, la sanción aplicada que se advierte correctamente cuantificada. Ello así, voto por confirmar la resolución venida en recurso, en todos sus términos, con costas. El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiere al voto de la Dra. Guzmán.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la resolución apelada en autos, con costas.-
Se deja constancia que la presente resolución se dicta de conformidad con el artículo 52 – segundo párrafo - del RPTFN.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2025.02.24 13:29:31 ART Date: 2025.02.25 13:20:50 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.02.25 13:21:14 -03:00
Fin de la sentencia