Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir los agravios de la parte demandada. -2º) Admitir el recurso deducido con efecto diferido con relación a la prueba confesional realizada en extraña jurisdicción y tener por agregada la misma y su valoración.-3°) Revocar la sentencia recurrida, desestimando la demanda incoada por Matías Villa contra “Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia”.-4°) Impone las costas en el orden causado en ambas instancias (art. 68 CPCC por remisión ley 1444).-5°) Hacer saber a la magistratura y secretaría que deberán arbitrar los medios necesarios para dar cumplimiento con la realización de las pruebas en la forma indicada en el considerando VIII evitando formalismos y dilaciones innecesarias a fin de garantizar una tutela legal efectiva.-6°) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren regulados en la instancia de grado.-7°) Tener presente la reserva del caso federal.-8º)Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen. El Dr. Humberto E. Monelos no suscribe la presente por no existir disidencia entre los firmantes y constituir mayoría. Fdo. Horacio M. Fernández- Juez de Cámara– Griselda I. Bard- Jueza de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201 060 S.261 Tomo: CVII Sentencia: 3231 Folio Nº: 046/054 Secretaria: 1
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº9312/26 Sentencia: Definitiva Actor: Villa Matías Demandada: Sociedad anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia Objeto: Laboral Fecha: 07/09/2026 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los siete días del mes de septiembre de 2026 se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “VILLA MATIAS C/SOCIEDAD ANÓNIMA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE LA PATAGONIA S/ LABORAL” Expte. N°1280/22 que tramita en el Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Puerto Deseado, que ingresara en esta instancia, bajo el Nº 9312/26. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Griselda Isabel Bard; Horacio M. J. Fernandez y Humberto E. Monelos para responder a las siguientes cuestiones PRIMERA: Corresponde admitir el recurso con efecto diferido? SEGUNDA: ¿Es justa la sentencia recurrida? TERCERA: ¿Qué pronunciamiento se debe dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
I. En PE724219-2022 se presenta la Dra. María Martha KÜHNLE en representación de Matías Walter Ariel VILLA, y demanda a la “Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia”, por diferencias salariales, rubros indemnizatorios derivados del despido, indemnización del art 80 LCT, del art. 213 de la LCT, arts 1 y 2 Ley 25323, por la suma de $9.321.768,24 más intereses y las costas del proceso. Relata que Matías VILLA, ingresó a trabajar para la demandada en el mes de abril de 2016, como carnicero y posteriormente como Gerente de Ventas, en diferentes sucursales de Santa Cruz. Señala que la relación laboral se desarrolló con normalidad y encontrándose de licencia médica, es consultado por la médica del trabajo, quien indica el alta, en contraposición con lo indicado por el médico tratante. Seguidamente el actor deja de percibir sus haberes, la empresa lo intima a presentarse y ante la falta de cobro de salarios el día 30 de diciembre se considera despedido por culpa de la empresa. Se iniciaron actuaciones en la Secretaría de Trabajo a fin de resolver el conflicto, y la apoderada de la empresa declinó la vía administrativa. Transcribe el intercambio epistolar que se tiene presente. Practica liquidación de los rubros que pretende, funda en derecho y ofrece prueba.
II. Se celebra la audiencia de conciliación prevista por el art. 47 de la ley 1444 y al no existir acuerdo la parte demandada contesta la acción con la pieza de PE800238-2023 por medio del Dr. Juan Ignacio Graziano. En el responde el nombrado niega pormenorizadamente las afirmaciones de la demanda y da su versión de los hechos. Al respecto reconoce la relación laboral, señala que el actor era personal jerárquico y se encontraba fuera de convenio, que la relación laboral se desarrolló en términos normales y de buena fe por lo que el reclamo realizado le fue sorpresivo. Califica de excesivo el monto reclamado, tanto en sede administrativa como judicial. Refiere que el día 01/10/2021 Matías Villa presentó un certificado por “reposo laboral por 30 días” suscripto por médico psiquiatra que sería de la Provincia de Entre Ríos, y no se indica diagnóstico, tratamiento, ni el pronóstico del padecimiento del actor, sólo un nomenclador. Para verificar su estado y siendo que Villa se encontraba en Entre Ríos la médica psiquiatra le realizó una videollamada. Al respecto la profesional -de la empresaindica el cuadro por el que estaría atravesando y refiere que estaría en condiciones de continuar laborando durante el tratamiento. Luego de ello el actor presenta nuevo certificado médico por "licencia laboral" por otros 30 días. Luego de ello la empresa lo emplazó a presentarse a trabajar y por su parte el trabajador se consideró despedido por culpa de la empresa. Refiere al intercambio epistolar, impugna la liquidación, funda en derecho, ofrece prueba, y hace reserva del caso federal.-
III. En PE518705-2023 se abre la causa a prueba y finalizada la misma en PE2132811-2025 se dicta sentencia de Primera Instancia que admite parcialmente la demanda por diferencias salariales, indemnización por despido indirecto, art. 2 de la ley 25323 y art. 80 LCT, más intereses; desestima los restantes rubros, impone las costas a la parte demandada y difiere la regulación de honorarios.
IV. La sentencia no satisface las aspiraciones de la demandada que en PE2142916-2025 interpone y funda el recurso de apelación, que le es concedido libremente y con efecto suspensivo. Los agravios son contestados por la parte actora. Los autos se elevan a esta instancia con la certificación de estilo; se dicta el llamado de autos a sentencia y se dispone el pase a estudio de los mismos estableciendo el orden para ello.
V. El demandado realiza un resumen de la causa y se agravia por entender que existe violación a los principios de buena fe y conservación del contrato. Señala que la sentencia omite ponderar la buena fe de la empresa que intimó al actor cinco veces a retomar las tareas. Agrega que la empresa procuró mantener el contrato y la voluntad quedó claramente expuesta. Por el otro lado sostiene que la conducta del actor fue apresurada y violatoria del principio de buena fe, ya que se mudó a otra provincia y se negó a justificar sus inasistencias ante el control patronal. Se agravia además por la arbitrariedad y descalificación que se realiza del control médico, priorizando al médico tratante, y realiza una interpretación restrictiva y anacrónica del art. 210 de la LCT. Agrega que no existe prohibición de utilizar medios tecnológicos, más cuando el actor estaba en la provincia de Entre Ríos (por su propia voluntad) por lo que el control presencial era imposible. Hace referencia al informe de la Dra. Zugasti como concluyente de la capacidad laboral del actor. Desarrolla argumentos sobre la doctrina de la arbitrariedad que se tienen presentes. Le agravia la valoración de la prueba, ya que se omitió la adecuada valoración de la prueba confesional ficta. Señala la prueba realizada en extraña jurisdicción donde se tiene erróneamente por desistida de la prueba confesional del actor. Solicita se incorporen dichas actuaciones. Refiere que ello fue requerido oporunamente y recurrido por su parte.-
Se agravia por entender que existió violación del derecho de defensa al omitir la valoración de la prueba pericial contable, y la difiere para la ejecución de sentencia. Señala que su parte pretendía probar con dicha prueba que la demandada tiene el correcto registro de los empleados y los pagos de los mismos y la liquidación.-
Le agravia que se hayan reconocido rubros que entiende improcedentes como la interpretación que se da al art. 2 de la ley 25323, y su modificación por la ley "bases", se explaya en cuanto a la interpretación temporal de las normas. Le agravia la procedencia de la imposición de la multa del art. 80 LCT, toda vez que se pusieron a disposición del trabajador los Certificados de Trabajo; y fueron retirados por lo que entiende un yerro judicial el hecho de aplicar la multa.-
En PE2171811-2026 la parte actora contesta el traslado. En primer término sostiene que carece de crítica suficiente para dar tratamiento a los agravios y solicita se declare desierto el recurso. Con relación a la violación del principio de buena fe y conservación del contrato sostiene que el principio de buena fe aplica para las dos partes del contrato y exige de ambos un comportamiento diligente y que en el caso debió darse especial atención a que se trata de un problema de salud. Y con respecto a la conservación del contrato refiere que el actor se encontraba en licencia psiquiátrica debidamente certificada, y la empresa desatendió dicha circunstancia y dejó de pagar los haberes. Solicita se desestime el agravio. En cuanto a la arbitrariedad en la valoración del control médico sostiene que la sentencia valoró la prueba debidamente aún mediante el informe emitido por video llamada y los demás certificados médicos. Afirma que el art. 210 de la LCT contempla un control por parte del empleador que debe ejercerse de conformidad con el principio de buena fe; y en el caso refiere que nunca se convocó al actor a un examen presencial. Entiende que debe desestimarse el agravio. -
En cuanto a la valoración de la prueba confesional tramitada mediante oficio ley 22172 a Entre Ríos, hace referencia a lo actuado y señala que la circunstancia de no tener letrados autorizados con matrícula vigente en la provincia exhortada, constituye un defecto que impide tener por válida la prueba. Agrega que la oferente no fue diligente en la producción de la prueba y que lo decidido guarda relación con ello y debe confirmarse. Señala que la confesión ficta es una prueba que sólo genera una presunción que puede ser desvirtuada por otras medidas y no opera por sí misma.-
Con relación a la pericial contable sostiene que no existió una denegación de prueba sino que el diferimiento obedece a que no era necesario para conocer la causa y el dictado de la sentencia. Por otra parte agrega que dicha prueba no suple el hecho de llevar los libros laborales debidamente. Afirma que no existe gravamen irreparable y el agravio debe ser rechazado.- En cuanto a las multas sostiene que la ley bases es improcedente en su aplicación retroactiva. Agrega que las causales para la procedencia de la indemnización del art. 2 de la ley 25323, el DNU 34/2019 y el art. 80 de la LCT se encuentran acreditadas y que por su parte la demandada no logró revertir su procedencia por lo que la sentencia debe confirmarse en es te aspecto.- Se opone a la apertura a pruebas en la instancia por entender improcedente lo requerido, sostiene que las pruebas no se llevaron a cabo por el propio accionar de la parte y no corresponde producir pruebas en segunda instancia.-
Se solicita se declare desierto el recurso y se confirme la sentencia, hace reserva del caso federal.-
VI. En primer término habré de señalar que el recurso se encuentra debidamente fundado y se comprende las partes de la sentencias sobre las cuales recaen los agravios por lo que no corresponde declarar desierto el mismo como pretende la parte actora.
VII. Corresponde analizar lo requerido mediante el recurso de reposición con apelación en subsidio deducido por la parte demandada en PE1413646-2024 y que se concede con efecto diferido por parte del Juzgado. Como se reseñó en forma precedente la parte sostiene los agravios en el punto con relación a la prueba confesional del actor que finalmente se la tiene por desistida. Dicha medida probatoria se realizó mediante el libramiento de un oficio en los términos de la ley 22172 al Juzgado con competencia laboral en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Es decir es una prueba entre juzgados, y si el propio juzgado oficiante da cumplimiento e informa que remitirá al Juzgado lo actuado, es allí donde debió procurarse su incorporación (por Secretaría). Es un proceso de índole laboral donde existe la obligatoriedad del impulso de oficio y existe una responsabilidad jurisdiccional de colaboración en la incorporación de la prueba. Por esta razón entiendo que asiste razón al quejoso en este aspecto, en que no puede intimarse a la parte a acompañar un oficio que se debió recibir en el Juzgado y posteriormente se lo tiene por desistido de la prueba. No puedo dejar de observar además que se trató de la prueba de absolución de posiciones del propio actor que se fue a vivir a Paraná, y litiga en Puerto Deseado, quien debió ser además colaborador en la producción de la prueba. Esta postura de exigencia formal que no se condice en un proceso laboral, no se encuentra fundada en derecho y generó un obstáculo innecesario para la realización de la medida probatoria, se aparta del principio de cooperación procesal y tutela judicial efectiva. Por ello entiendo que el recurso debe prosperar y tener por incorporada la prueba para su valoración y así lo decido (arts. 34, 36, 38 CPCC, 30, 121 ley 1444). Con relación a la prueba pericial contable en extraña jurisdicción entiendo que lo que pretendía probar la demandada con dicha prueba, en cuanto a la regularidad de los registros laborales, fue suplida con el legajo del actor, recibos de haberes e informe de AFip, por lo que entiendo razonable haber desestimado su producción.-
VIII. Sumado a lo referido, no puede dejar de observarse que al momento de requerir la parte la posibilidad de realización de la audiencia por algún medio "virtual" se señala sin fundamento alguno que las audiencias son presenciales y seguidamente se las agrega escaneadas, es decir no se graban ni se filman. Cabe señalar que el Código procesal en materia civil y comercial en su art. 125 expresamente consagra la posibilidad de registrar las audiencias por medios electrónicos o audiovisuales, el art. 121 de la ley 1444 remite a dicha norma. Sumado a ello el Tribunal Superior de Justicia mediante resolución del Tomo: CCXXI, REGISTRO: 113, Folio 194/203, de fecha 11 de diciembre de 2017 implementó el uso de sistemas informáticos en forma gradual en todo el poder Judicial de la Provincia, señalando que " ...la introducción de tecnologías de la información y de la comunicación contribuye a mejorar el funcionamiento de la justicia, aumentando la eficiencia, el acceso, transparencia, la celeridad en el proceso judicial, posibilitando brindar un mejor servicio." Posteriormente se incorporaron diversos manuales -publicados en la página oficial de poder judicial- para implementar las audiencias por diferentes mecanismos informáticos y la forma de llevar a cabo los mismos.
Claramente el trámite seguido en éstos en cuanto a la realización de las pruebas testimoniales y confesional se apartó de todas las directivas antes señaladas sin fundamento alguno (ver PE569559-2023). Esta forma de ejercer la facultad jurisdiccional de dirección del proceso carente de justificación se aparta claramente de la normativa vigente, contraría los principio de razonabilidad, celeridad, economía procesal e inmediación, entorpeciendo una efectiva tutela judicial. Situación aún más grave en un proceso de índole laboral donde la cooperación procesal es el principio en la materia. Resta señalar que todos los operadores del sistema hemos sido alcanzados por dicha normativa, fuimos capacitados, y se implementaron mecanimos idóneos para dar cumplimiento con ello, aún por fuera de las formas convencionales a fin de lograr agilizar los procesos y permitir la efectiva participación de las partes y ministerios públicos.
Por ello habré de realizar un llamado de atención a los operadores judiciales intervinientes en el presente, a quienes se conmina que en forma inmediata se arbitren los medios necesarios para dar cumplimiento con la normativa vigente en cuanto a la posibilidad de utilizar medios informáticos y de grabación para la realización de audiencias permitiendo a las partes la participación en igual forma, conforme la normativa señalada por el Poder Judicial de la Provincia. (arts. 34, 36, 38 CPCC, 30, 121 ley 1444, Resolución del Tribunal Superior de la Provincia T:CCXXI,REG: 113, F. 194/203, 11/12/2017 y ss.)
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Horacio M.J.Fernandez dijo:
IX. Adhiero al resumen de los hechos y a solución brindada a la primera cuestión en cuanto al recurso de revocatoria deducido y las deficiencias señaladas en materia probatoria, como así también que el recurso no debe declararse desierto por falta de fundamentación.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN LA Dra. Griselda Bard dijo:
X.-En agravios el demandado cuestiona la sentencia por arbitrariedad en la interpretación de las pruebas y los principios de buena fe y conservación del contrato de trabajo, poniendo en cabeza del actor la responsabilidad de lo acontecido. Esto impone analizar la forma en que se produjo el distracto, las causas invocadas por el actor para dar por finalizada la relación laboral, los antecedentes y las pruebas rendidas en autos. Ya que la demandada afirma que procuró sostener la continuidad del contrato de trabajo e intimó al actor en forma reiterada a reincorporarse. -
Cabe señalar que la denuncia del contrato de trabajo tiene efectos desde que llega a conocimiento de la contraria y no podrá ser retractada salvo acuerdo de partes (art. 234 de la LCT). Cualquiera de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia, por parte de la otra, de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que por su gravedad, no consienta la prosecución de la relación. Una vez realizada la denuncia la relación queda finalizada. Ante ello corresponde en esta instancia valorar la gravedad de la injuria para determinar si ella consiente la prosecución de la relación. En el caso, si bien existe un frondoso intercambio epistolar, la causal invocada por el actor para finalizar la relación laboral es la retención de sus haberes.
Ante ello cabe señalar que de la documentación acompañada por la demandada en PE1514770-2024 y en la certificación de trabajo surge que se abonó los haberes hasta el mes diciembre de 2021, siendo que el telegrama de despido se remitió el día 6 de diciembre de 2021. En similar sentido adhirió la suscripta al voto del Dr. Monelos en la causa “RUIZ, Claudia c/ IRALA, Lorena s/Laboral”, Expte. Nº 1070 del año 2015, TOMO: XCI, REGISTRO: 2804, FOLIO: 166/179, PROT.ELECT.: A201 039S.191, 17/10/2019. Sumado a ello el actor introduce la falta de credibilidad en su situación de salud y en la forma en que se realizó el control médico. Matías Villa acompaña un certificado médico del Médico Psiquiatra Sebastián E.
Smorchefsky que dice "reposo laboral por 30 días" con fecha 1 de octubre de 2021, señalando un diagnóstico alfa numérico. Dicho certificado fue extendido en la ciudad de Paraná. Seguidamente el 12 de octubre el nombrado es diagnosticado por una médica puesta por la empresa Dra. María Belén Zugasti, quien realiza la atención mediante video llamada y entiende que el actor si bien presenta un cuadro de depresión y trastorno de la ansiedad puede cursar la enfermedad y trabajar. Ello es informado al actor mediante carta documento e intimado a presentarse a su trabajo desde el 15 de octubre de 2021. Esta situación con pequeñas variantes se reitera todos los meses hasta enero de 2022. En el mes de diciembre puntualmente y frente a los desconocimientos del actor con relación al informe médico de la profesional de la empresa, se le señala que será atendido cuando regrese a la localidad.
El 4 de enero la demandada reitera la intimación para que regrese a su lugar de trabajo y le informa que se tendrá por injustificados los días de ausencia laboral. Finalmente el propio actor se da por despedido entendiendo que "...existe un incumplimiento a la obligación de colaboración y solidaridad (art. 62 LCT); y una conducta desajustada a lo que es propio de un buen empleador (art. 63 LCT); con fundamento en que no se acepta su diagnóstico y no se avanzó en una junta médica, lo que entiende arbitrario e improcedente así como el hecho de retener su salario".-
Analizada la prueba conforme se desarrollará seguidamente entiendo que la postura adoptada por Matías Villa no se encuentra ajustada a lo pretendido. De los testimonios brindados en éstos, Benigno D. Sondon, Andrea Gordillo, María Enedina Uribe Subiabre y Jorge Leonardo Mansilla -todos dependientes de la demandada- señalan que conocen al actor, el buen concepto laboral de Villa, y que se pidió licencia por vacaciones en septiembre de 2021 y se fue a Entre Ríos. Todos saben que presentó una licencia médica y que no regresó a su trabajo. El médico particular de Matías Villa, Dr. Smorchefsky Sebastián, en PE986734-2023 presenta su informe, requerido judicialmente, donde señala que el actor era paciente de él desde septiembre de 2021 y que en noviembre de igual año se le dio el alta por estabilidad de su cuadro psicopatológico. Ello se condice con lo informado por la Médica Laboral, Dra. Zugasti en PE1231910-2024 quien además sostuvo desde el mes de octubre de 2021 que Matías Villa estaba en condiciones de trabajar aún siguiendo el tratamiento dado.
Ante una situación como la aquí analizada de enfermedad inculpable por parte del trabajador, innumerables han sido las soluciones dadas en diferentes casos similares. El trabajador tiene como obligación denunciar en forma inmediata el lugar donde se encuentra y el deber de someterse al control del facultativo (arts. 209,210 LCT). En el caso el trabajador acompaña únicamente un certificado que refiere "reposo laboral" en tanto que doce días después la profesional de la demandada señala que atraviesa un cuadro depresivo y se encuentra medicado pero ello no le impide desarrollar sus tareas. Es importante tener presente que en el particular la Dra. María Belén Zugasti, realiza un informe detallado del cuadro del trabajador, da un diagnóstico y evolución con posibilidad de prestar tareas, en tanto que el certificado acompañado por el Dr. Sebastián Smorchefsky sólo consigna un diagnóstico numérico, carente de claridad, no menciona el cuadro de la enfermedad, diagnóstico, evolución etc. siendo que recién lo realiza al serle requerido el informe judicial, lo que resta fuerza probatoria en el caso y se interpreta en consonancia con la restante prueba reseñada.Entiendo carente de razonabilidad la postura que adopta la sentenciante en cuanto al examen médico realizado mediante video llamada. Lo entiendo de tal modo pues en principio la dolencia invocada no sería "física" y la práctica profesional por medios telemáticos que permiten la conectividad y contacto a distancia, son de uso habitual en estos días y el diagnóstico efectuado no fue impugnado ni revertido por otra prueba, sino que lo único cuestionado era ante el cuadro que presentaba el actor si se encontraba o no en condiciones de laborar. Si bien no sería de aplicación al caso la nueva redacción al art. 210 introducida a partir de la llamada "ley bases" ésta exige referir diagnóstico, tratamiento y días de reposo en casos como el aquí tratado; siendo ello producto de una evolución jurisprudencial reiterada en materia de enfermedades inculpables. Es el propio actor que desconoce lo recomendado por la facultativa del empleador en su carta documento y da mayor importancia a su recomendación privada en las CD enviadas, pero no acompaña un certificado detallado del cuadro en cuestión que él mismo califica como depresión y ansiedad generalizada pero sin respaldo debido del facultativo.-
Recién en el mes de diciembre el psiquiatra privado emite un informe detallado de lo que tendría Villa, pero al contestar el informe judicial sostiene que en noviembre de 2021 tenía el alta médica. Es decir que aún teniendo el alta médica el actor no regresó a su puesto de trabajo, ni a la localidad para ser examinado nuevamente como propone o para una junta médica, siendo que la enfermedad alegada no le impedía trasladarse. Se enseña en este aspecto que "Si bien es cierto ninguna norma legal o convencional impone en forma expresa la obligación de la empresa de convocar a una junta médica imparcial (que podría celebrarse ante la autoridad administrativa o en el ámbito judicial), ante la discrepancia razonable y objetiva que se produzca entre las certificaciones médicas presentadas por un trabajador y el resultado del control médico previsto en el art 210 RCT, la regla genérica de conducta normada por los arts. 62 y 63 RCT resulta aplicable al caso y, ante la necesidad de resolver, la cuestión debe resolverse con buena fe, en base a criterios de colaboración y solidaridad, siendo esta una opción muy positiva que se encuentra en consonancia con el principio de conservación de la relación de trabajo (art 10 RCT)".
(Serrano Alou Sebastián, Una mirada sistémica de los accidentes y enfermedades inculpables en el marco de la relación de trabajo, 19-04-2021, Colección: Doctrina, Cita: MJ -DOC-15879-AR||MJD15879). La falta de colaboración con el control médico, recae en cabeza de Matías Villa sin mayor esfuerzo, y es demostrativa de la mala fe en el desarrollo de la problemática y de su clara voluntad de no continuar con su relación de trabajo. Se fue de vacaciones a la ciudad de Paraná, Entre Ríos, y no regresó más a la localidad, ni aún cuando tuvo el alta médica, siendo que hasta el momento de interponer la demanda se encuentra viviendo allí, y es en dicha ciudad donde debió requerirse la audiencia de absolución de posiciones.
En tanto que la empresa reiteró e intimó cinco veces a que se presentara a laborar, aún con posterioridad al alta médica del actor conforme lo señalara su propio médico tratante y al momento de darse por despedido estaba en condiciones de regresar a su puesto laboral y no lo hizo. Entiendo demostrativa la voluntad de Villa de no continuar con su contrato de trabajo, pues aún en caso de requerir una junta médica o una tercera opinión como lo sostiene en su demanda, no brindó la colaboración necesaria de su parte para acercarse al domicilio laboral a fin de proceder en consecuencia.
X. Con respecto a la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323, tengo presente que se trato de un despido que decidió el propio trabajador, en que la empleadora depositó a favor del trabajador las sumas de la liquidación final e indemnización por liquidación final. Se ha dicho en ese sentido: “…la indemnización prevista por el art. 2º ley 25.323 debe ser concedida con carácter restrictivo y sólo en aquellos supuestos en que no exista prueba alguna de la causa o la invocada resulte absolutamente improcedente a los fines del art. 242 LCT, pues de lo contrario se produciría una clara limitación del derecho de defensa en juicio para el empleador, quien frente al riesgo de que se incrementen las indemnizaciones, debería abstenerse de someter la cuestión a la consideración de los jueces, pese a que éstos son los únicos que pueden pronunciarse válidamente sobre el tema” (confr. CNLB, Capital Federal, 21-6- 2002, “Aca, Adrián R. c/ Don Battaglia S.R.L.”, JA 2002 IV, 129, citado en RODRÍGUEZ SAIACH, Luis Armando, 'Cálculo, indemnizaciones laborales: bases, liquidaciones', ejemplos, topes indemnizatorios, jurisprudencia, 5ª ed., GWA Ediciones Profesionales, Buenos Aires, 2008, págs. 337/338)." En el particular, no se logró demostrar la causal de despido como propone el actor por lo que no corresponde reproche de tal magnitud a la demandada para proceder como lo hizo. De allí es que considero que la sanción prevista en el art. 2 de la ley 25.323 no resulta procedente.
En cuanto a la sanción prevista en el art. 80 de la LCT observo primero que la demandada le comunicó que los certificados se encontraban a su disposición. Por otra parte el certificado de servicios y remuneraciones (formulario PS 6.2) y el certificado de trabajo fueron agregados con el escrito de contestación de demanda. La conducta de la accionada tuvo por tanto suficiente diligencia para que el trabajador pueda hacerse de tal documentación. En efecto, pudo el actor presentarse en las oficinas de la empleadora conforme se lo imponía la buena fe contractual o pudo solicitar también el desglose una vez que estuvieron agregadas a la causa. Nada de eso hizo y procedió sin más a demandar la multa prevista en el art. 80 de la LCT.
Teniendo en cuenta por ende que los aportes y contribuciones fueron realizados y que tanto el art. 11 de la ley laboral como el art. 9 del Código Civil y Comercial vedan el ejercicio abusivo de los derechos, se considera que el cobro de la multa que se pretende deviene contrario al principio invocado y no debe por ende admitirse. Por estas razones entiendo que la multa del art. 80 de la LCT no debe prosperar.
XII. En función de lo hasta aquí expuesto entiendo que no se realizó un análisis razonable de las pruebas en la instancia de grado y que la sentencia no es justa y debe revocarse. En cumplimiento con lo normado por el art. 278 del CPCC, teniendo en consideración que si mi voto es compartido, habrá de modificarse sustancialmente el fallo de la instancia de grado, corresponde adecuar la imposición de costas que deberán ser en el orden causado en ambas instancias por el principio objetivo de la derrota y porque el actor pudo creerse con derecho a demandar (art. 68 CPCC por remisión de la ley 1444).
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Horacio M. Fernandez dijo:
XIII. Que por haber sido debatidos suficientemente los temas traídos al acuerdo, y por los fundamentos expuestos adhiero a la propuesta que antecede.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN LA Dra. Griselda Bard dijo:
XIV. En mérito a lo expuesto en las cuestiones anteriores propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento 1º) Admitir los agravios de la parte demandada. 2º) Admitir el recurso deducido con efecto diferido con relación a la prueba confesional realizada en extraña jurisdicción y tener por agregada la misma y su valoración. 3°) Revocar la sentencia recurrida, desestimando la demanda incoada por Matías Villa contra “Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia” 4°) Impone las costas en el orden causado en ambas instancias (art. 68 CPCC por remisión ley 1444). 5°) Hacer saber a la magistratura y secretaría que deberán arbitrar los medios necesarios para dar cumplimiento con la realización de las pruebas en la forma indicada en el considerando VIII evitando formalismos y dilaciones innecesarias a fin de garantizar una tutela legal efectiva. 6°) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren regulados en la instancia de grado. 7°) Tener presente la reserva del caso federal. 8º)Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen.
A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Horacio M. Fernandez dijo:
XV. Que coincido con la Dra. Bard por considerar justa la propuesta que formula. Adhiero pues a su voto.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 07 de septiembre de dos mil veintiseis
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo trascripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial.
1. Admitir los agravios de la parte demandada. -2º) Admitir el recurso deducido con efecto diferido con relación a la prueba confesional realizada en extraña jurisdicción y tener por agregada la misma y su valoración.-3°) Revocar la sentencia recurrida, desestimando la demanda incoada por Matías Villa contra “Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia”.-4°) Impone las costas en el orden causado en ambas instancias (art. 68 CPCC por remisión ley 1444).-5°) Hacer saber a la magistratura y secretaría que deberán arbitrar los medios necesarios para dar cumplimiento con la realización de las pruebas en la forma indicada en el considerando VIII evitando formalismos y dilaciones innecesarias a fin de garantizar una tutela legal efectiva.-6°) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren regulados en la instancia de grado.-7°) Tener presente la reserva del caso federal.-8º)Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen. El Dr. Humberto E. Monelos no suscribe la presente por no existir disidencia entre los firmantes y constituir mayoría. Fdo. Horacio M. Fernández- Juez de Cámara– Griselda I. Bard- Jueza de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201 060 S.261 Tomo: CVII Sentencia: 3231 Folio Nº: 046/054 Secretaria: 1
Fin de la sentencia