Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de San Nicolás · Causa ZC-6303-2026
Lo que resolvió el tribunal
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1Rechazar el recurso de apelación de la demandada , por los fundamentos dados en el voto que sustenta el presente Acuerdo, confirmando el decisorio de grado en cuanto ha sido materia de agravios.
2Tener presentes la reserva efectuada por la parte recurrente.
3Imponer las costas a la demandada vencida (artículo 51 inciso 1 del CCA).
4Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad procesal (artículo 51 de la norma arancelaria abogadil).
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás, conforme lo establece el Anexo Único, apartado II, artículo 5 y ss., del Acuerdo n° 3975/20, se reúne en Acuerdo Ordinario, con la integración de los Señores Jueces Marcelo José Schreginger y Damián Nicolás Cebey, para dictar sentencia interlocutoria en la fecha en que se suscribe el presente bajo la actual modalidad digital, en los autos " VILLAFLOR MARIA ALEJANDRA C/ INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROV. DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - PREVISION ", en trámite bajo el n° ZC- 6303 -2026, con arreglo al siguiente orden de votación: Cebey y Schreginger.
1. La resolución apelada de fecha 07/10/2026.
Llegan los presentes autos a conocimiento de esta Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por el Fisco demandado contra la decisión de grado que dispuso: -
«I .- Hacer lugar a la medida cautelar peticionada y ordenar al Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Buenos Aires que proceda a incorporar a los haberes previsionales de la actora Sra. María Alejandra Villaflor (DNI 17.291.710) el monto que le correspondería por aplicación de la "Planilla Anexa" de la Ley 10.374 conforme el Acuerdo SCBA N° 4093/22 (del 19/12/2022), de acuerdo a las circunstancias propias en relación a su desempeño laboral hasta el momento en el que sea dictada sentencia definitiva en los presentes obrados (o ante el acaecimiento de circunstancias que ameriten su cese).
II. Ordenar que con carácter previo a la notificación a la demandada, la actora preste caución juratoria para responder por las costas y los daños y perjuicios que la medida pudiere ocasionar en caso de haberla solicitado sin derecho (cfr. art. 24 inc. 1 CCA).
III. Abstenerme de imponer costas por no haber mediado bilaterización del proceso».
Para así decidir, la colega de la primer instancia consideró que el pedido precautorio se halla vinculado con una cuestión en la que se encuentran comprometidos los principios propios de la seguridad social, a la luz de los cuales -adelanta- analizará la procedencia de la medida solicitada.
Tras reseñar el marco normativo, manifiesta que -con la documental acompañada- se encuentra acreditado que la actora durante su relación activa con el poder judicial [como Secretaria del Juzgado de Paz Letrado de Tres de Febrero Departamento Judicial General San Martín, con 37 años de antigüedad] percibió los «suplementos salariales» previstos en el " Acuerdo SCBA N° 4.093/22" como parte de su sueldo hasta de 2025 [« Bonificación por Subcategoría A» ].
Relata que el 03/09/2025 fue dictada la Resolución IPS [expediente administrativo IPS n° 021.557-685.512/25] donde se reconoció -a favor de la actora- el beneficio de jubilación ordinaria equivalente a un 75 % del sueldo y bonificaciones asignadas al cargo de Secretario de Juzgado Civil de Primera Instancia ( "Nivel 19" ) con 37 años de antigüedad en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires.
Refiere que -a partir del momento en que ingresó a la «pasividad» - la accionante dejó de percibir la «Bonificación por Subcategoría A» que venía cobrando como parte del sueldo como agente activa del Poder Judicial
A continuación, señala la colega de grado que encuentra prima faci e acreditado que los adicionales inherentes a las «subcategorías» creadas por el Acuerdo SCBA n° 4.093/22 para los agentes activos exhiben en principio las características propias de una regularidad y habitualidad que las torna parte integrante de la remuneración. (el destacado pertenece al original).
Entiende que, sin soslayar que la percepción de tales adicionales se encuentra supeditada a los cursos de capacitación dispuestos en la normativa pertinente, ello no obsta a la caracterización de habitualidad y regularidad ya mencionadas.
Aduna que tal requerimiento sólo resulta indicativo de que la bonificación no es automática, mas -una vez cumplido tal requisito- su percepción se torna habitual y regular por el período subsiguiente (cfr. JCATL, "López, M. Leandra c/ IPS s/ pret. rest. derechos" , sent. de 09/09/2025).
Considera también que -como consecuencia del carácter remuneratorio que exhibe el adicional reconocido a través de las subcategorías (para los agentes activos del Poder Judicial)- resulta pertinente - prima facie- que dichos adicionales sean trasladables a los haberes previsionales de la actora. Y ello así, con fundamento en los principios que informan al derecho previsonal (movilidad, proporcionalidad y sustitutividad). Cita jurisprudencia en su apoyo.
Manifiesta que la omisión de traslado de los aumentos reconocidos -a los haberes previsionales de la parte accionante- implica una violación al régimen de movilidad jubilatoria (artículos 14 bis, 75 incisos 22 y 23 CN; 39 inciso 3 CPBA; 7 del decreto ley n° 7918/72 y 50 del decreto ley n° 9.650/80).
Itera que la imposibilidad de cumplimiento de las capacitaciones -establecidas a los agentes activos- no obsta al reconocimiento del carácter remuneratorio que cabe asignar a dichos adicionales.
Recuerda que -en el caso- la actora no sólo ha resultado beneficiaria de la jubilación con posterioridad al dictado del «Acuerdo SCBA N° 4.093/22 », sino que ya había percibido en su etapa activa la bonificación por «Subcategoría A» (hasta marzo de 2025), importe sobre el cual fueron aplicados los aportes y contribuciones prvisionales (cfr. artículo 4 decreto ley n° 7.918/72, " Sistema Previsional para Magistrados y Funcionarios Judiciales" ).
En este marco considera que resultan aplicables los principios de movilidad y proporcionalidad en la prestación jubilatoria (artículos 14 bis de la CN y 39 CPBA), destacando que ella fue adquirida sobre una categoría alcanzada mientras se hallaba en actividad. Agrega que el beneficio previsional reconocido se halla indefectiblemente ligado a las variaciones que experimente la remuneración del propio cargo desempeñado y -por lo tanto- las variaciones de la remuneración que percibe quien lo está ocupando en la actualidad.
Refiere asimismo que halla prima facie demostrado que siendo que la actora percibió el adicional antes de su retiro, fue reconocido a su respecto que ella exhibía las condiciones de capacitación que animara la creación de las aludidas subcategorías.
Por lo expuesto y en el marco de la provisionalidad propia de las medidas cautelares, encuentra acreditada en esta etapa que la actora se encuentra en una situación de desventaja, que contradice la normativa aplicable en la materia.
Pondera que la jurisprudencia del Fuero ha admitido la procedencia de medidas cautelares análogas a las de autos, con remisión a jurisprudencia de esta Alzada y de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín.
Manifiesta que, por lo expuesto [sin dejar de mencionar que la Resolución SCBA n° 2039/2026 se inscribe en el criterio que postula], considera que prima facie es posible advertir que la conducta desplegada por el IPS (por aplicación de los criterios vertidos en la Resolución IPS n° 23.978 del 28/02/2024, de acuerdo con informe en autos) implica una inadecuada interpretación de la normativa aplicable al caso y una vulneración de los principios (tutela preferente, justicia social) constitucionalmente reconocidos (artículos 14 bis CN, 39 inciso 2 de la CPBA; cfr. CSJN Fallos 327:3677 "Vizzoti" de 2004), así como el «principio de progresividad» en materia de derechos económicos, sociales y culturales (cfr. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 2.1, 26; Conv. Interamericana Americana sobre Protección de los DDHH Personas Mayores, Ley n° 27.360 BO 31/5/2017, artículos. 4, 17).
Con relación al peligro en la demora, afirma que éste se encuentra configurado toda vez que la exclusión de la actora al cobro de las categorías impacta de manera directa en la determinación de su haber, generando un perjuicio económico, actual y continuo que afecta derechos de naturaleza alimentaria.
Considera también que la medida solicitada no afecta el interés publico ya que se trata de una medida de alcance individual.
En suma, hace lugar a la medida cautelar requerida, previa caución juratoria.
2. Apelación de Fiscalía de Estado de fecha 22/10/2026.
Primeramente solicita se conceda el recurso con efecto suspensivo de manera excepcional, habida cuenta que la decisión -aunque para el caso concreto- proyectará sus efectos mucho más allá del mismo.
Luego afirma que la decisión se reporta arbitraria, en tanto comporta una decisión violatoria de las garantías constitucionales del debido proceso y derecho de defensa (artículo 18 CN) toda vez que carece de todo desarrollo argumental respecto de las cuestiones resueltas, y, en consecuencia, no satisface la garantía constitucional de fundamentación de las sentencias judiciales (artículo 3 CCCN) correspondiendo su descalificación como acto jurisdiccional válido (arg. Fallos: 324:2177; 331:2195; 337:1263, entre muchos otros).
Denuncia prejuzgamiento; señala que se ha privado de contenido litigioso al proceso principal al que la medida accede, adelantando su criterio sobre la decisión de fondo. Afirma que se tuvo por acreditada la verosimilitud de derecho -reconociendo el reajuste del beneficio pretendido- al considerar que corresponde el traslado a los agentes pasivos del Poder Judicial, de las subcategorías establecidas por la Acordada n° 4093/22, identificando que revisten carácter remunerativo y dando así por resuelta la cuestión sustancial.
Destaca que de esa manera se ha transformado una tutela provisoria por su propia esencia, en una protección definitiva.
Recuerda que el Acuerdo n° 4093 prevé un incremento salarial para la totalidad de los trabajadores activos del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, desde los diez (10) años puros de servicio, estableciendo un régimen de categorías (sic).
Menciona que -para acceder a dicho régimen- los magistrados, funcionarios y agentes del Poder Judicial deben acreditar: a) haber prestado servicios en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires de modo continuo e inmediato anterior a la fecha prevista para el reconocimiento de las subcategorías que corresponda -durante al menos tres años-, b) trayectoria en el desempeño de la función judicial alcanzando los periodos mínimos señalados en el Anexo, y c) haber aprobado las capacitaciones obligatorias que disponga la Suprema Corte de Justicia y/o Procuración General a través del «Sistema de Formación y Capacitación Judicial» .
Concluye que resulta evidente que el último requisito resulta de imposible cumplimiento para un jubilado, por lo que entiende que dicho régimen de subcategorías no resulta aplicable a los actores [ sic ] de autos.
Agrega que no todos los agentes activos percibirán las subcategorías, sino sólo aquellos que cumplan las condiciones a las que se sujeta su otorgamiento.
Dice que no se evidencia como se vulnera la proporcionalidad y/o la movilidad jubilatoria, cuando no resulta posible que los pasivos cumplan el requisito de las capacitaciones obligatorias. Agrega que ello no se abastece con la argumentación vertida en torno a la supuesta falta de exigencia de capacitaciones a los actuales activos, pues indica que no es ello lo que resulta de la normativa. Explica que, en la reglamentación se estableció que se tuvo por cumplida -en relación al personal que se desempeñó durante la duración de la pandemia por COVID- 19-, con motivo de la introducción de herramientas tecnológicas y modernización de las TICs empleadas en el ámbito judicial, lo que implicó el cumplimiento del recaudo de capacitación que establece la referida normativa.
Así, itera que resulta falso que no se exija actualmente la capacitación al personal en actividad, ya que se tuvo por cumplida la capacitación con la incorporación tecnológica y sus conocimientos asociados, lo que no se acredita en el caso del actor, quien cesó con anterioridad a dichos sucesos.
Postula que, siendo entonces la Acordada n° 4093 un obstáculo para el traslado a la pasividad de la movilidad pretendida, resulta claro que su otorgamiento requiere inexorablemente la declaración de inconstitucionalidad de dicha norma, lo que excede el limitado marco cognoscitivo de las medidas cautelares.
Añade que una medida cautelar debe acreditar la existencia de verosimilitud en el derecho invocado y el peligro irreparable en la demora, ya que resulta exigible que se evidencien fehacientemente las razones que justifican resoluciones de esa naturaleza (Fallos: 329:3890; 4161 y 5160, entre otros), que dicha carga no se encuentra ni mínimamente cumplida en el fallo de autos.
Afirma que la declaración de inconstitucionalidad configura un acto de gravedad institucional que debe ser considerado la última ratio del orden jurídico, y que -por tanto- no cabe efectuarla sino cuando un acabado examen conduce a una convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho constitucional invocado (C.S., Fallos: 303:1708; 315:923; 321:441; 326:2692; 326:3024).
En otro orden, menciona que la naturaleza de la cuestión controvertida exige un análisis exhaustivo y profundo, ajeno a las posibilidades de debate que brinda el cause procesal de la medida cautelar dictada en autos. Cita fallos.
Sobre el peligro en la demora, entiende que no se evidencia el grado de perturbación que le ocasionaría a la parte actora, en su concreta situación económica, proseguir el desarrollo del proceso sin la tutela cautelar requerida. Máxime -advierte- cuando la medida pretendida es de contenido positivo, toda vez que innova sobre la situación de hecho existente, ordenando en definitiva el reajuste del haber previsional que los actores se encuentran percibiendo conforme a derecho.
Expone que la decisión judicial sustenta el peligro en la demora en el carácter alimentario de la prestación, la edad, las condiciones de salud del actor y en el perjuicio que podría ocasionar el tiempo de tramitación del juicio hasta el dictado de la sentencia definitiva. Sobre ello, afirma que no surge acreditado cual sería eventualmente el monto de las diferencias reclamadas, resultando difícil de explicar de que manera las diferencias mensuales se transforman en una afectación de entidad alimentaria, teniendo en cuenta que la accionante se encuentra percibiendo sus haberes previsionales regularmente y se le han liquidado todos los aumentos dispuestos por el Poder Ejecutivo en las paritarias desarrolladas hasta la fecha.
Concluye que el peligro en la demora no se presume ni basta la mera manifestación de la posibilidad de un daño para que se lo acepte como real. Agrega que es necesario que el perjuicio surja claramente, no sólo debe ser grave, sino actual o inminente, no evitable sino mediante la referida cautelar.
Hace reserva del caso federal. Pide se revoque la decisión impugnada.
3. La contestación actoral de agravios, de fecha 28/10/2026.
Corrido que fuera el debido traslado del memorial de agravios (cfr. artículo 56 del CCA), se presenta la actora a rebatirlos los argumentos de la recurrente.
Así, indica en primer lugar que el recurrente omite efectuar una crítica concreta y razonada de los fundamentos del decisorio, sin controvertirlos e impugnarlos de un modo asertivo.
Dice que no media agravio concreto y razonado contra " a) La naturaleza remuneratoria (y contributiva) de las subcategorías implementadas por la Acordada 4093/22; b) La afectación de la base remuneratoria y de la movilidad por la omisión del IPS de computar en el haber jubilatorio los aumentos previstos en esas subcategorías (la demandada los denomina también "incrementos" o "adicional")".
En otro orden, dice que no media prejuzgamiento ni desborde del marco cautelar, como tampoco transformación de la tutela provisoria en definitiva.
Sostiene que se equivoca la accionada cuando señala que debe declararse la inconstitucionalidad de la Acordada 4093/22 [dictada por la SCBA en el ámbito de sus facultades e incumbencias].
Subraya que al jubilado le corresponde la asignación que gozaría de estar en actividad; de allí que la imposibilidad de aprobar las capacitaciones no constituye un obstáculo legal que lo impida.
Con relación al agravio vertido por la demandada respecto que «la reducción alimentaria del haber no es desproporcionada », dice que debe ser desestimado, habida cuenta que representa un 40 % de su haber jubilatorio, lo que se ve potenciado por la elevada tasa de inflación que repercute en los incrementos salariales.
Argumenta que no debe soslayarse la edad que posee (61 años) y la protección constitucional y convencional que tutela a los adultos mayores. Indica que el tiempo que insumirá la tramitación del proceso podría tornar ilusorio su derecho.
Concluye afirmando que encontrándose cumplidos plenamente los requisitos de admisibilidad de la medida cautelar, la misma debe ser confirmada.
TRATAMIENTO
La Cámara estableció la siguiente cuestión a resolver: -
¿Se ajusta a derecho la sentencia interlocutoria apelada?
A la cuestión, el Juez Cebey dijo : -
a. Previo al ingreso del análisis de la medida cautelar propiamente dicha, estimo corresponde hacer una aclaración en torno del aludido "prejuzgamiento " traído por el apelante [punto III. 1- del recurso].
Sobre ello, no obstante mencionar la recurrente que ha existido un claro prejuzgamiento con relación a la cuestión de fondo, lo que vulneraría -a su entender- su derecho de defensa, cierto es que tampoco ha solicitado expresamente la recusación del juez de grado, pese a tener derecho a hacerlo si así lo considerara pertinente.
De allí que exista una actuación contradictoria de la recurrente, que torna inatendible su agravio en esta cuestión.
Pues, por un lado acepta -o al menos no cuestiona- la idoneidad del magistrado para entender del proceso pero, al mismo tiempo, la critica como agravio en la que refiere a la resolución en crisis.
Veamos, el despacho de una medida cautelar no genera prejuzgamiento por sí mismo. Cuando el Juez -en esta oportunidad- resuelve una cautelar está obligado a expedirse -así como se hizo- sobre verosimilitud del derecho, peligro en la demora y la no afectación al interés público; ello no es adelantar la sentencia, es cumplir su "deber de proveer" .
Recordemos -además- que la medida cautelar es por definición provisoria, mutable, no decide el fondo. De manera tal que el Juez puede concederla o denegarla y después fallar de un modo diferente a lo ponderado y resuelto respecto del despacho cautelar.
En tanto que el magistrado se limitó a cumplir su deber de proveer en la oportunidad procesal pertinente, con cognición provisoria -propia de toda medida cautelar-, sin emitir opinión definitiva sobre el fondo, y no habiéndose planteado en tiempo oportuno recusación alguna, la participación del Juez ha quedado consolidada.
Se ha dicho que la recusación "es la facultad acordada a los litigantes para provocar la separación del juez (o de ciertos auxiliares de la justicia, como os peritos) (arts. 465, Cod. Proc. Nac; 469 , Cod. Proc. Bs. As.) en el conocimiento de un asunto de su competencia, cuando media motivo de impedimento o sospecha especificados en la ley, reconocidos por el mismo juez, debidamente justificados por el recurrente" (el subrayado me pertenece) [Morello, Augusto M., "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación" - Tomo II (Arts. 1° al 89), Abeledo Perrot, Recusaciones y Excusaciones (artículos 14-33), Introducción 196, Recusaciones y Excusaciones, En https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/ title/laley/2015/41877810/v1/document//].
En ese sentido, si -asistiéndole a la parte el derecho a recusar al magistrado por emisión de opinión- la recurrente optó por no ejercerlo concretamente, mal puede invocar dicha cuestión como una de las bases para sus agravios.
b. Ahora bien, ingresando en el recurso traído a revisión de esta Alzada, diré -en adelanto de opinión- que el mismo no prospera, por las razones que se sintetizan seguidamente.
En tarea, cabe recordar -en primer lugar- que (para admitir la pretensión de una medida cautelar, del tipo que sea) deben encontrarse reunidos los extremos que a tal efecto prevé el CCA (artículo 22), a saber: la existencia de un derecho verosímil con relación al objeto del proceso; la posibilidad de sufrir un perjuicio inminente o la alteración o el agravamiento de una determinada situación de hecho o de derecho; y que el dictado de la cautelar no afectare gravemente el interés público; asimismo, teniendo en cuenta las previsiones del artículo 24 del mismo cuerpo normativo.
Pues bien, coincido con el Juez de grado en cuanto entendió que -aún dentro del reducido marco cognoscitivo de la materia, característico de las medidas como la peticionada- en el caso de autos quedan suficientemente acreditados los mismos, y ello sin que se pierda de vista las pautas orientativas brindadas por nuestro Máximo Tribunal provincial, que en reiteradas ocasiones se ha pronunciado en el sentido de que las medidas innovativas resultan decisiones excepcionales porque alteran el estado de hecho o de derecho existente al tiempo de su dictado, lo que justifica una mayor ponderación en los recaudos que hacen a su admisión (cfr. SCBA, causa A 72.857, "S., M. y ot. c/ Municipalidad de Alberti s/ Amparo. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley" , RSI del 06/05/2015).
Sobre dicha base y teniendo en cuenta esas pautas interpretativas, considero necesario hacer referencia a la normativa objeto de análisis, ello dentro del estrecho margen cognoscitivo que admite la presente.
En tarea, recordemos que la Ley n° 10374 -en lo que aquí interesa- establece lo siguiente: -
Artículo 1: "Establécese el Sistema de Porcentualidad para las remuneraciones de los Magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Provincia , con arreglo a la escala porcentual contenida en la Planilla Anexa que forma parte de la presente ley" (el subrayado me pertenece).
Artículo 2: "La escala a que se refiere el artículo 1º consiste en porcentajes en relación con el sueldo básico establecido por las normas vigentes en la materia para el cargo de Juez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia".
Artículo 3: "A los efectos del estricto mantenimiento de la escala porcentual, para el caso que se otorgara a los miembros de la Suprema Corte de Justicia de esta Provincia, adicionales o bonificaciones, estos deberán ser fijados anualmente por la Ley de Presupuesto y no podrán exceder singularmente o en conjunto, del veinticinco (25) por ciento de su sueldo básico. En caso de que eventualmente se fijaren porcentajes mayores, el excedente del veinticinco (25) por ciento se sumara a dicho sueldo básico para el cálculo de la porcentualidad".
Finalmente consta como "Planilla Anexa" la "Escala Porcentual Para Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial".
Por su parte, la Ley n° 15.310 (de Presupuesto General de la Provincia para el Ejercicio 2022), en su artículo 107 dispone: -
"La Suprema Corte de Justicia podrá, en función de sus planes de gobierno y las necesidades de gestión sobre los recursos humanos del Poder Judicial, establecer categorías, subcategorías y niveles en la escala jerárquica prevista en la planilla anexa a la Ley N°10.374 .
A tal fin, la Suprema Corte de Justicia dictará las reglamentaciones necesarias para su instrumentación.
Los actos de implementación correspondientes se adoptarán conforme a la disponibilidad presupuestaria, previa intervención del Ministerio de Hacienda y Finanzas ". (nuevamente, el subrayado es propio).
Así entonces, la SCBA dictó el Ac. 4093/22, que en su artículo 1 establece un régimen de subcategorías ".correspondientes a cada uno de los niveles de la Escala Jerárquica del Personal del Poder Judicial e incorporarlas en la Planilla Anexa de la Ley n° 10.374.", estableciendo -en su artículo 2- los requisitos que deben cumplir los magistrados, funcionarios y agentes, para acceder al referido régimen, a saber: -
".i) haber prestado servicios en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, de modo continuo e inmediato anterior a la fecha prevista para el reconocimiento de la subcategoría que corresponda durante al menos 3 años;
ii) una trayectoria en el desempeño de la función judicial -ya sea en el ámbito de la Administración de Justicia o en el Ministerio Publico, de la Provincia de Buenos Aires o de otra jurisdicción-, que, sumada a la exigencia del inciso i), alcanzare los periodos mínimos señalados en el Anexo;
iii) haber aprobado las capacitaciones obligatorias que disponga la Suprema Corte de Justicia y/o Procuración General a través del "Sistema de formación y capacitación judicial".
Luego, el artículo 3 refiere que: " Por vía reglamentaria la Suprema Corte precisará los requisitos para la acreditación de los antecedentes a tener en consideración a los fines del presente régimen. En especial, reglamentará lo relativo al alcance y límites del cómputo del ejercicio profesional de la abogacía anterior al ingreso del agente, funcionario o magistrado al Poder Judicial, que determine procedente como trayectoria judicial a los efectos previstos en el presente Acuerdo ."
El artículo 4 prevé que: " La capacitación correspondiente al año 2023 y hasta tanto se implementen los sistemas pertinentes, se tendrá por satisfecha ponderando los conocimientos adquiridos por los magistrados, funcionarios y agentes sobre los sistemas de gestión de expedientes demás herramientas tecnológicas que actualmente aplican para el desarrollo de sus labores, así como el cumplimiento de las capacitaciones que al efecto se consideren obligatorias. En la reglamentación se establecerá el régimen de las futuras capacitaciones previstas a los fines del presente Acuerdo ."
Luego, la Resolución SCBA n° 746/24, dispuso implementar a partir del 15/03/2024 el sistema de formación y capacitación judicial, delegando en el Ministro a cargo del Instituto de Estudios Judiciales la propuesta, planificación y aprobación de los cursos correspondientes al Sistema de formación y capacitación judicial. Asimismo, estableció como autoridad de aplicación del Sistema de formación y capacitación judicial al Instituto de Estudios Judiciales (conf. artículos 1 a 3 de la Res. SCBA 746/24).
Asimismo, teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida, cabe recordar que el decreto ley n° 7918/72 establece: -
"El sistema previsional para los magistrados y funcionarios judiciales que se desempeñen en los cargos que se enumeran en el artículo 2° se regirá por las disposiciones de esta ley y subsidiariamente por la ley 5.425 y sus reformas. Será la autoridad de aplicación el Instituto de Previsión Social de la Provincia" (artículo 1).
El artículo 2 (Texto según Ley n° 11891), contempla que: " A los efectos dispuestos en el artículo 1, quedan comprendidos en la presente Ley: Secretarios de la Suprema Corte de Justicia y Procuración General; Jueces de Cámara de Apelación; Fiscales de Cámara de Apelación; Jueces de Primera Instancia; Jueces de Menores; Jueces de Tribunal de Trabajo; Jueces de Tribunal Colegiado de Instancia Única del Fuero de Familia; Juez Notarial; Jueces de Paz Letrado; Agentes Fiscales; Asesores de Incapaces y Defensores de Pobres y Ausentes ".
El artículo 4 refiere que: " El haber de la jubilación será equivalente al 72% de la remuneración total sujeta al pago de aportes y contribuciones correspondientes al cargo desempeñado al momento de la cesación de servicios y se acrecentará, anualmente a razón de un 2% hasta alcanzar el lapso de 5 años, desde la vigencia de esta ley, el tope máximo del 82%...".
Por su parte, el artículo 7 indica que: " El haber de las jubilaciones y pensiones que se otorguen de conformidad con esta ley será móvil. La movilidad se efectuará cada vez que se produzcan modificaciones en la remuneración del cargo o cargos que se tuvo en cuenta para determinar el haber de la jubilación ."
Cabe evocar que el decreto ley n° 9.650/80 (Régimen Previsional de la Provincia de Buenos Aires), en lo que aquí interesa, establece pautas, que se reseñan.
El artículo 1 determina: " Institúyese con arreglo a las normas de la presente Ley y su reglamentación, el régimen de las prestaciones previsionales que otorgue el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, el que actuará a todos sus efectos como órgano de aplicación del mismo ".
En el segundo artículo puede leerse que: " Están obligatoriamente comprendidos en el presente régimen, los Gobernadores y Vice Gobernadores electos ... y el personal que en forma permanente o temporaria preste servicios remunerados y en relación de dependencia en cualquiera de los Poderes del Estado Provincial o Municipalidades ...".
Por su artículo 40 se establece el concepto de la remuneración: " Se considera remuneración, a todos los efectos de la presente Ley , los sueldos de asignaciones percibidas por todo concepto, incluidos los suplementos y bonificaciones adicionales que revistan el carácter de habituales y regulares , y además toda otra retribución, cualquiera fuere la denominación que se les asigne , incluidas las no remunerativas, percibidas por servicios ordinarios o extraordinarios prestados en relación de dependencia.
Sólo quedan excluidos de este concepto, la retribución por horas extras, las asignaciones familiares, las percibidas en calidad de viáticos, los gastos de residencia y las asignaciones percibidas en concepto de beca ". (el destacado no pertenece al original).
Mientras que el artículo 41 fija el porcentaje y el cargo de base que se toma para cuantificar la remuneración: "El haber mensual de la jubilación ordinaria, calculada por servicios en relación de dependencia, será el equivalente al setenta (70) por ciento de la remuneración mensual asignada al cargo de que era titular el afiliado a la fecha de cesar en el servicio o en el cargo de mayor jerarquía que hubiese desempeñado . En todos los casos se requerirá haber cumplido en el cargo un período mínimo de treinta y seis (36) meses consecutivos o sesenta (60) alternados. Si estos períodos fuesen menores, el cargo jerárquicamente superior se considerará comprendido en el inferior, regulándose el haber por este último cargo".
Y el artículo 50 consagra la movilidad: " Los importes de las prestaciones establecidos en esta Ley son móviles y deberán ser actualizados de oficio por el Instituto de Previsión Social dentro de los sesenta (60) días de sancionada la norma legal que haya dispuesto las modificaciones de los sueldos del personal en actividad. A tal efecto se adoptará el procedimiento de la correlación de cargos y los nuevos importes de las prestaciones se liquidarán en base al cargo tenido en cuenta al momento de determinarse el primer haber para cada beneficio, o el que resulte por los servicios de reingreso en los términos que establece el artículo 53. Para los beneficios cuyas prestaciones no puedan ser actualizadas mediante el procedimiento indicado en el párrafo anterior, la actualización por movilidad se efectuará aplicando el coeficiente que corresponda sobre el haber que venían percibiendo".
Mientras que -en su decreto reglamentario n° 476/81- se señala en el artículo 36: " Entiéndese por remuneración a los efectos de practicar los aportes, efectuar las contribuciones y determinar el haber de las prestaciones, toda retribución percibida por el afiliado en contraprestación de su trabajo o actividad, sueldos, jornales, aumentos de emergencia, por mayor costo de vida, bonificaciones, gastos de representación y todo otro adicional sea el monto fijo o variable que tenga carácter de habitual y regular . No se considera remuneración: Las indemnizaciones que se abonen por ceses, por vacaciones no gozadas o por incapacidad total o parcial derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional, las prestaciones de vivienda y alimentos, las gratificaciones o retribuciones que tengan carácter meramente accidental o que estén sujetas a devolución o rendición". (el destacado, también me pertenece).
c. Sentado todo ello, e ingresando entonces en la ponderación del primer recaudo necesario para la concesión de la tutela pretendida, esto es, la verosimilitud en el derecho, adelanto que -desde mi punto de vista- el mismo se encuentra prima facie acreditado.
Y señalo ello por cuanto -de la normativa reseñada supra , analizada dentro de este estado larval del proceso- surge que la Ley n° 10374 determina la remuneración de los Magistrados y funcionarios, en función del sistema de porcentualidad allí previsto y con arreglo a la Planilla Anexa a dicho cuerpo normativo.
A su vez, el Ac. SCBA 4093/22, estableció un régimen de subcategorías dentro de cada uno de los niveles de la Escala Jerárquica del Personal del Poder Judicial, los cuales se incorporan en la Planilla Anexa referida anteriormente.
Con ello, se pone de resalto que aquello que se percibe en función de las nuevas subcategorías, tendría prima facie carácter remunerativo con su consecuente naturaleza contributiva.
Siendo ello así, se debe ponderar liminarmente que el decreto ley n° 7918/72 establece que -para la equivalencia del haber jubilatorio de los Magistrados- se toma como base la remuneración total sujeta al pago de aportes y contribuciones correspondientes al cargo desempeñado al momento de la cesación de servicios (conf. artículo 4), evocando que -por su lado- el artículo 41 del decreto ley n° 9.650/80 dispone que el haber mensual de la jubilación será el equivalente al 70% de la remuneración mensual asignada al cargo de que era titular.
Puntualmente cabe mencionar -dentro de este limitado margen de conocimiento- que, en principio, se aplicará la movilidad -de acuerdo con el artículo 7 del referido decreto ley- cada vez que se produzcan modificaciones en la remuneración del cargo que se tuvo en cuenta para determinar el haber jubilatorio.
En el caso, se desprende que - prima facie - las nuevas subcategorías establecidas en el Ac. SCBA n° 4093/22, alterarían la remuneración del cargo base tenido en cuenta para determinar el haber jubilatorio.
A partir de allí, estimo que asiste un derecho verosímil a la actora, en función del carácter remunerativo que tendría el nuevo régimen de subcategorías establecido por el Ac. SCBA 4093/22 y el principio de movilidad que gobierna la materia.
No soslayo que, para acceder a las nuevas subcategorías, reglamentariamente se ha establecido como recaudo la aprobación de las capacitaciones obligatorias que disponga la Suprema Corte de Justicia (conf. artículo 3 apartado iii del Ac. SCBA 4093), sobre lo que cabe observar liminarmente que dicha condición se exhibiría como de imposible cumplimiento para la parte actora, dada su condición de empleados jubilados.
Sin embargo, y si bien coincido con el recurrente que dilucidar la constitucionalidad de dicho requisito conllevaría a un anticipo de jurisdicción impropio del estado larval en que se encuentra la presente; no comparto su postura en cuanto a que tal examen resulte imprescindible e ineludible para la configuración del recaudo de la verosimilitud del derecho.
En efecto, no es posible soslayar -sin que ello implique pronunciarse sobre el fondo de la cuestión- que, entre los principios que informan la interpretación de las normas, se halla aquél que postula que la interpretación debe efectuarse de manera que los preceptos armonicen entre sí, y no de modo que se produzcan choques, pugnas o exclusiones entre ellos (conf. SCBA, Ac. 46.992, sentencia del 15/03/1994; 47.812, sentencia del 31/08/1993), así como el carácter de ultima ratio que corresponde otorgar a la declaración de inconstitucionalidad.
Tampoco estimo que -con lo expuesto- se esté adelantando jurisdicción (principal embate de la demandada en atención a la falta de pronunciamiento sobre el tema por parte del Cimero Tribunal provincial), habida cuenta del carácter esencialmente mutable y provisorio de las medidas cautelares (cfr. articulo 26 CCA), en tanto un cambio de circunstancias -vgr. en caso que la SCBA se expida en alguno de los casos análogos al presente- podría ser alegado por la demandada y motivar -a todo evento- una nueva revisión de la decisión.
Así entonces, y por las consideraciones que vengo de exponer, estimo que la verosimilitud del derecho, se ve ciertamente abonada por el carácter remunerativo que tendría el nuevo régimen de subcategorías establecido por el Ac. SCBA n° 4093/22, lo cual alteraría la remuneración del cargo base tenido en cuenta para determinar el haber jubilatorio y el principio de movilidad que informa la materia.
d. Cabe analizar el siguiente recaudo, en tanto para que la cautela pretendida sea concedida deben darse todos los requisitos reseñados de forma precedente, de manera concomitante o prudentemente balanceados, pudiendo aminorarse la nitidez en la presencia de uno cuando la del otro luce incontrovertible (SCBA, sentencia del 2/4/2003 en causa B. 61541 caratulada "Lazarte, Néstor Abel c/ Provincia de Buenos Aires (IPS) s/ demanda contencioso administrativa" ).
Desde dicha perspectiva, estimo que -en el caso- la urgencia de la petición formulada por la parte actora aparece manifiesta -principalmente- como consecuencia de los dilatados tiempos que insume el trámite de los procesos ordinarios en general, lo cual, sumado al carácter alimentario del haber jubilatorio, conlleva a que no confirmar la medida cautelar cuestionada y mantener la situación de hecho tal como lo pretende la apelante, podría influir en una eventual sentencia estimativa, convirtiendo se ejecución en ineficaz o de imposible cumplimiento.
Recordemos que: " La finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia que debe recaer en un juicio " (SCBA LP I 74791 RSI-666-18 I 05/12/2018, "Medina, Orlando Raúl y otros c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Inconstitucionalidad Ordenanza" y SCBA LP I 74078 RSI-967-16 I 23/11/2016, "Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales c/ Municipalidad de General Alvarado s/ inconstitucionalidad Ordenanza" ).
A mayor abundamiento, estimo que -en el caso particular de autos- el recaudo en análisis también se encuentra configurado por la edad del actor, y la protección que en su carácter de adulto mayor le ha merecido tanto a nivel constitucional como convencional.
La circunstancia apuntada ha sido ponderada por la instancia de grado y la apelante se ha desentendido de ello, toda vez que se ha limitado a efectuar un análisis netamente patrimonial de la cuestión, lo que no resulta suficiente para desvirtuar las conclusiones a las que arribara la colega respecto del punto.
e. Para finalizar, tampoco observo que, en el caso y con la medida adoptada, se afecte gravemente el interés público.
En este sentido, no se debe soslayar que la accionada, en el punto II. del escrito recursivo, en dónde solicitó el efecto suspensivo de la medida, manifestó que ".se afectaría gravemente el patrimonio y el equilibrio económico financiero de la Caja Previsional, en desmedro del propio sistema previsional, resultando evidente el interés público comprometido en el caso ".
El planteo no es de recibo, porque la accionada no ha acompañado elemento alguno que diera cuenta de manera concreta, el modo en que se afectaría el aludido equilibrio económico financiero, lo que torna al argumento en una expresión dogmática, carente de sustento fáctico.
E itero que a ello se debe añadir -tal como fuera señalado al analizar la verosimilitud en el derecho-, que el nuevo régimen de subcategorías tendría -prima facie- carácter remunerativo, con su consecuente naturaleza contributiva, a partir de lo cual, se aprecia que aquello que se deduce a los agentes en actividad por la percepción de dicho concepto, justamente ha de contribuir al sistema financiero de la Caja Previsional.
f. En resumen, por encontrarse configurados los recaudos de procedencia de la medida cautelar concedida por el a quo e impugnada por el Fisco, propongo se rechace el recurso de apelación en tratamiento, con costas a la demandada en calidad de vencida (artículo 51 del CCA).
En idéntico sentido hemos resuelto, entre algunas causas, n° 5342, "Ghiotti" , RSI del 27/05/2025; "Chiuchi" , n° 5713, en RSI del 23/12/2025; "Climaco" n° 5840 en RSI del 26/03/2026; " D´eletto " n° 6120 en RSI del 24/09/2026.
ASÍ VOTO.
El Juez Schreginger sostuvo : -
Por coincidir con los razonamientos expresados, adhiero a la opinión del Juez Cebey. ASÍ LO VOTO.
En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Cámara RESUELVE: -
1. Rechazar el recurso de apelación de la demandada , por los fundamentos dados en el voto que sustenta el presente Acuerdo, confirmando el decisorio de grado en cuanto ha sido materia de agravios.
2. Tener presentes la reserva efectuada por la parte recurrente.
3. Imponer las costas a la demandada vencida (artículo 51 inciso 1 del CCA).
4. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad procesal (artículo 51 de la norma arancelaria abogadil).
Regístrese y notifíquese de oficio por medios electrónicos.
Oportunamente devuélvanse.
Damián Nicolás Cebey Marcelo José Schreginger
Suscripto por los Señores Jueces, y registrado por el Actuario firmante en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA n° 3975/20).
Firmas
Funcionario firmante: CEBEY Damian Nicolas - JUEZ
Funcionario firmante: SCHREGINGER Marcelo Jose - JUEZ
Funcionario firmante: PERMAN Guillermo Adrian - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 949-2026
Fin de la sentencia