Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa V-1.829/11-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 172/178, y en consecuencia, casar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial.-
2Componer positivamente la litis, haciendo lugar a la demanda entablada por Sergio Humberto Villagra y condenando a la demandada Empesur S.A. a abonarle en concepto de indemnización por despido sin justa causa, las sumas que arroje la liquidación a practicarse en la instancia de grado (por los rubros y en base a las pautas señaladas en el Considerando IV “in fine”) y respecto de los intereses -que deberán adicionarse al monto que arroje la liquidación precedentemente dispuesta- se calcularán desde la fecha del distracto (8-10-2008) hasta el efectivo pago, en base a la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central de la República Argentina.-
3Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta tanto denuncien sus datos tributarios vigentes y se regulen en las instancias de grado; e imponer las costas de todas las instancias a la demandada vencida.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: V-1.829/11-TSJ Sentencia N°: 578.-
Actor: VILLAGRA SERGIO H.
Demandado: EMPESUR S.A.
Objeto: LABORAL Fecha: 02-09-14 Texto: TOMO XVII – SENTENCIA – T.S.J..-
REGISTRO Nº 578.-
FOLIO Nº 3.296/3.302.-
PROT. ELECT. TSS1 017 S.141
Río Gallegos, 02 de septiembre de 2014.-
Los presentes autos caratulados: “VILLAGRA SERGIO H. c/ EMPESUR S.A. s/ LABORAL”, Expte. Nº V-713/09 (V-1.829/11-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que, llegan las presentes actuaciones ante este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a efectos de tratar el recurso de casación articulado a fs. 172/178 por la Dra. María Gabriela Oste, letrada apoderada de la parte actora, contra la sentencia emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 166/169 vta., que revoca la sentencia de primera instancia, rechazando la demanda incoada por despido. El recurso de casación se interpone por considerar que en el decisorio impugnado se configuran las causales de quebrantamiento de forma y violación o errónea aplicación de la ley, previstas en los artículos 2° y 3° inciso ‘a’ de la ley 1687 -Recurso de Casación- (confr. fs. 172).- Para sostener los agravios referidos a la causal de violación de la ley, expresa la recurrente que “?la Excma. Cámara de Apelaciones no consideró adecuadamente las prescripciones o aplicó erróneamente los arts. 9, 242 inc. 2 y sus c.c. de la L.C.T, no observa art. 164 inc 6, 355, 434 del CPCC, violentando así los principios de sana crítica, a la vez que incurre en absurdos, no se obtiene una sentencia fundada, ni derivada de los antecedentes de la causa y la prueba producida?” (confr. fs. 173). En cuanto a los fundamentos que respaldan la causal de quebrantamiento de forma, afirma que en la sentencia que impugna no existe correlación entre “?lo apuntado por las partes, y lo probado en el expediente?” habida cuenta que “?se ha omitido la consideración ADECUADA de los elementos probatorios, pues no se condice lo testimoniado con la causal de despido invocada?”; razón por la que considera, que “?se configura un absurdo, al no observar el juez las evidentes contradicciones de los testigos de la demandada, como asimismo la contradicción de dichos testigos con la misiva de despido?” (confr. fs. 173 vta.). En definitiva, la pretensión recursiva de la actora se asienta en que la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones realiza una valoración absurda de los hechos y de las pruebas de la causa, en la medida que desatiende la discrepancia entre los fundamentos invocados por la empleadora al comunicar el distracto laboral y la falta de demostración de la causal de despido que invoca. Hace reserva del caso federal.- Que, a fs. 180 y vta., la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso impetrado, y bien concedido por este Tribunal Superior a fs. 189 y vta..-
A fs. 192/193, dictamina el Señor Agente Fiscal por ante el Tribunal Superior de Justicia, proponiendo la procedencia del recurso al considerar que se ha incurrido en las causales de quebrantamiento de forma y violación de la ley (confr. fs. 193 in fine). Arriba a esa conclusión al considerar que “?los dos testigos aportados por la demandada a fs. 96/97 y 98 respectivamente, incurren en evidentes contradicciones respecto de la modalidad en que acaeciera el el (sic) hecho que originara el despido (la supuesta sustracción) como en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar.... incurriéndose así en evidentes contraposiciones, cuando sabido es que en materia laboral el que alega un hecho debe merituarlo lo cual no ha ocurrido en el caso concreto, pues, el demandado no ha acreditado la causal des (sic) despido que refiere?” (confr. fs. 192 vta.).- A fs. 194, se decretó el llamado de autos para dictar sentencia, que se encuentra firme y consentido.-
II. Que, conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria provincial articulada por la parte actora, su desarrollo se propone en el ámbito del carril impugnativo previsto en los artículos 2° y 3° inciso a) -Recurso de Casación- de la ley 1687, fundamentalmente al vincularla a un defecto de apreciación legal con relación a los hechos y pruebas de la causa, y en la aplicación legal de un encuadre erróneo respecto a la extinción del contrato de trabajo; esto es, que se ataca por el recurrente la actividad de juzgamiento de la Cámara “ad quem” en su tarea de subsunción de los hechos y en la correcta interpretación y aplicación de los artículos 9, 242 y concordantes de la ley 20744, de Contrato de Trabajo, en orden a la divergencia entre la causal de despido que la empleadora comunicó al trabajador y su acreditación en el proceso.- Iniciado el tratamiento del asunto que nos ocupa, se advierte que el actor propone un reexamen de la valoración de la prueba y de los hechos que oportunamente fueron sopesados en las instancias ordinarias.
En tal sentido, vale recordar que “La interpretación del escrito de demanda sólo puede ser revisado en esta instancia si el recurrente demuestra que el a quo ha incurrido en absurdo al infringir las normas que regulan la actividad funcional de los tribunales de apelación como las que gobiernan el principio de congruencia” (confr. SCBA, Ac. 50575, S, 27-7-1993, “León Eduardo A. c/ Asmar, José A. y otros s/ Daños y perjuicios”). En igual sentido, explica Hitters, “…Es jurisprudencia firme del más Alto Tribunal bonaerense que la interpretación del alcance de los argumentos de las partes es de exclusiva competencia de los jueces de la instancia ordinaria, exenta de censura en casación, salvo que medie absurdo, arbitrariedad, o se demuestre que son producto de razonamientos desatinados o capciosos…” (confr.
HITTERS, Juan Carlos, “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación”, Ed. L.E.P., La Plata, 1998, pág. 409), siendo por lo tanto, por vía de principio, ajenos al recurso de casación los temas vinculados con la interpretación de los escritos constitutivos de la litis, salvo que se demuestre arbitrariedad. Este es el caso que se nos presenta en estas actuaciones.- Por nuestra parte, tenemos dicho que si bien es cierto que el recurso extraordinario provincial de casación no tiene por objeto revisar en una tercera instancia las cuestiones fácticas y procesales, que fueron motivo de análisis y decisión por los jueces de grado; por vía de excepción, procede ingresar en el análisis de tales cuestiones cuando la sentencia impugnada carece de los requisitos que la sustentan como acto jurisdiccional y de ello se derive una manifiesta violación a derechos o garantías constitucionales (confr.
Tomo III, Sentencia, Reg. 90, Folio 404/408; Tomo V, Sentencia, Reg. 166, Folio 857/859; Tomo VII, Sentencia, Reg. 229, Folio 1234/1238, entre otros).- También nos hemos pronunciado, señalando que las cuestiones de hecho y prueba se encuentran reservadas a los jueces de grado y son ajenas a la vía extraordinaria, siendo sólo susceptible de ser revisadas en caso de quebrantamiento de normas legales que regulan su producción, o que la apreciación se haya efectuado en forma absurda (confr. Tomo VII, Interlocutorio, Reg. 1071, Folio 1334/1339; Tomo VIII, Sentencia, Reg. 259, Folio 1412/1420), constituyendo éste un remedio de carácter excepcional, reservado para casos extremos, que sólo cuenta con virtualidad suficiente cuando existe un desvío palmario de las leyes de la lógica, o cuando el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleve a conclusiones contrarias al entendimiento (confr.
Tomo XI, Interlocutorio, Reg. 1460, Folio 2039/2041).- Del mismo modo se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al decir que “?si bien es cierto que la determinación del alcance de las peticiones de las partes y las cuestiones comprendidas en la litis remite al estudio de cuestiones fácticas y de índole procesal, ello no resulta óbice para que esta Corte pueda conocer en un planteo de esa naturaleza cuando la decisión de los tribunales de la causa traduce un apartamiento de las constancias del expediente y de la adecuada interpretación de los principios que informan el debido proceso adjetivo consagrado por el artículo 18 de la Constitución Nacional?” (Fallos: 314:1875, voto del Dr.
Fayt, Considerando 3°).- Por lo tanto, es conducente, a los fines de establecer la procedencia o no de la casación, examinar los agravios del recurrente a efectos de determinar si se ha logrado demostrar el absurdo invocado.-
III. Como hemos visto, el recurrente asienta su pretensión recursiva en la concurrencia de las causales de quebrantamiento de forma y violación de la ley. Como primera aproximación al tema, es necesario recordar que el quebrantamiento de forma, está regulado en nuestra ley adjetiva para los casos en que “?se hubieran violado las formas y solemnidades sustanciales prescriptas para el procedimiento o la sentencia?” (art. 2°, ley 1687); razón por la que hemos sostenido, que la violación al principio de congruencia debe tratarse a través del andarivel de la citada norma, básicamente por referirse a un vicio estructural que necesariamente invalida al pronunciamiento así dictado (confr. Tomo IX, Sentencia, Reg. 313, Folio 1685/1694).
En este sentido, no resulta ocioso recordar que también consideramos procedente este remedio procesal, por ejemplo, en casos de ausencia total de fundamentación de una sentencia, falta de mayoría de opiniones jurídicamente válidas (confr. Tomo V, Sentencia, Reg. 166, Folio 857/859; Tomo VII, Sentencia, Reg. 229, Folio 1234/1238), o los supuestos de incongruencia palmaria por omisión total o parcial, de pronunciamiento sobre los agravios propuestos (confr. Tomo II, Sentencia, Reg. 90, Folio 404/408; Tomo VII, Sentencia Reg. 229, Folio 1234/1238), y de incongruencia entre el objeto de la pretensión y lo efectivamente resuelto (confr. Tomo XII, Sentencia, Reg. 425, Folio 2322/2327). Además, y atendiendo a que el principio de congruencia impone una correlatividad entre lo pretendido en la demanda y en la contestación, con lo resuelto en la sentencia, hemos expresado que el principio de congruencia -que debe estar presente en la sentencia- consiste en la correlación que debe existir entre la pretensión y la decisión, conforme con lo establecido en los artículos 34 inciso 4to. y 164 inciso 6to., del Código Procesal Civil y Comercial, sin perjuicio de otras normas concordantes y correlativas (confr.
Tomo IV, Sentencia, Reg. 144, Folio 699/705).- No obstante lo expuesto, a poco de adentrarnos en el caso que nos ocupa, se advierte que se invoca la misma fundamentación para sostener de manera simultánea la causal de quebrantamiento de forma, como la de violación o errónea aplicación de la ley, sin un razonamiento independiente que permita un análisis diferenciado, autónomo y suficiente a los efectos de su debida resolución; razón por la cual, el examen que habrá de realizarse seguidamente, será a través de la causal de violación de la ley (artículo 3° inciso a) de la ley 1687 -Recurso de Casación-; todo ello, sin mengua de las formas y garantías del debido proceso legal y la defensa en juicio.-
IV. Desde la óptica casatoria fijada precedentemente, advertimos que se trata de una sentencia definitiva en la que -a criterio del recurrente- se han violado ciertas disposiciones legales, con especial mención a la normativa impuesta por los artículos 9, 242 y concordantes de la ley 20744 de contrato de trabajo.-
El agravio está centrado, concretamente, en la decisión adoptada por la Excma. Cámara cuando considera que “?la sentencia apelada no es justa y debe revocarse por haber existido justa causa de despido?”, y que el arribo a tal conclusión se produce “?luego de analizar las causales invocadas en la carta-documento que glosa a fs. 3 que entiendo han sido suficientemente acreditadas en este proceso?” (confr. fs. 167).-
Antes de ingresar en la cuestión del sub lite en especial, resulta propicia la oportunidad para profundizar sobre la arista determinante del tema que nos ocupa, toda vez que se trata de una materia propia y exclusiva del Derecho del Trabajo. Al respecto, este Alto Cuerpo ha señalado que “?La entidad histórico-social del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, reconocida por nuestra Constitución Federal, le otorgan el carácter de normas de Orden Público, en puridad, normas de Orden Público Laboral, constituyendo un mínimo de protección imposible de menoscabar sin vituperar sus cimientos tuitivos?” (confr., Tomo XIII, Sentencia, Reg. 465, Folio 2562/2531). También se indicó, que de tal principio protectorio, que constituye el epítome del Derecho del Trabajo, emergen sus reglas tuitivas como el in dubio pro operario, deber de seguridad, primacía de la realidad, etc.
En lo que aquí concierne, rige la máxima de la primacía de la realidad, por cuanto, los magistrados deben respetar los hechos en su extensión y naturaleza, sin importar los rigores formales que en la contratación, desenvolvimiento y conclusión de la relación pueden suscitarse porque, como se delineó, las normas que rigen son de Orden Público, en tanto les cabe esta característica, el juez debe aplicarlas (confr. fallo cit.).- La verdad debe erigirse en cada relación laboral, pues de otra manera se soslayaría su teleología y fin dikelógico. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que: “Hacer justicia no importa otra cosa que la recta determinación de lo justo in concreto, lo que se logra con la realización del derecho de acuerdo con las situaciones reales que se pretendan” (Fallos: 308:1978).
“…Hacer justicia, misión específica de los magistrados, no importa otra cosa que la recta determinación de lo justo in concreto; y ello sólo se puede lograr ejerciendo la virtud de la prudencia animada con vivo espíritu de justicia en la realización efectiva del derecho en las situaciones reales que se le presentan, lo que exige conjugar los principios enunciados en la ley con los elementos fácticos del caso, cuyo consciente desconocimiento no se compadece con la misión de administrar justicia…” (Fallos: 302:1611). Y advirtió también la Corte que la renuncia a la búsqueda de la verdad jurídica material resulta incompatible con el adecuado servicio de justicia (Fallos: 238:550).- Entonces, el límite infranqueable será la adecuación de las decisiones judiciales a cómo quedó trabada la litis.
Empero, esta máxima debe ser vista a través del cristal de las reglas propias de la rama del derecho que nos ocupa; más aún, cuando ellas provienen de la expresa manda del artículo 14 bis de la Constitución Nacional; es decir, no puede soslayarse la existencia de derechos irrenunciables, tuitivos del trabajador, y la aplicación de normas de Orden Público. Máxime, aún cuando un excesivo rigorismo formal dejaría salvada la prolijidad ritual en detrimento de derechos constitucionales que, no sólo significaría la desprotección del sujeto vulnerable, sino además, la inequidad y autismo judicial.- Sentados los axiomas, debe pasarse al estudio de los agravios esgrimidos por la actora que, como ya se ha dicho, se fundan en que la sentencia impugnada incurre en la violación de los artículos 9, 242 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo.-
En tal sentido, conforme la regla contenida en el primer párrafo del artículo 242 de la ley 20744, el empleador puede dar por extinguido el contrato de trabajo cuando el incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador configuren una injuria de tal gravedad que no permitan proseguir con la relación laboral. No obstante, los jueces son quienes en definitiva deben valorar prudencialmente si la causal que se invoca está justificada, toda vez que es “el juez quien califica los hechos como injuriosos” (confr. ACKERMAN, Mario E., “Tratado de Derecho del Trabajo”, Rubinzal-Culzoni, 1ra. edición, 2008, Tomo IV, pág. 181).-
En el caso, la empleadora le notifica el despido al trabajador comunicándole que “?ANTE LA FALTA GRAVE COMETIDA POR UD., POR SU CONDUCTA DE HABER INTENTADO LA SUSTRACCIÓN DE PRODUCTO TERMINADO CONSISTENTE EN UNA CAJA DE 2 KG. DE LANGOSTINO IDENTIFICADO COMO COLA ROTA DEBIDAMENTE DEMOSTRADA CON LOS TESTIMONIOS DEL JEFE DE PLANTA Sr. MÁRQUEZ ALEJANDRO GUILLERMO, LA VETERINARIA Sra. CALA, MARÍA VICTORIA Y DE CONTROL DE CALIDAD Srta. ULLOA, PAOLA ANDREA. TENIENDO EN CUENTA LA PÉRDIDA DE CONFIANZA GENERADA Y QUE UD. ADMITIÓ SU RESPONSABILIDAD EN PRESENCIA DE SUS SUPERIORES NOS CONSIDERAMOS INJURIADOS Y PERJUDICADOS, POR LO CUAL QUEDA DESPEDIDO A PARTIR DE LA FECHA?” (confr. fs. 3).- El despido se fundó en la sustracción de mercaderías que la demandada imputa al actor, lo cual fue valorado como injuria grave en los términos del artículo 242 de la LCT.-
En primer lugar, vale decir que la pérdida de confianza como causal de cesantía debe encontrar fundamento en hechos objetivos de magnitud suficiente que la justifiquen. Del libelo de inicio se desprende que, en el caso, el Sr. Villagra niega las imputaciones formuladas. Por ello, correspondía a la demandada producir prueba conducente para acreditar sus dichos.-
En este contexto, el análisis con destino al veredicto final debe encauzarse desde dos perspectivas; una fáctica vinculada con la existencia del hecho motivo de injuria no admitido por el actor y de comprobarse el mismo, otra jurídica, las consecuencias que el mismo acarreará para el actor, cuya valoración debe efectuarse a partir de la directriz que impone el artículo 242 de la LCT.-
Deberá, entonces, verificarse la ocurrencia del hecho alegado por la demandada como causal del distracto.-
Por lo tanto, a fin de determinar la gravedad de los acontecimientos, corresponde examinar los relatos de las testimoniales rendidas en autos. En ese orden de ideas, hay que verificar si en autos se acreditaron los sucesos en virtud de los cuales la demandada decidió disolver el vínculo contractual bajo la invocación de una injuria grave, donde se imputó al trabajador la comisión de “una falta grave”, consistente en la intención de sustraer de la empresa un producto elaborado por la firma empleadora. En tales circunstancias, debe admitirse que Empesur S.A. despidió a Villagra invocando pérdida de confianza laboral; esto es la violación a los deberes de fidelidad, lealtad, buena fe y solidaridad.- Recordemos entonces, que según la descripción volcada a fs. 77/78 vta., por la demandada, el jefe de Planta fue alertado por dos empleadas, sobre la existencia en pertenencias de un empleado de la empresa que “…había algo anormal al detectar un contenido que transmitía frío… verificando que se trataba de una caja de langostinos extraída de las cámaras frías?” (confr. fs. 77 vta.), circunstancia que llevó al jefe de planta a comprobar en otras pertenencias de trabajadores si se daban las mismas circunstancias, comprobando que en el bolso de Villagra “?estaba en las mismas condiciones… irradiaban frío, por lo que al llamar a Villagra, éste reconoció que había sustraído una caja de langostinos, regresó al comedor y sacándola de su mochila la trajo en sus manos y se la dejó al sr. Márquez, pidiendo disculpas por lo hecho?” (confr. fs. cit.). Expresa además, que la empleada Ulloa vio cuando el accionante llevaba la caja en sus manos y se la entregaba al jefe Márquez.- En autos, solamente dos personas de las tres que fueron mencionadas en la misiva de despido prestan declaración testimonial; se trata del Jefe de Planta, Alejandro Márquez y de la empleada Paola Andrea Ulloa. Ambos son contestes en afirmar que la causa de despido de Villagra ha sido el intento de sustraer una caja de langostinos. Sin embargo, si analizamos detenidamente las declaraciones rendidas, surgen algunas inconsistencias que merecen ser destacadas.-
En primer lugar, no existe comprobación fehaciente que dentro de la mochila de Villagra hubiese efectivamente una caja de langostinos. Adviértase que al rendir su declaración testimonial a fs. 97 y vta., Márquez afirma: “…Fue despedido porque se le encontró un estuche de langostinos, esto lo sé porque las chicas que hacían el controlde (sic) calidad… vieron un bolso chico en el que se notaba un estuche de langostino… me llamaron yo fui tantié (sic) el bolso que expedía frío, entonces comencé a tantear otros bolsos… y allí encontré el de VILLAGRA que también tenía la forma de un estuche, pero no lo abrí, entonces mande a llamar… a VILLAGRA, le pregunté que tenía en el bolso, y me contestó que tenía langostinos… fue hasta el bolso que estaba en el comedor, y después apareció en la oficina con un estuche de langostinos, PAOLA ULLOA estaba del lado del comedor de supervisores y vio cuando me entregó el estuche con los langostinos…” (confr. fs. cit., resp. preg. 3º).
Seguidamente, expresa que el actor reconoció la sustracción de la caja de langostinos y “…que había hecho mal…” (confr. fs. cit., resp. preg. 4º). Asimismo, aclara que el bolso de Villagra “…No despedía frío porque era un bolso grande y tela más gruesa…” (confr. fs. cit., primera ampliación). Por último, señaló que el reconocimiento por parte del actor fue hecho sólo en presencia del testigo (confr. fs. cit., resp. última ampliación).- La testigo Ulloa, que declara a fs. 99 y vta., se manifiesta en sentido similar al de Márquez. Al responder la tercera pregunta, asevera que Villagra fue despedido “?porque estaba sacando langostinos de la empresa sin autorización?” (confr. fs. 99). Dice también, haber visto a Villagra dirigirse a la oficina de Márquez “?con un estuche de langostinos en la mano?” (confr. fs. cit.).
Sin embargo, ninguna precisión brinda, ni tampoco se le pide, con relación a la detección del estuche de langostinos en la mochila del accionante que la testigo habría advertido; máxime, cuando tal circunstancia se consigna en el responde de la demanda y en la declaración testimonial del propio Jefe de Planta, señalando que la nombrada Ulloa fue quien, junto con la Veterinaria Cala, notó que en las pertenencias de Villagra había un elemento que tenía las características de un estuche de langostinos como los que se manufacturan en la empresa demandada. De modo que tal omisión, no sólo contradice los términos expuestos al responder la demanda, sino que alcanzan a los expresados en la notificación del despido.- De acuerdo a lo que surge de las declaraciones testimoniales rendidas en autos, el único testigo que refirió haber constatado que el actor llevaba mercadería oculta en sus pertenencias fue Márquez (confr. fs. 97 vta.).
Ahora bien, el actor niega los hechos que se le imputan. Así, tenemos solamente la palabra de Márquez frente a la palabra del actor y aquella no es suficiente por sí sola para considerar probados los hechos que se le imputan al accionante.-
No sólo los dichos de los testigos, sino que obran en autos otras medidas de prueba que no favorecen la postura de la accionada, nos referimos a las planillas de personal mensualizado (confr. fs. 110/111) y las de observaciones de portería (confr. fs. 112/116) de las que no surgen anomalías en las fechas sindicadas como de acaecimiento del hecho, tal como acertadamente lo destaca el fallo de primera instancia. En estas circunstancias, la acusación de que el actor le sustrajera bienes a la patronal no se demostró en forma clara y terminante. La prueba rendida resulta insuficiente para acreditar la ocurrencia del hecho en que se fundó el despido; el cual debe ser acreditado en forma terminante atento la gravedad de la sanción que se adopta. Máxime cuando el afectado es un trabajador y se halla amparado por los principios protectorios del derecho laboral que dimanan del artículo 14 bis de la CN.- Ahora bien, teniendo en cuenta que las irregularidades imputadas al actor fueron negadas por este, era la accionada quien por aplicación de las reglas que rigen la carga de la prueba debió demostrar los hechos afirmados en el telegrama rupturista. Sin embargo, las evidencias aportadas, analizadas de conformidad con la sana crítica no logran dicho cometido y ello conlleva a considerar injustificada la desvinculación del Sr. Villagra.-
Cuando se trata de probar un hecho a través de la prueba testimonial, las declaraciones deben ser categóricas, amplias, con razón de los dichos y sin dejar lugar a dudas, cubriendo todo el espectro fáctico que se pretende acreditar (confr. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Venado Tuerto, Ledesma, Jorge Rafael c. Cueto, Carlos Orlando y otros, 03/11/2009, Publicado en La Ley online, Cita online: AR/JUR/67653/2009). La demostración de que el actor sustrajera bienes de la patronal no se produjo en forma clara y terminante.-
Es injustificado el despido directo dispuesto por la empleadora con fundamento en que el trabajador habría sustraído mercaderías de la empresa si los testigos ofrecidos por la última no brindaron mayores precisiones acerca del hecho que motive el despido y, por ello, su testimonio no alcanza para crear la firme convicción de que tal hecho ocurrió (confr. Cám. Nac. de Apelaciones del Trabajo, Sala I, 25 /06/2010, Ricca, Gonzalo Ezequiel c. Swiss Medical S.A., Publicado en La Ley online; cita on line: AR/JUR/32254/2010).-
Correspondía a la empleadora, en virtud de la regla del onus probandi -art 355 del CPC y C- comprobar fehacientemente la existencia de injuria suficiente que autorizara la rescisión del vínculo. Así, ante el incumplimiento de tal débito procesal, no cabe más que considerar injustificado el despido. En el sub lite resulta insuficiente la prueba aportada frente a la ausencia de otros elementos que avalen la tesis del demandado. El hecho concreto genera dudas, de modo tal que permita disolver el vínculo laboral. Y no debe perderse de vista, que en materia laboral corresponde aplicar la interpretación más favorable al trabajador. El artículo 9 de la LCT que contiene el principio del in dubio pro operario, en el caso de la prueba testimonial, cuando las deposiciones de los testigos logren generar una duda razonable en el juez de que los reclamos del trabajador son justos y esta duda no sea completamente desvirtuada por el resto de las pruebas, su exégesis deberá ser favorable para los reclamos del trabajador (confr.
Serrano Alou, Sebastián, “El principio in dubio pro operario y la apreciación de la prueba “, RDLSS 2009-A-980).- La enunciación del principio in dubio pro operario, que consagra la norma del art. 9 de la LCT, constituye una manifestación general de protección en favor del trabajador, con el objeto de mantener el equilibrio entre las partes contratantes, por la debilidad de aquél frente a su empleador, principio que encuentra fundamento en el art. 14 bis de la Constitución Nacional. Respecto de los supuestos que contempla la norma denótese que la aplicación del principio in dubio pro operario procede sólo en caso de duda respecto: a) a la aplicación de la norma más favorable en el caso de existir varias y b) en la interpretación o alcance de la ley.
Y a partir de la sanción de la ley 26428 (Adla Bol 1/2009, p. 4) que modifica el art. 9 de la LCT (t.o. 1976) (Adla, XXXVI-B, 1175) en la apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador. Ahora según el principio aludido, cuando la realidad admite varias lecturas, su interpretación si el trabajador logra con sus pruebas generar una duda firme acerca de la veracidad de los hechos y esta duda no es contrarrestada por la prueba del empleador, el juez debe tener por ciertos los hechos afirmados por el trabajador en cuanto no sean ilógicos o incoherentes. No se trata necesariamente de que el Tribunal supla deficiencias probatorias, sino de valorar la prueba adecuada a las circunstancias y en aquellos casos de verdadera duda volcar el resultado de la apreciación en favor del trabajador (confr.
STJ, Santiago del Estero, sala Criminal, Laboral y Minas; Dargoltz, Raúl Fernando c. Mirko Autopartes o Myde S.A., 11/08/2010, Cita online: AR/JUR/45787/2010). El principio protectorio incorporado en una norma de naturaleza procesal es de aplicación inmediata. Por ello no cabe duda en la aplicación de la ley 26428 al caso de autos, pues si bien el distracto laboral fue con anterioridad a su vigencia, en oportunidad del dictado de sentencia, sí estaba vigente (confr. Fallos 321:532; 319:1915).- Este Tribunal, también se ha expresado sobre el particular: “…Sin embargo, la duda no es obstáculo para resolver este caso, pues la ley laboral nos brinda el camino a seguir frente a este dilema. Así, existen principios y presunciones que indican al juzgador cómo debe resolver en el caso concreto.
Sobre el particular ha expresado este Cuerpo: “?Ante las dudas que suscita la circunstancia descripta y la magnitud del perjuicio que se estaría causando al trabajador cobran virtualidad los principios y garantías que emergen de los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos (art. 75, inc. 22, CN) que protegen al trabajador y de la LCT que consagra principios inmanentes a todo contrato laboral, entre ellos el de justicia social, el de equidad y el de buena fe, y son justamente ellos los que nos permiten una adecuación axiológica de la ley a la situación fáctica (…) Siguiendo este razonamiento, también, corresponde aplicar el principio “in dubio pro operario” en virtud del cual ante la duda debemos estarnos a favor de la interpretación que resulta más favorable al trabajador.
Este principio está consagrado en el artículo 9 de la LCT que en su actual redacción (confr. art. 1º, ley 26428) edicta: “En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjunto de normas que rija cada una de las instituciones del derecho del trabajo. Si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley, o en apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador?” (confr. Tomo XVI, Sentencia, Reg. 541, Folio 3048/3054). La regla de apreciación de la prueba más favorable al trabajador se ubica en un contexto de incertidumbre (duda) para resolver el problema del conocimiento de los hechos en un caso judicial.
Si el caso judicial (concreto) exhibe, luego del proceso probatorio, dos resultados, si luego del uso de las reglas procedimentales y sustanciales que afectan a los medios, los procedimientos y las conclusiones probatorias persiste la incertidumbre acerca del resultado global de la apreciación, debe preferirse aquel que resulte más favorable al trabajador (confr. STJ, Santiago del Estero, sala Criminal, Laboral y Minas, fallo cit.). En el caso de marras, la operatividad del principio, imponía al empleador la carga de acreditar fehacientemente los hechos fundantes del distracto, lo que no ha logrado con la prueba adunada.- Resulta imprescindible la acreditación concluyente de los hechos alegados y justificantes del distracto que fueron asentados en la misiva mediante la cual se materializó el despido, situación que en autos no se encuentra configurada, ante la inconsistencia de la prueba producida para la configuración objetiva de la injuria laboral.-
Para concluir y en mérito a lo expresado la causa invocada para provocar la cesantía del actor no se encuentra debidamente acreditada, en consecuencia el despido por la accionada ha devenido incausado debiendo por ello esta última afrontar las indemnizaciones correspondientes.-
En consecuencia, teniendo en cuenta lo reclamado en la demanda incoada, corresponde hacer lugar a la indemnización por antigüedad (confr. art. 245, LCT), preaviso e integración del mes de despido, a lo que deberá agregarse la sanción prevista en el artículo 2° de la ley 25323. Sobre éste último punto, ha de señalarse, que no obstante el agravio referido por la accionada sobre el punto (confr. fs. 153 vta./155), las razones invocadas no resultan suficientes a los fines revocatorios, toda vez que, y tal como se ha señalado precedentemente, la demandada no logró acreditar la causa invocada para despedir al actor; por ello, no se encuentran reunidos, en el caso, los parámetros enunciados en el segundo párrafo de la norma citada para eximir al empleador del pago de este rubro.- La liquidación deberá practicarse en la instancia de grado; debiendo al monto resultante adicionarse intereses, desde la fecha del distracto (8-10-2008) hasta el efectivo pago, los que se calcularán en base a la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central de la República Argentina.-
V. Que por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 172/178, y en consecuencia, casar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 166/169vta. Componer positivamente la litis haciendo lugar a la demanda entablada por Sergio Humberto Villagra, y condenando a la demandada Empesur S.A. a abonarle en concepto de indemnización por despido sin justa causa, las sumas que arroje la liquidación a practicarse en la instancia de grado por los rubros y en base a las pautas “ut supra” indicadas. Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta tanto denuncien sus datos tributarios vigentes y se regulen en las instancias de grado; e imponer las costas de todas las instancias a la demandada perdidosa, en virtud del principio objetivo de la derrota (art. 68, CPC y C), teniéndose presente la reserva del caso federal.-
Por todo ello, lo dispuesto por los artículos 2; 13 y 14, segunda parte, de la ley 1687 -Recurso de Casación-, y artículos 34, inciso 4; 164, inciso 6 y 165 primer párrafo del CPC y C, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 172/178, y en consecuencia, casar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial.-
2. Componer positivamente la litis, haciendo lugar a la demanda entablada por Sergio Humberto Villagra y condenando a la demandada Empesur S.A. a abonarle en concepto de indemnización por despido sin justa causa, las sumas que arroje la liquidación a practicarse en la instancia de grado (por los rubros y en base a las pautas señaladas en el Considerando IV “in fine”) y respecto de los intereses -que deberán adicionarse al monto que arroje la liquidación precedentemente dispuesta- se calcularán desde la fecha del distracto (8-10-2008) hasta el efectivo pago, en base a la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central de la República Argentina.-
3. Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta tanto denuncien sus datos tributarios vigentes y se regulen en las instancias de grado; e imponer las costas de todas las instancias a la demandada vencida.-
La presente sentencia se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, ley Uno, t.o. ley 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal a/c Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1017S.141 Tomo: XVII Sentencia: 578.-
Folio N°: 3.296/3.302.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia