Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 47.902-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución apelada, en tanto determina impuesto e intereses resarcitorios, con costas.
2Revocar la multa aplicada, costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-148456958-APN-VOCIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 13 de Diciembre de 2023 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
El Expte. Nº 47.902-I, caratulado “VILLAGRA, Yolanda Edith s/Recurso de Apelación”, a resolución de la Sala “B” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por los Dres. Armando Magallón (Vocal Titular de la Cuarta Nominación), José Luis Pérez (Vocal Titular de la Quinta Nominación), y Pablo Porporatto (Vocal Titular de la Sexta Nominación);
El Dr. Magallón dijo:
I. Que a fs. 32/52 la Sra. Yolanda Edith Villagra interpone recurso de apelación contra la Resolución Nro. 20/17 (DV RPOS), emitida por la Dirección Regional Posadas de la AFIP-DGI, mediante la cual se le determina con carácter parcial la materia imponible en el Impuesto a las Ganancias, periodo fiscal 2014, en la suma de pesos ciento treinta y tres mil trescientos cincuenta con cuarenta y siete centavos ($133.350,47), con más la suma de pesos ochenta y ocho mil cuatrocientos once con treinta y seis centavos ($88.411,36) en concepto de intereses resarcitorios, y le aplica una multa graduada en el mínimo legal, por la suma de pesos sesenta y seis mil seiscientos setenta y cinco con veintitrés centavos ($66.675,23) al considerar su conducta subsumida en las previsiones del artículo 45 de la ley Nro. 11.683. Refiere que detenta el cargo de Fiscal Asistente Administrativo en el Tribunal de Cuentas de la provincia de Misiones, y que, en tal carácter, goza de la exención en el impuesto a las ganancias respecto a las remuneraciones que percibe.
Explica que el Tribunal de Cuentas en un organismo con raigambre constitucional, tipificado en los artículos 132 y 133 de la Constitución de Misiones, con facultades jurisdiccionales administrativas plenas y definitivas; y que sus integrantes se encuentran equiparados, en lo que a inmunidades y remuneraciones se refiere, a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial.
Sostiene que el articulo 2 de la ley provincial I- N°45 (antes Decreto Ley Nro. 2012/83) equipara el personal de la planta permanente del Tribunal de Cuentas al personal del Poder Judicial, garantizándoles iguales remuneraciones por todo concepto. De ese modo, entiende que se ha extendido a los miembros y funcionarios de aquel Tribunal jurisdiccional, la garantía de intangibilidad de las remuneraciones prevista para los funcionarios judiciales en el artículo 140 de la Constitución provincial.
Manifiesta que la mentada equiparación encuentra fundamento en la intención del estado provincial de resguardar y garantizar la independencia de las resoluciones que dicten los integrantes del órgano de control externo de la provincia –léase Tribunal de Cuentas- en la tarea asignada de examinar la legalidad de los actos administrativos que dispongan la percepción de las rentas publicas provinciales, municipales, entes autárquicos, organismos descentralizados, empresas del estado, etc.; los juicios administrativos de responsabilidad, el cumplimiento de la leyes y reglamentos relativos a la utilización de recursos financieros-patrimoniales, el presupuesto de gastos del Tribunal, entre otros.
Entiende que adquiere relevancia en la controversia lo dispuesto en el Reglamento interno del organismo del que forma parte, en tanto define como “funcionarios” al cargo de Fiscal que detenta. Considera que tal caracterización como funcionaria no solo surge del citado reglamento sino especialmente de las facultades, atribuciones y deberes reconocidos legislativamente.
Agrega que el artículo 16 de la ley orgánica del Tribunal de Cuentas establece que, en caso de ausencia o impedimento temporal del Fiscal Superior, el mismo será subrogado por el Fiscal Asistente más antiguo en el ejercicio del cargo. Es decir que, un fiscal asistente se encuentra en condiciones de sustituir a un fiscal superior, lo que ha ocurrido en su caso desde el año 2006, en tanto ha subrogado en sus funciones al Fiscal Superior cada vez que se produjo la vacancia temporal prevista en la norma.
Por lo merituado, sostiene que el desconocimiento del goce de la exención por parte del Organismo Fiscal vulnera sendos derechos y garantías constitucionales, entre ellas el de igualdad, razonabilidad, legalidad como asimismo el propio orden federal y republicano de gobierno, desde que la resolución recurrida desconoce las normas locales que entiende, amparan su reclamo.
Rechaza la aplicación de la sanción, en tanto considera que existe un error excusable en su accionar desde que “se vio conminada a actuar según deberes insoslayables, inherentes a su calidad de funcionaria pública” (sic).
Cita jurisprudencia, formula reserva del Caso Federal y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas al Fisco Nacional.
II. Que a fs. 67/75 la representación fiscal contesta el recurso.
Que por las razones de hecho y derecho que expone, peticiona que se confirme la resolución apelada, con costas al recurrente. Acompaña los antecedentes administrativos y hace reserva de caso federal.
III. Que visto el estado de autos, a fs. 104 se elevan a consideración de la Sala “B”, y a fs. 108 se ponen para el dictado de sentencia.
IV. Que sentado lo que antecede, corresponde analizar la procedencia del recurso interpuesto. Que como se ha reseñado en el relato de los hechos, la recurrente considera que las remuneraciones que percibe como Fiscal Asistente Administrativo del Tribunal de Cuentas de Misiones se encuentran exentas del impuesto a las ganancias, sustentándose en lo previsto en el artículo 2 de la ley provincial I- N°45 que equiparó el personal de la planta permanente del Tribunal de Cuentas al personal del Poder Judicial, garantizándoles iguales remuneraciones por todo concepto. Invoca además lo establecido en la Acordada Nro. 20/96 emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la que adhirió la Corte Suprema de Misiones mediante las Acordadas Nro. 51/96, Nro. 38/08 y Nro. 42/08.
Que por su parte, el Fisco Nacional ha considerado que los sueldos de los miembros de los tribunales de cuentas provinciales con el cargo que ostenta la apelante no resultan comprendidos por exención alguna. Ello así, recuerda que la Sra. Villagra se desempeña en relación de dependencia como Fiscal Asistente Administrativo, y que por lo tanto, corresponde que sus ingresos sean considerados ganancia con el alcance previsto en el artículo 79 de la ley el gravamen, y por ende, sujetos a imposición según lo dispuesto en los artículos 1, 90 y concordantes del texto normativo del tributo.
Que tal como se encuentra delimitada la controversia, se previene que la cuestión nuclear a decidir radica en determinar si la Acordada del Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, a la que adhiere la Acordada emitida por la Corte Suprema de Misiones, teniendo en miras el ordenamiento jurídico local, permiten aseverar que la recurrente se encuentra exenta del pago del impuesto a las ganancias, en virtud de la equiparación que invoca con respecto a los miembros funcionarios del Poder Judicial provincial. En ese aspecto, cabe recordar que con la sanción del artículo 1 inc. a) de la ley Nro. 24.631, se dispuso la derogación del inciso p) del artículo 20 de la ley del impuesto a las ganancias, y de tal manera, quedó sin efecto la exención en el tributo de la que gozaban los jueces y funcionarios judiciales, como asimismo los miembros del Tribunales de Cuentas y de los Tribunales Fiscales.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó la Acordada Nro. 20/96 declarando la inaplicabilidad a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación de la norma que dispuso la derogación arriba citada. A la mencionada Acordada adhirió la Corte Suprema de Misiones con la emisión de la propia Acordada Nro.51/96, y posteriormente las Nro. 38/08 y Nro. 42/08.
Que por la Acordada Nro. 51/96 la Corte provincial adhirió a la Nro. 20/96, delimitando el ámbito y alcance de la misma a los magistrados y funcionarios comprendidos únicamente en el artículo 140 de la Constitución provincial, refiriéndose por ello, a los magistrados del Superior Tribunal de Justicia y los de los tribunales inferiores, así como los funcionarios judiciales que requieran acuerdo político para su designación.
Corresponde indicar que el citado artículo 140 dispone “Los magistrados del Superior Tribunal de Justicia y de los tribunales inferiores así como los funcionarios judiciales que requieran acuerdo legislativo para su designación, son inamovibles y conservarán sus respectivos cargos mientras observen buena conducta y cumplan con sus obligaciones. Su retribución será establecida por ley y no podrá ser disminuida. No podrán ser trasladados ni ascendidos sin su consentimiento y solamente podrán ser removidos en la forma que se determina en esta Constitución. No podrán ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones que emitan en sus fallos, resoluciones o dictámenes, ni arrestados, excepto en el caso de ser sorprendidos "in-fraganti" en la ejecución de un delito que merezca pena corporal”.
A su turno, la Acordada Nro. 38/08, declaró extensible los alcances de la inaplicabilidad del artículo 1 de la ley Nro. 24.631 para los funcionarios del Poder Judicial comprendidos y previstos en el artículo 4 de la Ley Orgánica Nro. 1550. Finalmente, la Acordada Nro. 42/08 amplia el punto primero de la Nro. 38/08, extendiendo el goce de la exención a los funcionarios que ostentan mismo rango y categoría y que no se encontraban enumerados en el artículo 4° de la referida ley Orgánica. A ésta última acordada adhiere el Tribunal de Cuentas mediante la Resolución Nro. 273/96.
En ese orden de ideas, corresponde mencionar que el Tribunal de Cuentas provincial es un organismo con raigambre constitucional, conforme los artículos 132 y 133 de la Constitución de Misiones, ejerciendo facultades jurisdiccionales administrativas plenas y definitivas. El referido artículo 132 dispone que “…estará compuesto por un Presidente, abogado y dos vocales, contadores públicos, todos inamovibles, nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Representantes. No podrán tener ningún otro empleo ni ejercer profesión”.
Por su parte, el artículo 133, se refiere a sus atribuciones, determinando que “Sin perjuicio de lo que disponga la ley, el Tribunal tendrá las siguientes atribuciones: 1) examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas, tanto provinciales como municipales y de reparticiones autárquicas; aprobarlas o desaprobarlas y, en este último caso, indicar el funcionario o funcionarios responsables, como también el monto y la causa de los alcances respectivos. A tal fin los poderes públicos, las municipalidades y los que administren los caudales de la Provincia, estarán obligados a remitir anualmente las cuentas documentadas de los dineros percibidos e invertidos, para su aprobación o desaprobación. El Tribunal se pronunciará en el término de un año de la presentación; de lo contrario se tendrán por aprobadas, sin perjuicio de la responsabilidad de los miembros del Tribunal;
2. inspeccionar las oficinas provinciales y municipales que administren fondos públicos y tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier irregularidad, en la forma y con arreglo al procedimiento que determine la ley;
3. fiscalizar las cuentas de las instituciones privadas que reciban subsidios del Estado provincial”. Que la Ley local I-N°45 (antes Decreto Ley Nro. 2012/83) –ver fs. 145/148 del legajo de antecedentes administrativos- estableció en su artículo 2 “…a partir de 1 de diciembre de 1983, para el Personal de Planta Permanente del Tribunal De Cuentas de la provincia, el régimen de remuneraciones vigente para el personal del Poder Judicial. A tal efecto, se detalla en la planilla que forma parte integrante del presente artículo, las categorías del escalafón del Poder Judicial y las del Tribunal de Cuentas, las cuales percibirán iguales remuneraciones por todo concepto, según corresponda”. Aquí, corresponde advertir que en el Anexo que refiere la norma no se encuentra consignado el cargo de Fiscal Asistente Administrativo que desempeña la recurrente (vide fs. 145vta y 147 del legajo de antecedentes administrativos).
Que a su turno, la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas I - N.° 3 (Antes Decreto Ley 1214/60) dispone en lo que a su organización refiere que se encuentra formado por un Presidente con título de Abogado y dos Vocales, con título de Contador Público, todos expedidos por universidad legal argentina. Los secunda en la referida estructura, un Fiscal Superior que se nombra y remueve por el Poder Ejecutivo con el acuerdo de la Cámara de Representante, y tiene para el ejercicio de la función, las mismas incompatibilidades fijadas por esa Ley para los Vocales del Tribunal, enumerándose en el artículo 8 sus facultades, atribuciones y deberes.
Por su parte, los Fiscales Asistentes son designados por el Poder Ejecutivo con intervención del Fiscal Superior, sin que ésta sea vinculante. En efecto, el artículo 14 de la ley orgánica dispone que “El personal del Tribunal de Cuentas está integrado por:…11) un (1) Fiscal Asistente Administrativo, que debe reunir las calidades de ciudadano argentino y poseer título de grado o postgrado en Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, Administración de Empresas y/o Recursos Humanos, expedido por universidades argentinas o extranjeras debidamente revalidado en la República”, y su artículo 18 determina que “En caso de ausencia o impedimento temporal del Fiscal Superior, hace sus veces el Fiscal Asistente más antiguo en el ejercicio del cargo. A igualdad de antigüedad lo reemplaza el de mayor edad. Si el ausente o impedido es un Fiscal Asistente, es reemplazado por el Fiscal Asistente más antiguo en el ejercicio del cargo. A igualdad de antigüedad ocupa el cargo el Fiscal Asistente de mayor edad”.
En lo que a sus funciones atañe, el artículo 8 que delimita las facultades del Fiscal Superior, dispone que tal funcionario deberá “instruir en el ámbito de su competencia al Fiscal Asistente Provincia, Fiscal Asistente Municipio y Fiscal Asistente Administrativo, para actuar en las vocalías respectivas y en la Secretaría Administrativa” (inciso 5) e “impartir instrucciones a los Fiscales Asistentes para actuar en cualquiera de las áreas del Tribunal, como en otros organismos que estima pertinente” (inciso 11). Conviene advertir aquí que no se encuentra en discusión en los presentes autos que el Tribunal de Cuentas de Misiones es un órgano de rango constitucional que se encuentra dentro de la órbita del Poder Ejecutivo provincial, gozando sus Vocales de idénticas prerrogativas que los miembros del Poder Judicial. Tampoco se pone en duda que, la exención contenida en el inciso p) del artículo 20 de la ley de ganancias, luego derogado por el artículo 1 de la ley 24.631, eximía del tributo en crisis a los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, miembros de los tribunales provinciales, vocales de las Cámaras de Apelaciones, jueces nacionales y provinciales, vocales de los tribunales de Cuentas y tribunales Fiscales de la Nación y las provincias.
Que ello así, a los fines de dilucidar la controversia, corresponde analizar el carácter que reviste el cargo de Fiscal Asistente Administrativo del Tribunal de Cuentas, dentro de la organización de las instituciones de esa provincia.
Que en efecto, es dable considerar que la intangibilidad de las remuneraciones de los funcionarios de los Tribunales Jurisdiccionales viene dada por la Constitución provincial y surgía de la norma exentiva –luego derogada- la que se circunscribía específicamente los Vocales que forman el Tribunal de Cuentas, mas no a personal que conforma en organismo, siempre teniendo en miras las funciones que se asignan a aquellos funcionarios, hecho que determina la posibilidad de equiparación que la actora erróneamente demanda. A mayor abundamiento, tal como se encuentra citado en párrafos precedentes, el artículo 140 de la Constitución provincial –en sustento del cual la recurrente se considera equiparada como funcionaria del organismo- se refiere a aquellos funcionarios judiciales que deben ser designados con acuerdo legislativo, lo que no ocurre en el caso de la apelante, designada exclusivamente por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Fiscal Superior, este último, no vinculante.
Que a tales efectos, para la interpretación de las normas en pugna corresponde remitirse a la doctrina legal sentada por nuestro Máximo Tribunal en “SZELAGOWSKI, Ricardo C. c/ Estado Nacional-AFIP” de fecha 28/09/2010 (Fallos 333:1841) (ver también “Fernández Arias c/ Poggio” (Fallos 247:656) ratificado -en lo sustancial- en “Angel Estrada y Cía. S.A”, sentencia de fecha 05/04/2005), en la que se dijo que, más allá de la ubicación del funcionario dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, los tribunales administrativos reconocen su razón de ser y sustento constitucional en la medida en que sean creados por ley; su independencia e imparcialidad estén asegurados; el objetivo tenido en cuenta por el legislador haya sido razonable y que sus decisiones estén sujetas al control judicial amplio y suficiente. En el referido precedente, la Corte hace hincapié en que la equiparación de aquellos funcionarios que no necesariamente forman parte del Poder Judicial radica en el carácter de las funciones que cumplen dentro del órgano jurisdiccional que integran, e interpreta que aquellas prerrogativas otorgadas no lo son en miras de la persona sino de la institución, encontrándose estrechamente vinculadas con el principio de control recíproco de los poderes, en tanto ejercen –entre otras funciones- un verdadero control de legalidad y constitucionalidad de los actos administrativos que llegan a su conocimiento.
Que en lo que aquí interesa, no es dable transpolar aquella intangibilidad prevista inicialmente por la ley de ganancias, en el artículo 20, inciso p) -luego derogado- al cargo que detenta la Sra. Villagra, desde que ab initio la dispensa alcanzaba únicamente a los Vocales del Tribunal de Cuentas, pero no al resto de los miembros que integran su personal.
Que asimismo, de la lectura de las normas que crean el cargo, no surge que las funciones que lleva a cabo el Fiscal Asistente Administrativo impliquen un compromiso a la independencia de organismo frente a aquellos que tienen la misión de contralor –léase, los Vocales- pues surge patente de las normas antes mencionadas que su labor es de asistencia al Fiscal Superior, cumpliendo con las ordenes por éste impartidas. Ello así, la equiparación que requiere es a todas luces absolutamente forzada. Que en definitiva, en el caso de autos, a la luz de las normas locales que se han referido en párrafos precedentes, surge con claridad que el ordenamiento jurídico de la provincia de Misiones ha previsto y amparado constitucionalmente una serie de garantías a los fines de preservar la independencia de los Vocales del Tribunal de Cuentas, teniendo presente que su órbita de control involucra los gastos públicos y la utilización de los fondos de la provincia, e inclusive su presupuesto. No obstante, aquellas prerrogativas se hallan claramente reservadas a los referidos funcionarios y no alcanza al resto del personal que forma parte del organismo, en atención a las funciones que aquellos cumplen.
Que en este orden de razonamiento y no existiendo otros agravios contra la determinación de oficio que impugna, corresponde confirmar la resolución recurrida por encontrarse alcanzadas por el impuesto a las ganancias las remuneraciones percibidas por el Sra. Yolanda Edith Villagra, en su carácter de Fiscal Asistente Administrativo del Tribunal de Cuentas de Misiones.
V. Que ahora bien, en cuanto a la sanción de multa aplicada en los términos del art. 45 de la Ley de rito corresponde señalar que dicha infracción requiere que no sólo se configure el elemento objetivo sino también el subjetivo, es decir, que se trate de una conducta típica negligente, presumiéndose la culpa, que lleva al sujeto a obrar con inobservancia de los deberes y obligaciones que lo alcanzan como contribuyente, y que previendo el resultado disvalioso posible, no adopta las medidas diligentes necesarias para mantener indemne el bien jurídico tutelado, es decir, la renta fiscal.
En cuanto este último aspecto, procede valorar que en el caso particular el empleador -agente de retenciónha expresado las razones por las cuales no efectuó a su personal retenciones de cuarta categoría (vide fs. 142/148 de las actuaciones administrativas) -incluyendo a la aquí apelante- sustentando ello en una consulta efectuada a la AFIP que luce a fs. 149/150 de dichas actuaciones, todo ello, bien pudo generar el convencimiento en la actora de estar actuando conforme a derecho. Sumada a ello, que la complejidad de la norma originó diversas interpretaciones que bien pudieron haber impedido a la contribuyente, aun actuando con la debida diligencia, comprender su verdadero significado. Por ello, en la especie cabe entender que se configura un “error excusable” tal como afirma la apelante en su libelo recursivo, y corresponde revocar la multa aplicada. Las costas se imponen por su orden, en atención a que ambas partes pudieron creerse legítimamente con derecho a litigar.
El Dr. Pérez dijo:
I. Que adhiero al relato de los hechos de la causa que efectúa el Vocal preopinante y a las conclusiones que arriba en su voto en el sentido de confirmar el acto recurrido ante esta instancia en cuanto a la determinación del gravamen y sus accesorios.
En efecto, conforme se desprende de la Constitución de la Provincia de Misiones (artículo 132) “El Tribunal de Cuentas estará compuesto por un presidente, abogado, y dos vocales, contadores públicos, todos inamovibles, nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Representantes. No podrán tener ningún otro empleo ni ejercer profesión”.
Por su parte el art. 133 de la misma establece las atribuciones del Tribunal de Cuentas, a saber: 1. Examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas, tanto provinciales como municipales y de reparticiones autárquicas; aprobarlas o desaprobarlas y, en este último caso, indicar el funcionario o funcionarios responsables, como también el monto y la causa de los alcances respectivos. A tal fin los poderes públicos, las municipalidades, y los que administren los caudales de la Provincia, estarán obligados a remitir anualmente las cuentas documentadas de los dineros percibidos e invertidos, para su aprobación o desaprobación. El Tribunal se pronunciará en el término de un año de la presentación; de lo contrario se tendrán por aprobadas sin perjuicio de la responsabilidad de los miembros del Tribunal. 2. Inspeccionar las oficinas provinciales y municipales, que administren fondos públicos y tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier irregularidad, en la forma y con arreglo al procedimiento que determine la ley. 3. Fiscalizar las cuentas de las instituciones privadas que reciban subsidios del Estado provincial.
La Constitución en sus cláusulas transitorias establece que la Legislatura sancionará a la brevedad posible y preferentemente las leyes: orgánica municipal; orgánica del Poder Judicial; del juicio político; organización de ministerios; del Tribunal de Cuentas; de Contabilidad; de Educación; reglamentaria de los derechos sociales; del Estatuto del Empleado Público; del docente; y de bosques y tierras públicas. Que la LEY I - Nº 3 (Antes Decreto Ley 1214/60), en consonancia con lo dispuesto por la Carta Magna Provincial, establece que el Tribunal de Cuentas tiene las atribuciones establecidas por la Constitución y las que marca dicha Ley, funcionando de acuerdo con las prescripciones de las mismas. Establece que el Tribunal de Cuentas es el órgano competente para examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas de la Provincia, de los municipios y de las entidades autárquicas, aprobándolas o desaprobándolas dentro del plazo de un (1) año de su presentación. Ratifica que de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 132 de la Constitución de la Provincia, el Tribunal de Cuentas está compuesto por un (1) Presidente con título de Abogado y dos (2) Vocales, con título de Contador Público, todos expedidos por universidad legal argentina, los que deben ser argentinos nativos o naturalizados con diez (10) años de ejercicio de la ciudadanía. Dispone además que los miembros del Tribunal de Cuentas son nombrados por el Poder Ejecutivo con el acuerdo de la Cámara de Representantes. Son inamovibles, conservando sus empleos mientras dura su buena conducta y capacidad; y que su remoción se hace mediante el procedimiento establecido en el Artículo 158 y siguientes de la Constitución Provincial. La misma ley que venimos comentando prevé el nombramiento de un Fiscal Superior, con las mismas incompatibilidades que los Vocales del Tribunal de Cuentas, designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Representantes y de Fiscales Asistentes quienes son designados por el Poder Ejecutivo con intervención del Fiscal superior, sin que ésta sea vinculante.
Las funciones del Fiscal Superior son: 1) tomar vista previa en la designación, promoción y remoción del personal dependiente del Tribunal de Cuentas; 2) tomar vista previa de toda decisión que adopta el Tribunal de Cuentas de la Provincia respecto al control de legalidad de las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas provinciales, municipales, entes autárquicos, organismos descentralizados, empresas del Estado y/o en los que este último tiene participación, quedando comprendidos los juicios administrativos de responsabilidad, la fiscalización del cumplimiento de las leyes y reglamentos relativos a la utilización de los recursos financieros-patrimoniales, declaración de responsabilidad y el correspondiente cargo en el orden administrativo cuando corresponde, presentación del Presupuesto de Gastos del Tribunal, autorización y aprobación de los gastos.
Esta vista previa alcanza a todo proceso o causa en trámite ante el Tribunal de Cuentas; 3) interponer recurso de apelación directo dentro del término de cinco (5) días hábiles posteriores a su notificación personal, ante el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, para el caso de no coincidir el Fiscal Superior con la decisión adoptada por el Tribunal de Cuentas, a los fines de que el máximo Tribunal resuelva en definitiva sobre la cuestión. La interposición del recurso de apelación en todos los casos tiene efecto suspensivo sobre lo resuelto por el Tribunal de Cuentas. Se aplican en forma supletoria y en lo pertinente las normas contenidas en el Código Procesal Civil, Comercial, de Familia y Violencia Familiar de la Provincia de Misiones; 4) intervenir como última instancia administrativa respecto a la interpretación y/o aplicación que debe darse a una norma jurídica, en el caso de divergencia entre distintas direcciones, dependencias u organismos del Tribunal de Cuentas; 5) instruir en el ámbito de su competencia al Fiscal Asistente Provincia, Fiscal Asistente Municipio y Fiscal Asistente Administrativo, para actuar en las vocalías respectivas y en la Secretaría Administrativa; 6) supervisar, coordinar y ejercer el contralor de la gestión específica, general y administrativa del organismo; 7) intervenir en las sesiones en que el Cuerpo decide sobre el examen de las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas provinciales, municipales y de los organismos autárquicos e instituciones privadas que reciben subsidios del Estado, sea para aprobarlas o desaprobarlas; 8) intervenir en toda decisión que ordena inspeccionar las oficinas provinciales, municipales y las que son dependientes de los demás organismos precedentemente mencionados, que administran fondos públicos y adoptar las medidas necesarias para prevenir y corregir cualquier irregularidad, con arreglo al procedimiento que determina la ley orgánica; 9) tomar intervención en toda actuación administrativa del Tribunal, la falta de intervención del mismo determina la nulidad absoluta del acto; 10) autorizar las erogaciones y decisiones funcionales que se requieren para desarrollo de las tareas asignadas al Fiscal Superior; 11) impartir instrucciones a los Fiscales Asistentes para actuar en cualquiera de las áreas del Tribunal, como en otros organismos que estima pertinente.
Además, la ley fija su remuneración en el noventa por ciento (90%) de lo que percibe el Presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia; en tanto los Fiscales Asistentes (Provincia, Municipio y Administrativo), tienen como remuneración el noventa por ciento (90%) de lo que percibe un Vocal del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Por su parte, si bien la Ley I - Nº 45 (Antes Decreto Ley 2012/83) estableció a partir de 1 de Diciembre de 1983, para el Personal de Planta Permanente del Tribunal de Cuentas de la Provincia, el régimen de remuneraciones vigente para el Personal del Poder Judicial, detallando a tal efecto en la planilla anexa las categorías del escalafón del Poder Judicial y las del Tribunal de Cuentas, las cuales percibirán iguales remuneraciones por todo concepto según corresponda; no se advierte que estén allí incluidos el cargo de los Fiscales, quienes por la propia Ley LEY I - Nº 3 (Antes Decreto Ley 1214/60), tenían asignadas sus remuneraciones en un porcentaje de los vocales miembros del Cuerpo.
Del análisis de la normativa hasta aquí expuesta, en especial de la constitución provincial, se concluye que las funciones del Tribunal de Cuentas están asignadas exclusivamente a los Vocales, que son quienes lo conforman. En tanto que los Fiscales no tienen las mismas funciones y atribuciones que los Vocales que lo integran, no encontrándose dichos cargos previstos en la norma constitucional provincial.
Ello así, cabe concluir que el cargo desempeñado por la aquí actora no tiene asignadas funciones jurisdiccionales que deban ser resguardadas con todos los principios constitucionales que aseguren su independencia, entre ellas la intangibilidad de sus remuneraciones, por el contrario, como lo evidencia el Vocal preopinante en su voto, su actuación se encuentra sujeta a las instrucciones impartidas por el Fiscal Superior.
Por lo expuesto, voto por confirmar la resolución apelada en cuanto a la determinación del gravamen y sus accesorios, con costas.
II. Que ahora bien, en cuanto a la sanción de multa aplicada en los términos del art. 45 de la Ley de rito, adhiero al considerando V del voto del Vocal preopinante. En cuanto a las costas, en este aspecto entiendo que corresponde imponerlas por su orden, en atención a que los argumentos por los cuales se revoca la multa no son imputables al Fisco Nacional.
El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Magallón.
Por ello, SE
1. Confirmar la resolución apelada, en tanto determina impuesto e intereses resarcitorios, con costas.
2. Revocar la multa aplicada, costas por su orden.
Regístrese. Notifíquese. Cumplido, procédase a su impresión para ser agregada al expediente papel. Date: 2023.12.13 11:44:41 ART Date: 2023.12.13 12:05:53 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.12.13 17:06:39 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.12.13 17:07:14 -03:00
Fin de la sentencia