Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto, sin costas en esta instancia.
II. Casar la SENTENCIA a nivel de la calificación legal y condenar a ISAIAS ADRIAN VILLARREL como autor responsable del delito de suministro gratuito de estupefacientes destinado al consumo personal en concurso real con homicidio imprudente (art.5 último párrafo en función del inciso “e” de la ley 23.737, art.84, art.55, 45 del Código Penal).
III. REENVIAR las actuaciones a la instancia para que, mediante un tribunal integrado por jueces hábiles y previa audiencia de cesura de juicio, se determine el monto de la pena a imponer al acusado (conf. art.5 último párrafo en función del inciso “e” de la ley 23.737, art.84, art.55, 45 del Código Penal 18 y 75 inc. 22, Constitución Nacional.; 8.2.h, CADH.; 14.5, PIDCyP;; 371, 372, 373, 448, 450, 454, 459 y 460, Código Procesal Penal).
IV. Regular los honorarios profesionales del doctor Carlos Beldi, por la labor parcial desarrollada en esta instancia, en un 15% de la suma fijada en origen.
Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22, de la Constitución Nacional; 14.5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.h), de la Convención Americana de Derechos Humanos; 15, 168 y 171, de la Constitución Provincial; art.5 último párrafo en función del inciso “e” de la ley 23.737, art.84, art.55, 45 del Código Penal; 1, 3, 106, 209, 210, 371, 372, 373, 454, 459, 460, 461, 530 y 531, del Código Procesal Penal; y ley 14967.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA procede al dictado de la sentencia definitiva en el marco de la Causa N° 98022 caratulada “VILLARREAL ISAIAS ADRIAN S/ RECURSO DE CASACION”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL - MAIDANA .
I. El Tribunal en lo Criminal n° 7 del Departamento Judicial de San Isidro mediante el pronunciamiento dictado el 25 de Abril de 2019 (en la causa 3871. Reg. Libro II/2019) condenó a Adrián Isaías Villarreal a la pena de catorce (14) años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable del delito de Abandono de Persona seguida de muerte y suministro de estupefacientes a título gratuito (arts.5,12,19,23,29 inc.3ero,40,41,45,55 y 106 primer y tercer párrafo del Código Penal y art.5 último párrafo en función del inciso “e” de la ley 23.737, arts.375, 530,531 y cctes del Código procesal Penal)
La defensa del acusado interpuso recurso de casación (fs. 56/69). Su agravio central se vincula con la calificación legal asignada a la conducta infraccionaria atribuida a su asistido.
En lo esencial, embate contra el veredicto y sentencia desde que entiende exhiben un razonamiento arbitrario y de ningún modo constituyen derivación razonada del derecho vigente. Sostiene que el Tribunal de juicio ha omitido considerar el sustrato fáctico que era claramente indicador de una autopuesta en peligro de la víctima, que las mismas narraciones recogidas durante el debate permiten comprender el comportamiento asumido por quien finalmente falleciera, comportamiento de una persona que asume conscientemente el riesgo que involucra la ingesta de alcohol y drogas. En resumen de su posición, invoca que nos encontramos ante una autopuesta en peligro, situación que se da respecto de quien asumiendo el riesgo inminente de ser dañado por la conducta del autor, expone sus bienes jurídicos a la posibilidad de una lesión concreta, que en efecto se llega a producir, imputándose el resultado lesivo no al autor sino a la víctima, lo que trae como consecuencia su exclusión en sede de tipicidad. (fs 62vta)
Seguidamente critica la imposibilidad de subsumir la conducta en la infracción prevista en el art.106 de Código Penal. En relación a que con motivo de la muerte se aplicó el supuesto agravado cuestiona la relación de causalidad dado que al atribuírsele a su asistido una conducta omisiva no ha podido establecerse si la acción debida hubiera evitado la producción del resultado. Finalmente agrega que debe considerarse que, en función de las consideraciones que vuelca a fs 64, su asistido pudiera haberse encontrado bajo un déficit de conocimiento propio del error de tipo, especialmente sobre las circunstancias que fundamentan la posición de garante y concluye que, en cualquier caso, como hipótesis subsidiaria en caso de confirmarse el veredicto debe readecuarse la calificación legal asignada a la infracción del art.84 del C.Penal. En este punto cuestiona los razonamientos sobre el tipo subjetivo.
Para concluir con los motivos de agravio denunciados, es de destacar que critica la falta de motivación de la pena impuesta, señalando las reglas infraccionadas y la solución que se pretende. Hizo reserva de caso federal.
III. Con la adjudicación por sorteo del recurso en la Sala, se notificó a las partes.
Ya con la intervención del Señor defensor oficial ante esta instancia se mantuvo la impugnación deducida, y al desistir de la audiencia de informes, agregó el memorial obrante a fs 95/102 vta, oportunidad en la que sobre la base de los motivos originarios de agravio se explaya ampliando los fundamentos al amparo de la errónea interpretación y aplicación de la regla del art.106 del código penal. En este sentido, explica la ausencia de presupuestos para poder subsumir los hechos probados en el molde tipológico de la regla de mención. Examina a su vez diferentes aspectos que hacen a la asunción de riesgo por parte de la víctima, la imposibilidad de atribuir el resultado a quien no tenía el deber de evitarlo. En la misma línea de crítica, cuestiona que se haya descartado el error de tipo, la falta de fundamentación de la sanción individualizada y la infracción a las reglas concursales al aplicar aquella prevista por la norma del art.55. A su turno, la señora fiscal ante esta sede postuló el rechazo de la impugnación, por considerar acertada la calificación legal establecida en el fallo, reparando en que el acusado era consciente de la situación en que se encontraba la víctima en el momento en que la aloja en el sillón necesita de atención. Por lo demás sostiene la individualización de la pena y la aplicación de las reglas concursales. (fs. 105/112vta). Puesto los autos que se remiten desde Presidencia a disposición de esta Sala, ya en condiciones de resolver, con fecha 21 de mayo de 2020, El Tribunal se encuentra en condiciones de resolver, por lo que se plantean y votan las siguientes
Primera: ¿Es procedente el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión, el señor juez, doctor Carral dijo:
I. El Tribunal de la audiencia tuvo por acreditada la siguiente materialidad infraccionaria:
“… desde horas tempranas de la noche –alrededor de las 19 hs- del día 2 de junio de 2017, y luego que quedara trunco un viaje a la isla de Tigre, ISAIAS ADRIAN VILLARREL invitó a L.M.O. a recorrer distintos lugares y domicilios de la localidad de Tigre, encargándose de comprar bebidas alcohólicas y cocaína, las cuales consumió y le suministró gratuitamente a la joven O. Puntualmente, el convite para consumir cocaína –que fue mezclada con alcohol- ocurrió a las 20:30 hs en el domicilio de Matías Della Rocca sito en Montes de Oca Nro.72 de Tigre, continuó en la zona de la Villa Garrote de esa misma localidad y terminó a las 00:30 hs del día siguiente -3 de junio de 017- en la vivienda de Pablo Agustín Paz Gutiérrez sita en la calle Moreno cas 14 de la localidad de Benavidez, Partido de Tigre. De allí, Villarreal y O., se retiraron transcurridas varias horas de consumo de alcohol y cocaína; y alrededor de las 04:00 hs de la madrugada llegaron a la casa de la tía de Villarreal ubicada en la calle Maraboto 2620 de Benavidez con el fin de seguir de “gira”. En esta vivienda, y a sabiendas del estado de vulnerabilidad que presentaba L. M. O., provocado por la ingesta de bebidas y drogas en exceso, Isaias Adrián Villareal la privó de los auxilios y cuidados necesarios que su salud y vida requerían, pues cuando se disponían a salir de la casa y L.M.O. trastabilló y cayó, el imputado Adrián Isaías Villarreal solo la recostó sobre un sillón negro que estaba en la entrada de la casa. Luego, alrededor de las 08:30 y con la ayuda de Paulo Acosta, la trasladó a otro sillón tipo futón quedándose a dormir con ella, para posteriormente advertir su deceso en el horario aproximado de las 12:00 horas” (fs20vta/21)
II. Inicialmente corresponde destacar que muchas de las proposiciones fácticas que integran la narración de la plataforma de imputación atribuidas desde la acusación y consideradas como probadas en el veredicto, no aparecen controvertidas en el recurso impetrado, siendo además que tales extremos han encontrado suficiente corroboración a partir de la prueba producida durante la audiencia de debate.
Sobre este punto, la colega y los colegas de la instancia anterior han destacado con minucioso detalle el derrotero seguido por el imputado y la señorita L.M.O., víctima de autos, aspecto que se encontró adecuado sustento en las declaraciones vertidas en particular por Matías Della Rocca; Pablo Agustín Paz Gutierrez, Lucía Daiana Villarreal, Eduardo Oscar Ibarra, María Luisa Villarreal, Paulo Javier Acosta, quienes durante las horas de esa noche y el inicio del día posterior interactuaron con ellos. En ese mismo sentido también se ha relevado los funcionarios que constataron en parte el trayecto que siguiera la pareja, tratándose de los aportes testimoniales que brindaron Marcos Azarán, Paula Daniela García y Facundo Nicolás Adamo, preventores que tuvieron como misión identificar a través de las video-filmaciones obtenidas la individualización tanto del imputado como de su acompañante. Sus dichos también aparecen aquí incontrovertibles desde el soporte de filmación que también forma parte de la prueba disponible.
En esa misma línea tampoco resulta controvertido el suministro gratuito de estupefacientes, que a manera de convite le fue proporcionado también por el aquí imputado. Del mismo modo el consumo de alcohol y la ingesta reiterada de las sustancias tóxicas. En ese contexto ambos compartieron el consumo y la ingesta.
No viene a cuento ni tampoco interesa internarse en la historia vital de la víctima, quien, como toda persona condicionada por adicciones ofrece flancos de vulnerabilidad en su persona. No obstante, la materialidad infraccionaría narrada en la cuestión primera del veredicto es clara al describir el convite de alcohol y cocaína, los diferentes momentos del consumo, la interrelación con otras personas, lo que permite inferir que esa ingesta fue voluntaria y, aunque allí no se aclara la conexión con el resultado acecido, sí se releva en la descripción del cuadro probatorio lo dictaminado por el doctor Federico Corasaniti, médico que practicó la autopsia, quien brindó precisiones sobre el condicionamiento del consumo de las sustancias tóxicas y la forma en que se desencadenó el proceso que concluyo en la muerte.
III. Sentado lo anterior, corresponde ingresar en el tratamiento del agravio medular que se plantea desde la impetración del recurso y sobre el que, a su vez, se ha profundizado en esta sede a partir de la ampliación de fundamentos ofrecida por el Señor defensor ante esta instancia y que versa, en lo esencial, respecto de la errónea aplicación e interpretación de la norma del art.106 del Código Penal. Vale entonces repasar cual ha sido la fundamentación esgrimida en la sentencia para arribar a la conclusión que se embate desde la defensa.
Una primera aclaración es que la argumentación que sustenta la calificación finalmente asignada fue tratada sustancialmente en el veredicto mismo, en tanto, al momento del dictado de la sentencia, la cuestión respectiva abordó con escasos argumentos la exclusión de la figura imprudente que era sostenida como alternativa subsidiaria desde la defensa.
Más allá de ello, en lo que aquí importa, el razonamiento del Tribunal de la audiencia parte de una premisa que describe en los siguientes términos: “En efecto, las propias expresiones del imputado Villarreal permiten sostener que la cantidad de drogas y alcohol que él suministrara en forma gratuita a Luna Ortiz en reiteradas ocasiones y durante el prolongado lapso de algo más de ocho horas en el que estuvieron juntos, generaron la creación de un peligro cierto para la integridad física y la vida de la víctima” (fs 43vta)
Luego, ese razonamiento continúa explicando que la situación de vulnerabilidad de la víctima impide “[p]resentar el suceso como un caso de competencia exclusiva de la víctima sobre su propia lesión, tal como pretende la defensa, no obstante su consumo voluntario de alcohol y droga”.
La posición de garante que colocan en cabeza del imputado Villarreal, a juicio del Tribunal se asienta en la posición dominante que mantuvo el mismo desde que fue “[d]irigiendo el recorrido nocturno en todo momento…” y que en consecuencia “[s]ólo a él obligaba a velar por la preservación del estado de salud de la víctima”.
Ahora bien, inicialmente entiendo necesario deslindar algún concepto que de algún modo se entremezcla en el análisis de la sentencia en crisis.
Una cosa es el suministro gratuito de estupefacientes y otra diferente es la ingesta voluntaria de la sustancia tóxica. Aquí nadie ha puesto en duda que la víctima asumió el consumo de alcohol y drogas de manera voluntaria, y así lo reafirman todas las declaraciones recibidas durante el debate y suficientemente reseñadas en el veredicto. De todas formas y aun cuando luego volveré sobre este extremo, bajo determinadas circunstancias esto no importa asumir el desenlace muerte a propio riesgo o, al menos como una concreción del resultado que obedezca exclusivamente al complejo de riesgo del que es competencia exclusiva la administración de la organización a cargo de la víctima. Sin embargo, aun así, esto no habilita un razonamiento que sólo se apoya en acumular adjetivaciones para erigir una posición de garante con obligaciones de evitación que tampoco se compadecen con el cuadro de ambos integrantes sumidos involucrados en el consumo problemático de sustancias estupefacientes.
La distinción que acabo de adelantar algunos párrafos atrás, es crucial si se aprecia que el tribunal realiza la tarea de subsunción en la infracción del art.106 bajo el medio comisivo de “colocar en situación de desamparo” (fs 43vta) a lo que luego agregó a partir de una situación de riesgo que él mismo [Villarreal] creó” (fs 44).
Es que, más allá de los niveles de riesgo que separan el art.79 del art.106 en su tramo calificado del último párrafo, lo que está claro es que debe corroborarse una conducta que haya “puesto” en peligro de muerte (por cierto remoto en el caso de abandono de persona) pero además con un deber especial de evitación (posición de garante). La puesta en peligro por colocar a L.M.O en situación de desamparo, según siempre la descripción que sigue en esto el tribunal, no surge como una acción atribuible al riesgo generado por el autor, no es eso, ciertamente, lo que determina alguna calidad de deber especial. En términos más específicos no puede tomarse que el comportamiento seguido por su compañero de “gira” (así el término utilizado en el texto original), alcance el umbral de la injerencia como fuente material de una posición de garante. La relación en todo caso, puede surgir en un momento posterior y, como se verá, sobre la base de otro contexto normativo.
La situación de deterioro agudo que se produjo no le fue impuesta desde un riesgo externo a la conducta de la víctima y, en función de ello, la atribución de esa creación de riesgo a costo del imputado resulta contradictoria con otros pasajes del mismo veredicto donde se destaca la voluntariedad del consumo y omite considerar la totalidad de a prueba que ha sido clara en ese sentido.
Cuando la norma bajo análisis habla de colocar a otra persona en situación de desamparo que ponga en peligro su salud, es importante considerar que el sentido normativo de la expresión remite a “poner”, “exponer” a una persona que no estaba desamparada ni corría riesgos en una situación que sí implique un peligro para su vida o su salud.
Sin embargo y, en cualquier caso, la situación es penalmente relevante a los efectos de esta infracción en la medida que la persona, a quien se le atribuye responsabilidad, tenga un deber especial de garantía de que ese peligro no se concrete.
La discusión en torno a la importancia del peligro que asume la víctima a propio riesgo ha cobrado especial relevancia desde que el Superior Tribunal Alemán varió una jurisprudencia que había mantenido vigente durante largo tiempo. Según aquella doctrina judicial, ya dejada de lado, se consideraba que cuando alguien suministraba droga de cierta peligrosidad (en el caso se trataba en general de heroína) se convertía, en general, en responsable de homicidio imprudente, si le era conocido o tenía que contar con que el heroinómano se iba a inyectar la droga, y si hubiera sabido o habría podido saber la peligrosidad de la sustancia entregada. (BGH NstZ 1981,350, citada por Roxin, en Derecho penal, Parte General, Tomo I, p.389, Ed.Civitas, 2da edición, Madrid, 1997). Sin embargo, el profesor de Munich pone de resalto el giro de la jurisprudencia rechazando la imputación de tales casos al tipo objetivo de los delitos homicidio. (BGHst 7,112;17,359,entre otras)
La nueva interpretación señala que: “las autopuestas en peligro queridas y realizadas por propia responsabilidad no son subsumibles en el tipo de un delito de lesiones o de homicidio si se realiza el riesgo conscientemente corrido con la puesta en peligro. Quién meramente incita, posibilita o facilita tal autopuesta en peligro no es punible por un delito de lesiones o de homicidio”. Sin embargo, también aclara el autor que, esa jurisprudencia, no siempre se ha mantenido consecuentemente, reconociéndose casos de imputación imprudente.
Recientemente, integrando la Sala III de este Tribunal coincidimos en el voto mayoritario con el doctor Borinsky, (el doctor Violini se inclinó por la absolución) al confirmar la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Nro.2 del Departamento Judicial de San Isidro por la que, en definitiva se condenó por “Homicidio Imprudente”, (Causa Di Crocce Lucio N, causas Nº 91100 y acollaradas, Víctima Salama Aldana, resuelta 19/05/2020), caso que presentaba grandes similitudes con la discusión aquí entablada y que, a diferencia de lo sostenido por el Señor fiscal de juicio al momento de la discusión final en esta causa (tal como se desprende del acta de debate), también allí la muerte se desencadenó a partir del consumo de estupefacientes, sólo que, en ese caso, la acusación no incluyó en la imputación el suministro a título gratuito, probablemente por la insignificancia frente al abandono de persona que perseguía como hipótesis principal de acusación).
Como anticipara, en la adhesión al voto que concitó mayoría para confirmar la sentencia de grado, oportunamente señalé: “Es que debe distinguirse la decisión autoresponsable en la ingesta de estupefacientes, donde rige la autonomía de la voluntad de una persona no vulnerable, de un momento distinto en la cronología, narrada con detalle en el veredicto, donde la víctima no se ha sustraído a las acciones de salvamento.
Que la autolesión de la víctima pueda ser considerada atípica no releva de la obligación de realizar acciones de salvamento, en el momento en que ésta pierde ya toda autonomía y se encuentran ligados por la empresa riesgosa asumida previamente en forma mancomunada.
En cualquier caso, es preciso tener en cuenta que no necesariamente debe preceder un comportamiento antijurídico para que emerjan deberes de salvación. Aun en algunos casos de acciones previas de riesgo permitido se derivan deberes de salvación. (Cfr. Jakobs, Günther; Derecho Penal, Parte General, Editorial Marcial Pons, pág.983 y sgtes.)
Es importante no perder de vista quiénes eran los sujetos competentes para la evitación del resultado en el momento en que el riesgo se realiza. Desde este punto de vista, la atención debe centrarse en que el “dominio del hecho” que tiene la víctima no es el punto decisivo, sino, en todo caso, si es clara la renuncia de la víctima a la protección de sus bienes jurídicos. Desde este enfoque, nada autoriza a inferir que la asunción voluntaria del consumo de estupefacientes implicara aceptar el desenlace de una muerte”.
En suma, lleva razón la crítica defensista en lo atinente a que la imputación no puede adecuarse típicamente en los confines del delito conocido en doctrina como “abandono de persona”. En lo esencial, debe repararse que la estructura típica de la regla en cuestión exige un primer tramo de abandono a la causalidad como norma de peligro(remoto), con claro conocimiento y control del riesgo y del abandono o exposición, diríamos “a su suerte”, y por otro lado en el caso de la regla agravada por el resultado, la conexión funciona del modo en que la antigua doctrina definía a los delitos preterintencionales, vale decir un resultado imprudente, mientras que si el resultado se diera en un contexto previo de generación de riesgo concreto (no remoto) bajo conocimiento y control, se daría directamente el tipo de homicidio o lesiones doloso correspondiente bajo la modalidad de omisión impropia.
En este aspecto nada de la prueba recabada puede sostener un razonamiento donde el imputado expusiera de manera coactiva a la víctima a un riesgo conocido, con conocimiento y control (dolo). Asentar inferencias a partir de esa premisa, no corroborada y desacertada en su definición, es obviar toda consideración sobre la autonomía de voluntad de una persona mayor de edad sin otro condicionamiento que la adicción que ambos integrantes de la pareja compartían.
El aquí imputado no tenía el deber de evitar que la víctima consumiera estupefacientes, hasta ahí lleva razón la defensa en su embate, tan así que incluso en vínculos conyugales se acepta pacíficamente que no hay obligación de evitar autopuestas en peligro del otro, pero lo cierto es que la cognoscibilidad del riesgo que, en este caso, juntos asumieron los coloca en una situación de protección y control mutuo, que ingresa en la modalidad omisiva del tipo imprudente, especialmente cuando hay un tramo de los hechos atribuidos donde se advierte la posibilidad de evitación y para ello bastaba con acudir al auxilio de un servicio de emergencias, cuando, al menos, todavía era eso posible de acuerdo a la cronología de los hechos y la lesionada no se encontraba en posibilidades de requerirlo.
En consecuencia, si bien progresa el agravio por el que resulta inaplicable la figura del art.106, los hechos probados permiten, en concordancia con el planteo subsidiario de la defensa en su recurso, adecuar la imputación a la infracción del art.84 del Código Penal.
No sucede lo mismo con el cuestionamiento del suministro gratuito de estupefacientes para consumo personal, en tanto allí se critica la modalidad concursal atribuida en la sentencia.
En este aspecto he de coincidir con el razonamiento del tribunal de la audiencia, dado que la acción típica del suministro es anterior e independiente del desvalor por incompetencia para evitar el luctuoso resultado de la intoxicación, razones que validan su ingreso bajo los parámetros de la regla del art.55.
Como corolario de lo hasta aquí expuesto, en caso de prosperar a mi postura en el acuerdo, propongo: VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA. Así lo voto.
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, al voto del doctor Carral; y me pronuncio en idéntico sentido, PACIALMENTE POR LA AFIRMATIVA. Así lo voto.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
Que de conformidad al resultado que arroja el tratamiento de la cuestión precedente, corresponde: I) HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación interpuesto, sin costas en esta instancia; II) CASAR LA SENTENCIA a nivel de la calificación legal y condenar a ISAIAS ADRIAN VILLARREL como autor responsable del delito de suministro gratuito de estupefacientes destinado al consumo personal en concurso real con homicidio imprudente ( art.5 último párrafo en función del inciso “e” de la ley 23.737, art.84, art.55, 45 del Código Penal); III) REENVIAR las actuaciones a la instancia para que, mediante un tribunal integrado por jueces hábiles y previa audiencia de cesura de juicio, se determine el monto de la pena a imponer al acusado (conf. arts. art.5 último párrafo en función del inciso “e” de la ley 23.737, art.84, art.55, 45 del Código penal 18 y 75 inc. 22, Const. Nac.; 8.2.h, CADH.; 14.5, PIDCyP;; 371, 372, 373, 448, 450, 454, 459 y 460, Código Procesal Penal); IV) REGULAR los honorarios profesionales del doctor Carlos Beldi por su tarea parcial ante esta etapa recursiva en un 15 % de los honorarios regulados en la instancia. Así lo voto.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Que vota en igual sentido que el doctor Carral, por sus fundamentos. Así lo voto.
Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente:
I. HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación interpuesto, sin costas en esta instancia.
II. CASAR LA SENTENCIA a nivel de la calificación legal y condenar a ISAIAS ADRIAN VILLARREL como autor responsable del delito de suministro gratuito de estupefacientes destinado al consumo personal en concurso real con homicidio imprudente (art.5 último párrafo en función del inciso “e” de la ley 23.737, art.84, art.55, 45 del Código Penal).
III. REENVIAR las actuaciones a la instancia para que, mediante un tribunal integrado por jueces hábiles y previa audiencia de cesura de juicio, se determine el monto de la pena a imponer al acusado (conf. art.5 último párrafo en función del inciso “e” de la ley 23.737, art.84, art.55, 45 del Código Penal 18 y 75 inc. 22, Constitución Nacional.; 8.2.h, CADH.; 14.5, PIDCyP;; 371, 372, 373, 448, 450, 454, 459 y 460, Código Procesal Penal).
IV. REGULAR los honorarios profesionales del doctor Carlos Beldi, por la labor parcial desarrollada en esta instancia, en un 15% de la suma fijada en origen.
Rigen los arts. 18 y 75 inc. 22, de la Constitución Nacional; 14.5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.2.h), de la Convención Americana de Derechos Humanos; 15, 168 y 171, de la Constitución Provincial; art.5 último párrafo en función del inciso “e” de la ley 23.737, art.84, art.55, 45 del Código Penal; 1, 3, 106, 209, 210, 371, 372, 373, 454, 459, 460, 461, 530 y 531, del Código Procesal Penal; y ley 14967.
Regístrese, notifíquese y remítase a la Mesa Única General de Entradas para su devolución a origen.
Suscripto y Registrado en la Ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital del Actuario (Ac. 3975/20), bajo el N°
Fin de la sentencia