Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala III de Mar del Plata · Causa 185.616
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Declarar mal concedidos los recursos de apelación interpuestos por la parte actora el 08/10/2025 y por la demandada el 20/11/2025;
II. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada el 19/09/2025;
III. Imponer las costas de alzada a los apelantes en sus respectivos recursos;
IV. Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967); V)
Expte.N°185.616 Juzgado Civil y Comercial N°11 En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Tercera, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “VILLAVERDE, DANIEL JAVIER C/ TOTAL ESPECIALIDADES S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” [c.
185.616], habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Ricardo D. Monterisi. El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª) ¿Han sido bien concedidos los recursos de apelación interpuestos por los actores el 08/10/2025 y por la demandada el 20/11/2025?
2ª) ¿Es fundado el recurso de apelación interpuesto el 19/09/2025 por la demandada?
3ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J.
Loustaunau dijo:
I. Toda vez que el tribunal de alzada está habilitado para revisar de oficio la concesión de los recursos que llegan a su conocimiento, en virtud de que en este punto el órgano ad quem no está ligado por la conformidad de las partes, ni por la resolución de la instancia anterior (Hitters, Juan C., Técnica de los recursos ordinarios, 2ª ed., Platense, La Plata, 2004, p. 87, n.º 30; Falcón, Enrique M. – Colerio, Juan P., Tratado de derecho procesal civil y comercial, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2009, t. VIII, p. 82/85; Quadri, Gabriel H. – Rosales Cuello, Ramiro – Sosa, Toribio E., Tratado de los recursos, Astrea, Buenos Aires, 2019, t. 1, p. 93/94, n.° 42), corresponde examinar la admisibilidad de los recursos interpuestos los días 08/10/2025 y 20/11/2025.
En relación al recurso de la parte actora presentado el día 08/10/2025, corresponde puntualizar que, en el ámbito del proceso sumarísimo, de acuerdo a lo previsto por el art. 496, inc. 2°, del Código Procesal Civil y Comercial de la Prov. de Bs. As. (en adelante, CPCC), el recurso de apelación debe ser interpuesto en el plazo de dos días de notificada la sentencia.
Bajo esas condiciones, constato que el referido recurso fue aducido extemporáneamente, debido a que la resolución apelada fue notificada el día 16/09/2025 y, consecuentemente, el término para presentar el remedio indicado feneció el día 18 del referido mes, con más las cuatro primeras horas del despacho correspondientes al día siguiente hábil (art. 124, CPCC). Consecuentemente, al haber sido interpuesto con fecha 08/10/2025 –y sin dejar de considerar la suspensión de plazos ocurrida a partir del día 22/09/2025 por el término de 10 días hábiles–, verifico que el recurso de los demandantes no fue concedido correctamente.
Por lo demás, en cuanto a la alegación de los actores según la cual, luego del dictado de la sentencia, comparecieron al juzgado del trámite y no pudieron consultar el expediente por hallarse fuera del organismo (vid. su presentación del 31/10/2025), basta con decir –para poner en evidencia que el argumento no es admisible– que, además de no encontrarse en modo alguno acreditada dicha circunstancia, lo cierto es que, aún en esa hipótesis, la situación relatada no constituye un supuesto de suspensión del plazo para apelar (arts. 155 y 157 in fine, CPCC).
Otro tanto constato con relación al recurso de la demandada aducido con fecha 20/11/2025. En efecto, la resolución que concedió la apelación presentada por los actores no configura uno de los supuestos de apelabilidad contemplados por el régimen procesal aplicable (art. 496, inc. 4°, CPCC), a lo que se suma que dicha resolución tampoco era apelable por tratarse de una providencia simple no susceptible de causar gravamen (art. 242, CPCC; Hitters, Juan C., Técnica de los recursos ordinarios, cit., p. 304/306, n.º 155; Quadri, Gabriel H. – Rosales Cuello, Ramiro – Sosa, Toribio E., Tratado de los recursos, cit., t. 1, p. 93, n.° 42), por lo que este remedio también fue incorrectamente concedido.
Consecuentemente, entiendo que tanto el recurso de fecha 08/10/2025, como también el del día 20/11/2025, han sido mal concedidos.
II. En atención al resultado de los recursos, en los términos del art. 68 del CPCC, juzgo que las costas de alzada deberían imponerse a los recurrentes.
Por los fundamentos que anteceden, ASÍ LO VOTO.
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J.
Loustaunau dijo:
III. En la sentencia del 12 de septiembre de 2025 se hizo lugar a la demanda interpuesta por Daniel Javier Villaverde, Graciela Ester Romero, Javier Agustín Villaverde, Germán Ezequiel Villaverde, Erik Adrián Villaverde, Federico Maximiliano Villaverde y Macarena Soledad Villaverde y, en consecuencia, se condenó a Total Especialidades Argentina S.A. (en adelante, TEA) a abonar a aquellos: i) la suma de veinte millones de pesos ($ 20.000.000; de los cuales $ 5.000.000 corresponden a Daniel J. Villaverde, $ 5.000.000 a Graciela E. Romero y $ 2.000.000 a cada uno de los restantes co-actores), ii) la suma que resulte en la etapa de ejecución por los conceptos indicados en los considerandos VII.1 a), b), c) y VII.3) de la aludida sentencia; y iii) el equivalente en pesos de cuatro Canastas Básicas Totales para el hogar tipo 3 que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), en concepto de daño punitivo; todo ello con más intereses y costas a cargo de la demandada. Finalmente, difirió para la etapa de ejecución el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad introducido por la parte actora respecto de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, como así también difirió la regulación de honorarios para una vez que se encuentre firme la liquidación respectiva.
Contra dicho pronunciamiento se alzó la demandada el día 19/09/2025, quien expresó sus agravios en su memorial del 22/10/2025, los que fueron contestados por la parte actora en su escrito del 05/11/2025.
IV. A los fines de un adecuado examen de los agravios de la emplazada, corresponde efectuar una breve síntesis de los hechos alegados.
En su demanda, Daniel J. Villaverde y Graciela E. Romero, por derecho propio y en representación de sus hijos Javier A. Villaverde, Germán E. Villaverde, Erik A. Villaverde, Macarena S. Villaverde y Federico M. Villaverde, relataron que el día 28 de septiembre del 2014, a las 22.30 hs. aproximadamente, mientras se encontraban todos en la vivienda sita en la calle Las Fresias n.° 7087 de esta ciudad –de propiedad, según dijeron, de Daniel J. Villaverde y Graciela E. Romero–, se produjo una explosión en una de las habitaciones en la que se encontraba colocada una garrafa junto a una estufa que calefaccionaba el ambiente. Según dijeron, al ingresar a esa habitación se encontraron con que “la garrafa era una bola de fuego” (fs. 152 vta.), por lo que inmediatamente llamaron a los bomberos, quienes no lograron evitar que el fuego incendie la casa por completo.
Precisaron que la garrafa, de marca Argon y comercializada por la demandada, fue la que causó el incendio: “el hecho se produjo, pues a la garrafa le saltó la válvula (manija de cerrar) y ello hizo que lanzara fuego y explotara” (fs. 153). En virtud de ese hecho, y con sustento principalmente en el art. 40 de la ley 24.240, los actores iniciaron la presente acción resarcitoria (fs. 151/176).
TEA, al contestar la demanda, luego de efectuar una negativa pormenorizada de los hechos alegados por los demandantes, adujo que estos últimos carecen de legitimación activa para incoar el presente reclamo por ignorarse si son propietarios del inmueble en el que ocurrió el incendio. En cuanto a la responsabilidad, la emplazada, si bien reconoció tanto la existencia del incendio, como así también que en el domicilio en cuestión se hallaba –al momento del siniestro– una garrafa, lo cierto es que desconoció, de un lado, que dicha garrafa sea de propiedad de su parte, y del otro, que el origen del incendio pueda atribuirse al mencionado producto. En apoyo de su defensa, la demandada enfatizó en que no puede trazarse una relación de causalidad entre el incendio de la vivienda y la supuesta falla de una garrafa, y, asimismo, que tampoco puede afirmarse que haya existido un defecto de tal producto. Finalizó su contestación relativa a la atribución de responsabilidad con tres afirmaciones, todas vinculadas con deficiencias probatorias: (i) “respecto al riesgo o vicio de la cosa, no se ha demostrado ni lo podrá hacer, que la garrafa peritada [por el ingeniero Andrés Pravia] es la que se encontraba en el inmueble siniestrado” (fs. 207 vta.); (ii) no puede determinarse la relación de causalidad entre el supuesto defecto de la garrafa y el incendio (fs. 208); y (iii) “respecto a la calidad de dueño o guardián de la cosa, no se ha identificado de modo alguno la propiedad del cilindro al que se refiere el certificado de siniestro, negando en consecuencia sea de propiedad de mi mandante” (fs. cit. y vta.). Por esas razones, postuló el rechazo de la demanda aducida en su contra (fs. 201/221).
En su sentencia, como ya lo adelanté, la magistrada de primera instancia –después de valorar la prueba producida en el expediente– decidió, en primer lugar, desestimar la defensa vinculada con la falta de legitimación activa, en la inteligencia de que la calidad de propietarios del inmueble fue debidamente acreditada por los actores.
Por otro lado, en cuanto al fondo de la pretensión, consideró que la responsabilidad de la emplazada se encuentra comprometida en los términos del art. 40 de la Ley de Defensa del Consumidor (en adelante, LDC). Para decidir de ese modo, la decisora, no sin antes considerar configurada una relación de consumo en los términos de los arts. 1, 2 y 3 de la mencionada ley, apreció que existe prueba suficiente respecto a que el incendio en cuestión fue originado por un defecto de una garrafa comercializada por la demandada. Reparó, a tal efecto, especialmente en las declaraciones testimoniales de Marina Celeste Rickert, María Isabel Claria, Adelina Lourdes Álvarez, Esteban Andrés Albornoz, Alejandro Miguel Sanagua y Maximiliano Manuel Liporacci; como así también en las pericias contable y en ingeniería mecánica, y en el informe presentado por la actora elaborado por el ingeniero Andrés Pravia. A partir –particularmente– de esos elementos de prueba, la sentenciante concluyó en que “[l]a parte actora ha demostrado que la garrafa de gas envasado es distribuida por la firma demandada, y que el desperfecto que sufrió la misma ocasionó el incendio cuyos daños se reclaman”. De ese modo, al considerar probada la existencia de un vicio o falla en la garrafa en cuestión, y sin que se haya demostrado una eximente idónea para liberar de responsabilidad a la emplazada, la jueza atribuyó responsabilidad a la emplazada con arreglo a lo dispuesto por el art. 40 de la LDC.
En oportunidad de fundar el recurso sub examine, TEA controvirtió la atribución de responsabilidad y, en miras a conseguir la reversión de este aspecto del pronunciamiento, ensayó cinco líneas argumentales.
(i) Falta de prueba de la causa del incendio En primer lugar, cuestionó la sentencia en torno a cómo se valoró la prueba producida en autos, toda vez que –en su parecer– los elementos probatorios impiden generar convicción suficiente en relación a la causa del siniestro. Al respecto, luego de hacer hincapié en que la pericia en ingeniería mecánica fue realizada sin inspeccionarse la garrafa, afirmó que las constancias del expediente no permiten tener por demostrada la existencia de un vicio o defecto en el producto y, además, que tal defecto haya tenido vinculación causal con el incendio.
(ii) Manipulación de la garrafa Como segundo eje argumentativo, la quejosa arguyó que no es posible determinar la trazabilidad del producto en cuestión, de modo que hubo –siempre según la apelante– una manipulación de la garrafa que desmerece las pruebas producidas. Aseveró que no se acreditó que la garrafa perteneciera o haya sido distribuida por su parte, y argumentó que el certificado de incendio acompañado por los actores fue manipulado en su contenido, pues entiende que es falso lo consignado en cuanto a que en el lugar de los hechos había una garrafa. Además, refirió que no hubo una adecuada preservación o custodia del producto en cuestión, lo que impide esclarecer las circunstancias de lo sucedido.
(iii) Vulneración del derecho de defensa A la par de lo anterior, con sustento en el derecho de defensa en juicio y el principio de bilateralidad, la recurrente sostuvo que ella fue ajena a la producción de pruebas que se utilizaron en su contra, por lo que controvirtió el valor probatorio asignado a ciertos elementos respecto de los cuales ella no pudo participar en su producción. En especial, además de reiterar que el certificado de incendio tuvo –según la quejosa– un añadido que no estaba en el original, precisó que el informe elaborado por el ingeniero Pravia (de forma extrajudicial y con anterioridad al inicio del presente proceso) carece del valor probatorio asignado en la sentencia apelada, porque no es posible saber si la garrafa inspeccionada por el aludido ingeniero fue la que estaba en el inmueble en el que se encontraban los demandantes, a lo que añade que su parte no tuvo posibilidad de controlar esa prueba.
(iv) Inversión de la carga de la prueba En cuarto lugar, sostuvo que en la sentencia apelada se realizó una aplicación errónea del art. 40 de la LDC, violentando el principio de congruencia y el régimen de las cargas probatorias. Al respecto, postuló que no puede invertirse la carga de la prueba sin demostrarse, previamente, que la garrafa fue la que originó el incendio. Consideró que la sentenciante de grado, al sostener que la emplazada no acreditó la causa ajena, invirtió la carga de la prueba sin un sustento normativo que lo justifique. Solo a partir de la prueba de la “causalidad material”, sostuvo la quejosa, podrá tener lugar una presunción causal, pero en el caso –reiteró– no se logró acreditar el nexo de causalidad material.
(v) Cumplimiento de medidas de seguridad Finalmente, consideró que la jueza de grado omitió considerar que no hay prueba que demuestre que su parte haya incumplido el deber de seguridad: “TEA [sostuvo la recurrente] mantiene un estricto control técnico sobre las garrafas que distribuye porque además realiza una actividad que está regulada por el Estado”.
V. Atribución de responsabilidad Antes de ingresar en el tratamiento de los agravios relativos a la responsabilidad, es menester destacar que no viene controvertido a esta instancia –y por ende, al tratarse de circunstancias de hecho, arriban firmes a esta alzada; art. 266, in fine, CPCC– que el día 28 de septiembre del año 2014, aproximadamente a las 22.30 hs., se produjo un incendio en el domicilio sito en la calle Las Fresias n.° 7087 de esta ciudad. Tampoco viene discutido que, en esas circunstancias, en el interior del domicilio se encontraba una garrafa.
En cambio, la cuestión que sí llega polemizada a este tribunal, y que integra el thema decidendum, es si el referido incendio fue causado por el hecho de una garrafa defectuosa comercializada por la demandada. Con relación al encuadre legal, preciso que la tutela del consumidor, en lo que atañe a la protección de su persona o sus bienes no identificados con la eventual prestación principal, en casos como el sub lite se ve aprehendida por el art. 40 de la ley 24.240. Esa norma establece un régimen de responsabilidad por daños derivados del hecho de productos o servicios defectuosos y, en relación a ello, obliga a responder a quienes intervienen en la cadena de comercialización del producto o servicio defectuoso. Naturalmente, para poner en marcha esa responsabilidad se debe demostrar el daño, que el producto o servicio era vicioso o defectuoso y, finalmente, que el perjuicio fue causado por ese defecto (esta cámara, Sala II, 27/09/2022, “Rodríguez, Juan D. y otro c/ Gabarain, Liliana C. y otros s/ daños y perjuicios”, causa n.° 161.721; idem, Sala II, 30/06/2015, “Baillieau, Nicolás A. c/ Volkswagen de Ahorro p/f det. y otro s/ daños y perjuicios”, causa n.° 139.438; CNCiv., Sala A, 24/11/2016, “Tirao, Miguel Ángel c/ Granja Tres Arroyos S. A. y otros s/ daños y perjuicios”, expte. n.º 18.442/2012; idem, Sala M, 25/8/2022, “Schmoll, Daniela Natalia c/ Metrogas S.A. y otros s/ daños y perjuicios”, expte. n.° 4958/2014; CSJN, 22/12/2020, “Vela, Marcia Andrea y otros c/ Gas Natural Ban. S.A. y otros s/ daños y perjuicios”, Fallos: 343:2255).
Así, pues, dicho art. 40 dispone: “Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la cosa o servicio (…). La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena” (art. cit., ley 24.240).
El precepto transcripto pone a cargo del proveedor una responsabilidad para el caso en que el daño resulta “del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio”. Merece señalarse que la norma, influenciada impropiamente por el régimen de la responsabilidad por el hecho de las cosas riesgosas o viciosas (otrora regulado por el art. 1113, segundo párrafo, segundo supuesto, del Código Civil), es necesariamente interpretada en el sentido de que establece un régimen para productos o servicios defectuosos, entendiéndose que el “defecto” denota una merma en la seguridad que legítimamente es de esperarse del producto o servicio (Pizarro, Ramón D., en Stiglitz, Gabriel – Hernández, Carlos A. (dirs.), Tratado de derecho del consumidor, La Ley, Buenos Aires, 2015, t. III, p. 323 y ss.; idem, Responsabilidad civil por riesgo creado y de empresa, La Ley, Buenos Aires, 2006, t. II, p. 295 y ss.; Pizarro, Ramón D. - Vallespinos, Carlos G., Tratado de responsabilidad civil, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2018, t. II, p. 467 y ss.; Viney, Geneviève – Jourdain, Patrice, Les conditions de la responsalité, en Ghestin, Jacques (dir.), Traité de droit civil, 3ª ed., LGDJ, París, 2006, p. 870 y ss.; Zentner, Diego H., Contrato de consumo, La Ley, Buenos Aires, 2010, p. 220 y ss.; Hernández, Carlos A. – Frustagli, Sandra A., en Picasso, Sebastián – Vázquez Ferreyra, Roberto A. (dirs.), Ley de defensa del consumidor. Comentada y anotada, La Ley, Buenos Aires, 2009, t. I, p. 491 y ss.).
Por ende, la primera cuestión a dilucidar es si media la intervención de un producto o servicio defectuoso y, a partir de allí, si el hecho de esto último se vincula causalmente con el daño alegado. A todo esto, preciso es recordar que, como regla general, la carga de la prueba del daño, del defecto y del nexo de causalidad material entre ambos corresponde a la víctima (art. 375, CPCC), más allá de la posibilidad de recurrir a las presunciones judiciales u hominis cuando dichas pruebas son difíciles de producir (art. 53, párrafo 3º, ley 24.240; art. 163, inc. 5°, CPCC; SCBA, 01/04/2015, “G., A. C. c/ Pasema S.A. y otros s/ daños y perjuicios”, C. n.° 117.760; CNCiv., Sala A, 15/11/2013, “C., L. C. c/ Biotrom S.A. y otros s/ daños y perjuicios”, RCyS 2014-VII, 89; idem, Sala B, 12/9/2022, “M., O. G. y otro c/ Volkswagen Argentina S.A. y otros s/ daños y perjuicios”, expte. n.° 52-878/2015; Calais-Auloy, Jean – Temple, Henri, Droit de la consommation, Dalloz, París, 2010, p. 361; Brun, Philippe, Responsabilidad civil extracontractual, Instituto Pacífico, Perú, 2015, p. 669, n.º 753; Sprovieri, Luis E. – Dell’Oca, Gastón, Daños por productos elaborados, Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 2012, p. 495 y ss.; Lorenzetti, Ricardo L., Consumidores, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2009, p. 523; Hernández, Carlos A. – Frustagli, Sandra A., en Picasso, Sebastián – Vázquez Ferreyra, Roberto A. (dirs.), Ley de defensa del consumidor. Comentada y anotada, cit., t. I, p. 522/523; Sozzo, Gonzalo, “Daños sufridos por consumidores (jurisprudencia y cambios legislativos)”, RDPyC, 2002-1,563).
Bajo ese contexto, por lo que seguidamente diré, entiendo que en el sub iudice hay certidumbre acerca del defecto del producto comercializado por TEA y su relación causal con el incendio. Las condiciones de seguridad de la garrafa existentes al momento en que sucedió el hecho demuestran que el producto adolecía de serias falencias que hicieron peligrar la integridad física y el patrimonio de quienes se encontraban en el hogar de los actores, sin solventar las legítimas expectativas de seguridad de los consumidores.
Pues bien, en miras a un adecuado tratamiento de los planteos aducidos por la apelante, ingreso, de forma sucesiva, en cada uno de los argumentos expuestos en su memorial.
(i) Prueba de la causa del incendio En primer lugar, aclaro que la prueba producida en autos permite sostener que, el día 28 de septiembre del 2014, en el interior del domicilio de la calle Las Fresias había una garrafa que había sido comercializada por TEA, tal como lo afirmaron los actores en su demanda (fs. 153). Esta circunstancia se aprecia acreditada, por vía indiciaria, a través de diversos hechos probados (art. 163, inc. 5°, CPCC); en particular, a partir del hecho consistente en que, según surge de diversos elementos de prueba, el coactor Daniel J. Villaverde (esposo de la co-actora Romero y padre de los restantes pretensores), dos días antes del siniestro (es decir, el 26/09/2014), adquirió, en un almacén que comercializaba garrafas provistas por TEA, una garrafa de las mismas características que la hallada en el lugar del incendio. Precisamente, Esteban Andrés Albornoz, en su declaración testimonial, reconoció que en el mes de septiembre del 2014 él explotaba un comercio, sito en la calle Las Fresias n.° 7049 de esta ciudad, en el que vendía garrafas provistas por TEA, y precisó que había una cuenta con esta última empresa a nombre de una persona de apellido Cámpora. Además, en respaldo de sus dichos, el aludido Albornoz reconoció los recibos obrantes a fs. 132/133, los que –según el deponente– le entregó al co-actor Daniel J. Villaverde, luego de ocurrido el incendio, a fin de lograr identificar al proveedor del producto. Asimismo, dicho testigo declaró que en el mes indicado (septiembre/2014) le vendió una garrafa al Sr. Villaverde (fs. 277/279). Todo ello es coincidente con su Carta Documento del 7 de marzo del 2015, en la que el Sr. Albornoz consignó que el mencionado co-actor adquirió una garrafa en su comercio el día 26/09/2014 marca Argon y provista por TEA (fs. 125; vid., al respecto, lo informado por el Correo Argentino con fecha 05/07/2019, en el sentido de que dicha Carta Documento es auténtica).
Lo anterior se ve confirmado por el dictamen pericial contable presentado por la perita Daniela L. Moncada, en el que se concluyó en que TEA, en el mes de septiembre del 2014, proveía de garrafas al referido comercio de la calle Las Fresias n.° 7049, cuya cuenta estaba a nombre de una persona llamada Julio Cámpora. La especialista refirió, expresamente, que TEA “le proveía [al aludido comercio] gas butano envasado de 10 kg llenos, durante ese período [julio, agosto y septiembre del 2014]” (vid. su dictamen del 07/03/2022).
Sentado, entonces, que la garrafa en cuestión había sido comercializada por TEA, resta verificar –a fin de determinar la consistencia de este cuestionamiento de la apelante– si la prueba producida en autos devela, primero, la existencia de un defecto de tal producto y, luego, la relación causal de tal defecto con el incendio del día 28/09/2014. Anticipo que, por los elementos probatorios que a continuación reseñaré, aprecio que este cuestionamiento de la recurrente no es atendible; en particular, como seguidamente se verá, existe evidencia suficiente en cuanto a que (1) la garrafa tenía una anomalía o vicio de seguridad y que (2) ese vicio fue el que desencadenó el incendio de la casa.
En cuanto a lo primero (1), reparo especialmente en la declaración testimonial del ingeniero Andrés Agustín Pravia, en el dictamen pericial en ingeniería mecánica presentado por Roberto H. R. Spicacci, en el acta notarial realizada por la escribana Silvia G. Valentini y en las constancias emanadas del Cuartel de Bomberos “Caisamar”, como así también en la declaración testimonial de Adelina Lourdes Álvarez, todo lo cual da cuenta de la existencia de un vicio en la garrafa.
En primer término, reparo en el certificado de incendio obrante a fs. 149/150, presuntamente elaborado el día 30/09/2014 por un funcionario policial del Cuartel de Bomberos “Caisamar” de esta ciudad. En dicho documento se consignó que, al momento del siniestro, y según lo dichos de Daniel J. Villaverde, explotó una garrafa, la que fue identificada con el siguiente número “MAT A 7 1-0 VTO 2022” (fs. 150). No ignoro que dicho documento fue acompañado en simple fotocopia por los actores y que, al contestar la demanda, la contraria lo desconoció (fs. 201). Sin embargo, tampoco paso por alto que, frente al requerimiento dirigido al referido cuartel de bomberos a fin de que reconozca como propio al mencionado certificado, dicha dependencia señaló que si bien no se encontraba en sus registros una copia del certificado original, al mismo tiempo se aclaró que el acompañado al oficio mediante el cual se le hizo tal requerimiento “coincide a los expedidos desde este Cuartel” (vid. la contestación al oficio agregada el 13/11/2024).
Dicho cuartel de bomberos, además, a fs. 259 informó que, el día inmediatamente posterior al incendio, el propietario de la vivienda afectada entregó en esa dependencia un envase de gas envasado.
A la par de lo anterior, remarco que el ingeniero Andrés A. Pravia, en su declaración testimonial obrante a fs. 276, reconoció la autoría del informe técnico acompañado por la actora y obrante a fs. 19/24. En ese documento, el referido ingeniero consignó una serie de consideraciones respecto de una garrafa identificada como marca Argon y con vencimiento en el año 2022, la cual –según sus dichos– estaba en el domicilio de los actores al momento del incendio y –siempre según Pravia– fue la que causó el incendio. De una de las fotografías adunadas a ese documento puede observarse que la garrafa inspeccionada tenía la siguiente leyenda: “MAT AX7-1-0 VTO 2022” (fs. 21), la cual se presenta ciertamente semejante a la consignada en el certificado de incendio aludido precedentemente.
En ese informe, respecto del defecto del producto, el ingeniero Pravia refirió que el “pasador de trabado del obturador de cierre de la garrafa (…) estuvo roto antes y fue recolocado ya que estos pasadores deben tener medidas en milímetros de 5mm en 5mm”, mientras la garrafa inspeccionada –sostuvo– tenía un pasador que medía 29mm (fs. 19). De tal modo, con respaldo en las dos primeras fotografías adosadas al documento, el referido profesional dijo constatar que la garrafa tenía una falla en su “pasador”: “en las fotografías de páginas puede observarse que el pasador está roto en la zona en que debería trabar el vástago expulsado, es decir que con el uso intenso de la garrafa tanto en el hogar del damnificado como en otros hogares se ha ido deteriorando la rosca del vástago hasta que cedió a la presión interna de la garrafa provocando el siniestro”. De tal modo, prosiguió y concluyó: “al cerrar la válvula de la garrafa se ejerce presión hacia arriba y esta permanece presionando el vástago, luego esta presión cede al abrirse la válvula cuando se utiliza, estas acciones generan esfuerzos repetitivos que van deformando la rosca hasta que no resiste la presión interna por falta del pasador de 4mm, elemento que puede observarse roto en la garrafa” (fs. 23 vta.).
En virtud de los particulares cuestionamientos de la quejosa, resulta indicado señalar, sobre esta prueba, que se trata de un “dictamen extraprocesal” o, más propiamente, de un testimonio técnico, emitido por un profesional que ratifica sus conclusiones consignadas en un documento privado, cuya apreciación –según se ha dicho– es potestativa del juez (Falcón, Enrique M., Tratado de la prueba, Astrea, Buenos Aires, 2003, t. 2, p. 46, n.° 406; idem, Tratado de derecho procesal civil y comercial, Rubinzal- Culzoni, Santa Fe, 2011, t. II, p. 1137; esta sala, 22/09/2016, “Zalazar, José y otro c/ Telecom Personal S.A. y otro s/ materia a categorizar”, causa n.° 126.790). Al respecto, se ha puntualizado que no hay obstáculos para que el juez encuentre exactos y correctos los asertos que el testigo efectuó en su informe, siempre que se cumpla con la formalidad relativa a que el autor ratifique su informe y ello pueda ser controvertido por la contraria (Devis Echandía, Hernando, Teoría general de la prueba judicial, 2ª ed., Zavalía, Buenos Aires, 1972, t. II, p. 356, n.º 262). En el sub lite, remarco, se dio traslado oportunamente a la contraria de la documentación acompañada por los actores –entre la que se encontraba el informe del Ing. Pravia– y, a la par, a fs. 264 vta. se convocó a todas las partes a la audiencia testimonial del indicado ingeniero, por lo que los extremos precedentemente referidos se aprecian debidamente cumplidos.
Es así, entonces, que las alegaciones técnicas efectuadas por el Ing. Pravia, aunque carecen de un valor probatorio análogo al de una peritación oficial, no estaban impedidas de ingresar al proceso y podían ser valoradas en relación con las restantes pruebas producidas en el expediente. En la especie, justamente, se verifica que las consideraciones que dicho ingeniero expuso en su informe se ven corroboradas por las restantes pruebas obrantes en autos.
En efecto, a fs. 28/31 luce agregada una copia certificada de un acta notarial llevada a cabo por Silvia G. Valentini, quien el día 29/09/2014 (es decir, al día siguiente del incendio) se constituyó en el inmueble de los actores y, luego de describir los distintos deterioros que presentaba la propiedad, refirió que el Sr. Daniel J. Villaverde le mostró la garrafa que habría estado conectada a la estufa cuando comenzó el incendio, en cuya oportunidad la mencionada escribana observó que tenía gravada la siguiente identificación: “MAT AX7-1-0 VTO 2022” (la cual es coincidente, remarco, con lo consignado en el certificado de incendio y con lo expuesto por el Ing. Pravia, según quedó expuesto líneas arriba).
En relación al estado de dicha garrafa, la escribana señaló: “presenta signos de haber estado sometida al fuego. En su parte superior [he aquí lo relevante a los fines que aquí interesan] sólo se ve la rosca donde entra la válvula con la llave para abrir y cerrar la salida de gas” (fs. 30). Es preciso destacar que, entre las fotografías que forman parte de dicha acta, las obrantes a fs. 40, 41 y 45 permiten observar que la garrafa carecía del vástago u obturador ubicado en la zona superior del producto.
Por otro lado, el perito ingeniero designado en autos, Roberto H. R. Spicacci, en su dictamen presentado el 11/04/2019 sostuvo que lo afirmado por el ingeniero Pravia, en cuanto a que la garrafa tenía un defecto y que ese defecto provocó el incendio, era una hipótesis probable. Precisamente, preguntado acerca de si el desprendimiento del obturador fue la causa del incendio, el especialista, si bien precisó que no podía ratificar lo concluido por el aludido Ing. Pravia, al mismo tiempo señaló que lo indicado por este último (en el sentido de que el incendio fue causado por un desprendimiento de la válvula y vástago de la garrafa) “es una probable o posible causa, pero no se tienen elementos objetivos para evaluar su grado de probabilidad dentro del rango de 0 – 100 %”. Asimismo, el perito Spicacci refirió que, de acuerdo con las fotografías obrantes en autos, se observa una garrafa que “carece en forma completa de su válvula de cierre y todos sus componentes (rosca, vástago, etc. (…)”, lo cual –aseveró el experto– es coincidente con la declaración de la testigo Adelina L. Álvarez, quien afirmó que, al momento del incendio, vio que la garrafa estaba “descabezada”.
Sobre la valoración de ese dictamen, tengo presente que, aun cuando las normas procesales no acuerdan el carácter de prueba legal al informe pericial, si el dictamen comporta –como en el presente caso– la apreciación específica en el campo del saber del perito, para desvirtuarlo es imprescindible contar con elementos de juicio que permitan concluir fehacientemente en el error o en el inadecuado uso que el experto hubiese hecho de sus conocimientos técnicos o científicos. No pierdo de vista que el referido perito, para elaborar su dictamen, no tuvo a la vista la garrafa acompañada por los actores, lo que conduce a valorar esta prueba con especial circunspección, aunque nada impide ponderar sus conclusiones si – tal como ocurre en la especie– los restantes elementos probatorios generan convicción en el mismo sentido (art. 474, CPCC).
Así pues, en línea con lo dicho en último término por el perito Spicacci, destaco que la testigo Adelina L. Álvarez, quien declaró ser vecina de los actores y haber presenciado el momento del incendio, fue clara en cuanto a que escuchó a los bomberos sostener que la garrafa estaba “descabezada”: “cuando llega la segunda dotación ingresan dos efectivos a la habitación y empiezan a sacar cosas para afuera, para que no siga reviviendo el fuego y ahí uno de ellos tira ropa y la garrafa, que comenta, fue la garrafa, porque está descabezada” (sic, fs. 306 vta.).
Remarco, en torno a la valoración del testimonio de la Sra. Álvarez, que las restantes pruebas producidas en autos corroboran los dichos consignados en su declaración, pues –como quedó expuesto– sus afirmaciones se demuestran ciertamente coincidentes con el informe elaborado por el testigo técnico (el Ing. Pravia), con el acta notarial elaborada por la escribana Valentini y con las conclusiones del perito Spicacci (arts. 384 y 456, CPCC; Kielmanovich, Jorge L., La teoría de la prueba y medios probatorios, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2001, p. 315). Consecuentemente, las constancias probatorias precedentemente reseñadas se vislumbran suficientes para entender demostrado que la garrafa, comercializada por la demandada y ubicada –al momento del siniestro– en el interior del domicilio en el que se encontraban los actores, presentaba un defecto de seguridad con idoneidad para comprometer la integridad corporal y el patrimonio de las personas allí presentes. Con relación al segundo de los extremos mencionados (2), vinculado con la relación causal entre el mencionado defecto y el incendio, reparo, ante todo, en los testimonios de los vecinos de los actores (Marina C. Rickert, María I. Claria y Adelina L. Álvarez), quienes, según refirieron los propios deponentes, primero escucharon una explosión y luego presenciaron el incendio.
En el caso de la Sra. Marina C. Rickert, ella relató que a las 22.00 hs del 28/09/2014, mientras estaba por dormirse, escuchó una fuerte explosión y, sucesivamente, observó desde su domicilio que Daniel J. Villaverde corrió gritando desde su inmueble –en donde tuvo lugar la explosión– hacia la calle. También dio cuenta de que “[e]l nene más chico gritaba la garrafa, la garrafa, gritaba y lloraba”. Seguidamente, según sus dichos, la testigo ingresó al domicilio de los actores en el que se desataba el incendio y, en esas circunstancias, observó que había una garrafa emanando fuego: “Ahí yo me meto adentro de la casa por el patio y había fuego en la habitación de los chicos [en la que, tal como refirieron los actores en su demanda, se hallaba la estufa con la garrafa conectada; fs. 152 vta.]. Pero ahí salimos todos, los empecé a sacar, porque había un estado de nerviosismo. Saqué a los chicos. Empezaron a llegar los vecinos, intentamos sacarlos porque el fuego había empezado a tomar todo” (fs. 280 vta.).
Asimismo, preguntada la Sra. Rickert acerca de si los bomberos que se hallaban en el lugar realizaron algún comentario mientras apagaban el incendio, señaló: “ahí lo que se escuchaba de los bomberos: ‘es la garrafa’, ‘es la garrafa’, gritaban pero no la podían sacar” (fs. 281 vta.). Luego, la aludida puntualizó que, cuando ingresó al domicilio de los demandantes, pudo ver que la garrafa causaba el incendio: “despedía fuego cuando yo ingresé a la habitación de los niños. En el primer momento cuando ingreso sí la veo [a la garrafa]” (ibidem), a lo que luego añadió que el fuego “[s]alía de la garrafa, el miedo que generaba, salía de la garrafa, la llama era alta” (fs. cit. y 282). La testigo, además, fue determinante en cuanto a que, al momento de ingresar a la propiedad, no vio fuego en otro sector más allá de la habitación en la que se encontraba la garrafa: “[l]as llamas salían de la garrafa y se estaba incendiando todo para arriba” (fs. 282).
A su turno, María Isabel Claria, quien también dijo ser vecina de los demandantes y haber presenciado las circunstancias del incendio, refirió haber escuchado una explosión desde su vivienda –la que se encontraba ubicada, según dijo, a unos cincuenta metros de la propiedad de los actores–, por lo que se acercó y vio que el fuego salía por la puerta del frente de la casa (fs. 284).
Por su parte, Adelina L. Álvarez, quien sostuvo que al momento del hecho vivía a cincuenta metros del hogar de los pretensores, también dijo haber escuchado “una explosión tremenda, que me asustó” (fs. 306 vta.). Precisó que, al llegar a la casa del incendio, le consultó a “Graciela” (en alusión, cabe inferir, a la co-actora Graciela Ester Romero) qué fue lo que había pasado, a lo que esta última le respondió que había explotado una garrafa. Prosiguió su descripción diciendo que “[c]uando llega la segunda dotación [de bomberos] ingresan dos efectivos a la habitación y empiezan a sacar cosas para afuera, para que no siga reviviendo el fuego y ahí uno de ellos tira ropa y la garrafa, que comenta, fue la garrafa, porque está descabezada” (fs. 306 vta.).
En este contexto, observo que las declaraciones de las testigos precedentemente referidas (Sras. Rickert, Claria y Álvarez) son coincidentes entre ellas y, además, contestes con todo el resto del material probatorio obrante en autos. En particular, tales declaraciones son, de un lado, claras y coherentes, y del otro, consistentes con el resto de las pruebas de igual o mayor fuerza de convicción, como ser el informe elaborado por el testigo Pravia, el acta notarial elaborada por la escribana Valentini y el dictamen pericial del ingeniero Spicacci, todo lo cual me persuade acerca de la veracidad y exactitud de los dichos expuestos por las referidas deponentes (arts. 384 y 456, CPCC; Devis Echandía, Hernando, Teoría general de la prueba judicial, cit., t. II, p. 132/141, n.º 216; Kielmanovich, Jorge L., La teoría de la prueba y medios probatorios, cit., p. 315).
Por consiguiente, forzoso es concluir en que el material probatorio reseñado es suficiente para verificar la relación de causalidad material entre el defecto de la garrafa y el hecho de que se trata.
Añado, para más, que en casos como el presente, en los que no es sencillo identificar la causa exacta del daño, cobra particular relevancia la circunstancia relativa a la “anormalidad” o “disfuncionalidad” del producto. En tal sentido, se ha dicho que la explosión de un producto –tal como ocurrió, en la especie, con la garrafa comercializada por TEA–, o el hecho de que el producto se incendie –según también aconteció en el hecho que aquí se trata– pueden ser circunstancias suficientemente reveladoras de que el producto era defectuoso, siempre que la persona use a tal producto en condiciones razonables y previsibles (Borghetti, Jean-Sébastien, La responsabilité du fait des produits, LGDJ, París, 2004, p. 314, n.° 318). Según se tiene afirmado, “[u]na vez que se haya aportado prueba de una posible asociación entre el daño sufrido por la víctima a raíz de la utilización del producto y el carácter anormal o excesivo del riesgo (…), el demandante se encontrará en una situación de fortaleza, por cuanto la causalidad será considerada establecida a menos que el demandado pruebe que ese daño se debió a una causa distinta” (Viney, Geneviève – Jourdain, Patrice, Les conditions de la responsalité, cit., p. 887).
En el presente caso, al no haberse alegado –ni menos aún probado– que los damnificados hayan utilizado al producto en condiciones anormales o imprevisibles (art. 5, LDC), resulta permisible sostener –frente a las mencionadas circunstancias– que la única alternativa posible es que el hecho lo causó un defecto del producto. La jurisprudencia extranjera, en esta línea, registra diversos pronunciamientos en los que presumió el carácter defectuoso de un producto a partir de disfuncionalidades como las indicadas (Corte de Casación de Francia, Com., 09/12/1997, n.° 95-12.086, respecto de la explosión de una pila; idem, Sala 1ª, 21/07/1987, n.° 85-15.044 por un choque de un vehículo). En este marco, el hecho de que la garrafa haya explotado y se haya incendiado es, indudablemente, una muestra manifiesta de su defecto.
Por lo demás, no omito tener en cuenta que los actores ofrecieron como prueba instrumental la garrafa –vid. fs. 152 vta., 173 vta. y 239–, la que se halla reservada en la Secretaría del juzgado a quo (según surge de la constancia obrante a fs. 295), frente a lo cual la emplazada se limitó a manifestar su oposición a que dicho producto sea inspeccionado (fs. 326/328), sin perjuicio de que la jueza del trámite desestimó tal oposición (fs. 336). Con lo cual, subrayo que, al esfuerzo probatorio de los actores, lo contrasta una posición poco colaborativa y ciertamente pasiva de la parte contraria, sin arreglo a lo dispuesto por el art. 53, tercer párrafo, de la LDC. No cabe soslayar, al respecto, que –según se ha dicho– el incumplimiento al deber de colaborar en el proceso, establecido por el precitado art. 53, puede dar lugar a una presunción de veracidad de los hechos alegados por la contraria (Sáenz, Luis R. J. – Silva, Rodrigo, en Picasso, Sebastián – Vázquez Ferreyra, Roberto (dirs.), Ley de Defensa del Consumidor. Comentada y anotada, La Ley, Buenos Aires, 2013, t. I, p. 670), particularmente cuando las circunstancias del caso y el resto de la prueba obrante en el expediente genera convicción a favor de los pretensores, tal como ocurre en la especie.
Consecuentemente, por las razones expuestas, constato reunidos los presupuestos de hecho contemplados por el art. 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, sin haberse alegado –ni menos probado– la existencia de un hecho con idoneidad para interrumpir la relación causal. Por estas razones, considero que esta crítica de los apelantes no es fundada.
(ii) Trazabilidad y manipulación de la garrafa Por otro lado, los quejosos –según referí líneas arriba– argumentaron, en miras a conseguir la reversión del pronunciamiento apelado, que no es posible corroborar la trazabilidad de la garrafa en cuestión –es decir, que la inspeccionada y aportada al proceso coincida con la que estuvo en el domicilio de los demandantes el día 28/09/2014–, y que, además, tal garrafa habría sido manipulada por los actores.
Respecto de lo primero, basta con decir, para poner en evidencia que la queja no es admisible, que en el juicio de responsabilidad civil la construcción de la causalidad se hace mediante parámetros probabilísticos y no, como supone la apelante, a través de cánones de estricta e indubitable certeza. Es que el criterio de previsibilidad, establecido por el art. 901 del CCiv. vigente al momento de los hechos (análogo al actual art. 1726 del CCiv.yCom.), al ser concebido de forma objetiva se termina por equiparar – sostiene Mosset Iturraspe– con el criterio de probabilidad (Mosset Iturraspe, Jorge, “La relación de causalidad en la responsabilidad extracontractual”, RDD, 2003-2, p. 66).
Precisamente, se trata de un juicio de probabilidad que sobrepasa la mera posibilidad, al realizarse una apreciación objetiva de una situación de hecho que, por ser seria y corresponderse con la experiencia media, permite ser considerada la causa de cierto resultado (Compagnucci de Caso, Rubén H., “Responsabilidad civil y relación de causalidad”, en Trigo Represas, Félix A. – Stiglitz, Rubén S. (dirs.), Seguros y responsabilidad civil, Astrea, Buenos Aires, 1984, p. 30; Goldenberg, Isidoro H., La relación de causalidad en la responsabilidad civil, 2ª ed., La Ley, Buenos Aires, 2000, p. 175, n.º 66). “La causalidad adecuada [se tiene dicho] no requiere la fatalidad o necesidad en la imputación de las consecuencias al hecho, pero tampoco se satisface con la mera posibilidad o eventualidad de que éste las haya generado. Es decir, no es menester certeza absoluta, sino seria probabilidad, que supere el nivel conjetural” (Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños, 2ª ed., Hammurabi, Buenos Aires, t. 3, p. 179, n.° 22).
De tal modo, resulta claro que la determinación de la causalidad no ha de basarse –necesariamente– sobre un parámetro de estricta certeza y, en la especie, la apreciación de las pruebas reseñadas líneas arriba fuerza a considerar que resulta altamente probable que el incendio fue causado por el defecto de una garrafa comercializada por la demandada.
Por otro lado, en cuanto al cuestionamiento vinculado con la supuesta manipulación del material probatorio, entiendo que no logra sobrepasar las exigencias contenidas en el art. 260 del CPCC, por lo cual no será atendido. En este sentido, considero que este argumento de la recurrente no reúne los requisitos exigidos por la referida norma, la que exige que la expresión de agravios contenga una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que la apelante considere equivocadas.
Tengo presente, sobre el particular, que el contenido de la impugnación se relaciona con la carga que incumbe a los apelantes de motivar y fundar su queja como acto posterior a la concesión del recurso, señalando y demostrando, punto por punto, los errores en que se ha incurrido, o las causas por las cuales el pronunciamiento se considera contrario a derecho (Gozaíni, Osvaldo A., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y anotado, La Ley, Buenos Aires, 2006, t. II, p. 101/102; Kielmanovich, Jorge L., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado y anotado, Lexis Nexis, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2003, t. I, p. 426). En tal sentido, es indudable que se tornará ineficaz cualquier pretensión bajo la apariencia de una expresión de agravios que se limite a manifestar una simple disconformidad con lo resuelto por el sentenciante de grado, sin siquiera evidenciar cuáles son los errores que contiene el fallo, o por qué se ha resuelto en forma contraria a derecho. Bajo esas condiciones, constato que la recurrente se limitó a sostener que la prueba fue manipulada, sin dar una mínima explicación de sus dichos, por lo que se trata de una afirmación meramente dogmática sin correlato con las particulares constancias de autos. En función de ello, considero que esta crítica no abastece adecuadamente lo establecido por el art. 260 del CPCC, por lo que entiendo que, en este punto, el recurso se encuentra desierto (art. cit. y 261, CPCC).
(iii) Derecho de defensa Entiendo que también es negativa la suerte de la crítica sustentada en que hubo una vulneración del derecho de defensa en juicio de la recurrente, basado en que ella fue ajena a la producción de pruebas que se utilizaron en su contra. A tal efecto, la quejosa reparó en el ya aludido informe del ingeniero Pravia y, además, en una supuesta adulteración del certificado de incendio acompañado por los actores a su demanda.
Sobre este punto, corresponde reiterar lo dicho ut supra en relación con el valor probatorio del testimonio técnico del Ing. Pravia, el que no queda descartado por el solo hecho de no ser un perito oficial, siempre y cuando el especialista ratifique su informe extrajudicial y ello pueda ser controvertido por la contraria, extremos que –según ya precisé líneas arriba– se aprecian debidamente cumplidos en autos (Devis Echandía, Hernando, Teoría general de la prueba judicial, cit., t. II, p. 356, n.º 262; Falcón, Enrique M., Tratado de la prueba, cit., t. 2, p. 46, n.° 406).
Respecto de la alegada adulteración del certificado de incendio, reparo en que el quejoso reconoció que se trata de un instrumento suscripto por un oficial público, de modo que su cuestionamiento está dirigido a controvertir la veracidad de su contenido. En ese marco, el defecto invocado por la apelante, vinculado con la falsedad del contenido del instrumento (González, Carlos E., Teoría general del instrumento público, Ediar, Buenos Aires, 1953, p. 391, n.° 223), no puede aquí ser controvertido, pues, al tratarse de hechos pasados ante el oficial, hacen plena fe hasta que el instrumento sea declarado falso (art. 993, CCiv., vigente al momento del acto; Conte-Grand, Julio, en Sánchez Herrero, Andrés (dir.), Tratado de derecho civil y comercial, La Ley, Buenos Aires, 2016, t. I, p. 827). A todo evento, resulta preciso dejar aclarado que la invocada falsedad, incluso si se encontrase acreditada por la vía correspondiente, lo cierto es que tampoco contribuiría a la posición de la quejosa en este proceso, debido a que la circunstancia de hecho que condiciona la pretensión de los actores –consistente en que una garrafa defectuosa comercializada por la demandada causó el incendio; art. 40, LDC– se advierte probada mediante múltiples pruebas y no, solamente, por el mentado certificado de incendio.
Por los motivos indicados, considero que no asiste razón a la quejosa en este punto.
(iv) Inversión de la carga de la prueba Tampoco vislumbro fundada la crítica de la apelante según la cual, al aplicarse el art. 40 de la LDC, se incurrió en una indebida inversión de las cargas probatorias. Ello así lo entiendo debido a que, en rigor, en la sentencia apelada no se invirtió la carga de la prueba sino que, frente a la constatación del contacto material del producto defectuoso con la propiedad de los actores, se hizo operativa una presunción de adecuación causal que sólo podía ser desvirtuada mediante la prueba de un hecho idóneo para interrumpir el nexo de causalidad.
Precisamente, una vez demostrados los extremos propios de este régimen (un producto o servicio defectuoso, el daño y la relación de causalidad entre ambos), gravita sobre el proveedor una presunción de adecuación causal, análoga a la que impera en la responsabilidad por el hecho de cosas riesgosas o viciosas o actividades peligrosas, que únicamente puede ser desvirtuada si se demuestra la intervención de una causa ajena (Picasso, Sebastián – Sáenz, Luis R. J., Tratado de derecho de daños, La Ley, Buenos Aires, 2019, t. II, p. 565; Pizarro, Ramón D., Responsabilidad civil por riesgo creado y de empresa, cit., t. II, p. 141; Zavala de González, Matilde, Responsabilidad por riesgo, Hammurabi, Buenos Aires, 1997, p. 43). Así surge del citado art. 40 de la ley 24.240, en cuanto establece que “Solo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la causa del daño le ha sido ajena”.
Se tiene dicho, sobre el particular, que “[p]robada la intervención activa de la cosa y su conexión causal con el daño, es dable presumir, hasta que se pruebe lo contrario, que el detrimento se ha generado por el riesgo o vicio de la misma (presunción de adecuación causal) (…). Como consecuencia del sistema implementado por el artículo 40 [de la ley 24.240], la configuración de una relación causal concurrente se proyecta sobre todos los legitimados pasivos, hasta que acrediten la existencia de una causa ajena o de una concausa, cuya alegación y prueba pesa sobre ellos” (Pizarro, Ramón D., “Algunas reflexiones en torno a la relación de causalidad, a la legitimación pasiva y a las eximentes en la responsabilidad civil por productos”, RDD, 2003-2, p. 341/342).
Es así, entonces, que frente a la prueba de que el producto ostentaba un defecto que causó el incendio, el sindicado como responsable únicamente se podía exonerar si acreditaba la interrupción del nexo causal, mediante el hecho de la víctima, el de un tercero por quien no debe responder o el casus.
Consecuentemente, por las razones precedentes, la crítica en cuestión tampoco resulta atendible.
(v) Cumplimiento de medidas de seguridad Por último, en cuanto al alegado cumplimiento de medidas de seguridad por parte de TEA –quien en su memorial sostuvo que realiza un estricto control técnico sobre las garrafas que distribuye–, corresponde señalar que el razonamiento de la quejosa, en este punto, supone que la atribución de responsabilidad en casos como el sub lite es subjetiva, a pesar de que –como quedó dicho líneas arriba– el régimen contemplado por el art. 40 de la LDC opera con prescindencia de la diligencia prestada por el proveedor.
Por consiguiente, frente al reconocido carácter objetivo de la responsabilidad atribuida por ese dispositivo legal (CSJN, 22/12/2020, “Vela, Marcia Andrea y otros c/ Gas Natural Ban. S.A. y otros s/ daños y perjuicios”, ya citado), resulta nítido que esta línea argumental parte de una premisa – consistente en que la prueba de la diligencia exime de responsabilidad– que no se condice con las condiciones establecidas por la normativa aplicable, por lo que la crítica es inatendible.
Por añadidura, el cuestionamiento también es inadmisible por el hecho de que, como es sabido, no pueden efectuarse planteos ante la alzada que no fueron sometidos a conocimiento del anterior sentenciante, pues hacerlo importa violentar el principio de congruencia –de indudable rango constitucional–, que exige que exista concordancia entre la demanda, la contestación y la sentencia en lo que hace a las personas, el objeto y la causa, de modo que las partes, al fijar el alcance y el contenido de la tutela jurídica requerida, delimitan la actividad jurisdiccional a las cuestiones incluidas en la pretensión de la actora y la oposición de los demandados (CSJN, Fallos: 253:13, 256:504, 337:1142, entre otros).
Por tal motivo, considero que esta queja no puede ser atendida, puesto que –como queda dicho– la cuestión no fue introducida oportunamente (art. 272, CPCC).
(vi) Conclusión Por las razones antedichas, juzgo que ninguno de los cuestionamientos que la recurrente formuló contra la atribución de responsabilidad dispuesta en la sentencia apelada son fundados, por lo que mociono desestimar este aspecto del recurso y, consecuentemente, confirmar la sentencia en este punto.
VI. Precisado lo que antecede, ingreso en el tratamiento de los restantes agravios referidos a las distintas partidas indemnizatorias. a) Reparación de la vivienda La jueza, en su sentencia, reconoció a favor de los actores la reparación relativa al gasto de la construcción de la vivienda afectada por el incendio. En relación al quantum de este ítem, la decisora difirió su determinación para la etapa de ejecución (vid. el considerado VII.a de la sentencia).
Al respecto, la demandada se alzó con respecto a la medida o extensión del presente concepto, por considerar que la pericia en arquitectura adolece de errores que impiden determinar el metraje exacto del inmueble en cuestión, como así también sus particulares condiciones y características.
En este contexto, considero que la presente crítica está sostenida sobre un agravio conjetural o futuro, en virtud de que en autos –por los términos en los que quedó decidido el presente ítem resarcitorio– aún no se determinaron las exactas medidas y características del inmueble en cuestión, al haber sido ello diferido para la etapa de ejecución. Con ello, la queja no puede prosperar en orden a que uno de los requisitos propios de todo agravio es su carácter actual (Falcón, Enrique M. – Colerio, Juan P., Tratado de derecho procesal civil y comercial, cit., t. VIII, p. 239; Hitters, Juan C., Técnica de los recursos ordinarios, cit., p. 370/371, n.º 199; Costa, Agustín A., El recurso ordinario de apelación en el proceso civil, Asociación de Abogados de Buenos Aires, Buenos Aires, 1950, p. 37, n.º 22) y, en la especie, en la instancia de origen –como quedó dicho– aún no recayó decisión sobre el punto aquí planteado.
Consecuentemente, por las razones precedentes, considero que esta crítica es inatendible por no constituir un agravio en los términos del art. 242 del CPCC.
b) Gastos de alquiler de una vivienda La magistrada concedió a favor de los demandantes la indemnización del gasto de alquiler de una vivienda, computado desde el día del hecho (28/09/2014) hasta la fecha en que se otorgue la suma correspondiente para la construcción de la vivienda. En relación a su quantum, la decisora difirió su determinación para el momento de la ejecución de la sentencia (vid. el considerando VII.c de la sentencia).
En su memorial, la demandada cuestionó el lapso y la naturaleza de la obligación. En relación a lo primero, postuló que únicamente correspondía considerar el término de dos años correspondiente al contrato de locación acompañado por los actores, en virtud de que –razonó la quejosa– no hay otra prueba que respalde un lapso mayor. En cuanto a lo segundo, refirió que el presente rubro constituye una deuda dineraria, por tratarse del reintegro de las sumas abonadas como precio del contrato de locación, por lo que no correspondía efectuar una cuantificación como si se tratase de una obligación de valor.
Respecto del primero de los cuestionamientos, cabe señalar que – como lo ha sostenido esta sala in re “Pellizzi, Christian M. c/ Pérez, Ricardo A. y otro s/ daños y perjuicios”, expte. n.° 161.257, del 06/10/2016, aunque respecto de la privación de uso de un automotor, pero aplicable, mutatis mutandi, a la privación de uso del inmueble que aquí se trata– el perjuicio económico derivado de la imposibilidad de hacer uso de una cosa constituye un daño resarcible, cuyo límite temporal debe alcanzar todo el tiempo durante el cual el damnificado presumiblemente padeció tal impedimento. De tal modo, condicionar el resarcimiento de dicha consecuencia a la prueba directa de la efectiva erogación por parte de la víctima, tal como supuso la quejosa en su memorial, implicaría soslayar que este perjuicio puede ser acreditado mediante presunciones que permitan constatar la necesidad de tener que realizar la erogación en cuestión (Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños, cit., t. 1, p. 123, n.° 32).
En efecto, en casos como el presente, el menoscabo a los intereses de la víctima se identifica con la acreditación de que aquella, al haber estado privada de poder usar de la cosa a la que tenía derecho, se vio ante la necesidad de realizar erogaciones. A partir de ello, entiendo que el argumento bajo examen no es fundado.
Sentado lo que antecede, en torno al segundo de los cuestionamientos de la demandada (vinculado con la naturaleza de la obligación), considero que, con corrección, la jueza de grado encuadró a la obligación de que se trata como una deuda de valor. Precisamente, si ignorar que las deudas dinerarias están regidas por el principio nominalista – según el cual el deudor se libera entregando la suma nominalmente expresada en la especie designada; art. 766, CCiv.yCom.– y que, al mismo tiempo, están vedados los mecanismos de actualización de los créditos (arts. 7 y 10, ley 23.928), lo cierto es que dichas reglas encuentran diversas excepciones en la legislación vigente, entre las cuales se destaca –en lo que a este caso concierne– la deuda por el precio del contrato de locación. En efecto, el art. 1199 del CCiv.yCom. reconoce plena validez al “ajuste del valor de los alquileres”, a la vez que expresamente dispone que “[n]o serán de aplicación a los contratos incluidos en este Capítulo [Locación] el artículo 10 de la Ley N° 23.928” (art. cit., modificado por el art. 257 del DNU 70/2023). Ese precepto legal, de consuno con la reconocida jerarquía constitucional de la que goza el derecho a la reparación integral, fuerzan a considerar que el objeto de la deuda bajo examen es un determinado valor y no una cierta cantidad de unidades monetarias.
Remarco, primero, que si bien no ignoro que al momento del hecho dañoso no estaba vigente el precitado art. 1199, tampoco paso por alto el reconocido valor con el que cuentan las disposiciones del CCiv.yCom. – incluso las incorporadas a través del aludido DNU 70/2023– a los fines de desentrañar el sentido de la legislación derogada (art. 2, CCiv.yCom.), por el hecho de que las nuevas leyes tienden a condensar las tendencias doctrinales y jurisprudenciales predominantes durante la normativa anterior (CNCiv., Sala A, 30/3/2016, “F., Celeste Ester c/ D. P., Virginia Gabriela y otro s/ daños y perjuicios”, expte. n.° 11.725/2013; idem, Sala A, 11/10/2016, “R., Jorge Oscar c/ A., Adrián Bartolomé y otro s/ nulidad de acto jurídico” y “A., Adrián Bartolomé y otro c/ R., Jorge Oscar s/ restitución de bienes”, exptes. n.° 47.289/2001 y 38.328/2003; Galdós, Jorge M., “La responsabilidad civil y el derecho transitorio”, LL 2015-F, 867). Sin soslayar que la referida norma refiere a supuesto de hecho que no es exactamente idéntico al que aquí se trata –en orden a que ella alude a una obligación convencional, mientras que aquí estamos ante un crédito nacido de la responsabilidad civil–, es indudable que lo allí legislado ha de resultar útil para determinar el contenido de la prestación que aquí se debe. En ese marco, una interpretación sistemática de la ley –método previsto, actualmente, en el art. 2, in fine, del CCiv.yCom.; Heredia, Pablo D., en Heredia, Pablo D. – Calvo Costa, Carlos A. (dirs.), Código Civil y Comercial comentado y anotado, La Ley, Buenos Aires, 2022, t. I, p. 54; Tobías, José R., en Alterini, Jorge H. (dir.), Código Civil y Comercial comentado. Tratado exegético, 3ª ed., La Ley, Buenos Aires, 2019, t. I, p. 34–, conduce a evitar interpretaciones que provoquen una injustificada diferencia entre acreedores voluntarios (v. gr., el derecho de crédito reconocido al contratante en un contrato de locación) e involuntarios (v. gr., la víctima de un hecho ilícito acreedora de una indemnización).
A esto último se agrega, como anticipé, que la hermenéutica que la jueza de grado suscribió –en el sentido de que este ítem resarcitorio constituye una deuda de valor–, es plenamente conteste con el contenido y sentido del derecho a la reparación integral, del que surge la necesidad de asegurar que la extensión de la reparación sea congruente con la entidad del perjuicio acreditado (art. 19, Const. Nac.; art. 1740, CCiv.yCom.; CSJN, 05/08/1986, “Santa Coloma, Luis F. y otros c/ Ferrocarriles Argentinos”, Fallos: 308:1160; idem, 05/08/1986, “Gunther, Fernando c/ Gobierno Nacional”, Fallos: 308:1118; idem, 05/08/1986, “Luján, Honorio J. c/ Nación Argentina”, Fallos: 308: 1109; idem, 24/08/1995, “Pérez, Fredy F. c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos s/ sumario”, Fallos: 318:1598; idem, 21/09/2004, “Aquino, Isanio c/ Cargo Servicios Industriales S.A.”, Fallos: 327:3753; idem, 27/11/2012, “Rodríguez Pereyra, Jorge L. y otra c/ Ejército Argentino s/ daños y perjuicios”, Fallos: 335:2333; idem, 10/08/2017, “Ontiveros, Stella M. c/ Prevención ART S.A. y otros s/ accidente – inc. y cas.”, Fallos: 340:1038; idem, 02/09/2021, “Grippo, Guillermo O. y otros c/ Campos, Enrique O. y otros s/ daños y perjuicios”, Fallos: 344:2256).
A todo esto, no omito puntualizar que la categoría de deudas de valor tiene por objeto mantener el poder adquisitivo del contenido del crédito (Hernández Gil, Antonio, Derecho de obligaciones, Ceura Madrid, 1983, p. 202; Diez-Picazo, Luis, Fundamentos del derecho civil patrimonial, Civitas, Madrid, 1996, t. II, p. 259 n.° 11), y la división entre el objeto de la obligación (un valor) y el objeto del pago (dinero) (Alterini, Atilio A., Estudios de derecho civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2007 p. 401, n.° 3) es un instrumento para ese fin. Consecuentemente, que a este momento la deuda en cuestión esté expresada en un valor, no implica que su contenido prescinda por completo del dinero, pues este aparecerá en la oportunidad del pago (pecunia est in solutione).
En ese contexto, lo dispuesto por la jueza de grado, en cuanto a que en la etapa de ejecución se deberá informar el valor actualizado del precio del alquiler (en cuya oportunidad habrá de considerarse el contrato de locación obrante a fs. 130 y, eventualmente, otras pruebas que se acompañen por lo períodos posteriores a dicho contrato), no constituyó una decisión observable a la luz de los argumentos expuestos por la quejosa. Por las razones indicadas, considero que este agravio tampoco es fundado, por lo que propongo confirmar este aspecto de la sentencia.
VII. En atención al resultado de los agravios del apelante, en los términos del art. 68 del CPCC, juzgo que las costas de alzada deberían imponerse a la recurrente vencida.
Por las razones expuestas ASÍ LO VOTO.
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la tercera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Roberto J.
Loustaunau dijo:
Corresponde: 1) Declarar mal concedidos los recursos de apelación interpuestos por la parte actora el 08/10/2025 y por la demandada el 20/11/2025; 2) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada el 19/09/2025; 3) Imponer las costas de alzada a los apelantes en sus respectivos recursos.
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Con lo que finalizó el acuerdo, dictándose la siguiente S E N T E N C I A Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) Declarar mal concedidos los recursos de apelación interpuestos por la parte actora el 08/10/2025 y por la demandada el 20/11/2025; II) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada el 19/09/2025; III) Imponer las costas de alzada a los apelantes en sus respectivos recursos; IV) Diferir la regulación de los honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967); V) REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Anexo I -«Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos»- del Ac. 4039/21 de la SCBA). Oportunamente, devuélvase.
En la ciudad de Mar del Plata, se procede a continuación a la firma digital de la presente, conforme Ac. 3975/20 de la S.C.B.A.-
Fin de la sentencia