Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa V-2148/17-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 896/901 vta., y en consecuencia, confirmar la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial que obra a fs. 875/889 en todo cuanto fuera materia de agravios.-
2Declarar la nulidad parcial de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, en la parte que dispone el tratamiento de los recursos de apelación deducidos contra las regulaciones de honorarios de Primera Instancia.-
3Diferir la regulación de honorarios del letrado interviniente hasta tanto dé cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (confr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en la instancia anterior.-
4Imponer las costas al actor por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCyC por remisión del art. 121 de la Ley Nº 1444).-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: V-2148/17-TSJ Interlocutorio N°: 709 Actor: VILLEGAS VILLEGAS JOSÉ EDULIO Demandada: CDE CONSTRUCCIONES Y QBE ART Objeto: LABORAL Fecha: 07-06-2022 Texto: TOMO XXII -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 709 FOLIO Nº 4237/4250 PROT. ELECT. TSS1 010 S.221
Río Gallegos, 7 de junio de 2022.-
Los presentes autos caratulados: “VILLEGAS VILLEGAS JOSÉ EDULIO c/ CDE CONSTRUCCIONES Y QBE ART s/ LABORAL”, Expte. Nº V- 22.144/09 (V-2148/17-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de casación interpuesto por la actora, por intermedio de su letrado apoderado Dr. Darío Carlos Mosso (cfr. fs. 896/901 vta.), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obran- te a fs. 875/889, en cuanto confirmó la sentencia dictada en Primera Instancia a fs. 743/757 vta.-
II. En la especie, y en lo que aquí interesa, el actor promovió la presente acción de daños y perjuicios con el objeto de percibir el cobro de una suma de dinero en concepto de indemnización como consecuencia de un accidente laboral (cfr. fs. 54/60 vta.). Este reclamo fue repelido por la contraria y la citada en garantía negando la existencia del infortunio y del nexo causal (cfr. fs. 102/103 vta. y 114/132).-
El magistrado de origen rechazó en todas sus partes la demanda interpuesta con costas a la vencida por considerar que el actor no logró probar que el desprendimiento de retina fuera producto de un accidente de trabajo considerándola como una enfermedad inculpable (cfr. foja 754.).-
Apelada esta decisión por parte de la accionante (cfr. fs. 758/764), la Excma. Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia de grado, en el sentido indicado en el párrafo anterior (cfr. foja 888 vta.).-
III. Contra este pronunciamiento, la demandante interpuso recurso de casación alegando violación de la ley (cfr. fs. 900/901) y arbitrariedad por absurda valoración de la prueba (cfr. fs. 897/899).-
La recurrente se agravia de que la Excma. Cámara de Apelaciones haya considerado que su parte no describió en el escrito de promoción de la demanda que el elemento dañoso fuera la introducción de arena en uno de sus ojos, sino que entendió que en dicho escrito se alegó que el desprendimiento de retina fue provocado por la acción del viento imperante en el lugar y la arena que se levantaba por la acción del mismo (cfr. foja 897).-
Indica que es motivo de casación: “…el hecho…que el actor en este juicio…fue afectado por un hecho súbito en el lugar de trabajo, donde no han acreditado las partes demandadas que el mismo incurriera en una culpa personal para generar el mismo…” (cfr. foja 897 vta.).-
Entiende que se ha omitido la regla in dubio pro operario y olvidado el artículo 75 de la LCT al sostenerse en la sentencia en crisis que: “…'en momento del escrito inicial se propuso como causal de responsabilidad de la empresa y de la ART la conducta omisiva ante la situación de emergencia por el no traslado inmediato del actor a Rio (sic) Gallegos'. Debe decirse, que esto, haya sido puesto o no, en primer lugar no determina la inexistencia del hecho 'súbito y violento' que produjo el desprendimiento de retina, y en segundo lugar, el modo, forma y tiempo de traslado, está presente en autos, como hecho que el Juzgador no puede ignorar, por el simple arbitrio de prestar debida atención a los informes de la propia ART y de la empresa sobre las operaciones realizadas en relación al herido en el ojo, dado que son constancia (sic) que figuran en la causa…” (cfr. foja cit.).- Expresa que el fallo: “…no toma en cuenta que cuando CDE niega que el actor hubiese estado prestando tareas a la intemperie no acredita de modo alguno…que estuviese bajo techo, es decir es una excusa eximente no acreditada en la medida que no niega el tipo de trabajo que hacia (sic) el actor…En cuanto a la respuesta QBE niega que el lugar fuera pasible de los fuertes vientos… pero no da causa alguna para que tal cosa fuese posible, dado que la zona de trabajo está en Santa Cruz y a los ciento ochenta kilómetros de Río Gallegos. No aporta informe meteorológico de fuente oficial, que desmienta que en esa zona los vientos alcanzan fuertes intensidades.” (cfr. foja 898).- Afirma que la sentencia es arbitraria cuando apartándose de las constancias de autos, considera que el informe meteorológico de fs. 589/590 indica claramente que el puesto desde el cual se toma el dato de la velocidad del viento en Río Gallegos, sector Aeropuerto, sin tener en cuenta esa realidad geográfica, puesto que la demandada no ha probado que en la zona de Campo Bolland el viento fuese de menor intensidad que los alegados 120 kilómetros por hora. (cfr. foja 898 y vta.).-
Se agravia de la absurda valoración de la prueba que -a su entender- deriva de la ratificación del razonamiento erróneo y ajeno a la sana crítica que implica el fallo que se confirma. Al respecto, argumenta que: “…si el perito médico no encuentra ninguna enfermedad de base que lleve a la secuela de un desprendimiento de retina, entonces, solamente es posible la otra alternativa: la introducción de un cuerpo extraño…el informe de la Comisión 20 es totalmente insuficiente, dado que descarta 'relación alguna con un accidente laboral…' pero no agrega antecedente alguno que describa el comienzo y evolución de una enfermedad de base que lleve al desprendimiento de retina, es decir, es una pericia defectuosa…” (cfr. fs. 898 vta./899).- Seguidamente agrega que la parte demandada y las aseguradoras no han presentado pericia o informe técnico alguno de que las antiparras que se entregaban al personal fueran adecuadas para la situación climática de la zona austral patagónica y para la persona afectada.
En relación a ello postula: “…su hermeticidad a la introducción de estériles muy pequeños, como la arena y polvo no están acreditado (sic), como así mismo no se demuestra que la calidad de dicho elemento consiguiera evitar ser afectado por el polvo y la arena en suspensión manteniendo la capacidad de ver por parte del sujeto portante, ni que estuviese diseñado para no generar humedad en los párpados que obligara a su retiro para continuar las tareas de trabajo en un lugar de riesgo dado que el terreno no es un lugar con pavimento, sino campo raso estepario, que ninguna persona…ignoraran (sic) en su compleja condición para ser transitado a pie. Es decir, la ART responsable, no solo (sic) debe proveer los elementos de seguridad, sino comprobar su eficacia, y no solo (sic) comprobar su eficacia, sino hacer inspecciones regulares para acreditar que se usan debidamente provistos por la patronal.
Es además importante que no se haya demostrado que hubiera normas en cuanto a la prohibición de realizar tareas de campo bajo condiciones adversas como cuando el viento habitualmente fuerte en la región, alcanzara niveles muy fuertes, como el caso invocado…” (cfr. foja 899).- Añade, asimismo, que el fallo en crisis aduce elementos de descargo de la demandada que no han sido manifestados en el responde y que esto implica: “…que nos hallamos ante una sentencia no basada en los hechos alegados y probados, que viola la norma legal, al sostener que un hecho súbito y violento causó la lesión alegada en el ojo del actor, causando la deficiencia visual que alega. La arbitraria interpretación contrario (sic) a la sana lógica, es una causa reconocida desde siempre por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como un acto jurisdiccional que debe ser invalidado.” (cfr. foja 900).- Señala que el Tribunal no ha cumplido con el artículo 36 del CPCyC, inc. b), ordenando la comparencia del perito para explicar con más detalle su informe, ni con el artículo 164 de dicha normativa legal al no haber hecho una relación sucinta de las cuestiones que hacen al objeto del juicio, al no haber hecho un relato que contenga lo en realidad dicho por la actora, lo contestado por la demandada y lo dicho por el perito médico, aplicando un criterio lógico y la sana crítica racional; y que, en consecuencia, se han violado los artículos 14 bis y 18 de la Constitución Nacional (cfr. fs. 900 y vta.).- Finalmente solicita se case el fallo revocando la sentencia con costas a la demandada y hace reserva de plantear el recurso extraordinario de inconstitucionalidad por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. foja 901 y vta.).-
A fs. 904/905 la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por la parte actora y a fs. 944 y vta., obra interlocutorio de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia declarando bien concedido el recurso de casación, poniendo los autos a disposición de las partes en los términos del artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, haciendo uso de ese derecho únicamente la parte actora (cfr. fs. 949/950), quien en su presentación reproduce idénticos argumentos.- A fs. 953/955 vta. dictamina el Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, quien expresa que los agravios de la actora deben prosperar por las razones que allí esgrime y a las cuales nos remitimos por razones de brevedad.-
A foja 960 se llaman autos para sentencia y a foja 961 pasan los presentes a estudio.-
IV. En primer término es preciso aclarar que los fundamentos de los agravios vertidos reposan en las causales de violación o aplicación errónea de la ley, conforme lo dispuesto en los artículos 3º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- (cfr. fs. 900/901) y arbitrariedad por absurda valoración de la prueba (cfr. fs. 897/899).-
V. Ahora bien, ingresando al análisis de los argumentos esgrimidos por la recurrente se observa que se queja de la interpretación que la Alzada le dio a los escritos constitutivos de la relación jurídico-procesal.-
Concretamente critica que la Excma. Cámara de Apelaciones haya considerado: a) Que su parte no describió en el escrito de promoción de la demanda que el elemento dañoso fuera la introducción de arena en uno de sus ojos, sino que alegó que el desprendimiento de retina fue provocado por la acción del viento imperante en el lugar y la arena que se levantaba por la acción del mismo (cfr. foja 897 y b) Que en momento alguno del escrito inicial se propuso como causal de responsabilidad de la empresa y de la ART la conducta omisiva ante la situación de emergencia, por el no traslado inmediato del actor a Río Gallegos. (cfr. foja 897 vta.).- Liminarmente debemos recordar que en el marco de un proceso laboral, quien demanda debe identificar con precisión la cosa demandada, explicar con claridad los hechos en que se funde e invocar de forma sucinta el derecho sobre el que asienta su reclamo (art. 45, incs. 3º, 4º y 5º de la Ley Nº 1444).
La cosa demandada es lo que se pide en concreto, el objeto pretendido o reclamado. Es necesaria cierta precisión en la determinación del objeto de la demanda, pues ello marcará el epicentro de la lid y será lo que permita al accionado allanarse o replicar la pretensión. Por su parte, los hechos jurídicamente relevantes constituyen la causa que se invoca como fundamento de la pretensión y como base del derecho aplicable. Además, se debe individualizar y mentar, aún sucintamente, los preceptos legales cuya aplicación se pide al tribunal (cfr. Mazza, Miguel Ángel en Allocati, Amadeo -Director- y Pirolo, Miguel Ángel -Coordinador-: “Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo”, Astrea, Buenos Aires, 1990, Tomo II, págs. 13, 15 y 21).
A su turno, la réplica de la demanda debe ajustarse -en lo pertinente- al mencionado artículo 45 de la Ley Nº 1444 y al artículo 334 del CPCy C. Representa la oportunidad procesal más significativa que tiene el accionado para ejercer su derecho de defensa. Produce la importante consecuencia de incorporar al proceso las circunstancias invocadas por el demandado para desvirtuar la pretensión del actor (autor y ob. cit., págs. 114/115) (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XX Reg. 684, Folio 3984/3991).- La situación descripta cobra vital importancia ya que la tarea de interpretar los escritos constitutivos del proceso y establecer los términos en que quedó planteada la litis, constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria, y su decisión sobre el particular sólo puede revisarse en la sede extraordi-naria en la medida que se denuncie y compruebe absurdo en la interpretación y viola-ción del principio de congruencia (causas L. 99.441, 'Batista', sent. de 27-VI-2012; L. 112.832, 'G.D.H.', sent. de 2-V-2013; L. 117.778, 'Abadie', sent. de 18-V-2016 y L. 117.923, 'Chiroli', sent. de 25-X-2017; e.o.) (cfr.
SCBA “Fleita Eliodoro c/ Aserradero Italí S.R.L. y otros s/ Daños y perjuicios”, LP L 120.800 S, del 13/11/2019).- En el recurso en estudio se observa que el desarrollo argumental esbozado con relación a este agravio no demuestra de manera eficaz el vicio que se le endilga a la sentencia en crisis.-
De una atenta lectura de las constancias de autos podemos adelantar que le asiste razón a la Alzada en cuanto a la interpretación que realizó de los antecedentes de la causa, en cuanto afirma que, a través del recurso de apelación, la actora pretendía agregar hechos que no fueron sometidos a conocimiento del Sr. Juez de grado.-
A fin de ilustrar lo expuesto, es preciso traer a colación la mecánica del accidente narrada en el libelo de inicio. En dicha oportunidad, la parte actora se limitó a efectuar un relato genérico de los hechos en que funda su reclamo sin realizar una descripción concreta y circunstanciada de cómo fue que se produjo el accidente que invoca. En resumen expresó: “…estando en mi lugar de trabajo desarrollando tareas a la intemperie sufro un desprendimiento de retina en el ojo derecho provocado por la acción del viento imperante en el lugar -el manómetro… indicaba ráfagas de 120 Km. por hora- y la arena que se levantaba por acción del mismo.” (cfr. foja 54).- Con relación a la responsabilidad de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo se puede apreciar que la recurrente funda su postura en la omisión de haber desarrollado un rol preventivo, controlador y supervisor de la seguridad e higiene del trabajo, de brindar elementos de seguridad y de proporcionar capacitación para reconocer los peligros, pero no atribuye responsabilidad alguna por el no traslado inmediato del actor a esta localidad (cfr. fs. 55 vta. y 77).-
Sin embargo, al recurrir la sentencia dictada por el Juzgado Provincial Primera Instancia Nº Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de esta ciudad, se advierte que la casacionista cambia su postura en cuanto a los hechos narrados y a la responsabilidad de la ART en los siguientes términos: “…1) El actor ingresó sin dolencia previa alguna que le haya sido detectada en el exámen (sic) preocupacional obligatorio. En caso de omitirse el dictamen, la falta del mismo presupone un estado de salud normal…4) El día del evento invocado como dañoso el viento soplaba a una velocidad al menos igual a 120 kilómetros por hora. 5) El mecanismo dañoso…esto es, la introducción de arena -elemento abrasivo en uno de sus ojos- es propio de la zona y la velocidad del viento. 6)…ante la denuncia de una lesión en su ojo, el actor no fue atendido de inmediato…7)…esta conducta omisiva constituye de por sí, una causal suficiente de daño por parte de la empresa, y una grave omisión de directivas concretas por parte de las ART demandadas en cuanto al accionar patronal.” (cfr. foja 763).- En suma, la introducción de la arena en el ojo y la responsabilidad por la demora en el traslado del actor a Río Gallegos, recién fueron introducidos al proceso en la oportunidad de recurrir el fallo de grado por lo que su tratamiento se encontraba vedado a la Excma. Cámara de Apelaciones.-
Con relación a lo expuesto en el párrafo precedente, este Alto Cuerpo ha sostenido que: “…Si las argumentaciones que desarrolla el recurrente no fueron oportuna y suficientemente propuestas a los jueces de grado, ello impide su consideración en la instancia extraordinaria (Fallos: 313:342).” (cfr. Sentencia, Tomo XI, Reg. 400, Folio 2165/2170).-
Ante este panorama es importante destacar que se debe tener especial cuidado al relatar los hechos que constituyen la causa pretendi, pues revestirán significativa importancia en la etapa probatoria, toda vez que no se puede producir prueba sobre hechos que no hayan sido alegados, como también en la etapa decisoria, pues los hechos son la base del principio de congruencia, con arreglo al cual el juez no puede decidir sobre cuestiones que no constituyeron el thema decidendum (cfr. Leguisamón, Héctor Eduardo: “Derecho Procesal Civil”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Año2017, Tomo I, págs. 593/594).- Dicho en otras palabras, la litis debe decidirse según lo probado pero, ante todo, según lo alegado, ya que esto constituye la versión sobre la cual se pueden desplegar los elementos probatorios. Y todo ello se proyecta aún a la instancia apelatoria, desde que la base primordial de ésta está constituida por esos tramos, al punto que el tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia, para ello debe procederse a interpretar las expresiones en cuestión, lo cual significa, en definitiva, elucidar los escritos de demanda y contestación; y tal interpretación no debe dejar de tener en cuenta, lo que la contraparte pudo y debió entender verosimilmente de los dichos del escrito introductorio de la instancia, al que quedar comprometido en ello el principio de congruencia (cfr. SCBA sum.“Paoltroni Nélida c/ Uiladoy Juan s/ Cancelación doble dominio” LP 226.511 S, 07/12/1999, y sum. “Apaz Alberto c/ Fernández José s /Reg. Honorarios” LP 233.003 S, 11/05/1999).- A la luz de los antecedentes trascriptos y de las constancias de la causa, se puede apreciar que el contenido de la protesta en estudio no logra desvirtuar la estructura del fallo impugnado.-
En definitiva, no se advierte que la Alzada haya efectuado una interpretación errada o absurda de los escritos obrantes en autos pues ésta ha efectuado un exhaustivo análisis de las constancias de la causa llegando a conclusiones que no patentizan la exteriorización de la sola voluntad del juez, ya que aportan las razones por las cuales considera que las cuestiones planteadas son novedosas y, por ende, se encontraba vedado su tratamiento en esa instancia.-
En la especie, la recurrente sólo se limita a brindar su opinión de cómo debieron interpretarse los hechos sin hacerse cargo de los argumentos de la Excma. Cámara de Apelaciones para rebatirlos y sin demostrar cuáles son los errores del fallo con entidad tal como para provocar su revocación, por lo que el recurso, en los términos aquí planteados, no debe recibir favorable acogida.-
VI. Continuando con el análisis del recurso presentado ante esta instancia, debemos tener en cuenta que para que éste resulte procedente por la causal prevista en el artículo 3º inciso a del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, la impugnación debe demostrar la existencia de un defecto de apreciación legal con relación a los hechos y pruebas de la causa y la aplicación legal de un encuadre erróneo; esto es, que el embate de la recurrente se dirige a la actividad de juzgamiento de la Cámara en su tarea de subsunción de los hechos y en la correcta interpretación y aplicación de las normas cuya violación pretende (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXI, Reg. 2663, Folio 4034/4039).- En el caso que nos ocupa, la parte actora deduce que la sentencia emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones ha incurrido en violación o errónea aplicación de la ley al considerar que no se ha cumplido con el artículo 36 inc. b) del CPCyC ordenando la comparencia del perito para explicar con más detalle su informe, y con el artículo 164 de dicho cuerpo normativo al no haber hecho una relación sucinta de las cuestiones que hacen al objeto del juicio y un relato que contenga lo manifestado por la actora, la demandada y por el perito médico aplicando un criterio lógico y la sana crítica racional (cfr. foja 900).- Además de ello entiende que se han violado los artículos 14 bis y 18 de la Constitución Nacional (cfr. fs. 900 y vta.) e incumplido con el artículo 75 de la LCT (cfr. foja 897 vta.).-
Ante este planteo, no debemos perder de vista que estamos ante un proceso de naturaleza laboral y que las normas procesales enunciadas sólo serían aplicables en caso de no presentar colisión con las disposiciones previstas en la Ley de Procedimiento Laboral Nº 1444 (cfr. art. 121 de la citada Ley).-
a) Efectuada la aclaración, debemos adelantar que el recurso respecto de la alegada violación del artículo 36 del CPCyC no puede prosperar ya que, dicho planteo, no fue expuesto ni fue objeto de crítica en el recurso deducido ante la anterior instancia, y por lo tanto, se encuentra vedado su tratamiento en casación.-
De una lectura integral del recurso de apelación obrante a fs. 758/764 se advierte que la recurrente se agraviaba de la apreciación de la prueba efectuada por el Sr. Juez de Primera Instancia, de la jurisprudencia invocada por éste y de la interpretación del escrito de promoción de la demanda pero, en ningún momento, se alegó el incumplimiento o violación del mencionado artículo por lo que no corresponde, en esta etapa extraordinaria, adentrarnos en el tratamiento de cuestiones que no han sido propuestas en Segunda Instancia, porque ello violaría el principio de congruencia (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XI, Reg. 400, Folio 2165/2170).- Es que: “…no se puede, en esta excepcional instancia atender las reflexiones tardías de las partes, recuérdese que tal como lo explica Hitters (Recursos Extraordinarios y Casación, Ed.
LEP, 2da. ed., pág. 182) en la casación hay motivos de impugnación reglados en forma expresa, se controla lo decidido en instancias ordinarias y que el recurso tiende a controlar providencias ya dictadas, de ahí entonces que resulten ajenas a este carril aquellas cuestiones que no han sido propuestas en las instancias ordinarias (pág. 613). Así se ha dicho que: '…Resultan inaudibles los planteos del recurrente que no fueron sometidos a conocimiento de la Cámara en el tiempo procesal oportuno, pues no pueden ser traídos intempestivamen-te a esta instancia extraordinaria…'...Si las argumentaciones que desarrolla el recurrente no fueron oportuna y suficientemente propuestas a los jueces de grado, ello impide su consideración en la instancia extraordinaria.” (Fallos: 313:342) (cfr.
TSJ Santa Cruz, fallo cit.).- En idéntico sentido la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos ha resuelto que: “No pueden ser traídas por el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley aquellas cuestiones que por propia determinación del apelante han quedado consentidas al no ser sometidas a conocimiento de la Cámara.” (cfr. sum.: “Rodríguez Alfredo J. c/ Edenor S.A. s/ Cobro de pesos” LP C 120269 S, 14/06/2017; Sum. “Ferreño Miguel Oscar c/ Kaluza, Carlos H. y otros s/ Daños y perjuicios” LP C 98869 S, 17/09/2008; sum. Grizzuti Eduardo Luis c/ Publiexito S.A. s/ Daños y perjuicios” LP Ac 73499 S, 29/08/2001; sum. “González de Navarro Liliana c/ González Jorge D. y otros s/ Daños y perjuicios” LP Ac 62196 S, 28/05/1996; sum.
“Cerdá Lorenzo c/ Gismondi Medardo Otello y otro s/ Disolución y liquidación de sociedad” LP Ac 51531 S, 23/05/1995) y que: “Las cuestiones que, de manera novedosa y extemporánea se introducen por primera vez ante la instancia extraordinaria, resultan ineficaces para habilitar el Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de ley en tanto constituyen el fruto de una reflexión tardía” (cfr. “Profertil S.A. c/ Casey Marelli S.A. s/ Cobro sumario de sumas de dinero”, LP C 122.401 S, 06/11/2019).- Ergo, ante el resultado adverso del fallo de grado, no puede el recurrente rediseñar en casación un nuevo enfoque introduciendo un argumento -fruto en verdad de una reflexión tardía- que nunca fue puesto a consideración del sentenciante, y por ello no resulta susceptible de ser evaluado ante la instancia extraordinaria (cfr.
SCBA “Varga Américo Ladislao c/ Clínica Privada Gregorio Marañon y otro s/ Despido”, LP L 121.810 S, 20/07/2020).-
b) En cuanto a la violación del artículo 164 inciso 3º del CPCyC, el recurso de casación tampoco puede recibir favorable acogida toda vez que lejos se encuentra de constituir una crítica concreta y razonada del pronunciamiento que se ataca.-
Recordemos que el artículo mencionado -aplicable a los presentes por remisión del art. 121 de la Ley Nº 1444- dispone: “La Sentencia definitiva de primera instancia deberá contener:…3° La relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio…”.-
Esto quiere decir que el Magistrado en su decisión ha de reseñar en forma concreta y simple, en la medida en que ello sea posible, cuál es el objeto del proceso; quién demanda y contra quién se demanda; defensas del accionado, así como también la síntesis de las etapas procedimentales. La omisión de algunas circunstancias que no influyen en la decisión no afecta la validez de la sentencia. La relación sucinta no significa por cierto una transcripción de la demanda y contestación, sino solamente cuáles son los aspectos fácticos invocados y las consecuencias pedidas por el actor y el demandado (cfr. Fenocchieto-Arazi: “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires”, Editorial Astrea, Tomo 1, Año 1987, pág. 549).- Estas previsiones también son aplicables a las sentencias de Segunda Instancia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 165 del CPCyC por remisión del artículo 121 del la Ley Nº 1444.-
Si analizamos el fallo en crisis se puede apreciar que el Tribunal de Alzada dio íntegro cumplimiento con la norma mencionada puesto que, en sus considerandos, hizo referencia a las pretensiones y defensas opuestas por los litigantes en sus respectivos escritos (demanda y contestación), a los fundamentos y análisis esbozados por el Sr. Juez de grado en su sentencia, ponderó de manera particular cada uno de los agravios esgrimidos por la recurrente y, finalmente, efectuó un análisis integral de la prueba producida en autos plasmando el desarrollo argumental que la llevó a resolver en el sentido que lo hizo, sin surgir de su estructura el vicio denunciado.- Se observa, entonces, que la recurrente se ha limitado a mencionar el supuesto incumplimiento de la carga impuesta por el artículo referido sin intentar demostrar -aunque sea mínimamente- en qué se ha equivocado la Cámara y, menos aún, fundar en debida forma y con relación directa al supuesto bajo análisis la procedencia y razonabilidad de su pretensión.-
En el recurso deducido no se logró poner de manifiesto que la sentencia sea portadora de conclusiones inconciliables con las constancias objetivas de la causa, denotando una simple y dogmática exposición de discordancias personales en torno al sentido y alcance de los hechos y de la prueba, lo que hace improcedente el recurso interpuesto.-
c) En lo referido a los artículos 14 bis y 18 de la Constitución Nacional también se observa que la casacionista ha omitido efectuar una cabal demostración de cómo es que se ha producido la violación o la aplicación falsa o errónea de la ley que genéricamente denuncia como manera de suministrar con ello fundamentos que estén referidos directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia. Es decir, la parte actora sólo se ha limitado a enumerar los derechos constitucionales que considera violados sin explicar, concretamente, de qué manera la sentencia de la Alzada produjo esa violación.- Esta ausencia de argumentos lejos está de constituir una crítica profunda, visceral, concreta y eficaz del fallo de Cámara, pues, como más de una vez ha dicho este Tribunal Superior de Justicia, si se les exige a los jueces que se esmeren para apontocar sus fallos, también debe exigirse la debida fundamentación del recurso para sostener el embate (cfr. Sentencia, Tomos XVII, Reg. 574, Folio 3266/3273 y XIX, Reg. 642, Folio 3705/3711, entre otros).-
Es que la sola mención de normas y principios constitucionales sin hacer referencia a su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían afectado las garantías que ellas tutelan no es base idónea de agravio (cfr. Interlocutorio, Tomos XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156, XXVII, Reg. 3200, Folio 5271/5274 y XXXI, Reg. 3571, Folio 6176/6178), por lo que el recurso, en base a estos argumentos, tampoco puede prosperar.-
d) En cuanto a la violación del artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo debemos decir que tampoco le asiste razón a la parte actora por cuanto nuevamente no se encuentra demostrada la violación de la ley que aduce.-
En el caso, se advierte que la recurrente -en su libelo de inicio- invoca de forma genérica la violación de la obligación que emana de la norma sin detallar de manera específica que fue lo que se incumplió, se omitió controlar o se controló de manera deficiente. Si bien aduce que no se realizaron inspecciones del estado de la instalación eléctrica hormigonera exigiendo el mantenimiento adecuado de la misma, no describe y tampoco prueba en qué condiciones se encontraba dicha instalación y, lo más importante, qué incidencia tuvo ello en el infortunio denunciado (cfr. foja 55 vta.).- Por otra parte, la casacionista aduce -también de manera general- que no se brindaron elementos de seguridad y capacitación en la realización del trabajo, sin especificar concretamente cuáles elementos no fueron provistos por su empleadora y cuáles eran las capacitaciones omitidas y que ello hubiera provocado el accidente que invoca.-
No obstante lo expuesto, surge certeramente de las constancias agregadas a fojas 656 y 409 que los trabajadores recibieron capacitación en materia de seguridad e higiene y que se entregaron elementos de seguridad al actor.-
En situaciones similares la jurisprudencia en la materia ha sostenido que: “El trabajador que pretende responsabilidad (sic) contractualmente al empleador del daño sufrido a consecuencia de un accidente del trabajo, o de una enfermedad accidente, debe acreditar la relación del perjuicio con un incumplimiento concreto del principio al deber contemplado en el art. 75 de la LCT, no basta que pruebe la simple relación con la tarea realizada ni que invoque en forma general que el daño se debió a la inobservancia del deber de seguridad.” (cfr. CNTrab. Sala I, del 31/08/1988 “Gómez Vicente c/ Consorcio de propietarios del edificio de Gerónimo Salguero 613, Cap. Federal” TySS, 1989-238, citado por Rodríguez Mancini, Jorge Director-, Barilaro, Ana Alejandra -Coordinadora-: “Ley de Contrato de Trabajo Comentada, anotada y concordada”, Ed. La Ley, Año 2007, Tomo II, pág. 963).- Ahora bien, con relación al argumento de que: “…no basta que al personal se le haya proporcionado algún material de seguridad, sino que debe probarse que tal material era apto para evitar los eventos dañosos…Pero además, no haber sacado la empresa al personal que estaba a la intemperie con ese nivel de fuerza del viento, implica 'per se', una grave falla en normas de seguridad, y más aún, si se envió a trabajar a un personal no imprescindible (dado que el trabajo era de tipo construcción y no de tarea continua de pozo extractor), bajo esas condiciones meteorológicas no dejándolo bajo refugio seguro…” (cfr. foja 762) y que: “…Es necesario decir que la simple constancia de la entrega de elementos de seguridad, no implica acreditar la suficiencia de dichos elementos…La parte demandada y las aseguradoras, no hay presentado (sic) pericia o informe técnico alguno de que las antiparras que se entregaban al personal fueran adecuadas para la situación climática de la zona austral patagónica y para la persona afectada…” (cfr. foja 899), se debe observar que dicho planteo no fue puesto a conocimiento del Sr. Juez de grado quedando afuera de su análisis y decisión por lo que, siendo un planteo introducido de manera novedosa ante las instancias extraordinarias, no procede su tratamiento.- En efecto, y como sostienen las sentenciantes de la anterior instancia, no se encuentra probado el incumplimiento de la norma en materia de seguridad e higiene del trabajo como tampoco que su inobservancia fuera la causa del siniestro sufrido, por lo que la impugnación efectuada debe ser rechazada.-
VII. Respecto de la arbitrariedad por absurda valoración de la prueba, debe puntualizarse que, en palabras de Hitters, el absurdo se configura cuando lo resuelto escapa a las leyes de la lógica o resulta imposible o inconcebible, de manera de implicar un desvío notorio de la aplicación del raciocinio o una grosera degeneración interpretativa; se concreta cuando los jueces estiman las probanzas de manera groseramente contraria a lo que de ellas se infiere (cfr. Quadri, Gabriel Hernán; Cuello, Ramiro Rosales y Sosa, Toribio Enrique: “Tratado de los recursos”, Ed. Astrea, Tomo 2, Año 2019, pág. 134).- La presente causa trata sobre cuestiones de hechos relacionados con las pruebas producidas y las indagaciones realizadas durante el curso del proceso, discrepando el impugnante en la apreciación que efectúan los juzgadores en relación a la falta de acreditación del alegado accidente de trabajo, sus circunstancias y características y que tuviera como fin el rechazo de la acción impetrada.-
Con relación a ello es dable resaltar que corresponde al órgano judicial de grado, como función privativa, determinar si en el caso el trabajador acreditó -o no-, con la prueba aportada, el acaecimiento del accidente de trabajo invocado, y evaluar el material probatorio; y las conclusiones que al respecto se formulen no pueden revisarse en esta sede extraordinaria, salvo efectiva demostración de absurdo (cfr. SCBA “Sosa Fabián Darío c/ Provincia ART S.A. s/ Accidente de trabajo - acción especial” LP L. 121.257 S, 26/12/2019).-
Acorde con este criterio, se ha expuesto que: “…los elementos fácticos del litigio no deben ingresar al tratamiento de la revisión casatoria toda vez que en lo atinente a los hechos, los jueces de grado son soberanos y por consecuencia el relato histórico cumplido por éstos, escapa a la revisión del ad quem (confr. Hitters, Juan Carlos 'Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación', pág. 285/286, Ed. L.E.P. S.R.L., 1991), salvo absurdo o arbitrariedad…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo X, Reg. 347, Folio 1877/1881), lo que no acontece en los presentes.- Es que la simple enunciación de la existencia de arbitra-riedad en el fallo atacado no es suficiente para habilitar la instancia extraordinaria si no se demuestra que la operación intelectual desarrollada en la formación del resolutorio carece de bases aceptables, con arreglo a los mandatos legales que gobiernan la consideración de los elementos de convicción (cfr. SCBA sum. “Gutierrez Víctor José María c/ Scarpino Salvador y otro-a s/ Daños y perjuicios” LP C 123056 S, 24/06/2020, sum. “Piacquadio Roberto Julián c/ Larripa Jorge Abel y otros s/ Escrituración” LP C 120798 S, 06/11/2019, entre otros).- En el sub examine, los argumentos de la parte interesada se centran en tratar de evidenciar la existencia del nexo de causalidad entre la enfermedad que sufre y el trabajo desarrollado; sin embargo, no constituyen una réplica eficaz para descalificar las conclusiones plasmadas en el decisorio impugnado con fundamento en las pruebas producidas en la causa.-
Para decidir como lo hizo, la Excma. Cámara de Apelaciones desplegó su accionar interpretativo sobre la batería de pruebas que conforman el proceso, explicando sus conclusiones pormenorizadamente a lo largo de sus considerandos, inclusive, destacando el valor dado a cada instrumento.-
En particular entendió que: “…Está probado que el día de los hechos…el viento imperante…no era siquiera cercano a los 120 kilómetros/hora… En tal sentido, ver el informe del Servicio Meteorológico Nacional…” (cfr. foja 883 vta.) y que: “…-de la atenta y completa lectura de la pericia- de lo relatado por el actor, el médico no encuentra antecedentes que expliquen la patología y -por vía de hipótesis- plantea que se podría haber producido por un impacto de un objeto en el globo ocular movido éste, por acción de los fuertes vientos […] Ahora bien, la hipótesis de un objeto golpeando el ojo del actor no fue planteada en la demanda, como tampoco lo fue el ingreso de arena en el mismo. Y el hecho sí argumentado: fuertes vientos, no fue probado. Por lo antedicho los agravios del actor, relativos a la existencia de una relación causal entre la enfermedad sufrida…y el trabajo desarrollado, deben ser rechazados.” (cfr. fs. 884 y vta.).- Recordemos que, negada la existencia del infortunio invocado en la demanda, se encontraba a cargo de la recurrente demostrar los hechos en que asentaba su queja. Así entonces, cuando el demandado se limita a negar los hechos expuestos por el actor, a éste le corresponderá probar los hechos en que funda su reclamo, y en ausencia de prueba su demanda será desestimada (cfr. Ackerman, Mario E. -director-, Tosca, Diego M. -coordinador-: “Tratado de Derecho del Trabajo”, Tomo IX, Rubinzal-Culzoni- Editores, Año 2009, pág. 556).-
Al analizar las pruebas producidas no se advierte, en el fallo en crisis, el quebrantamiento de las debidas pautas de meritación en tanto que del Expte. Nº 020-L-00099/08 tramitado ante la Comisión Médica (cfr. fs. 387/432), de la pericial médica (cfr. fs. 609/611) -que no fue impugnada ni observada por las partes-, sumado a los restantes medios probatorios, esto es: pericia en Higiene y Seguridad en el Trabajo (cfr. fs. 649/656), testimonial (cfr. fs. 605 y vta.) y documental agregada, no surge que la lesión sufrida por el actor fuera consecuencia de las tareas desempeñadas.- Sin bien la accionante se agravia únicamente de la interpretación que los sentenciantes han efectuado de la prueba informativa dirigida al Servicio Meteorológico Nacional y de la prueba pericial médica (lo que será tratado en los párrafos siguientes), es preciso resaltar que de los restantes medios probatorios tampoco surge acreditada la mecánica del accidente descripto por la parte actora en el libelo de inicio ni la relación de causalidad alegada.-
A fin de ilustrar lo expuesto podemos traer a colación el testimonio del Sr. José Belarmino Alvarado Alvarado, quien al ser preguntado por la actividad que desempeñaba el actor, contestó: “…El (sic) estaba con el personal de mantenimiento y limpieza del predio…”; luego, si sabía y le constaba que el actor había sufrido un desprendimiento de retina, contestó: “…Si…” (sic); y al consultarle dónde se encontraba el Sr. Villegas cuando se produjo el desprendimiento de retina a que se refiere la pregunta anterior, respondió: “En el lugar de trabajo” (cfr. fs. 293 vta. y 605 y vta.), sin brindar mayores datos respecto a la forma en que se produjo tal accidente.- Debemos recordar que la casacionista desistió de los restantes testigos oportunamente ofrecidos (cfr. fs. 573 y 606).-
Continuando con el análisis de la prueba agregada en los presentes, también se observa que en el informe presentado por el Licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo, Fernando Damián Gónzalez, no se pudieron determinar con certeza las tareas específicas que desarrollaba el actor ni los riesgos asociados con las mismas. Tampoco se pudo describir el mecanismo de ocurrencia del accidente motivo del reclamo ni sus posibles causas (cfr. incisos K y L de foja 651). En cambio, el experto sí pudo dejar constancia de que se efectuaron capacitaciones en materia de seguridad e higiene hacia los trabajadores y que se entregaron elementos de protección personal (cfr. foja 656).- Por otra parte, del mismo expediente Nº 020-L-00099/08 se desprende que la descripción de la mecánica del accidente fue efectuada de manera diferente a la expuesta en el escrito de demanda. En efecto, ante dicho Organismo la parte actora expresó: “Refiere que se encontraba trabajando en zona rural y había mucho viento y al sacarse los anteojos le entró tierra en los ojos derecho (sic), se limpio pero quedo con molestias (sic)…” (cfr. foja 409) y que: “…se examinó al trabajador constatando que la patología que presenta, no tiene relación alguna con un accidente laboral…” (cfr. foja 415).- Finalmente, y del informe pericial médico presentado por el Dr. Federico Martin, en su carácter de perito designado por el Cuerpo Médico Forense de esta ciudad, se concluye que no se encuentran antecedentes que pudieran estar relacionados en forma directa con la patología descripta (cfr. foja 610).-
Con relación a este medio probatorio se agravia la recurrente porque entiende que: “…si el perito médico no encuentra ninguna enfermedad de base que lleve a la secuela de un desprendimiento de retina, entonces, solamente es posible la otra alternativa: introducción de un cuerpo extraño…no se toma en cuenta que el actor tuvo que haber sido forzosamente, objeto de una revisión médica a su ingreso a la firma accionada…La conclusión es clara y contundente: si entró sano debe salir sano…” (cfr. foja 898 vta.).-
En primer término debemos decir que más allá de la discrepancia que en esta instancia manifiesta la recurrente con las conclusiones arribadas por el experto, lo cierto es que en la etapa procesal oportuna ésta no efectúo ningún tipo de observaciones ni brindó argumentos científicos que pongan en duda la eficacia de la pericia médica efectuada por el Dr. Martin, por lo que ésta se encontraba consentida al momento del dictado de la sentencia de grado.-
Si bien es cierto que la prueba pericial médica no es vinculante para el juez, para apartarse de las conclusiones establecidas por el profesional es necesario aportar elementos de juicio que conduzcan a demostrar error o parcialidad por parte del perito, por cuanto la concordancia del dictamen pericial con los principios de la sana crítica, la competencia del facultativo y los principios técnicos en que se fundan, no pueden ser controvertidos mediante simples discrepancias (cfr. CNAT, sala VII, “ Chaile Ramón A. c/ Caja Nac. de Ahorro y Seguro” D.T. 2002 -A-419 del 12-11-2001, citado en “Revista de Derecho Laboral - Procedimiento Laboral”, Tomo I, Año 2007, Ed. Rubinzal-Culzoni Editores, pág. 571).- Destacada doctrina en la materia nos ilustra que: “…si bien el juez tiene amplia libertad para ponderarla, ello no importa reconocerle una absoluta discrecionalidad, por lo que el rechazo o apartamiento de la opinión del experto debe fundarse en elementos probatorios del proceso provistos de mayor eficacia, para provocar la convicción acerca de la verdad de los hechos controvertidos, y que el hecho de que la valoración de la prueba pericial sea tarea propia y exclusiva de los jueces de mérito no significa, en modo alguno, que esta soberanía axiológica permita al juzgador apartarse arbitrariamente de las conclusiones a que arriba el experto… Para llegar el juzgador a la desestimación de las conclusiones del perito debe mediar un análisis profundo y serio de los principios científicos y técnicos, y de las circunstancias fácticas obrantes en los autos, que descalifiquen como tal al dictamen pericial, sea por mediar error o inadecuada aplicación por parte del experto de los conocimientos científicos inherentes a su profesión o por contener meras afirmaciones realizadas axiomáticamente por el experto, carente de razones científicas o de antecedentes de hecho que puedan servirle de sustento.
Consecuentemente, al igual que los demás elementos probatorios, la prueba pericial debe analizarse y valorarse de acuerdo con las reglas de la sana crítica racional, los principios científicos o técnicos en que se funda y las demás pruebas o elementos de convicción rendidos en el proceso, que también sean relevantes para resolver el caso concreto. Por ello, el disenso con el dictamen técnico no puede ser antojadizo ni arbitrario, ni puede el juez fundar su discrepancia sólo en su íntimo parecer, basándose exclusivamente en su particular modo de apreciar la cuestión, sino que debe apoyar su apartamiento de la prueba pericial en pautas y conceptos científicos o técnicos relativos a la misma materia sobre la que se expidió el experto; es menester que el criterio disidente tenga un serio y lógico apoyo científico que demuestre claramente por qué los expertos han errado en su dictamen.” (cfr.
Revista de Derecho Laboral-Procedimiento Laboral, Tomo II, Año 2007, Rubinzal Culzoni Editores, pág. 308/309).- Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza consideró que el apartamiento de la judicatura del resultado de la pericia debe fundarse, entre otras cuestiones, en que la pericia: a) es contradictoria con respecto a otra pericia o prueba de mayor relevancia; b) resulta inverosímil, por ser contraria a las leyes de naturaleza o los más elementales principios de la lógica; c) deviene nula por vicios formales; d) resulta vacía de contenido sustancial, por carencia de fundamentos o motivación oscura o imprecisa (cfr. caso “La Mantía” citado en Revista de Derecho Laboral-Procedimiento Laboral, Tomo II, Año 2007, Rubinzal Culzoni Editores, pág. 310 -nota al pie-).- En el recurso en examen no se logró demostrar, de manera fehaciente, que la pericia presentada por el experto sea errónea, que se hubiere hecho un uso inadecuado de los conocimientos técnicos o que se contradiga con las restantes constancias obrantes en autos por lo que no puede apreciarse una valoración absurda por parte de las magistradas como pretende la recurrente.
Al contrario, la pericia referida fue analizada de manera integral con los restantes medios probatorios, formando la convicción de las sentenciantes que las llevó a resolver en la forma en que lo hicieron.- Es que la valoración de la prueba de peritos, en cuanto a su contenido y alcance, es facultad privativa de la judicatura de la instancia ordinaria, salvo absurdo, el que no sólo debe ser denunciado, sino que es también menester demostrarlo fehacientemente (cfr. SCBA, 30-6-81, con apostilla de Hugo R. Carcavallo, T. y S.S. 1982-51 citado en Revista de Derecho Laboral-Procedimiento Laboral, Tomo II, Año 2007, Rubinzal Culzoni Editores, pág. 310 -nota al pie-). No cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurar al mentado vicio, pues éste hace referencia a la existencia de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica en el razonamiento efectuado por quien juzga, o una grosera desinterpretación material de la prueba (causas L. 94.368, "Casella", sent. de 18-VIII-2010; L. 117.599, "Escobar", sent. de 27-V-2015 y L. 117.867, "Vigliero", sent. de 17-V-2017) que en el caso -cabe reiterar- no se evidencia.
(cfr. SCBA “Guerra Claudia Noemí c/ Ministerio de Seguridad- Policía de la Provincia de Buenos Aires y otro s/ Accidente de trabajo-acción especial LPL. 121460 S, 31/08/2020), lo que no fue puesto de manifiesto por la recurrente.- Respecto de la prueba informativa dirigida al Servicio Meteorológico Nacional, se debe tener presente que la misma fue ordenada y producida conforme fuera ofrecida por la parte actora en los siguientes términos: “Se libre oficio al Servicio Meteorológico Nacional a fin de que informe las condiciones climáticas del día 13 de noviembre del año 2007 en el paraje Campo Bolland, o en caso de no tener mediciones del lugar, de la medición más cercana.” (cfr. fs. 56, 603 y 589/590).-
Es en base a ello que dicho organismo brindó la información solicitada teniendo como referencia la estación más cercana: el aeropuerto de Río Gallegos.-
Si bien que le asiste razón a la recurrente en cuanto a que este medio probatorio no brinda información certera sobre el viento imperante en el lugar de trabajo por cuanto las mediciones no fueron efectuadas en el lugar del hecho, lo cierto es que ello no resulta suficiente para desvirtuar el decisorio en crisis.-
Nótese que esta prueba informativa -de manera aislada- no fue determinante para el rechazo de la acción, sino que el análisis integral y omnicomprensivo de todos los medios en su conjunto llevó a la Alzada a concluir que no existe nexo causal entre la patología denunciada por el actor y las actividades desempeñadas.-
En suma, el fallo en crisis no denota ningún quiebre entre la pretensión y lo probado con relación a la traba de la litis, estructurándose de esta manera, la inconsistencia de los agravios vertidos en la medida que el atender sólo la propia interpretación de los hechos verificados, le impide comprobar signos de razonabilidad suficientes en el tratamiento de aquéllos y de las pruebas aportadas y como tal, se torna inaudible en casación al ser manifiesta la inconsistencia de sus argumentos. Las críticas efectuadas sólo traducen diferencias de opinión con el Juzgador y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta. Los motivos impugnativos están directamente referidos a un defecto de apreciación legal en relación a los hechos, pruebas y constancias de la causa por parte de la Excma. Cámara de Apelaciones, o error de subsunción; esto es, se ataca la actividad de juzgamiento del “ad quem” referenciándose cuestiones de hecho y prueba que resultan ajenas a esta instancia casatoria (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos II, Reg. 207, Folio 347/349 y VII, Reg. 991, Folio 1206/1208, entre otros).- En definitiva, la prueba del absurdo, como dice Morello, tiene que ser contundente, que no deje lugar a dudas, para lo cual es imprescindible hacerse cargo de explicar de qué modo se ha configurado la falla o anomalía (cfr. Quadri, Gabriel Hernán; Cuello, Ramiro Rosales y Sosa Toribio Enrique: “Tratado de los recursos, Ed. Astrea, Tomo 2, Año 2019, pág. 154), lo que no fue demostrado en el desarrollo argumental esgrimido por la casacionista al fundar su reproche.-
No se advierte en la especie valoración absurda ni arbitrariedad manifiesta, como así tampoco un apartamiento de los principios de la lógica que justifique el remedio excepcional y extraordinario de la casación, puesto que -como se dijo- el recurrente basa su disenso en materia de hecho y derecho procesal, pretendiendo una interpretación diferente, como si se tratara de una tercera instancia común u ordinaria (cfr. Hitters, Juan Carlos: “Técnica de los Recursos extraordinarios y de la casación”, Ed. LEP S.R.L., 2a. Ed., Año 1998, pág. 182, primer párrafo).- Se está en definitiva, ante un débil planteo no sólo de revalorización de la prueba sino de cuestiones de hecho, reservadas a los jueces de grado (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos II, Reg. 191, Folio 317/319 y IV, Reg. 427, Folio 714/715), revisable sólo en esta instancia si media quebrantamiento de las normas legales que regulan su producción, o que la apreciación se haya efectuado en forma absurda (cfr. TSJ Santa Cruz Interlocutorio, Tomo II, Reg. 191, Folio 317/319, entre otros), acontecimiento procedimental que no ha sido acabadamente demostrado, en tanto y en cuanto, por el avance sistemático del recurso planteado es menester la cabal demostración de la valoración absurda de la prueba -dónde reside el desvío lógico, la falla del razonamiento, la incongruencia o el grosero error material en la interpretación de algún elemento probatorio, y que llevará a sentar premisas incompatibles con las reglas de la común experiencia o contradichas por piezas fehacientes de la causa-, en grado tal que justifique su revisión por la última instancia provincial (cfr. Interlocutorio, Tomo IV, Reg. 427 Folio 714/715; Sentencia, Tomo V, Reg. 179, Folio 969/974, entre otros).- Se aprecia entonces y sin lugar a dudas que los tribunales inferiores han efectuado un enjundioso estudio de las probanzas arrimadas al expediente con un análisis lógico jurídico irreprochable, concluyéndose en el rechazo de la acción entablada.-
Es en virtud de lo expuesto y a la luz de los elementos de juicio aportados en esta causa que puede concluirse que el demandante no ha logrado demostrar que la valoración de la anterior instancia respecto de la actividad probatoria desplegada haya incurrido en el vicio del absurdo, y menos aún consiguió acreditar la existencia del accidente de trabajo del modo y con las características descritas en el escrito de promoción de la demanda, por lo que corresponde rechazar el presente agravio.-
VIII. Otro de los fundamentos esgrimidos por la parte actora en el recurso de casación consiste en que la Alzada habría omitido aplicar la regla in dubio pro operario.-
Para analizar este agravio, debemos tener en cuenta que la enunciación del principio in dubio pro operario, que consagra la norma del artículo 9 de la LCT, constituye una manifestación general de protección en favor del trabajador, con el objeto de mantener el equilibrio entre las partes contratantes, por la debilidad de aquél frente a su empleador, principio que encuentra fundamento en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Con relación a los supuestos que contempla la norma, denótese que la aplicación del principio in dubio pro operario procede sólo en caso de duda respecto de: a) la aplicación de la norma más favorable en el caso de existir varias y b) la interpretación o alcance de la ley. Y a partir de la sanción de la ley Nº 26.428 (Adla Bol 1/2009, p. 4) que modifica el art. 9 de la LCT (t.o. 1976) (Adla, XXXVI-B, 1175) en la apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador. Ahora, según el principio aludido, cuando la realidad admite varias lecturas, si el trabajador logra con sus pruebas generar una duda firme acerca de la veracidad de los hechos y esta duda no es contrarrestada por la prueba del empleador, el juez debe tener por ciertos los hechos afirmados por aquél en cuanto no sean ilógicos o incoherentes. No se trata necesariamente de que el Tribunal supla deficiencias probatorias, sino de valorar la prueba adecuada a las circunstancias y en aquellos casos de verdadera duda volcar el resultado de la apreciación en favor del trabajador (confr. STJ, de Santiago del Estero, Sala Criminal, Laboral y Minas; “Dargoltz, Raúl Fernando c/ Mirko Autopartes o Myde S.A.”, del 11/08/2010, Cita online: AR/JUR/45787/2010 (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 621, Folio 3576/3582).- En este proceso el trabajador no logró, con las pruebas producidas, generar una duda acerca de la veracidad de los hechos alegados; al contrario, analizadas las mismas en su conjunto se puede concluir -de manera certera y sin lugar a dudas- la inexistencia de causalidad entre la lesión sufrida por el actor y la actividad laboral desempeñada.-
Hemos de recordar al respecto, que la regla in dubio pro operario es un estado de ánimo que se produce -o no- en la magistratura al tiempo de dictar sentencia, por lo tanto, no resulta de aplicación si las personas que juzgan manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento. (cfr. Diegues, Jorge A.: “Aplicaciones Jurisprudenciales del in dubio pro operario”, del 15/06/2015, www.informacionlegal.com.ar Cita Online AR/DOC/1828/2015).-
Abonando esta postura se ha resuelto que: “En atención al planteo de la recurrente referido a la omisión por parte del a-quo del principio que emana del art. 9 de la LCT, creo necesario puntualizar que, en el caso de autos, la apreciación de la prueba no suscita duda alguna y que no se plantea una situación dudosa en torno a los hechos alegados por la demandada, como para que pueda considerarse operativa la solución prevista en el último párrafo del art. 9 LCT, modificado por la ley 26.428. Por el contrario, de las circunstancias precedentemente analizadas, se desprende inequívocamente que existe una clara insuficiencia probatoria que obsta a la posibilidad de que se tengan (sic) por acreditado el accidente invocado en la demanda en sustento de la indemnización reclamada.” (cfr. CNAT, Sala II, “Ávila Gabriel Alejandro c/ Peide Industria y Construcciones S.A. y otro s/ despido”, del 20/09/2012, www.informacionlegal.com.ar Cita Online: AR/JUR/ 54266/2012).- En conclusión, el principio alegado no es de aplicación a estos actuados toda vez que la prueba -de la manera en que fue producida- no genera dudas acerca de la falta de acreditación de los hechos alegados en la demanda, debiendo rechazarse el agravio en estudio.-
IX. Finalmente corresponde pronunciarnos respecto del tratamiento dado por la Excma. Cámara de Apelaciones a los recursos interpuestos contra las regulaciones de honorarios practicadas en Primera Instancia.-
A fin de un mayor entendimiento del tema que nos ocupa, es preciso hacer un breve relato de lo actuado en el proceso.-
En este sentido, en la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de esta ciudad, se resuelve rechazar en todas sus partes la demanda interpuesta contra CDE Construcciones S.A. y QBE Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.. Las costas se imponen al actor por el rechazo de la acción, a CDE Construcciones S.A. y Consolidar Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. por el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva y a QBE Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. por el rechazo de las excepciones de falta de legitimación pasiva y falta de acción. (cfr. foja 757). Dicho fallo fue apelado por el demandante a fs. 758/764.- Por otra parte, y mediante providencias simples, se regularon honorarios en favor de las Dras. Erica Schupbach, Belisa B. Yañez, Laura C. Fernández (respectivamente, apoderada y patrocinante la primera y las segundas patrocinantes del demandado CDE Construcciones S.A., cfr. fs. 788/789), y del Dr. Elián Santiago Smith (apoderado de la citada en garantía QBE Aseguradora de Riesgos del Trabajo, cfr. fs. 774 y vta. 788 vta./789). Con relación al Dr. Pablo Mengón, se verifica que intervino en carácter de apoderado de la tercera citada en garantía 'Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A continuadora de Consolidar ART', cuyas actuaciones se tuvieron por no presentadas a foja 856).- Estas regulaciones de honorarios fueron impugnadas de la siguiente manera:
La Dra. Erica Schupbach, en representación de la demandada, recurrió los honorarios regulados a su favor y de las Dras. Yañez y Fernández (cfr. foja 790) y los honorarios regulados al Dr. Elián Santiago Smith (cfr. foja 818).-
Por su parte, el Dr. Darío Carlos Mosso, en el carácter de apoderado de la parte actora, recurrió los honorarios regulados a los letrados de las demandadas (cfr. foja 800).-
Ahora bien, los emolumentos mencionados no fueron notificados a los domicilios reales de los obligados al pago de los honorarios. Con la salvedad de la notificación a 'QBE Aseguradora de Riesgos del Trabajo' de los honorarios regulados a fs. 774 y vta. y 788 vta./789 (cfr. cédula de notificación agregada a fs. 825/826 vta.). También se intentaron notificar los honorarios regulados a fs. 788/789 al Sr. José Edulio Villegas Villegas (actor), pero se devolvió la cédula sin diligenciar porque no se pudo determinar el domicilio del requerido (cfr. cédula de notificación agregada a foja 793 y vta.). Por lo tanto, los condenados en costas no pudieron tener un real conocimiento de la totalidad de los honorarios regulados.- Advirtiendo tal situación y como previo a remitir los autos a la Excma. Cámara de Apelaciones, el Magistrado de Primera Instancia dispuso: “Habiendo realizado un pormenorizado cotejo de las presentes actuaciones, se pone en conocimiento de los interesados, que se encuentra pendiente (sic) las notificaciones de las regulaciones de honorarios del Dr. Smith, Dr. Mengon (sic) y asimismo de las Dras. Schupbach, Fernandez (sic) y Yañez, todos en los domicilios reales del obligado al pago conforme el art 72 de la ley Nº 3330 y de la regulación de honorarios del Dr. Mengon (sic) en el domicilio real de su cliente. En consecuencia y a los fines de salvaguardar el debido derecho de defensa, como asimismo, evitar mayores dilaciones, intímase a los Dres. Schupbach Erica, Mengon (sic) Pablo a que en el plazo de tres (3) días, insten el diligenciamiento de las instrumentales mencionadas (Villegas Villegas Jose (sic) Edulio, Consolidar y CDE Construcciones) bajo apercibimiento de elevar sin más trámite las presentes actuaciones, quedando pendiente el tratamiento de los recursos de apelacion (sic) contra los autos regulatorios de fs. 774, 788/789 y 799. Notifíquese personalmente o por cédula por Secretaría.” (cfr. foja 832).- Esta providencia fue notificada por cédula a los profesionales mencionados conforme las constancias agregadas a fs. 835 y vta., 836 y vta. y 837 y vta..-
Que, vencido el plazo de intimación referido, el Juez de grado dispuso: “…encontrándose debidamente notificada (sic) las partes del auto de fs. 832, conforme surge de la cédula de notificación obrante a fs. 835 y vta., 836 y vta. y 837 y vta., hágase efectivo el apercibimiento allí decretado. Atento el estado de autos, elévense las actuaciones a la Excma. Cámara de la Primera Circunscripción Judicial de La Provincia de Santa Cruz…” (cfr. foja 839).-
De la providencia transcripta se infiere que el magistrado de origen procedió a elevar el expediente a la Alzada con la finalidad que ésta resuelva el recurso de apelación interpuesto sólo contra la sentencia de grado, y no para que se dé tratamiento a los recursos deducidos contra las regulaciones de honorarios en virtud de que los mismos no se encontraban en condiciones de ser tratados hasta tanto se diera cumplimiento con las notificaciones omitidas.-
No obstante, la Excma. Cámara de Apelaciones no ha tenido en consideración el apercibimiento dispuesto y al resolver el recurso de apelación deducido contra la sentencia de Primera Instancia también abordó el examen de las apelaciones de honorarios. Como correlato de ello resolvió: “…Autos y vistos… Falla…3º) Anulando la providencia de fs. 799 y vta. 4º) Rechazando los recursos de apelación deducidos por CDE a fs. 790 y 818. 5º) Disminuyendo los honorarios de las Dras. Erica Schupbach, Belisa Yañez y Laura Fernández -en conjunto y en proporción de ley- a la suma de Pesos Seis Mil Trescientos ($6.300) con más el porcentaje de I.V.A si correspondiere. 6º) Disminuyendo los honorarios del Dr. Elián Santiago Smith a la suma de Pesos Siete Mil Setecientos ($7.700) con más el porcentaje de I.V.A si correspondiere….” (cfr. fs. 888 vta./889).- Sabido es que la Alzada, a efectos de poder pronunciarse sobre una cuestión de fondo -en este caso, las regulaciones de honorarios- en principio debe analizar lo relativo al aspecto formal y sustancial, puesto que la ausencia de alguno de ellos frustra la vía ya sea por incumplimiento de las formas o por falta de presupuestos sustanciales (cfr. SCBA, “Gonzalez Hugo Joaquin s/ Sucesión”, MP 145658 I, 27/04/2010. En igual sentido: Roberto G. Loutayf Ranea: “El Recurso Ordinario de apelación en el proceso civil”, Ed. Astrea, Año 2009, Tomo 2, pág. 4).- En el caso, la anterior instancia se pronunció sobre una cuestión que aún no estaba en condiciones de ser tratada, violando de esta manera los principios esenciales del procedimiento y fundamentalmente el derecho de defensa en juicio.-
La falta de notificación de los honorarios regulados en los domicilios reales, es de una gravedad tal que lleva a la anulación parcial, aún de oficio, de la sentencia de la anterior instancia.-
Este Tribunal ya ha tenido oportunidad de expedirse sobre el particular señalando: “…se hace necesario rever las cuestiones que hacen a la estructura formal del pronunciamiento de segunda instancia -a su validez formal- en atención a que el mismo no reúne 'prima facie' los requisitos establecidos en la ley ritual, lo que impide entrar al análisis de las objeciones formuladas por los quejosos, ya que todo tratamiento de la forma de juzgar requiere como base previa una sentencia válida en cuanto a las formas estructurales que le fija la ley procesal (cfr. Sentencia, Tomo I, Reg. Nº 2, Fº 8/12). No en otro sentido es que se ha expedido nuestro más Alto Tribunal Nacional al referir que: '…Si bien las sentencias de la Corte deben limitarse a lo peticionado por las partes en el recurso extraordinario, constituye un requisito previo emanado de su función jurisdiccional el control, aún de oficio, del desarrollo del procedimiento cuando se encuentran involucrados aspectos que atañen al orden público, toda vez que la eventual existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad absoluta y que afecta una garantía constitucional, no podría ser confirmada…' (cfr.
CS, LL 1995-B, 32-92982; JA 2002-IV-720)…' (confr. Tomo XI, Sentencia, Reg. 396, Folio 2149/2151). Dicha irregularidad -se expresa en el fallo citado- constituye un caso excepcional de incompatibilidad con el principio del debido proceso y afecta directamente las garantías constitucionales de defensa en juicio y de debido proceso por lo que la nulidad examinada es de carácter absoluto, susceptible de ser declarada de oficio en cualquier estado y grado del proceso…” (cfr. Sentencia, Tomo XVII, Reg. 581, Folio 3318/3322).- Ahora bien, el artículo 72 de la Ley de Honorarios -Ley Nº 3330- determina que: “Los autos que regulen honorarios deberán ser notificados personalmente o por cédula a sus beneficiarios y a los obligados a su pago en el domicilio real de éstos, o en el que especialmente hubiere constituido a estos efectos en el expediente o en otro instrumento público.
Serán apelables en el término de cinco (5) días, pudiendo fundarse la apelación en el acto de deducirse el recurso, que se resolverá previo traslado a la parte contraria en el plazo perentorio de diez (10) días de recibido el expediente por la Alzada sin excepción y dilación alguna atento el carácter alimentario que reviste el honorario profesional.”.- Con las omisiones señaladas se ha producido una flagrante violación de la garantía de defensa en juicio y se ha vulnerado el principio de bilateralidad o contradicción.-
El principio de bilateralidad: “...'…implica la prohibición de que los jueces dicten alguna resolución o dispongan la ejecución de alguna diligencia procesal sin que, previamente, hayan tenido oportunidad de ser oídos quienes pudieran verse directamente afectados por tales actos.' (cfr. Lino Enrique Palacio, “Derecho Procesal Civil”, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1986, Tomo I, pág. 263). El mismo deriva directamente del artículo 18 de la CN, manda que dispone la inviolabilidad de la defensa en juicio de las personas y de los derechos. Sobre la base de aquel principio, en todo el desarrollo del proceso, se estructuran actos de transmisión, como son, entre otros, las notificaciones, las que colocan a las partes en condición de expedirse sobre distintos actos procesales. De este modo la decisión judicial puede ser el fruto de un proceso dialéctico de debate entre las partes ante el Juez como un tercero imparcial.” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3404, Folio 5726/5732).- El principio de bilateralidad es una exigencia del respeto al debido proceso legal y del principio de igualdad entre las partes (cfr. Loutayf Ranea, Roberto G.: “Principio de bilateralidad o contradicción”, del 16/02/2011, www.informaciónlegal.com.ar. Cita Online: AR/DOC/313/2011).-
Desde otro cuadrante, la omisión casi total de la notificación de los honorarios regulados al domicilio real de los obligados al pago, implica un cercenamiento de la garantía a la doble instancia judicial, reconocida precisamente en la Ley de Honorarios Provincial de acuerdo a su artículo 72.-
Por otro lado, en atención a la trascendencia del acto que se ha omitido, en tanto no se ha respetado el principio de bilateralidad, cabe inferir el perjuicio por el sólo incumplimiento de las exigencias procesales. Esta conclusión se compadece con la garantía procesal afectada (la defensa en juicio), cuya efectiva vigencia requiere la oportunidad de las partes a ser oídas con las formas y solemnidades que determinan las normas procesales (cfr. sum. Fallos 280:72; 283:88, entre otros) (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3404, Folio 5726/5732).- La decisión que debe ser tomada en estos actuados por este Alto Cuerpo trata, en definitiva, del debido contralor de los actos jurisdiccionales, que siempre y necesariamente deben respetar la lógica interior de los hechos, pruebas y legalidad de las respuestas jurisdiccionales, sin lo cual se malogran irremediable-mente las garantías del debido proceso, de la defensa en juicio y, fundamentalmente, del principio de seguridad jurídica.
Esto es, comprobado el vicio de procedimiento, la parcela sentencial de la Alzada vinculada a la regulación de honorarios no existe como acto procesal válido.- La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha resuelto que: “…la circunstancia de que algún aspecto de la sentencia se encuentre viciada por un defecto de gravedad tal que justifique su anulación, no implica que resulte necesario declarar la nulidad de aquellos fragmentos del decisorio que componen las restantes controversias suscitadas entre las partes, lo que configuraría un dispendio jurisdiccional -afectando el rendimiento del servicio de administración de justicia-, cuando los términos de los mismos no han provocado agravios, o bien, si los hay, nada impide que la Suprema Corte ejerza, a su respecto, la función revisora, satisfaciendo los fines de la casación (cfr. causas L. 80.137, "Garín", sent. de 6-9-2006 y L. 90.689, "Martínez Gómez", sent. de 15-5-2009).” (cfr.
SCBA, "Bernal, Ricardo c/ Transportes La Perlita SA. s/ Accidente de trabajo” LP L 118.963, 09/08/2017, y TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 583, Folio 3332/3338).- Que, la antedicha solución es concordante con precedentes de este Alto Cuerpo que ya han declarado la nulidad parcial de la sentencia, facultad excepcionalmente utilizada por este Tribunal (cfr. Sentencia, Tomos VI, Reg. 212, Folio 1142/1144; VII, Reg. 237 Folio 1280/1287; XV, Reg. 518, Folio 2901/2904; XVI, Reg. 555, Folio 3139/3147; XVII, Reg. 583, Folio 3332/3338, entre otros).-
Es que: “…El objeto de las nulidades procesales es asegurar la garantía constitucional de la defensa en juicio, por lo que si hay indefensión hay nulidad, en tanto se adviertan vicios que impidan la sustanciación regular del procedimiento o cuando éste carece de algún requisito que le impida lograr la finalidad a la cual se encontraba destinado' (este Tribunal, mediante sentencia nº 206, del 26/11/2015, dictada en autos: 'Figueroa Rosa Silvia s/ Prescripción adquisitiva', expediente nº 545/08). En igual sentido, la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán, in re: 'Risso Miguel Edgardo c/ Ortega Ricardo Daniel s/ Cobro de de (sic) pesos', mediante sentencia nº 351 del 14/5/2012 resolvió que: 'Se ha sostenido que la alteración de la estructura esencial del procedimiento significa un procedimiento en el que resultan desatendidas las formas sustanciales que hacen a la estructura esencial, como ser aquéllas que afectan la garantía de la defensa en juicio; señalándose como ejemplo de ello todo lo que afecte el régimen legal de notificaciones de modo que impida ejercer la garantía de defensa en juicio (cfr. Bourguignon, Marcelo-Peral, Juan Carlos (Directores), 'Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán Concordado, Comentado y Anotado', Bibliotex S.R.L., Bs. As., 2008, Tomo I, pág. 458)'.” (cfr. “Toledo Juan Alberto y otros c/ Navarro Ángel Daniel y otros s/ Daños y perjuicios”, CCC, Concepción, Tucumán; del 28/08/2018; Rubinzal Online; 579/2014; RC J 8092/18).- Por todo lo señalado y atento el apercibimiento dispuesto a fs. 832 y efectivizado a fs. 839, debe declararse la nulidad parcial de la sentencia de Segunda Instancia, en la parte que dispone el tratamiento de los recursos de apelaciones deducidos contra las regulaciones de honorarios de Primera Instancia, y los puntos 3°, 4°, 5° y 6° de la parte resolutiva, en virtud de la vulneración de las garantías procesales de los condenados en costas por violación del principio de bilateralidad o contradicción (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3221, Folio 5316/5319 y Sentencia, XVI, Reg. 555, Folio 3139/3147).-
X. Que, conforme a los argumentos expuestos, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 896/901 vta. y, en consecuencia, confirmar la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 875/889 en todo cuanto fuera materia de agravios; declarar la nulidad parcial de dicha sentencia en la parte que dispone el tratamiento de los recursos de apelaciones deducidos contra las regulaciones de honorarios de Primera Instancia, y los puntos 3°, 4°, 5° y 6° de la parte resolutiva.- Diferir la regulación de honorarios del letrado interviniente hasta tanto dé cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (confr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en la instancia anterior, con costas a la actora por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCyC por remisión del art. 121 de la Ley Nº 1444), y teniéndose presente la reserva de plantear recurso extraodinario efectuada a fs. 901 vta..-
Por todo ello, oído que fue el Sr. Agente Fiscal a fs. 953/955 vta., el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Rechazar al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 896/901 vta., y en consecuencia, confirmar la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial que obra a fs. 875/889 en todo cuanto fuera materia de agravios.-
2. Declarar la nulidad parcial de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, en la parte que dispone el tratamiento de los recursos de apelación deducidos contra las regulaciones de honorarios de Primera Instancia.-
3. Diferir la regulación de honorarios del letrado interviniente hasta tanto dé cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (confr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en la instancia anterior.-
4. Imponer las costas al actor por aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCyC por remisión del art. 121 de la Ley Nº 1444).-
La presente resolución se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptada la excusación de la Dra. Reneé Guadalupe Fernández y vacante un cargo de vocal (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidenta- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-, Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1010S.221 Tomo: XXII Interlocutorio: 709 Folio N°: 4237/4250 Secretaría: 1
Fin de la sentencia