Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 26520496-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
19841/2024 “VILUCO SA (TF 26520496-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, febrero de 2025.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que esta causa tiene origen en la resolución AD CAMP 403/22, dictada en la actuación SIGEA 12578-70-2015, por la cual se condenó a Viluco SA al pago de $755.133,96 en concepto de multa y USD 87.017,05 en concepto de derechos de exportación, esto último más los intereses correspondientes, por la presunta comisión de la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1°, inciso a, del Código Aduanero, con relación a la destinación de exportación 15 008 EC01 001422C.
El 7/5/24, el Tribunal Fiscal de la Nación: (i) declaró la nulidad del protocolo de análisis 108.724, así como de todo lo actuado en consecuencia, por lo que dejó sin efecto la resolución aduanera apelada; y (ii) impuso las costas al Fisco Nacional (v. pp. 488-495 del expte. TF 26520496-A, remitido en formato digital el 28/11/24). Para resolver como lo hizo, mencionó que la parte actora había clasificado la mercadería exportada en la posición arancelaria (PA) 2309.90.10.900P “RESIDUOS Y DESPERDICIOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; ALIMENTOS PREPARADOS PARA ANIMALES PREPARACIONES DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES -Las demás Preparaciones destinadas a proporcionar al animal la totalidad de los elementos nutritivos necesarios para una alimentación diaria, racional y balanceada Los demás”; mientras que el servicio aduanero le imputó la comisión de la infracción de declaración inexacta al constatar, a partir del resultado del análisis de la muestra tomada, que debía declarársela como harina de soja de la PA 1208.10.00.000J; a la cual le correspondía un porcentaje mayor de derechos de exportación.
Señaló que el procedimiento aduanero presentaba varias irregularidades, una de las cuales era la falta de remisión, junto con la muestra de mercadería, del formulario OM 1020.
Por otra parte, cuestionó la conclusión a la que había arribado el Instituto Técnico de Examen de Mercaderías. Dijo que su informe era contradictorio porque, por un lado, señalaba que el alto grado de molienda de la muestra no permitía identificar y cuantificar estructuras vegetales; mientras que, por el otro, afirmaba que el componente mayoritario era la harina de soja, a partir de “la observación de campos visuales”. Finalmente, remarcó que no se había respetado el procedimiento de extracción y análisis de muestras previsto en la resolución general 1582/03. Remitió a los términos del punto 2.1 del anexo II de la citada resolución general, en cuanto dispone que la utilidad del análisis reside en que a través del 1 “reconocimiento físico o por análisis de laboratorio de la muestra, es posible determinar naturaleza, especie, características y propiedades que se necesitan conocer en el total, a fin de poder identificar, clasificar y valorar las mercaderías de las que fueran extraídas”. También hizo hincapié en que la reglamentación preveía la posibilidad de solicitar un segundo análisis como “vía recursiva natural” contra el acto administrativo expresado por el resultado del primero.
Destacó que, en el caso, el servicio aduanero había notificado el resultado del primer análisis junto con la corrida de vista del sumario, el 8/10/28; es decir, 3 años y medio después de la extracción de la muestra.
Entendió que, dadas las características del producto exportado, y el tiempo transcurrido entre la toma de la muestra y la interposición de la presente acción, las irregularidades en que había incurrido el servicio aduanero no resultaban subsanables en esa instancia, toda vez que se había cercenado definitivamente la posibilidad de solicitar un segundo análisis. En particular, tuvo por acreditado que se trataba de mercadería que se mantenía inalterada por el plazo de 6 meses; lo cual hacía imposible practicar un nuevo examen dirigido a comprobar su especie y cantidad.
Por consiguiente, declaró la nulidad absoluta del protocolo de análisis 108.724, así como de lo actuado en su consecuencia, por haberse conculcado irremediablemente el derecho de defensa de la parte actora.
2. Que, disconforme con la decisión, el Fisco Nacional interpuso apelación el 26/6/24, que se concedió el 1/7/24, se fundó el 27/7/24 y fue replicada el 23/8/24 (v. pp. 508-509, 511, 512-517 y 548-557, expte. cit.).
Señaló que las conclusiones del protocolo de análisis fueron concluyentes y que la mercadería se encontraba en perfectas condiciones de ser analizada. Además, remarcó que en la documentación acompañada por la propia actora constaba que la mercadería presentaba, como mínimo, un 90% de harina de soja.
Por otro lado, argumentó que no hubo una afectación real en el derecho de defensa y que la decisión había declarado la nulidad por la nulidad misma. En particular, refirió al hecho de que el representante del exportador había suscripto el acta y conformado el procedimiento de extracción. Como así también, solicitado el libramiento de la mercadería previa constitución de una garantía por la diferencia de tributos, lo que, a su entender, ponía en evidencia que la empresa estaba en conocimiento de lo actuado y había renunciado a la posibilidad de practicar un segundo análisis.
En adición a lo expuesto, sostuvo que la resolución AFIP 1582/03 no fijaba un plazo para notificar el resultado del primer análisis y, por consiguiente, que había sido válido notificarlo junto con la corrida de vista.
3. Que el artículo 265 del CPCCN —aplicable en virtud de la remisión que efectúa el artículo 1182 del CA— establece que “…el escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. No bastará remitirse a presentaciones anteriores…”.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
19841/2024 “VILUCO SA (TF 26520496-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Si bien la valoración de la expresión de agravios a los fines de determinar si reúne las exigencias necesarias para mantener el recurso de apelación no debe llevarse a cabo con injustificado rigor formal, es preciso que en ella se detallen concretamente los aspectos de la sentencia respecto de los cuales se disiente y que, además, se brinden fundamentos serios y precisos que demuestren al tribunal de alzada cuáles fueron los errores de la sentencia apelada, sea en la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho (cfr. esta Sala, causa “Defensor del Pueblo de la Nación c/ EN - M° Economía y P – Resols. 296/06 298/06 s/ proceso de conocimiento”, sent. del 14/8/12; entre otras). En ese sentido, se ha señalado que la mera reedición por la parte de los argumentos vertidos en instancias anteriores o la remisión a aquéllos no constituye una crítica concreta y razonada del fallo, en los términos del mencionado artículo 265 del CPCCN (Fallos 307:2216, y esta Sala, causa “Firestone de Argentina”, sent. del 3/10/91, entre otras); como así también, que los recurrentes deben rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que el juzgador se apoyó para arribar a sus conclusiones (Fallos: 323:1261 y su cita, entre otros).
4. Que, el memorial del Fisco no cumplió con tales pautas ni evidenció arbitrariedad alguna en la apreciación de los hechos y de las pruebas, en tanto opuso la ausencia de un plazo reglamentario para notificar el resultado del primer análisis, así como de un perjuicio concreto en el derecho de defensa de la parte actora, pero sin rebatir los argumentos dirimentes de la decisión apelada.
En particular, no se hizo cargo de los términos de la nota obrante a fs. 9 de la actuación administrativa (p. 324, expte. cit.), donde el propio verificador de la División Aduana Campana destacó que el examen había arrojado resultados positivos sobre la presencia de carbonatos, cloruros, silicatos y fosfatos, y arribó a idéntica conclusión que el Tribunal Fiscal de la Nación en punto a que el protocolo 108.728 no brindaba certidumbre sobre la correcta clasificación de la mercadería. Esto resta asidero a la crítica que, genéricamente, dirige contra la valoración de las cuestiones fácticas y probatorias. Tampoco dijo nada sobre la imposibilidad fáctica en que se encontraba la actora de controvertir el resultado del primer análisis en el momento en que le fue comunicado; debiéndose recordar, como adecuadamente lo señaló el tribunal de origen, que ello tuvo lugar con relación a mercadería perecedera y más de tres años después de la toma de la muestra, cuando se corrió vista de todo lo actuado (v. pp. 312 y 340, expte. cit.). Con relación a esta cuestión, la recurrente no discutió que, de acuerdo con la certificación del SENASA incorporada a las actuaciones, el producto tenía determinadas condiciones de conservación y se mantenía inalterado por el plazo de 6 meses (v. esp. pp. 28 y 44, expte. cit.).
3 Por otra parte, no es atendible el planteo consistente en que el exportador habría tomado conocimiento de lo actuado antes de la fecha indicada por la decisión. Esto así, en la medida en que el acta de extracción del 14/2/15 (p. 312, expte. cit.) y la posterior constitución de una garantía a los efectos del libramiento de la mercadería solo serían demostrativos del cumplimiento del circuito inicial del procedimiento de extracción de muestras para análisis de control presuntivo (arg. puntos 2.2.1.a, 3 y 4.1 del anexo III de la resol. gral. AFIP 1582/03, modif. por resol. gral. AFIP 2318/07); pero de ningún modo de ello se infiere que el exportador pudo conocer, antes del 8/10/18 (p. 340, expte. cit.), el resultado del análisis efectuado; es decir, que se había hecho efectiva la diferencia de criterio con la Aduana en punto a la especie y calidad de la mercadería –y, con ello, la necesidad de un segundo análisis–.
En tales condiciones, corresponde declarar desierto el recurso del Fisco Nacional de conformidad con los artículos 265 y 266 del CPCCN; con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN). ASÍ SE RESUELVE.
El juez de Cámara Rogelio W. Vincenti no suscribe por hallarse de licencia (art. 109, RJN).
Regístrese, notifíquese y pasen los autos al Representante del Fisco a fin de que se expida sobre la liquidación y pago de la tasa de justicia efectuado por el demandado (arg. pto. 10, in fine, ac. CSJN 20/92).
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia