Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 60680128-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar el decisorio del Tribunal Fiscal de la Nación, con costas (art. 68 del CPCCN).-
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge F.
Alemany no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN).-
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
VILUCO SA (TF 60680128-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de septiembre de 2022.-
VISTO Y
I.-Que por decisorio del 28/06/21 el Tribunal Fiscal de la Nación declaró la nulidad del Protocolo de Análisis LAB 94878 y de todo lo actuado en consecuencia y, por consiguiente, dejó sin efecto la Resolución Nº 271/19 (AD CAMP) dictada en la actuación SIGEA nº 12578-275-2013. Impuso las costas a cargo del Fisco Nacional (v. pág. 306/309 del documento digitalizado en el DEO N° 4956148).- II.-Que el 10/08/21 apeló y expresó agravios la AFIP-DGA, los que fueron contestados por la actora el día 10/09/21. El 15/06/22 se llamaron autos para sentencia (v. pág. 318/321 y 326/337 del documento digitalizado en el DEO N° 4956148).-
III.-Que sostiene la recurrente que el Tribunal Fiscal de la Nación incurrió en un error al momento de valorar los hechos y las constancias agregadas en las actuaciones administrativas, ya que en su decisorio tomó por ciertas afirmaciones hechas por la actora que no han sido debidamente probadas ni rebatidas. Señala que el procedimiento de extracción de muestras fue consentido sin observación alguna por la empresa exportadora a través de su despachante de aduana. Afirma que el Tribunal Fiscal de la Nación desestimó el agravio referido a la falta del formulario nº 1020. Advierte que la Resolución General nº 1582/03 de la AFIP no establece un plazo o forma de notificación especifica del primer análisis de las muestras, por lo que se debe tener por válida la notificación practicada junto con la vista del art. 1101 del C.A. Sostiene que lo señalado por la actora en cuanto a que la muestra podría ser conservada solo por seis meses es una afirmación dogmática y que la única manera de conocer si la muestra en poder de la empresa se encontraba en condiciones era mediante la realización de una medida de prueba, lo que no Alta en sistema: 05/09/2022 fue instado por la firma actora. Agrega que la actora pudo haber solicitado el segundo análisis con la muestra que obraba en su poder dentro del plazo de 30 días, lo que no hizo.-
IV.-Que cabe recordar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones, sino solo respecto de los puntos propuestos que sean conducentes para la solución del juicio (Fallos: 301:1187; 319:119; 307:2012; 311:2135; entre otros).- V.-Que para decidir como lo hizo sostuvo el Tribunal Fiscal de la Nación en el considerando VI del decisorio recurrido, que: “…a fs. 1 de las actuaciones administrativas y con motivo del envío de la muestra a la Div. I.T.E.M, el Jefe de la Sección V de la Aduana de Campana menciona que se adjunta a fs. 2 fotocopia de la destinación Nº 13 008 EC 01009480 M y a fs. 4 la solicitud de análisis de OM-1.020. A su vez, a continuación de fs. 3 la Div.
I.T.E.M. dejó constancia del desglose del OM-1020 de solicitud de análisis. Por lo que actualmente no se encuentran constancias en las actuaciones administrativas del cuerpo del formulario OM-1020, aunque sí se hace mención a su existencia. Respecto a la conservación de la muestra y el tiempo transcurrido cabe resaltar que surge de las actuaciones administrativas que: fue tomada el 25/07/2013 (ver acta de fs. 5), enviada a la Div. I.T.E.M. el 6/08/2013 (ver. Nota Nº 713/13 de fs. 1) y recibida el 13/08/2013 (según Protocolo de Análisis LAB 94878 de fs. 6). Asimismo el Informe final fue emitido el 26/06/2014. Por lo que de las constancias obrantes en el expediente aduanero no puede conocerse la fecha exacta del análisis efectuado sobre la muestra ni su estado de conservación”.
Asimismo, y específicamente en lo que se refiere a la falta de notificación que habría conducido a nulificar el procedimiento, explicó que: “…de la compulsa de las actuaciones administrativas surge que no hay constancia de la notificación del Protocolo de Análisis LAB 94878, las recurrentes tomaron conocimiento del mismo con la corrida de vista ordenada a fs. 13 de fecha 30/07/18, es decir, 5 años después de la toma de la muestra (el 25/07/2013)…Que, desde esa perspectiva entiendo que en atención a las especiales características del producto exportado y al tiempo transcurrido entre la toma de la muestra y la interposición del presente, las Alta en sistema: 05/09/2022 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V irregularidades en las que incurrió el servicio aduanero al no practicar la notificación referida no pueden subsanarse en esta instancia.
Ello así en tanto, conforme resulta de las constancias obrantes en la causa (Certificado Nº 12-407/A/EE, expediente Nº 161366/12 del SENASA y su correspondiente solicitud, cuya copia se acompañó mediante RE- 201960678796-APN-SGASAD#TFN) se trata de un producto perecedero y con determinadas condiciones de conservación lo que impide la realización, en la actualidad, de un segundo análisis dirigido a comprobar si su especie y calidad se corresponde, en definitiva, con lo declarado en la destinación”. Y agregó que al no haberse notificado a la actora en debida forma la práctica del análisis pertinente “se socavó…la posibilidad de control de la prueba, base para formular la Resolución atacada. Ello, sumado a la imposibilidad técnica de repetir dicho acto, fulmina de nulidad el Análisis LAB 94878 toda vez que los resultados de la prueba unilateral obtenida por la Administración conculcan el debido derecho de defensa en juicio, base de nuestro sistema de derecho y reconocido por nuestra Constitución Nacional”.-
VI.-Que corresponde poner de resalto que el artículo 1143 del Código Aduanero, otorga al Tribunal Fiscal amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes, salvo que mediare la admisión total o parcial de una de ellas a la pretensión de la contraria.- Como se desprende de lo preceptuado en este artículo, el principio dispositivo no rige en el proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación pudiéndose encontrar la razón por la cual el legislador se ha orientado a regular el proceso ante el citado organismo en base, primordialmente, a las reglas del principio inquisitivo y no del citado anteriormente mencionado, en que en el proceso ante el Tribunal Fiscal lo que se discute son cuestiones vinculadas a la obligación tributaria y la potestad sancionadora de la administración, materias ambas en donde prima el interés público, y no el interés privado de las partes (conf. esta Sala in re: “Labrar Soc. de Hecho -TF 8904-I-c/ DGI”, sentencia del 13-9-95).- Alta en sistema: 05/09/2022 VII.-Que el artículo 386 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (aplicable en la especie) determina que salvo disposición en contrario: “...los jueces formarán su convicción respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de la sana crítica. No tendrán el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa”.-
La libre apreciación de las pruebas reconoce en nuestro ordenamiento el marco legal de la “sana crítica”, expresión que comprende la necesidad de valorar los distintos medios, explicando las razones que ha tenido el juez para formar su convicción al ponderar con un sentido crítico la variedad de pruebas.-
La sana crítica se sintetiza en el examen lógico de los distintos medios, la naturaleza de la causa y las máximas de experiencia, es decir el conocimiento de la vida y de los hombres que posee el juez, simples directivas, indicaciones o consejos dirigidos al sentenciador y respecto de los cuales éste es soberano en su interpretación y aplicación. Naturalmente que si es arbitraria o absurda no puede pretenderse la validez de tal determinación judicial (conf. Fenochietto-Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires”, Editorial Astrea, Tomo 2, página 356; esta Sala in re: “Ayerbe, Lázaro c/ Ministerio de Justicia de la Nación”, sentencia del 26-5-98; “Martínez, Eliseo David c/ Instituto de Servicios Sociales Bancarios”, sentencia del 16-3-2001).- VIII.-Que la ponderación que ha efectuado el Tribunal Fiscal de la Nación de toda la prueba que ha sido rendida en estas actuaciones constituye una cuestión fáctica, que no cabe en principio rever en esta instancia (artículo 1180 del Código Aduanero), atento la limitación con que ha sido previsto por la ley el recurso que se intenta. En tal sentido, del ejercicio por el Tribunal Fiscal de la Nación de sus facultades propias de apreciar los hechos (doctrina de Fallos 300:985) no surge que hubiera un error de magnitud suficiente para apartar la aplicación del mentado principio (conf. doctrina de Fallos 305:2261; C. Fed. en lo Alta en sistema: 05/09/2022 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Cont. Adm. Sala III; in re: “Schmid, Walter Edmundo”, sentencia del 26- 10-84; Sala I, in re: “Scioli S:A:”, sentencia del 14-12-93; esta sala in re: “Ducilo S.A.”; sentencia del 14-8-95; “Incobe S.R.L.”, sentencia del 23-8- 95; “Siglo XXI Compañía Arg. de Seguros S.A.”, sentencia del 26-6-98; “El Tehuelche SAIC (TF 12054-A) c/ DGA”, sentencia del 18-4-2001,) ni arbitrariedad en la apreciación de los hechos y de la prueba.-
IX.-Que por lo demás, corresponde poner de relieve que los expedientes administrativos, incluso de las empresas estatales, tienen valor de prueba en juicio y para apartarse de sus constancias no es suficiente un desconocimiento genérico de su contenido, siendo necesario que se especifiquen sus fallas suministrando prueba de ellas. Con mayor rigor, llegó a establecerse en algunos casos que las constancias administrativas tienen el valor probatorio de instrumentos públicos con fundamento en la presunción de validez y regularidad de los actos de los funcionarios públicos, y ello aun tratándose de las empresas estatales (conf. C.Fed en lo Cont. Adm. Sala II, in re “Dar S.A.”; sentencia del 13-7-95; Sala III, in re: “Distribuidora de Gas del Sur”, del 21-9-93; Sala IV, in re: “Romera, Marcos”, sentencia del 21-9-93; esta Sala in re: “Y.P.F. c/ Cía de Obras y Servicios Públicos s/ Contrato de Obra Pública”, sentencia del 28-4-97; C.S.J.N: Fallos 259:398; 281:173).-
X.-Que de conformidad con el desarrollo que antecede, se advierte que los agravios en estudio recibieron suficiente atención por parte del a quo y no aportan en esta instancia nuevos argumentos que permitan desvirtuar lo considerado y decidido por aquel. En particular, la parte demandada no logra rebatir lo sostenido por el Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto a que de las constancias acreditadas y no controvertidas de la causa surge que la notificación del resultado del Protocolo de Análisis LAB 94878 tuvo lugar 5 años después de la toma de la muestra, como consecuencia de lo cual no se ha podido cumplir –ni podría cumplirse en la actualidad- con el procedimiento para la extracción y análisis de muestras que reglamenta la Resolución General Nº 1582/03 en el punto 3 del Anexo III, en atención a las características intrínsecas de la mercadería en cuestión: “conforme constancias obrantes en la causa, se Alta en sistema: 05/09/2022 trata de un producto perecedero y con determinadas condiciones de conservación lo que impide la realización, en la actualidad, de un segundo análisis dirigido a comprobar si su especie y calidad se corresponde, en definitiva, con lo declarado en la destinación” (ver considerando VI del decisorio recurrido). A lo expuesto, debe agregarse que resultan de aplicación en la especie los principios básicos del procedimiento administrativo, como lo son el informalismo a favor del administrado y la tramitación e impulsión de oficio a cargo de la administración (conf. art. 1 incisos a) y c) de la Ley 19.549). Pretender lo contrario –como lo requiere la demandada- implicaría poner en cabeza del administrado la tramitación del expediente administrativo y su suerte definitiva, aun cuando le fuera perjudicial, lo que contradice los principios antes enunciados.- XI.-Que cabe añadir, con relación al incumplimiento y/o deficiencias de las notificaciones a cargo de la DGA en el marco del procedimiento establecido en la Resolución General N° 1582/03 -para la extracción de muestras y análisis de mercadería-, que esta Sala ya ha se ha expedido al respecto en el sentido de que dicha circunstancia acarrea la nulidad de lo actuado en sede administrativa (arg. causa N° 14519/2022 “Alea y CIA (TF 49745061-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, sentencia del 14/07/2022).-
XII.-Que por lo expuesto, SE
Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar el decisorio del Tribunal Fiscal de la Nación, con costas (art. 68 del CPCCN).-
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge F.
Alemany no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN).-
Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
Pablo Gallegos Fedriani Guillermo F. Treacy Alta en sistema: 05/09/2022
Fin de la sentencia