Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 61142941-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
37309/2022 “VILUCO SA Y OTRO (TF 61142941-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de septiembre de 2022.
1. Que estas actuaciones tienen origen en la resolución AD CAMP 71/21, por la cual se condenó a Viluco SA y su despahante de aduana al pago de $156.306,78 en concepto de multa y USD 28.414,25 en concepto de derechos de exportación, esto último más los intereses correspondientes, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el artículo 954, apartado 1, inciso a, del Código Aduanero, con relación a la exportación documentada mediante el permiso de embarque 13 008 EC01 009900J.
El 19/11/21, el Tribunal Fiscal de la Nación: (i) hizo lugar a la excepción opuesta y declaró la nulidad del protocolo de análisis LAB 95.195, así como de todo lo actuado en consecuencia, por lo que dejó sin efecto la resolución aduanera apelada; y (ii) impuso las costas al Fisco Nacional (v. pp. 454-460 del expte. TF 61142941-A, remitido en formato digital el 21/6/22).
Para resolver como lo hizo, mencionó que la parte actora había clasificado la mercadería exportada en la posición arancelaria 2309.90.90.900T (“Las demás - Las demás preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de animales”), mientras que el servicio aduanero le imputó la comisión de la infracción de declaración inexacta al constatar, a partir del resultado del análisis de la muestra tomada, que debía declarársela como harina de soja de la PA 1208.10.00.000J; a la cual le correspondía un porcentaje mayor de derechos de exportación.
Mencionó que los recurrentes cuestionaban que no se hubiera respetado el procedimiento previsto en la resolución general 1582/03, que reglamenta el régimen de extracción y análisis de muestras.
Remitió a los términos del punto 3 del anexo III de la citada resolución general, en cuanto dispone que “el segundo análisis se podrá solicitar…dentro del mes de notificado el resultado del primer análisis, y es la vía recursiva natural en contra del acto administrativo expresado por el resultado del primer análisis”. Sobre dicha base, constató que la demandada había incurrido en irregularidades durante el procedimiento, toda vez que la muestra había ingresado para su análisis el 4/9/13, el informe se había emitido el 4/3/15 y nunca fue notificado; de manera que los actores recién tomaron conocimiento del resultado desfavorable cuando se les corrió vista del sumario, el 26/5/16.
Entendió que, dadas las características del producto exportado, asì como el tiempo transcurrido entre la toma de la muestra y la interposición de la presente acción, las irregularidades en que había incurrido el servicio aduanero no 1 resultaban subsanables en esa instancia, toda vez que se había cercenado definitvamente la posibilidad de solicitar un segundo análisis.
En particular, tuvo por acreditado que se trataba de mercadería perecedera y con determinadas condiciones de conservación que hacían imposible practicar un nuevo análisis dirigido a comprobar su especie y cantidad. Por consiguiente, declaró la nulidad absoluta del protocolo de análisis LAB 95.195, así como de lo actuado en su consecuencia, por haberse conculcado irremediablemente el derecho de defensa de la parte actora.
2. Que, disconforme con la decisión, el Fisco Nacional interpuso apelación el 7/2/22, que se concedió el 13/2/22, se fundó el 25/2/22, y fue replicada el 8/3/22.
Plantea que en el caso no hubo una afectación real en el derecho de defensa de la parte actora, y que la decisión apelada declaró la nulidad de lo actuado por la nulidad misma. En particular, refiere al hecho de que a fs. 4 de la actuación 12578-313-2013 obra un acta firmada por el representante del exportador Viluco SA donde consta que consintió el procedimiento de extracción de muestras, y que estuvo de acuerdo en que la extraída era representativa del total, como así también en retirar un ejemplar para efectuarle un segundo análisis –a pedido–; lo que nunca impulsó a lo largo del sumario. También menciona que el 6/8/13, conforme se desprende de las constancias del SIM, solicitó el libramiento de la mercadería previa afectación de una garantía por la diferencia de tributos entre la mercadería declarada en el permiso de embarque y la resultante de la denuncia, mediante liquidación 13008LMAN044703D. Sobre dicha base, interpreta que la firma actora ya tenía conocimiento de todo lo actuado, por lo que no había motivos que justificasen anular el procedimiento. En adición a lo expuesto, sostiene que el principal argumento del pronunciamiento apelado (la dilación en la notificación del resultado del análisis) carece de sustento jurídico, toda vez que el punto 3, del anexo III, de la resolución AFIP 1582/03 no fija un plazo para cumplir con la diligencia. Por consiguiente, estima que se debe tener por válida la notificación practicada junto con la corrida de vista. Cita jurisprudencia en apoyo de su interpretación.
A su vez, cuestiona que se haya tomado por válida la simple afirmación de la recurrente relativa al plazo de conservación de la mercadería y a que, con posterioridad a su vencimiento, se afectaba la proporción de ingredientes secos presentes en ella.
Finalmente, esgrime que la conducta desarrollada por los actores configura los elementos exigidos por la figura infraccional del artículo 954 del código, y formula consideraciones con relación a la responsabilidad del despachante de aduana.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
37309/2022 “VILUCO SA Y OTRO (TF 61142941-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
3. Que el artículo 265 del CPCCN —aplicable en la especie en virtud de la remisión que establece el artículo 1182 del CA— establece que “…el escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. No bastará remitirse a presentaciones anteriores…”.
Es decir que el contenido del memorial debe consistir en una crítica precisa de los supuestos errores que contiene la sentencia, sea en la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho, y no puede constituir únicamente una simple discrepancia con lo resuelto por el juzgador.
Por otra parte, si bien la valoración de la expresión de agravios a los fines de determinar si reúne las exigencias necesarias para mantener el recurso de apelación, no se debe llevar a cabo con injustificado rigor formal que afecte la defensa en juicio, es preciso que en ella se detallen concretamente los aspectos de la sentencia respecto de los cuales se disiente y que, además, se brinden fundamentos serios y precisos que demuestren al tribunal de alzada cuáles fueron los errores de la sentencia apelada (conf. esta Sala, causa “Defensor del Pueblo de la Nación c/ EN- M° Economía y P – Resols. 296/06 298/06 s/ proceso de conocimiento”, sent. del 14/8/12, entre muchas otras).
Asimismo, es dable recordar que la mera reedición por la parte de los argumentos vertidos en las instancias anteriores o la remisión a aquéllos no constituye una crítica concreta y razonada del fallo, en los términos del mencionado artículo 265 del CPCCN (conf. Fallos 307:2216 y esta Sala causa “Firestone de Argentina”, sent. del 3/10/91, entre otras).
Finalmente, cabe recordar que la Corte federal ha señalado que los recurrentes deben rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que el juzgador se apoyó para arribar a sus conclusiones (Fallos: 323:1261 y su cita, entre muchos otros).
4. Que el memorial del Fisco no cumple con tales pautas, ni pone en evidencia arbitrariedad alguna en la apreciación de los hechos y de las pruebas, en tanto se limita a argumentar sobre la inexistencia de un plazo reglamentario para practicar la notificación del resultado del primer análisis de la muestra, pero sin efectuar una crítica concreta y razonada de los argumentos dirimentes de la decisión apelada. En particular, nada dice sobre la imposibilidad fáctica en que se encontraba la actora de controvertir el resultado del primer análisis en el momento en que le fue comunicado; debiéndose recordar, como adecuadamente lo señala el tribunal de origen, que ello tuvo lugar con relación a mercadería perecedera y tres años después de la toma de la muestra, cuando se corrió vista de todo lo actuado.
3 Con relación a esta última cuestión, la recurrente no controvierte que, de acuerdo con la certificación del SENASA incorporada a las actuaciones, el producto tenía determinadas condiciones de conservación y se mantenía inalterado por el plazo de 6 meses (v. esp. p. 327, expte. cit.); lo cual resta asidero a los cuestionamientos que, genéricamente, dirige contra la valoración de los hechos efectuada por el Tribunal Fiscal de la Nación.
Tampoco es atendible el planteo consistente en que el exportador habría tomado conocimiento de lo actuado antes de la fecha indicada por el Tribunal Fiscal. Esto así, en la medida en que el acta de fs. 4 de la actuación administrativa y la eventual constitución de una garantía a los efectos del libramiento de la mercadería solo serían demostrativas del cumplimiento del circuito inicial del procedimiento de extracción de muestras para análisis de control presuntivo (arg. puntos 2.2.1.a, 3 y 4.1 del anexo III de la resol. gral. AFIP 1582/03, modif por resol. gral. AFIP 2318/07); pero de ningún modo de ello se infiere que el exportador pudo conocer, antes del 26/5/16, el resultado del análisis efectuado; es decir, que se había hecho efectiva la diferencia de criterio con la Aduana en punto a la especie y calidad de la mercadería – y, con ello, la necesidad de un segundo analisis–.
Sobre tal base, corresponde declarar desierto el recurso del Fisco de conformidad con los artículos 265 y 266 del CPCCN; con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN). ASÍ SE RESUELVE.
El señor juez de Cámara, Marcelo Daniel Duffy no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109, RJN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
ROGELIO W. VINCENTI JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia