Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 62807900-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
CAF 3733/2025/CA1 “VILUCO SA Y OTRO (TF 62807900-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de mayo de 2025.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Que la Sala “E” del Tribunal Fiscal de la Nación hizo lugar al recurso que interpuso la parte actora y, en consecuencia, declaró la nulidad de la resolución 70/21 AD CAMP dictada por la Aduana de Campana, en el marco de las actuaciones administrativas 1257-306-2016, instruidas en virtud de la presunta comisión de la infracción prevista por el art. 954, ap. 1°, del Código Aduanero (en adelante CA). En consecuencia, dejó sin efecto lo allí dispuesto con relación al pago de $173.341,57 –en concepto de multa– y de U$S 31.003,68, por derechos de exportación debidos en relación con la destinación 13 008 EC01 010734 G.
Para así decidir, puso de relieve que la parte actora había sostenido tanto en sede aduanera como ante el TFN que la demandada, al no haber asociado el permiso de embarque al formulario de entrega de la muestra OM 1020 –documentación obligatoria en el control presuntivo de la mercadería–, no había cumplido adecuadamente con el procedimiento que prevé la resolución general 1582/03. En ese punto, recordó que el art. 4.3 del Anexo II aprobado por dicha normativa prevé que la muestra se debe remitir acompañada de la solicitud de análisis del referido formulario.
Teniendo en cuenta ello, señaló que si bien a fs. 1 de las actuaciones administrativas, el Jefe de la Sección “V” de la Aduana de Campana mencionó –con motivo del envió de la muestra a la División Laboratorio ITEM– que había adjuntado la solicitud del análisis, lo cierto es que ésta fue posteriormente desglosada conforme se desprende de fs. 4 de tales actuaciones.
Por ello, concluyó que asistía razón a la parte actora en este punto, toda vez que la ausencia de ese documento en el expediente administrativo impedía determinar con certeza si las mercaderías analizadas mediante el protocolo LAB 95189, se correspondían efectivamente con las extraídas oportunamente de la destinación en trato (v. cons. VI, tercer párrafo).
En cuanto a la conservación de dicha muestra, puso de relieve que también eran válidos los fundamentos de la parte actora en ese sentido, toda vez que surgía de autos que habían transcurrido más de dos (2) años desde la toma de la muestra (27.08.2013) y la fecha del resultado del laboratorio (02.03.2015), razón por la que dicho examen no podía arrojar, en definitiva, un resultado dotado de confiabilidad y certeza necesarias, porque “… en razón del tiempo transcurrido, la mercadería ha perdido su condición original, encontrándose alterada…” (v. cons. VI, párrafo décimo primero). Máxime si se trataba de 1 un producto perecedero y con determinadas condiciones de conservación que impedían la realización de un segundo análisis fidedigno dirigido a comprobar si su especie y calidad se correspondía, en definitiva, con lo declarado en la destinación aduanera. Aclaró que la representatividad de la muestra era el principio básico sobre el cual se encuentra estructurado el procedimiento previsto en la normativa citada, de modo tal que, desaparecida esa representatividad, el análisis de la muestra devenía inútil.
Finalmente, también admitió la queja referida a que la empresa recién había tomado conocimiento del resultado del laboratorio con la notificación de la apertura del sumario, dejándola así sin la posibilidad de solicitar un segundo análisis en los términos del pto. 3 del Anexo III de la resolución general 1582/03 y del pto. 4.2 b del Anexo III de la resolución general AFIP 2318/07.
Por todo lo expuesto, consideró que se debía hacer lugar al recurso de los actores y declarar la nulidad de la resolución 70/21 AD CAMP (expte.adm. 12578-306- 2013), con expresa imposición de costas a la vencida.
2. Que, disconforme con el resultado del fondo de la cuestión, el Fisco Nacional interpuso y fundó su apelación el 9.04.2024 y el 30.04.2024, respectivamente, que fue replicada por la parte actora el 22.11.2024.
3. Que, en sustancia, la parte recurrente sostiene que el TFN no tuvo en cuenta el acta de extracción de muestras obrante en la carpeta de las actuaciones administrativas, pieza que resulta fundamental para decidir. En ese orden de ideas, dice que de ese documento se desprende que la parte acto renunció, a través de su despachante de aduanas, a la posibilidad de solicitar el segundo análisis de la mercadería conforme lo dispuesto por el título 4.1, inc. c), del capítulo 4º Ap. 3º del Anexo III aprobado por la resolución general AFIP 1582/03.
Advierte al respecto que de la mencionada acta surge el despachante había firmado una nota en donde se le notificaba que “… al no efectuarse la interdicción de la mercadería como lo detalla el punto 4.2b del Anexo III de la Resol. 1336/93, lo inhabilitaba para el pedido del segundo análisis…” (v. acápite II, párrafo décimo del memorial de agravios). Aduce que, si la compañía exportadora no hubiese estado conforme con el acta de extracción de muestras, su representante podría haber firmado en disconformidad, lo cual no ocurrió; razón por la que la mercadería fue liberada y utilizada, lo que generó ipso facto la inhabilitación para pedir el segundo análisis.
Concluye que la sentencia apelada es arbitraria –en tanto ha omitido considerar pruebas determinantes para resolver la cuestión– y pide que se la deje sin efecto, con expresa imposición de costas.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
CAF 3733/2025/CA1 “VILUCO SA Y OTRO (TF 62807900-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
4. Que el art. 265 del CPCCN —aplicable en virtud de la remisión que efectúa el art. 1182 del CA— establece que “…el escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. No bastará remitirse a presentaciones anteriores…”.
Si bien la valoración de la expresión de agravios a los fines de determinar si reúne las exigencias necesarias para mantener el recurso de apelación no debe llevarse a cabo con injustificado rigor formal, es preciso que en ella se detallen concretamente los aspectos de la sentencia respecto de los cuales se disiente y que, además, se brinden fundamentos serios y precisos que demuestren al tribunal de alzada cuáles fueron los errores de la sentencia apelada, sea en la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho (cfr. esta Sala, causa “Defensor del Pueblo de la Nación c/ EN - M° Economía y P – Resols. 296/06 298/06 s/ proceso de conocimiento”, sent. del 14/8/12; entre otras).
En ese sentido, se ha señalado que la mera reedición por la parte de los argumentos vertidos en instancias anteriores o la remisión a aquéllos no constituye una crítica concreta y razonada del fallo, en los términos del mencionado art. 265 del CPCCN (Fallos: 307:2216, y esta Sala, causa “Firestone de Argentina”, sent. del 3/10/91, entre otras); como así también, que los recurrentes deben rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que el juzgador se apoyó para arribar a sus conclusiones (Fallos: 323:1261 y su cita, entre otros).
5. Que, cabe adelantar que el memorial de la parte demandada no cumplió con tales pautas en tanto mencionó únicamente que no se tomó en consideración para resolver, determinada documentación que daría cuenta que la parte actora, por medio de su despachante de aduanas, habría renunciado a la posibilidad de solicitar el segundo análisis de la mercadería, pero no rebatió los fundamentos de fondo expuestos en la sentencia de grado dirimentes de la decisión apelada.
En ese sentido, la parte demandada nada dice sobre la imposibilidad fáctica en que se encontraba la exportadora de controvertir el resultado del primer análisis en el momento en que le fue comunicado; debiéndose recordar que ello tuvo lugar con relación a mercadería perecedera. En punto a esta última cuestión, vale aclarar que, de acuerdo con la certificación del SENASA incorporada a las actuaciones –documentación que la apelante no desconoce–, el producto tenía determinadas condiciones de conservación y se mantenía inalterado únicamente por el plazo de 6 meses (v. en especial pág. 69 y siguientes del expte. administrativo, v. fs. 2 del expte. digital); lo cual resta asidero a los cuestionamientos que, genéricamente, dirige contra la valoración de los hechos efectuada por el Tribunal Fiscal de la Nación.
3 Tampoco rebate en su memorial lo fundamentos expuestos por la sentencia apelada atinentes a que no se cumplió con lo previsto por el art. 4.3 del Anexo II aprobado por la resol. AFIP 1582/03 (obligación de que la muestra debe ser remitida conjuntamente con la solicitud de análisis del formulario OM 1020); y a que habían transcurridos dos (2) años desde la toma de la muestra (27.08.2013) y la fecha del resultado del laboratorio (02.03.2015).
A su vez, también es inatendible el planteo relativo a que la parte actora habría consentido el procedimiento llevado a cabo, así como el resultado del análisis. En ese sentido, el acta a la que se alude en el memorial, firmada por el despachante de aduanas, es demostrativa del cumplimiento del estadio inicial del procedimiento de extracción de muestras para análisis de control presuntivo (arg. puntos 2.2.1.a y 3, del anexo III, de la resol. gral. AFIP 1582/03, modif por resol. gral. AFIP 2318/07). Pero de ningún modo de ello se sigue que el exportador pudo conocer, antes del 26.05.2016 –fecha de la corrida de vista del sumario aduanero–, que se había trabado un diferendo con la Aduana en punto a la especie y calidad de la mercadería y, por consiguiente, que se había hecho efectiva la necesidad de un nuevo análisis. En ese particular contexto, tampoco es posible inferir que el exportador renunció voluntariamente a la facultad que le concedía el ordenamiento o que prestó conformidad con lo actuado.
Sobre la base de todo lo expuesto, corresponde declarar desierto el recurso del Fisco de conformidad con los arts. 265 y 266 del CPCCN; con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN). ASÍ SE RESUELVE.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI.
Fin de la sentencia