Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 74933107-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar el decisorio recurrido, con costas a su cargo por aplicación del principio general de la derrota (art. 68 del CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
22728/2024 VILUCO SA Y OTRO (TF 74933107-A) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de septiembre de 2025.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I.-Que por Decisorio del 26/6/24, el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió declarar la nulidad absoluta e insanable de la Resolución 110/2023, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12578-10 -2015, mediante la cual se le exigía a la firma Viluco SA, el pago de una multa $489.786,23, por la infracción tipificada en el artículo 954, ap. 1, inc. a) del Código Aduanero, respecto del permiso de embarque (P.E) 14008EC01012784Y, además del pago de u$s57.284,9 en concepto de diferencias de derechos de exportación, más los intereses; con costas. II.-Que la demandada interpuso recurso de apelación el 30/8/24 y expresó agravios el 19/9/24, los que fueron contestados por su contraria el 15/10/24. El 14/8/25 se llamaron autos para sentencia.- III.-Que según los antecedentes de la causa, la Aduana entendió que se declaró una P.A., incorrecta y que la P.A. que se debió declarar es la 1208.10.00.000J, la que tributaba una alícuota mayor de derechos de exportación –esto es 32%, en lugar de 5%- y 0% de reintegros, en lugar del 2,5%.-
IV.-Que para resolver como lo hizo, el vocal Juan Manuel Soria determinó: “Que, de la lectura de las actuaciones administrativas surge que las mismas se inician con la Nota 114/15, de fecha 21 de enero de 2015 con la remisión a la División Laboratorio ITEM de la copia del P.E. referido. Solicitud de Análisis OM-1020 y una muestra. Que el Acta de Extracción de Muestra de fecha 5 de enero de 2015, se encuentra intervenida por el despachante de aduanas…Nótese que el acta de fs. 4 de las actuaciones administrativas no se encuentra completa. Que del Protocolo de Análisis LAB 109.683 surge que la fecha de entrada es 13-07 -15 y las conclusiones del 22-03-16.”
Alta en sistema: 26/09/2025 A lo que el Sr. Vocal continuó expresando: “Que la conclusión es: ‘…El Alto grado de molienda de sus componentes no permite su cuantificación, no obstante ello es posible inferir a partir de la observación de campos visuales que la harina de soja es el componente mayoritario de la muestra’. Que, corresponde aclarar que no escapa a la vista del suscripto que a fs. 9 de las actuaciones administrativas el verificador actuante sostiene que correspondería tener por válida la P.A. declarada, toda vez que con lo informado por la División Laboratorio ITEM no se permite una correcta clasificación del producto. Que, …con posterioridad, la Aduana labra acta de denuncia y luego, instruye sumario por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. a), del CA. y corre vista –ver fs. 13 de las actuaciones administrativas, acto de fecha 11-9-18. Las co-actoras se notifican el 12-9-18…Que, del relato de lo actuado en sede aduanera, resulta que según la aduana la mercadería se clasifica en la P.A 1208.10.00.00J; por lo que tributa una alícuota del 32% de derechos de exportación y tiene un reintegro del 0%.”.
De allí que, el Sr. vocal continuó manifestando que: “…en lo que aquí interesa, el punto 3 del Anexo III de la referida Resolución establece que el segundo análisis ‘Es el que se efectúa cuando de la primera pericia ha surgido un resultado motivo de litigio o de diferencias entre la Aduana y el Importador o el Exportador de mercadería. El segundo análisis se podrá solicitar por cualquiera de las partes que han intervenido en la extracción de las muestras para la primera pericia dentro del mes de notificado el resultado del primer análisis, y es la vía recursiva natural en contra del acto administrativo expresado por el resultado del primer análisis”.-
Con lo cual, el Sr. Vocal concluyó que: “…esto implica que el P.E. se oficializa el 29-12-14, se extraen muestras siete días después y más de seis meses después ingresan las muestras para ser analizadas; obteniéndose las conclusiones 1 año y 3 meses después de haberse registrado el P.E. Que, las co-actoras tomaron conocimiento del resultado del Protocolo de Análisis LAB con la notificación de la corrida de vista; esto es: 12-9-18. Es decir, tres años y nueve meses de haberse oficializado el P.E. y dos años y seis meses después de haberse obtenido las Alta en sistema: 26/09/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V conclusiones del análisis…tampoco hay constancias en autos de la guarda de la muestra testigo sobre la que se hizo el primer análisis…el resultado del análisis no puede reflejar en forma fidedigna la correcta composición de la mercadería…se concluye que se desnaturalizó la finalidad de las previsiones de la Resolución General (AFIP) 1582/03”.-
V.-Que la demandada en su escrito recursivo se agravió del decisorio en estudio, en cuanto éste expresó que: “…no hay en las actuaciones administrativas copia del Formulario OM 1020.
Solamente a fs. 4 de las actuaciones administrativas figura su desglose. Es decir que no hay constancia de que el mismo haya existido”.- Por otra parte, la accionada se agravió –en cuanto entiendeque por cuestiones relativas a la conservación de la muestra y el tiempo transcurrido, el segundo análisis nunca no fue solicitado por la actora, vulnerándose su derecho de defensa.-
Asimismo, la demandada agregó una sentencia de la Sala I de esta Cámara que –sostiene- daría validez a su pretensión.-
VI.-Que las circunstancias de esta causa son sustancialmente análogas a las resueltas por esta Sala, in re: Expte. N° 14519/2022 “Alea y CIA SA (TF 49745061-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 14/07/2022; Expte. N° 4255/2022 “Viluco SA (TF 60680128 -A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 01/09/2022; Expte. N° 45860/2022 “Viluco SA (63483899-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 09/04/2024, entre otros).-
Por lo tanto, corresponde remitirse a los fundamentos vertidos en esos precedentes, en homenaje a la brevedad.
VII.-Que, a mayor abundamiento corresponde poner de resalto que el artículo 1143 del Código Aduanero, otorga al Tribunal Fiscal de la Nación amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes, salvo que mediare la admisión total o parcial de una de ellas a la pretensión de la contraria.-
VIII.-Que, cabe recordar que la ponderación que ha efectuado el Tribunal Fiscal de la Nación de toda la prueba que ha sido Alta en sistema: 26/09/2025 rendida en estas actuaciones constituye una cuestión fáctica, que no cabe en principio rever en esta instancia (artículo 1180 del Código Aduanero), atento la limitación con que ha sido previsto por la ley el recurso que se intenta. En tal sentido, del ejercicio por el Tribunal Fiscal de la Nación de sus facultades propias de apreciar los hechos (doctrina de Fallos 300:985) no surge que hubiera un error de magnitud suficiente para apartar la aplicación del mentado principio (conf. doctrina de Fallos 305:2261; C. Fed. en lo Cont. Adm. Sala III; in re: “Schmid, Walter Edmundo”, sentencia del 26-10-84; Sala I, in re: “Scioli S.A.”, sentencia del 14-12-93; esta sala in re: “Ducilo S.A.”; sentencia del 14-8-95; “Incobe S.R.L.”, sentencia del 23-8-95; “Siglo XXI Compañía Arg. de Seguros S.A.”, sentencia del 26-6-98; “El Tehuelche SAIC (TF 12054-A) c/ DGA”, sentencia del 18-4-2001).-
IX.-Que dejando a salvo las posibles objeciones que pueda hacerse a tales prescripciones del legislador en cuanto a la posible vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, lo cierto es que, no mediando en el caso solicitud de inconstitucionalidad, tales postulados normativos deben ser atendidos por el juzgador, salvo que exista arbitrariedad o irrazonabilidad en la apreciación de los hechos y de las pruebas rendidas en la causa.-
X.-Que el artículo 386 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (aplicable en la especie) determina que salvo disposición en contrario: “...los jueces formarán su convicción respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de la sana crítica. No tendrán el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa”.-
La libre apreciación de las pruebas reconoce en nuestro ordenamiento el marco legal de la “sana crítica”, expresión que comprende la necesidad de valorar los distintos medios, explicando las razones que ha tenido el juez para formar su convicción al ponderar con un sentido crítico la variedad de pruebas.-
La sana crítica se sintetiza en el examen lógico de los distintos medios, la naturaleza de la causa y las máximas de experiencia, es Alta en sistema: 26/09/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V decir el conocimiento de la vida y de los hombres que posee el juez, simples directivas, indicaciones o consejos dirigidos al sentenciador y respecto de los cuales éste es soberano en su interpretación y aplicación. Naturalmente que si es arbitraria o absurda no puede pretenderse la validez de tal determinación judicial (conf. Fenochietto-Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires”, Editorial Astrea, Tomo 2, página 356; esta Sala in re: “Ayerbe, Lázaro c/ Ministerio de Justicia de la Nación”, sentencia del 26-5-98; “Martínez, Eliseo David c/ Instituto de Servicios Sociales Bancarios”, sentencia del 16-3-2001).- XI.-Que por lo demás, corresponde poner de relieve que los expedientes administrativos, incluso de las empresas estatales, tienen valor de prueba en juicio y para apartarse de sus constancias no es suficiente un desconocimiento genérico de su contenido, siendo necesario que se especifiquen sus fallas suministrando prueba de ellas. Con mayor rigor, llegó a establecerse en algunos casos que las constancias administrativas tienen el valor probatorio de instrumentos públicos con fundamento en la presunción de validez y regularidad de los actos de los funcionarios públicos, y ello aun tratándose de las empresas estatales (conf. C.Fed en lo Cont. Adm. Sala II, in re “Dar S.A.”; sentencia del 13-7-95; Sala III, in re: “Distribuidora de Gas del Sur”, del 21-9-93; Sala IV, in re: “Romera, Marcos”, sentencia del 21-9-93; esta Sala in re: “Y.P.F. c/ Cía de Obras y Servicios Públicos s/ Contrato de Obra Pública”, sentencia del 28-4-97; C.S.J.N: Fallos 259:398; 281:173).-
En atención al desarrollo que antecede, el Tribunal RESUELVE: 1) Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar el decisorio recurrido, con costas a su cargo por aplicación del principio general de la derrota (art. 68 del CPCCN).
Se deja constancia que la Vocalía Nro. 15 de esta Sala se encuentra vacante (art. 109 del RJN).-
Alta en sistema: 26/09/2025 Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
Pablo Gallegos Fedriani Guillermo F. Treacy Alta en sistema: 26/09/2025
Fin de la sentencia