Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 81948996-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
52681/2022 “VILUCO SA Y OTRO (TF 81948996-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de octubre de 2022.
1. Que, estas actuaciones tienen origen en la resolución AD CAMP 95/21, por la cual —en lo que resulta de interés señalar— se condenó a Viluco SA y su despachante de aduana al pago de $ 178.022,41 en concepto de multa y USD 31.546,26, en concepto de derechos de exportación, esto último más los intereses correspondientes, por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el artículo 954, apartado 1, inciso a, del Código Aduanero, con relación a la exportación documentada mediante el permiso de embarque 13 008 EC01 011159X (v. pp. 392-397 del expte. TF 81948996-A, remitido en formato digital el 27/9/22).
El 8/2/22, el Tribunal Fiscal de la Nación: (i) declaró la nulidad del protocolo de análisis LAB 111.750, así como de todo lo actuado en consecuencia, por lo que dejó sin efecto la resolución aduanera apelada; (ii) declaró prescriptas las acciones del Fisco para imponer penas y perseguir el pago de tributos con relación a la exportación mencionada; e (iii) impuso las costas al Fisco Nacional (íd., pp. 425-430).
Para resolver como lo hizo, relató que la actora había clasificado la mercadería en la posición arancelaria 2309.90.90.900T (“Las demás - Las demás preparaciones de los tipos utilizados para la alimentación de animales”), mientras que el servicio aduanero constató, a partir del análisis de la muestra tomada, que le hubiera correspondido la posición 2304.00.90.900Y; la cual conlleva un porcentaje mayor de derechos de exportación.
Mencionó que los recurrentes cuestionaban que no se hubiera respetado el procedimiento previsto en la resolución general AFIP 1582/03, que reglamenta el régimen de extracción y análisis de muestras.
Remitió a los términos del punto 3, del anexo III de la citada resolución, en cuanto dispone que, “el segundo análisis se podrá solicitar… dentro del mes de notificado el resultado del primer análisis, y es la vía recursiva natural en contra del acto administrativo expresado por el resultado del primer análisis”.
Sobre dicha base, estimó que la demandada había incurrido en irregularidades durante el procedimiento, toda vez que la muestra había sido tomada el 9/9/13, el informe fue emitido el 25/1/16 aunque no resultó 1 notificado; de manera que los actores recién tomaron conocimiento del resultado desfavorable cuando se les notificó la vista del sumario, el 22/7/16. Entendió que, dadas las características del producto exportado, así como el tiempo transcurrido entre la toma de la muestra y la interposición de la presente acción, las anomalías del trámite no resultaban subsanables en esa instancia, toda vez que se había cercenado definitivamente la posibilidad de solicitar un segundo análisis.
En particular, tuvo por acreditado que se trataba de mercadería perecedera y con determinadas condiciones de conservación, que hacían imposible practicar un nuevo estudio dirigido a comprobar su especie y cantidad.
Por consiguiente, declaró la nulidad absoluta del protocolo de análisis LAB 111.750, así como de todo lo actuado en su consecuencia (incluida la resolución AD CAMP 95 del 28/4/21), por haberse conculcado irremediablemente el derecho de defensa de la parte actora. A su vez, declaró prescriptas las acciones del Fisco Nacional, dado que el curso de la prescripción había comenzado el 1º/1/14 (en consideración a la fecha de registro del permiso de embarque), y no podía interpretarse que hubiesen operado causales suspensivas o interruptivas del plazo legal.
2. Que, disconforme con la decisión, el Fisco Nacional interpuso apelación el 30/3/22, que se concedió el 11/4/22, se fundó el 18/4/22 y fue replicada el 6/5/22.
Plantea que en el caso no hubo una afectación real en el derecho de defensa de la parte actora, y que la decisión en crisis había declarado la nulidad de lo actuado por la nulidad misma. En particular, refiere al hecho de que en la actuación 12578-366-2013 obra un acta firmada por el representante del exportador Viluco SA de la cual surge que consintió el procedimiento de extracción de muestras, y que estuvo de acuerdo en que la extraída era representativa del total, como así también en retirar un ejemplar para efectuarle un segundo análisis —a pedido—, lo que nunca instó a lo largo del sumario. En adición a lo expuesto, sostiene que el principal argumento de la decisión (la dilación en la notificación del resultado del análisis) carece de sustento jurídico, toda vez que el punto 3, del anexo III, de la resolución general AFIP 1582/03 no fija un plazo para cumplir con la diligencia. Por consiguiente, estima que se debe tener por válida la notificación practicada CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 52681/2022 “VILUCO SA Y OTRO (TF 81948996-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
junto con la corrida de vista, y cita jurisprudencia en apoyo de su interpretación.
También cuestiona que se haya considerado la mera afirmación de la recurrente relativa al plazo de conservación de la mercadería y a que, con posterioridad a su vencimiento, se afectaba la proporción de ingredientes secos presentes en ella; lo que considera que no fue debidamente acreditado por la contraria.
Por último, sostiene que el auto de apertura del sumario del 23/6/16 tuvo virtualidad para suspender e interrumpir la prescripción de las acciones del Fisco Nacional para reclamar tributos e imponer sanciones, en los términos de los artículos 805 y 937 del Código Aduanero, y que la extinción de las acciones se declaró en detrimento del principio procesal de congruencia.
3. Que el artículo 265 del CPCCN —aplicable en la especie en virtud de la remisión que establece el artículo 1182 del CA— establece que “…el escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. No bastará remitirse a presentaciones anteriores…”.
Es decir que el contenido del memorial debe consistir en una crítica precisa de los supuestos errores que contiene la sentencia, sea en la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho, y no puede constituir únicamente una simple discrepancia con lo resuelto por el juzgador. Por otra parte, si bien la valoración de la expresión de agravios a los fines de determinar si reúne las exigencias necesarias para mantener el recurso de apelación no se debe llevar a cabo con injustificado rigor formal, es preciso que en ella se detallen concretamente los aspectos de la sentencia respecto de los cuales se disiente y que, además, se brinden fundamentos serios y precisos que demuestren al tribunal de alzada cuáles fueron los errores de la sentencia apelada (esta Sala, causa “Defensor del Pueblo de la Nación c/ EN- M° Economía y P – Resols. 296/06 298/06 s/ proceso de conocimiento”, sent. del 14/8/12; , entre muchas otras).
En este sentido, se ha señalado que la mera reedición por la parte de los argumentos vertidos en las instancias anteriores o la remisión a aquéllos no constituye una crítica concreta y razonada del fallo, en los términos del mencionado artículo 265 del CPCCN (cfr. Fallos 307:2216 y esta Sala causa “Firestone de Argentina”, sent. del 3/10/91, entre otras); como así también, que 3 los recurrentes deben rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que el juzgador se apoyó para arribar a sus conclusiones (Fallos: 323:1261 y su cita, entre muchos otros).
4. Que el memorial del Fisco no cumple con tales pautas, ni pone en evidencia arbitrariedad alguna en la apreciación de los hechos y de las pruebas, en tanto se limita a argumentar sobre la ausencia de un plazo reglamentario para notificar el resultado del primer análisis, así como de un perjuicio concreto en el derecho de defensa de la parte actora, pero sin efectuar una crítica concreta y razonada de los argumentos dirimentes de la decisión apelada.
En particular, nada dice sobre la imposibilidad fáctica en que se encontraba el exportador de controvertir ese resultado en el momento en que le fue comunicado; debiéndose recordar, como adecuadamente lo señala el tribunal de origen, que ello tuvo lugar con relación a mercadería perecedera y más de dos años después de la toma de la muestra, cuando se corrió vista de todo lo actuado.
En cuanto al carácter fugaz del producto, no se controvierte puntualmente que él tenía determinadas condiciones de conservación y se mantenía inalterado por el plazo de 6 meses, de acuerdo con la certificación del SENASA incorporada a las actuaciones (v. esp. p. 21, expte. cit.); lo cual resta asidero a los cuestionamientos que, genéricamente, se dirigen contra la valoración de los hechos efectuada por el Tribunal Fiscal.
A su vez, es inatendible el planteo relativo a que se habría consentido el procedimiento llevado a cabo, así como el resultado del análisis. El acta de fs. 5 de la actuación administrativa (v. p. 257, expte. cit.), que menciona el memorial, es demostrativa del cumplimiento del estadio inicial del procedimiento de extracción de muestras para análisis de control presuntivo (arg. puntos 2.2.1.a y 3, del anexo III, de la resol. gral. AFIP 1582/03, modif por resol. gral. AFIP 2318/07). Pero de ningún modo de ella se sigue que el exportador pudo conocer, antes del 22/7/16, que se había trabado un diferendo con la Aduana en punto a la especie y calidad de la mercadería y, por consiguiente, que se había hecho efectiva la necesidad de un segundo análisis. De tal modo, tampoco es posible inferir que aquél renunció libremente a la facultad que le concedía el ordenamiento o que prestó conformidad con lo actuado.
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Por lo demás, en tanto no se logra rebatir la nulidad del auto de apertura del sumario del 23/6/16 —por tratarse de un acto posterior y dictado como consecuencia del protocolo de análisis 111.750—, menos pueden prosperar los agravios dirigidos contra la declaración de extinción de las acciones del Fisco, ya que tienen sustento en la validez de aquel proveído y su consiguiente virtualidad para suspender e interrumpir la prescripción en curso desde el 1º/1/14.
Sobre tal base, corresponde declarar desierto el recurso del Fisco de conformidad con los artículos 265 y 266 del CPCCN; con costas (art. 68, primer párrafo, CPCCN). ASÍ SE RESUELVE.
El juez de Cámara, Jorge Eduardo Morán no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109, RJN).
Regístrese, notifíquese y ofíciese al Representante del Fisco mediante Deox para que se expida sobre la liquidación de la tasa de justicia incorporada el 11/10/22.
MARCELO DANIEL DUFFY ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia