Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2021-83980857-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la nulidad absoluta e insanable de la Resolución 99/2021, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12578-4-2014, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-58591736-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 4 de Junio de 2024 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Juan Manuel Soria (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “VILUCO SOCIEDAD ANONIMA c/ D.G.A. s/ recurso de apelación”, expediente EX-2021-83980857- - APN-SGASAD#TFN El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Que mediante RE-2021-83958693-APN-SGASAD#TFN, se presenta la firma referida en el epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución 99/2021, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12578-4-2014, mediante la cual se condena a la firma VILUCO S.A. al pago de una multa de $712.568,10 por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. a), del C.A., respecto del P.E. 13008ES01000697G y se le exige el pago de u$s 115.714,20 en concepto de derechos de exportación más intereses. En primer término, sostiene que no se configura la infracción que se le imputa. Relata que la aduana entiende que la P.A. declarada en el P.E. referido -esto es: 2309.90.90.900T- es incorrecta, y que, en virtud de ello, se genera perjuicio fiscal -toda vez que se debió pagar una alícuota mayor de derechos de exportación-.
Cita la Resolución 1582/2003 -modificada por su similar 2318/07- y aduce que con posterioridad a la exportación referida, el personal aduanero procedió a la extracción de muestras representativas -análisis efectuado bajo el número LAB 98.245-. Solicita la declaración de nulidad del auto de apertura de sumario. Alega que no coincide el número del P.E. que figura en el auto referido con el de la Resolución apelada. Asimismo, aduce que en la denuncia la aduana considera que la mercadería clasifica en la P.A. 2304.00.10.20G, pero al momento de aperturar sumario entiende que corresponde la P.A. 1208.10.00.000J y en la Resolución apelada, se vuelve a referir a la P.A. 2304.00.10.20G. Asimismo, alega que hay antecedentes administrativos donde la aduana considera que la P.A. es la 2304.00.90.900Y.
Sostiene que la Resolución es infundada y concluye que la aduana es contradictoria en su proceder. Asimismo, plantea que no se cumplió con el procedimiento establecido en la Resolución 1582/2003. Detalla que no se observaron las condiciones desde el momento de la extracción de muestras por el servicio aduanero ni en la toma en sí misma, ni en su envío y posterior recepción por el ITEM. Concluye que el análisis de muestras efectuado por el servicio aduanero es incorrecto. Asimismo, sostiene que no pudo la firma exportadora efectuar un segundo análisis toda vez que no se le notificó el resultado del primer análisis, lo que le ocasionó un daño irreversible en tanto significó la alteración de una etapa procesal clave para la defensa de la clasificación arancelaria de la mercadería.
Alega que el P.E. no tiene asociado el formulario de entrega de muestra que la Res. Gral. AFIP 1582/2003 exige como parte de la documentación obligatoria en el procedimiento de control presuntivo al momento que se produce la extracción de la muestra. Solicita se declare la nulidad del resultado del análisis. Asimismo, aduce que de la monografía que luce en las actuaciones administrativas surge que el plazo de 6 meses es el período máximo de tiempo de validez de la muestra, plazo que se excedió ampliamente en autos. Cita jurisprudencia. Por otro lado, aduce que la clasificación efectuada es correcta. Cita normativa. Subsidiariamente, sostiene que no se configura la infracción que se le imputa, atento a que no hay inexactitud entre lo declarado y lo documentado.
Ofrece prueba. Finalmente, solicita se revoque la Resolución apelada, con costas. Que, en el mismo escrito se presenta el despachante de aduanas Sr. Sebastián Moraiz, y apela la Resolución 99/2021, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12578-4-2014, mediante la cual se lo condena al pago de una multa de $712.568,10 por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. a), del C.A., respecto del P.E. 13008ES01000697G. En lo que aquí interesa, remite a los argumentos de la firma exportadora y solicita se lo absuelva, con costas.
II. Que mediante IF-2021-111106032-APN-DTD#JGM, se presenta la representación fiscal y contesta el traslado del recurso que le fuera conferido. Efectúa una negativa genérica de las afirmaciones de las co-actoras que no sean objeto de su reconocimiento expreso. Realiza una breve reseña de los hechos. En cuanto al planteo de nulidad, aduce que atento a la participación del despachante de aduana -representante ante la Aduana de la firma actora- en el procedimiento de muestras sin efectuar observación alguna, pierde sustento la pretendida declaración de nulidad del procedimiento. Aduce que las co-actoras tomaron conocimiento del resultado del INTI con el auto de la corrida de vista. Agrega que el planteo de nulidad deviene totalmente abstracto atento a que la Resolución General (AFIP) Nº 1582/2003 no prevé un plazo ni una forma particular ni específica de notificación del resultado del primer análisis.
Asimismo, alega que es infundado el planteo de falta de representatividad de las muestras porque en el acta de extracción de muestras intervino el despachante de aduanas. Sostiene que de las actuaciones administrativas surge que se adjuntaron la lista de empaque y el original del formulario OM 1020 -desglosados a fs. 3 de las actuaciones administrativas-. Cita jurisprudencia. Por otro lado, aduce que la posición arancelaria declarada en el Permiso de Embarque es incorrecta. Concluye que se encuentra configurada la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. a), del C.A. y que resulta ajustada a derecho la exigencia tributaria. Alega que atento a la composición de la mercadería, su composición nunca permitiría situarla en la categoría de “preparaciones” del tipo de las que se citan en las Notas Explicativas de la partida 23.09.
Detalla que el producto a exportar se corresponde a una mezcla de varios componentes, uno de los cuales se encuentra en una proporción mayoritaria; razón por la cual su clasificación pertenece a la partida 23.04. Sostiene que se debe clasificar según la materia que le confiere a la mercadería su carácter esencial. Asimismo, entiende que no corresponde aplicar lo dispuesto en el art. 898 del C.A. En cuanto a la responsabilidad del despachante de aduana, aduce que el sistema aduanero descansa sobre la base de la veracidad y exactitud de las declaraciones efectuadas acerca de la naturaleza, calidad y propiedades de las mercaderías que constituyen los objetos de las destinaciones u operaciones que se realizan en las Aduanas, como también de todos los demás datos relevantes que puedan ser requeridos en la destinación u operación de que se trate.
Sostiene que resulta imprescindible que los despachantes de aduana, importadores, transportistas, agentes de trasporte, viajeros, tripulantes, etcétera, suministren precisa y concretamente todos los elementos de juicio e informaciones necesarias que permitan al Servicio Aduanero ejercer sus facultades de control y, en su caso, determinar los tributos aplicables. Concluye que el despachante de aduanas es un profesional, por lo que resulta ajustado a derecho el proceder de la aduana. Acompaña las actuaciones administrativas. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se confirme la Resolución apelada, con costas.
III. Que mediante PV-2021-112567025-APN-VOCXVIII#TFN se tiene por presentada a la D.G.A., por contestado el traslado en relación a la firma exportadora y al despachante de aduanas y por agregadas las actuaciones administrativas. En PV-2022-17888844-APN-VOCXVIII#TFN se tiene presente la prueba documental. Luego, se elevan los autos a la Sala “F” y se ponen autos a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas SIGEA 12578-4-2014 se inician el 13-12-13 con la Nota 2363/13 -envío de muestra presuntiva-, mediante la cual se remite a la División Instituto Técnico de Examen de Mercadería (ITEM) fotocopia de la destinación 13008ES01000697G y la solicitud de análisis OM1020. A fs. 3 luce el desglose del formulario OM1020. A fs. 4 luce el Acta de Extracción de Muestras de fecha 16-12-13, suscripta por DGA y despachante de aduanas a los efectos de realizar el control presuntivo establecido en la Resolución 1582/03 AFIP. De allí surge que se extrajo un juego de tres muestras de la mercadería amparada por la destinación referida,la que se declaró en la P.A. 2309.90.90.900T. Asimismo, se notifica al exportador -a través del despachante de aduanas- que al no efectuarse la interdicción de la mercadería como lo detalla la Resolución 1582/03, lo inhabilitará para el pedido del segundo análisis. A fs. 5/6 luce el Protocolo de Análisis LAB 98.245 -fecha de entrada 14-01-14, conclusiones del 19 de marzo de 2015-. A fs. 8 la aduana entiende que por el resultado del protocolo referido, la mercadería clasifica en la P.A. 2304.00.10.200G, siendo el perjuicio fiscal de u$s115.714,20 atento a que se debió pagar una alícuota del 32% y no del 5% como declaró. A fs. 9 luce el Acta de Denuncia. A fs. 12 el 16 de mayo de 2015 se instruye sumario a la firma VILUCO S.A. y al despachante de aduana por la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. a), del C.A. y se les corre vista. A fs. 14/15 la firma exportadora contesta la vista y a fs. 19 el despachante de aduanas. A fs. 22 se los tiene por presentados y se tiene presente la prueba ofrecida. Con posterioriad, el despachante agrega monografía del proceso de elaboración y certificado del SENASA. A fs. 37/39 luce el Dictamen y a fs. 40/42 la Resolución 99/2021, apelada.
V. Que, en primer término, corresponde analizar el planteo de las co-actoras vinculado a la denegación de la prueba ofrecida en sede aduanera -puntualmente: la realización del segundo análisis-.
Que, previo a resolver lo referido, resulta pertinente destacar que, en el caso de autos, se documentó mediante el P.E. 13008ES01000697G, oficializado el 3-12-13, la exportación de 1.000 toneladas de “LAS DEMAS PREPARACIONES DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS ANIMALES”, mercadería que clasifica en la P.A.
2309.90.90.900T y se declara que los derechos de exportación tienen una alícuota del 5% -esto es: u$s21.428,55-. Que, resulta pertinente destacar que no escapa a la vista del suscripto que el campo “EXTRACCION DE MUESTRAS” del P.E. se encuentra sin completar -ver 11 de las actuaciones administrativas-.
Que, no obstante ello, del Acta de Extracción de Muestras de fecha 16-12-13, suscripta por DGA y despachante de aduanas -en representación de la firma exportadora- surge que se extrajo un juego de tres muestras de la mercadería alimento balanceado concentrado para animales, amparada por la destinación referida, P.A. 2309.90.90.900T. -esto es la mercadería declarada-.
Que, de las conclusiones del Protocolo de Análisis LAB 98.245 que luce a fs. 5/6 de las actuaciones administrativas resulta que: “Se trata de una mezcla de granulometría fina constituida por harina de soja desgrasada y maíz molido, con presencia de sales de cloruro y carbonatos agregados. El alto grado de molienda no permite su cuantificación, no obstante ello es posible inferir: (…)
-el componente principal y mayoritario es la harina de soja desgrasada (mayor al 90%)
-todos los componentes (vegetales y sal) se encuentran presentes en las distintas fracciones retenidas por los tamices y en el fondo de tamizado”.
Que, basándose en el Protocolo de Análisis LAB referido la aduana entiende que la mercadería clasifica en otra P.A. -esto es: 2304.00.10.200G, ver fs. 8 de las actuaciones administrativas-, y que debió tributar una alícuota del 32% en concepto de derechos de exportación y un reintegro fijo del 0%. Notése que según la P.A. declarada tributaba una alícuota del 5% en concepto de derechos de exportación y 2,05% de reintegro fijo. -esto es: perjuicio fiscal-.
Que, en consecuencia, la aduana imputa a las co-actoras la infracción tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. a), del C.A. y les exige una multa; y a su vez, le reclama a la firma exportadora diferencia de tributos más intereses.
VI. Que, para resolver el planteo vinculado a la vulneración del derecho de defensa en juicio, resulta pertinente destacar que la Resolución General 1582/2003 AFIP, modificada por la Resol. Gral. 2318/07 regula el régimen de extracción de muestras.
Que, en lo que aquí interesa, el punto 3 del Anexo III de la referida Resolución establece que el segundo análisis “Es el que se efectúa cuando de la primera pericia ha surgido un resultado motivo de litigio o de diferencias entre la Aduana y el Importador o el Exportador de la mercadería.
El segundo análisis se podrá solicitar por cualquiera de las partes que han intervenido en la extracción de las muestras para la primera pericia dentro del mes de notificado el resultado del primer análisis, y es la vía recursiva natural en contra del acto administrativo expresado por el resultado del primer análisis.
Se deberá solicitar por ante la División ITEM aún cuando el primer análisis haya sido realizado por otros organismos públicos o privados.
El interesado y la Dirección General de Aduanas designarán químicos para que los representen, quienes presenciarán el nuevo análisis a practicarse ajustándose a las siguientes normas:
a) Los peritos actuantes deberán ser químicos diplomados en la Universidad Nacional.
b) El Laboratorio analizador, establecido de común acuerdo entre los peritos actuantes, y después de tomar en consideración las observaciones que dieron origen al segundo análisis, dispondrá el plan de trabajo, fijando las determinaciones analíticas y los métodos para efectuarlo, reservándose cada uno de los peritos actuantes la solicitud de todos los análisis que creyera conveniente efectuar para dilucidar la cuestión.
c) Efectuado el segundo análisis correspondiente se consignarán los datos obtenidos en un protocolo de análisis que firmarán los peritos, el químico actuante y el Jefe del Laboratorio.
d) La extracción de muestras que den lugar al segundo análisis se efectuará con la intervención por parte de la Dirección General de Aduanas del extractor interviniente en el primer análisis (en caso fortuito podrá ser reemplazado por el Jefe de Sección o por quien fuera designado por los Administradores de Aduanas del Interior) y un técnico de la División ITEM extrayéndose por lo menos dos "juegos" de muestras de 2 (dos) envases distintos: uno de ellos deberá ser el que dio origen al primer análisis. La extracción de muestras debe cumplir las normas de la presente Resolución. e) Los gastos que demande el segundo análisis corren por cuenta del interesado cuando éste sea el que lo solicitare.” Que, como ya se dijo, la aduana se basa en el Protocolo de Análisis LAB 98.245 para entender que la mercadería del P.E. 13008ES01000697G clasifica en la P.A. esto es: 2304.00.10.200G y no en la declarada -esto es: P.A. 2309.90.90.900T-. Es decir, en ello se funda la aduana para fundamentar la reclasificación arancelaria y en consecuencia, entender que corresponde abonar mayores derechos, y exigirle a su vez, a las co-actoras una multa.
Que, en lo que aquí interesa, del acta de extracción de muestras que luce a fs. 5/6 de las actuaciones administrativas surge que el 16-12-13 -es decir 13 días después de la oficialización del P.E.-, suscripta por DGA y despachante de aduanas -en representación de la firma exportadora- se realiza el control presuntivo establecido en la Resolución 1582/03 AFIP. De allí surge que se extrajo un juego de tres muestras de la mercadería documentada en el P.E. referido. Asimismo, se notifica al exportador -a través del despachante de aduanas- que al no efectuarse la interdicción de la mercadería como lo detalla la Resolución 1582/03, lo inhabilitará para el pedido del segundo análisis.
Que, en otras palabras, en el mismo acto de extracción de muestras la aduana veda a las co-actoras la posibilidad de realizar un segundo análisis, vulnerando así el derecho de defensa de la firma exportadora y del despachante de aduana. Que, en efecto, no puede soslayarse que la norma reglamentaria transcripta ut supra califica jurídicamente al segundo análisis como la vía recursiva natural contra el acto administrativo expresado por el resultado del primer análisis. Que, la aduana, sin más, rechazó la vía recursiva natural contra el acto administrativo expresado por el resultado del primer análisis -segundo párrafo del punto 3 del Anexo III de la RG -AFIP 1582/03-.
Que, asimismo, resulta pertinente destacar que no hay en las actuaciones administrativas copia del formulario OM-1020. Solamente a fs. 3 de las actuaciones administrativas figura su desglose. Es decir que no hay constancia de que el mismo haya existido.
Que en el formulario referido se detallan una serie de datos relevantes del envío de la muestra, lo que posibilita la total identificación de la mercadería a analizar.
Que el art. 4.3 de la Resolución AFIP 1582/03 establece que: “La muestra debe remitirse acompañada de la solicitud de análisis, formulario 1020, cumpliendo con el siguiente procedimiento….”.
Que, asimismo, corresponde destacar que del Protocolo de Análisis resulta que la fecha de entrada de las muestras al ITEM es: 14-01-14 y las conclusiones son del 19 de marzo de 2015.
Es decir, que las conclusiones se obtuvieron más de dos años después de la fecha de oficialización del P.E. Que, a su vez, las co-actoras tomaron conocimiento del resultado del Protocolo de Análisis LAB 98.245 con la notificación del auto de fecha 26-5-16 de apertura de sumario dictado junto con la corrida de vista -ver fs. 12 de las actuaciones administrativas-; acto que según la firma exportadora se le notificó el 31-05-16, conforme surge de fs. 14 de las actuaciones administrativas-. Notése que no hay constancias de la fecha de notificación del auto de la corrida de vista a las co-actoras en las actuaciones administrativas.
Que, en consecuencia, el P.E. se oficializa el 3-12-13, las conclusiones del Protocolo de Análisis son del 19-03-15 y las co-actoras se notifican del resultado el 31-05-16. Es decir, 2 años y cinco meses después.
Que, resulta evidente que el plazo perentorio -o de caducidad- de un mes del segundo párrafo del punto 3 del Anexo III de la Resolución General (AFIP) 1582/03 para que la parte interesada solicite un segundo análisis de la muestra -el que como ya se dijo, se le denegó a las co-actoras en el mismo acto de extracción de muestras-, tiene su razón de ser en la necesidad de inmediación temporal entre el primer análisis y el segundo, asegurando así la inalterabilidad originaria de la muestra. Tal intelección de la norma, de por sí obvia, obligaba a la aduana a notificar de inmediato a la actora de los resultados del análisis de la muestra, lo que no ocurrió, como ya se dijo.
Que, por otro lado, resulta pertinente mencionar que tampoco hay constancias en autos de la guarda de la muestra testigo sobre la que se hizo el primer análisis, siendo ello carga de la aduana.
Que, sin perjuicio de expuesto y a mayor abundamiento, corresponde destacar que de la monografía que luce a fs. 25 de las actuaciones administrativas resulta que: “El producto se debe conservar en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz solar. Las temperaturas de almacenamiento no deben superar los 25ºC. En estas condiciones el producto se mantiene inalterado durante seis (6) meses”. (el resaltado me pertenece).
Que, esto implica que de la documental obrante en las actuaciones administrativas acompañada por la co-actora surge que el plazo de 6 meses es el período máximo de tiempo de validez de la muestra; por lo que excedido el mismo, como ocurrió, el resultado del análisis no puede reflejar en forma fidedigna la correcta composición de la mercadería. Que, por todas las razones expuestas, se concluye que se desnaturalizó la finalidad de las previsiones de la Resolución General (AFIP) 1582/03, conduciendo a una seria lesión del derecho esencial de los administrados -jurídicamente calificado como tal por la resolución procedimental- de contrarrestar con un segundo análisis el resultado del primero. Que los vicios antedichos se apartan de las siguientes disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549, supletoriamente aplicables a los procedimientos -como lo es el de la Resolución General (AFIP) 1582/03- que se cumplen ante el servicio aduanero (art. 1017.1 del CA). A saber: i) art. 1, inc. f) de la ley 19.549 que regula el debido proceso adjetivo del administrado (derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas y a una decisión fundada)y; (ii) el art. 7 (requisitos esenciales del acto administrativo) en sus incisos b) -causa-, c) -objeto-, d) - procedimientos- y e) -finalidad-.
Que la omisión del segundo análisis, el que se negó en la misma acta de extracción de muestras -sumado a todos los vicios del procedimiento referidos-, consecuencia del tortuoso trámite llevado a cabo por la aduana en la causa, altera, dislocándolo completamente de su finalidad de búsqueda de la verdad material, afectando el procedimiento previsto en la Resolución (AFIP) 1582/03.
Que, en efecto, dicho tramite -antirreglamentario- afectó irremediablemente los elementos esenciales del acto administrativo a dictarse -como lo es la Resolución apelada- que debe elaborarse conforme un procedimiento reglado en cuanto a sus etapas, finalidad, objeto y causa.
Que, en consecuencia, corresponde declarar la nulidad, absoluta e insanable, de la Resolución 99/2021, conforme lo dispuesto por el art. 14 de la ley 19.549, incisos a) (voluntad de la Administración excluida por error esencial) y b)(violación de la ley aplicable, formas esenciales y finalidad que inspira su dictado), supletoriamente aplicables al procedimiento administrativo especial de la Resolución General (AFIP) 1582/03 (art. 1017.1 del CA).
VII. Que, por la forma que se resuelve, no corresponde tratar los demás agravios.
Por ello, voto por:
Declarar la nulidad absoluta e insanable de la Resolución 99/2021, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12578-4-2014, con costas.
El Dr. Garbarino dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Soria.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Soria.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE
Declarar la nulidad absoluta e insanable de la Resolución 99/2021, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 12578-4-2014, con costas.
Regístrese, notifíquese y una vez firme la sentencia, remítase a la guarda temporal.
Suscriben la presente los Dres. Juan Manuel Soria (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2024.05.31 15:19:47 -03:00 Date: 2024.06.04 14:48:26 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.06.04 15:33:07 -03:00 Juan Manuel Soria Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.06.04 15:33:08 -03:00
Fin de la sentencia