Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 335/03, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de Vimalco S.R.L., de la siguiente manera:
I) Por la primera y segunda etapa procesal, en las sumas de $50.706 por la representación procesal, y $126.766 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
Ii) Por la tercera etapa procesal, en las sumas de $131.938 equivalente a 2,13 UMA por la representación procesal, y de $ 329.845 equivalente a 5,32 UMA por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, conforme lo dispuesto por la ley 27.423.
3Regular los honorarios de la CP Analía López Ledesma por su actuación como perito designada a propuesta del Fisco Nacional, a cargo de Vimalco S.R.L., en la suma de $51.860 teniendo en consideración las pautas establecidas por el decreto-ley 16.638/57.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-29168661-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 20 de Marzo de 2025 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente N° 22.415-I caratulado “Vimalco S.R.L. s/ recurso de apelación”. La Dra. O’Donnell dijo:
I. Vimalco S.R.L. interpone recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución N° 335/03 dictada por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Norte de la Administración Federal de Ingresos Públicos en la que se determinó de oficio su obligación en el impuesto a las ganancias por el periodo fiscal 1997, intimándole a ingresar $573.154,23, más intereses resarcitorios (art. 37, ley).
En dicho acto se hizo reserva de juzgar la conducta infraccional por el mismo periodo, por aplicación del art. 20 de la ley 24.769 (t.v.).
En su presentación ante este Tribunal, sostiene que el ajuste -en el impuesto a las ganancias- es consecuencia de las declaraciones juradas presentadas en el impuesto al valor agregado en los periodos fiscales enero 1997 a septiembre de 1997 que, según dice, son falsas al haber sido suscriptas por firma apócrifa.
Agrega que ello fue probado en la causa penal N° 4801/98 “Bibiana Vacirca, Luis Pini y Eduardo Bertone s/ estafa”, que tramitó en el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, en la que se declaró el sobreseimiento de los imputados por el delito de estafa y falsificación de documento público al entender que no fueron cometidos por las personas indagadas.
Sostiene que el juez administrativo no tuvo en cuenta que las declaraciones juradas antes mencionadas no fueron firmadas por autorizados por la empresa y que no se valoró la prueba pericial caligráfica rendida que determinó su falsedad. Señala que si bien la fiscalización menciona que en la causa “Fisco Nacional (AFIP-DGI) c/ VIMALCO S.R.L. s/ ejecución fiscal” que tramitó en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°3 – Expte. 3540/98, por el cobro del impuesto al valor agregado de los periodos fiscales enero 1997 a septiembre de 1997 por un importe de $368.084, se dictó sentencia en la que se declaró la habilidad de título, no se consideró que “dicho expediente nunca se abrió a prueba y no se llevó a cabo la pericia caligráfica ofrecida”, es así que no tuvo posibilidad de demostrar la falsedad de los documentos.
Continúa explicando que las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado fueron presentadas en entidades bancarias, es decir que tampoco pudo individualizarse en la causa penal quién las presentó, pero sí pudo probar que efectivamente no las presentó el representante legal de Vimalco S.R.L., por lo que entiende que no puede admitirse el cobro de una deuda fiscal con base en un documento adulterado que fue probado en una pericia caligráfica. Informa que el propio organismo fiscal ordenó una verificación para establecer si los montos de dichas declaraciones correspondían con los libros contables de la empresa y determinó que Vimalco S.R.L. llevaba una doble facturación con cuentas bancarias sin declarar en las que registraba solamente el 30% o 50% de los ingresos de los trabajos realizados. Explica que ese informe se basó en un control superficial de los movimientos bancarios pese haber tenido toda la información que permitía tener conocimiento del funcionamiento de la empresa. Destaca que la facturación reflejó los valores reales de los movimientos, y sostiene que la cuenta tenía como fin el intercambio de cheques como resultado de “…las insatisfechas exigencias de crédito bancario imponen a las empresas acudir al préstamo usurario en las financieras y con ello, la necesidad de intercambiar cheques (…)”.
Manifiesta que se debería haber investigado el intercambio entre esa cuenta y la N° 860 del Banco Roberts, perteneciente a la empresa Tempo de Tempora S.A., de la cual el Sr. Galati (también socio gerente de Vimalco S.R.L.) era accionista, y de ese modo demostrar sus afirmaciones en cuanto a que los movimientos de la cuenta “…apenas permitían la supervivencia de la sociedad a través del endeudamiento con crédito usurario”.
Agrega que no se tuvo en cuenta la prueba propuesta en sede administrativa y que se afectó su derecho de defensa sin dar explicaciones para el rechazo de la misma y tomando de las causas mencionadas sólo lo que la fiscalización consideró válido e ignorando la realidad de los hechos, es decir, que las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado de las cuales se extrajo el monto de ingresos eran falsas.
Por último, explica que la maniobra de presentar declaraciones juradas falsas, no solo perjudicó a Vimalco S.R.L., sino también a Galmos S.A., sociedad de la que el Sr. Galati era presidente y en la que también fue objeto de varios juicios de ejecución fiscal.
Aporta prueba documental y ofrece prueba informativa a los juzgados, prueba caligráfica, prueba testimonial y pericial contable, y en base a las consideraciones expresadas, solicita que se revoque la Resolución, con costas.
II. A fs. 37/42 la representación fiscal contesta el traslado del recurso y solicita que se la confirme, también con costas. Para ello, sostiene que la Resolución recurrida tiene fundamento en las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado de enero 1997 a septiembre 1997 presentadas por Vimalco S.R.L. de las cuales se tomaron los ingresos omitidos de declarar en el impuesto a las ganancias del período fiscal 1997.
Agrega que en la liquidación se tuvieron en cuenta los gastos y deducciones permitidas por la ley, y que los egresos fueron calculados también en base a los créditos fiscales declarados en el impuesto al valor agregado. Alega la representación fiscal que Vimalco S.R.L. no inició acción de falsedad de las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado, por lo que no puede desconocerse su validez para determinar de oficio el impuesto a las ganancias. Agrega que en el Exp. “Fisco Nacional (AFIP-DGI) c/ Vimalco S.R.L. s/ ejecución fiscal” se dictó sentencia declarando la habilidad del título, y en consecuencia se tuvieron a dichas declaraciones como válidas.
Por otro lado, explica que no fue solamente el sobreseimiento dictado en la causa penal “Bibiana Vacirca, Luis Pini y Eduardo Bertone s/ estafa” lo que la fiscalización tuvo en cuenta en el ajuste, sino el resto de los elementos colectados también, entre ellos, lo informado por el Banco de la Nación Argentina que dijo que los depósitos en la cuenta bancaria eran superiores a los ingresos declarados, así como también que Vimalco S.R.L. había ordenado la impresión de dos juegos de facturas tipo “B” con la misma numeración, que luego utilizó en forma simultánea.
Por todo lo expuesto, solicita que se confirme la Resolución, también con costas.
III. A fs. 51 se abre la causa a prueba, se hace lugar parcialmente a la prueba informativa, a la prueba caligráfica, parcialmente a la testimonial y a la prueba pericial contable. Esta última obra producida a fs. 122/124. A fs. 68 se tiene por desistida a la recurrente de la prueba testimonial que había sido admitida.
A fs. 125/126 la representación impugna los puntos 1, 2 y 3 del informe pericial. Invoca para ello que no se exhibieron a los expertos los libros allí mencionados por el perito designado por Vimalco S.R.L., en particular el libro Diario y demás documentación de respaldo de sus registraciones. La impugnación fue respondida a fs.138 por el perito. A fs. 152 la entonces Vocal Instructora hizo lugar a la impugnación presentada por la representación fiscal respecto de los puntos 1, 2 y 3 de la pericia presentada, decisión que, cabe ya decirlo, no fue cuestionada.
En cuanto a la prueba informativa al juzgado penal en el que tramitó la denuncia penal contra la Sra. Bibiana Vacirca y otras personas, la prueba fue cumplida mediante la agregación de copias del expediente.
En atención al tiempo transcurrido, a fs. 252 se clausura el periodo de prueba y a fs. 254 se eleva el expediente a consideración de la Sala. A fs. 258 se pone a disposición de las partes para que presenten su alegato, derecho que ejerció únicamente la representación fiscal a fs. 267/270. A fs. 271 quedan en estado de dictarse la sentencia.
IV. Debe resolverse entonces la legitimidad de la pretensión fiscal notificada en la Resolución a la luz de los agravios y las pruebas obrantes en el Expediente, destacándose que en virtud de lo resuelto a fs. 152, que no fue recurrido, del informe pericial contable únicamente deben merituarse sus puntos 4 y 5.
El principal fundamento que esgrime Vimalco S.R.L. para refutar la pretensión fiscal es que las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado que la fiscalización adoptó para determinar el impuesto a las ganancias del mismo período, eran falsas porque fueron presentadas en una entidad bancaria por personas que no representaban a la empresa. Es ella misma la que informa la denuncia por estafa que hizo contra esas personas –la Sra. Bibiana Vacirca y el Sr. Bertone-, pero a la misma vez da cuenta del resultado de su denuncia: su sobreseimiento por no haberse comprobado su autoría. Así surge de los resultados de la prueba informativa dirigida al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 8 en el que tramitó la denuncia penal contra la Sra. Bibiana Vacirca y otras personas que da cuenta del sobreseimiento de las personas acusadas, funcionarios de la Administración Tributaria. Dicha sentencia, que también obra en copia en las actuaciones administrativas (fs. 1367/1377), fue confirmada por la Cámara tal lo que surge del informe obrante a fs. 1366. Hace saber, asimismo, que los saldos que arrojaron las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado no fueron ingresados y que fueron cobrados en juicios de ejecución fiscal en los que se rechazó la excepción de inhabilidad del título que articulara con el mismo fundamento, esto es la falsedad de las declaraciones juradas.
En definitiva, Vimalco S.R.L. no probó el principal agravio con el que pretendió refutar la pretensión fiscal que fue que las declaraciones juradas del impuesto al valor de las que se extrajeron los ingresos para determinar el impuesto a las ganancias eran falsas.
La prueba rendida en esta sede no permite respaldar dicho agravio.
Parte del informe pericial contable fue impugnado por falta de validez, puntos 1 y 2, lo que fue admitido por la Vocal Instructora en el proveído de fs. 152 que, como ya se dijo, no fue cuestionado. Los restantes puntos de dicho informe, nada agregan para poner en duda los resultados de las tareas de fiscalización. El punto 4 se refiere a la inexistencia de cuentas bancarias a nombre de Vimalco S.R.L. y en el punto 5 los expertos informan quien suscribió el balance de Vimalco S.R.L. del año 1997. Además, el perito del Fisco Nacional aclara que el balance no se encuentra certificado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
En definitiva, asiste razón a la representación fiscal cuando en ocasión de alegar sostiene que no surge de dicho informe, ni de ningún otro elemento probatorio incorporado al expediente ni a las actuaciones administrativas, que permita revisar la pretensión fiscal; más aún, surgen del informe con evidencia las anomalías de las registracionesy demás documentación de Vimalco S.R.L. y por ende que resultó ajustado a derecho determinar de oficio sus obligaciones a partir de los resultados de declaraciones juradas presentadas por ella misma en otro gravamen (IVA).
Por lo expuesto, corresponde confirmar la Resolución, con costas.
El Dr. Martín dijo:
Que adhiere al voto precedente.
La Dra. Gómez dijo:
Adhiero a la solución propiciada por la Vocal Instructora.
Atento a la votación que antecede,
1. Confirmar la Resolución N° 335/03, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de Vimalco S.R.L., de la siguiente manera:
i) Por la primera y segunda etapa procesal, en las sumas de $50.706 por la representación procesal, y $126.766 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
ii) Por la tercera etapa procesal, en las sumas de $131.938 equivalente a 2,13 UMA por la representación procesal, y de $ 329.845 equivalente a 5,32 UMA por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, conforme lo dispuesto por la ley 27.423.
3. Regular los honorarios de la CP Analía López Ledesma por su actuación como perito designada a propuesta del Fisco Nacional, a cargo de Vimalco S.R.L., en la suma de $51.860 teniendo en consideración las pautas establecidas por el decreto-ley 16.638/57.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2025.03.20 11:46:49 -03:00 Date: 2025.03.20 12:44:16 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.03.20 12:58:33 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.03.20 12:58:34 -03:00
Fin de la sentencia