Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa V-2236/18-TSJ)
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 147/151 y, en consecuencia, revocar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 153/154 vta.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: V-2236/18-TSJ)
Interlocutorio N°: 3430.-
Actor: VINETT MANUELA Demandada: AUTOTRANSPORTE ANDESMAR S.A. Y OTRO Objeto: DAÑOS Y PERJUICIOS Fecha: 30-10-2018 Texto: TOMO XXIX -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3430 FOLIO Nº 5793/5796 PROT. ELECT. TSS1 091 I.181
Río Gallegos, 30 de octubre de 2018.-
Los presentes autos caratulados: “VINETT MANUELA c/ AUTOTRANSPORTE ANDESMAR S.A. Y OTRO s/ DAÑOS Y PER-JUICIOS”, Expte. Nº V-16.545/15 (V-2236/18-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes en virtud del recurso de casación interpuesto por la actora, Sra. Manuela Vinett (cfr. fs. 147/151), contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 139/143, por cuanto hizo lugar a los recursos de apelación interpuestos por los demandados, revocando el punto primero de la resolución de Primera Instancia, declarando la prescripción de la acción de daños y perjuicios, con costas a la actora.- Contra esta decisión la actora interpone recurso de casación en los términos del artículo 3º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y por la causal de arbitrariedad. (cfr. foja 148).-
Afirma la recurrente: “Que motiva la interposición del presente recurso de casación, el hecho de considerar que la resolución recurrida ha violado la Ley y la Doctrina Legal, y aplicado erróneamente las normas que seguidamente se individualizarán, conculcando en consecuencia derechos constitucionales reconocidos a esta parte…”. (cfr. foja cit.).-
La actora expresa que: “…el fundamento utilizado por la Excma. Cámara de Apelaciones para sostener la inexistencia de la suspensión de plazos solicitada, consiste en considerar a las consecuencias de la suspensión prescriptiva con el carácter de ‘personalísimo’, aduciendo que los efectos de la suspensión no se propagan de un deudor a otro, por lo cual la querella criminal promovida contra el autor del hecho ilícito (en este caso el chofer del colectivo siniestrado), únicamente suspendería el curso de la prescripción respecto del querellado, sin que dichos efectos se extiendan al civilmente responsable (compañía de Transporte y/o aseguradora). Adviértase en esta instancia, que las demandadas tomaron intervención en el marco de los autos caratulados ‘Actuaciones Preven-cionales por Lesiones en Accidente de Tránsito’, Expte.
Nro. 44684/05, y si bien no intervinieron en forma directa como querellados, entendiendo el juzgado interviniente que no existía responsabilidad penal a cargo de las mismas, actuaron en resguardo de sus derechos económicos, realizando peticiones en el marco de dicha causa, solicitando medidas de prueba y oportunamente requiriendo la extinción de la acción penal, motivo por el cual si bien su conducta no fue cuestionada en dicho fuero (no resultaron querelladas), no puede desconocerse que tuvieron una participación activa en el marco de dicho proceso…”. (cfr. foja 149 y vta.).- Por otro lado, entiende que resulta inaplicable el artículo 3987 del Código Civil, “…en ningún momento se argumentó que la oportuna promoción de un juicio de daños y perjuicios (luego desistido ante la imposibilidad de dar con el paradero del chofer de la unidad, Sr.
Luis Alberto Cucchiari), haya funcionado como causal interruptiva de la prescripción, sino que por el contrario, siempre se hizo referencia a la suspensión producida por la vigencia de la acción penal, hasta su efectiva culminación. En consecuencia, el hecho de que oportunamente se haya iniciado una acción de daños y perjuicios (mientras que la acción penal se encontraba abierta), la cual oportunamente fuera desistida por el apoderado de esta parte, deviene totalmente irrelevante a los fines que aquí se analizan, resultando inaplicable al caso lo estipulado en el artículo 3.987 del Código Civil”. (cfr. foja 149 vta.).- Seguidamente, alega: “…corresponde también señalar las diferencias advertidas en la resolución cuestionada, con la doctrina legal imperante en la materia” (cfr. foja 150), y cita un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala F, en apoyo a su postura.-
Por último alega que: “…lo resuelto por la Excma. Cámara de Apelaciones en el Interlocutorio que aquí se recurre, configura un supuesto que habilita la tacha de arbitrariedad, atento estar frente a desaciertos jurídicos en la aplicación de la suspensión de los plazos de prescripción y también por arribar a conclusiones que desnaturalizan las previsiones establecidas por la ley vigente, las cuales resultan de extrema gravedad…” (cfr. foja 150 vta.).- A foja 163 pasan los presentes al Acuerdo.-
II. A los fines de la admisibilidad corresponde ingresar en el análisis de los argumentos que esgrime para sostener el recurso de casación articulado. Se advierte que el mismo resulta inadmisible, en tanto se observa que la decisión, cuya revisión se pretende, es -en principio- ajena al ámbito de la casación, en la medida en que la recurrente no logra esgrimir fundamentos que permitan su acceso a esta instancia respecto a que el fallo atacado haya violado o aplicado erróneamente la ley o doctrina legal. Circunstancias estas últimas, respecto de las cuales la recurrente no argumenta idóneamente, toda vez que, más allá de la discordancia que pueda mantener con los criterios sustentados por los jueces, el fallo cuenta con suficiente fundamentación.- El agravio de la recurrente se centra en la interpretación que realiza la Cámara respecto de las personas a las cuales sería oponible el efecto suspensivo de la prescripción por la formulación de una querella penal.-
La Cámara adhiere a una corriente doctrinaria y juris-prudencial. Así encontramos que el mismo criterio utilizado por la Cámara ha sido expuesto por la doctrina nacional al decir que: “…los efectos de la suspensión no se propagan de un deudor a otro, por lo que la querella criminal promovida contra el autor del acto ilícito sólo suspende el curso de la prescripción respecto del querellado, y su efecto no es extiende al civilmente responsable” (cfr. Alberto J. Bueres -direc-ción- y Elena I. Highton -coordinación-, “Código Civil y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial”, Ed. Hammurabi, CABA., 2001, Tomo 6B, pág. 670).- Esta corriente doctrinaria ha tenido recepción en la jurisprudencia: “La deducción de querella por lesiones seguida contra el conductor del colectivo, como toda causal de suspensión, se limita al querellado, sin que pueda extenderse a otros cointeresados (conf. art. 3981 Cód. Civil), [CNCiv, Sala A, 21/5/96, ‘Taverne de Molinaro, Nilda E. c. Minzelli, Alejandro J. y otro’, JA, 2001-III, síntesis]”(cfr. Areán, Beatriz A., “Juicio por accidentes de tránsito” 1, Buenos Aires, Hammurabi, 2005, págs. 367/368). En igual sentido: “El texto claro de los arts. 3981 y 3982 bis del Cód. Civil lleva a concluir que la suspensión de la prescripción de la acción civil causada por la querella criminal -en el caso, entablada contra agentes policiales- sólo aprovecha a quien la dedujo y sólo perjudica a la persona contra quien se dirige (TS Neuquén, 03/02/2004, LL Patagonia, 2004-598)” (cfr. Santos Cifuentes -Director- y Fernando Alfredo Sagarna -Coordinador-, “Código Civil: comentado y anotado”, 3º Ed., Buenos Aires, La Ley, 2011, Tomo VI, pág. 420).- Más allá de la discrepancia con la postura asumida por la Cámara que la recurrente pudiera tener, lo cierto es que ésta se encuentra fundada y ha dado una solución razonable y equilibrada a la presente contienda.-
Aun en la hipótesis que sobre la materia puedan existir distintas opiniones doctrinarias o jurisprudenciales, la adhesión por parte del juzgador a una de ellas no habilita por sí sola la vía casatoria, ni en principio configura fundamento suficiente para agraviarse de violación de la ley. Y así se ha pronunciado este Tribunal, al decir que: “Cuando existen distintas visiones sobre el ‘thema deci-dendum’, como sucede en el caso de autos, la adhesión a una teoría -por parte del Juzgador- no constituye materia que deba tratarse en casación, pues ello no implica - en principio - el haber incurrido en violación de la ley o arbitrariedad…” (cfr. Interlocutorios Tomos XXII, Reg. 2813, Folio 4400/4404; XXIII, Reg. 2880, Folio 4541/4546; XXIV, Reg. 2977, Folio 4800/4803; XXV, Reg. 3038, Folio 4915/4919).- Por tanto, se advierte que el recurso intentado no se encuentra debidamente fundado.-
III. La recurrente afirma que existe violación de la doctrina legal, “…corresponde también señalar las diferencias advertidas en la resolución cuestionada, con la doctrina legal imperante en la materia”. (cfr. foja 150).-
En tal sentido se debe hacer notar que el recurso de casación reglamentado por el artículo 3º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15, establece que: “Habrá lugar al recurso de casación por violación de la ley o doctrina legal cuando la sentencia: a) Haya violado o aplicado erróneamente la ley o la doctrina legal sentada por el Tribunal Superior de Justicia dentro de un lapso no mayor de cinco (5) años...”.- Se advierte que el agravio invocado por la recurrente gira en torno a una alegada violación de “doctrina legal” imperante en la materia, citando un antecedente dictado por la Cámara Nacional de Apelaciones, Sala F, en autos: “Franco de Palomo, Sara c/ Balentini, Carlos Alberto y otro s/ Daños y perjuicios”, del 14/03/2000. Por lo que, considerando lo dispuesto en el artículo citado ut supra y el tribunal del cual surge la supuesta “doctrina legal”, resulta improcedente la alegada violación.- Así lo ha sostenido este Tribunal Superior al expresar: “…es este Tribunal Superior el forjador de la doctrina legal que debe regir en el ámbito provincial, ya que está en juego uno de los objetivos principales de la casación como lo es el deber de uniformar la jurisprudencia a través de sus fallos y en toda la actividad interpretativa del orden jurídico vigente (confr. art. 132 de la Const. Prov.)…”. (cfr. Interlocutorio, Tomo XVI, Reg. 2077, Folio 3046/3049).- Por lo tanto resulta inadmisible el presente agravio.-
IV. Por último, la recurrente alega que existe arbitrariedad en el interlocutorio recurrido.-
Asimismo, la impugnante no funda adecuadamente la arbitra-riedad de la sentencia, que son aquéllas que se apartan en forma inequívoca de la solución normativa prevista para el caso o que padezcan de una carencia absoluta de fundamentación, así como también las que se fundan en afirmaciones meramente dogmáticas u omiten pronunciarse sobre cuestiones planteadas por las partes y conducentes para la resolución del caso (cfr. Germán J. Bidart Campos, “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, Tomo II, Buenos Aires, ed. Ediar, 1995, pág. 441).- La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que “...el apelante no ha logrado demostrar la arbitrariedad de la sentencia ya que sólo se desprende del recurso una exposición reiterada de meras discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio, todos ellos relativos a cuestiones de hecho, prueba y a la interpretación asignada a normas de derecho común y procesal...”.
(Fallos: 325:2192. Dictamen del Procurador General que la Corte com-parte y al que remite).- A su vez, sobre la materia, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ha señalado que para darse el supuesto de sentencia arbitraria, a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión, “...‘tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación’. Por lo tanto ‘debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas’...” (cfr.
Juan Carlos Hitters, “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación”, 2da. edición, pág. 479/480, SCBA, Ac. 24.739, ‘Díaz de Giocco, Carmen c/ Fundiciones en matrices Junker S.A. Despido y salarios’, del 21-III-978, DJBA, v. 114, nº 8325. Ídem, Ac. 24.985, ‘Acebey de Dega, J.E c/ Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente’, del 19-VIII-78; Ac. 25.048, ‘Correa de A.A. V. c/ Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente’, del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 p. 54.).- De su lado, este Tribunal tiene dicho que: “...‘la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación’...” (cfr.
Interlocutorios, Tomos III, Reg. 282, Folio 457/458 y VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).- Sin perjuicio de lo expresado precedentemente, cabe señalar que la Cámara en la resolución en crisis, ha fundado debidamente su decisorio, par-tiendo para su análisis de la siguiente conclusión: “…aún cuando entendamos que las actuaciones llevadas a cabo en sede penal pudieron tener efecto suspensivo previsto por la normativa referida, lo cierto es que dicha suspensión no sería oponible a la aquí demandada” (cfr. foja 141). En función de ello es que concluye que de conformidad con el artículo 3981 del Código Civil, el beneficio de la suspensión de la prescripción solo puede ser invocado contra las personas en perjuicio de las cuales ella está establecida.
Por lo que debemos señalar que la Cámara realiza una subsunción de las normas en cuestión al caso de autos, y su correspondiente ponderación, citando para ello tanto jurisprudencia como doctrina que avalan su decisión.- En el sub lite, la recurrente no ha logrado fundar adecua-damente su recurso respecto de la arbitrariedad del interlocutorio alegada, limitándose a invocarla, sin fundar idóneamente que el fallo constituya una decisión sujeta a descalificación, por carecer de fundamentos o por abandono notorio de prescripciones legales, antes bien, más allá de la discordancia que se pueda mantener con el criterio sustentado por los jueces, éste se encuentra debidamente fundado. Que, en virtud de lo expuesto, doctrina y jurisprudencia citadas, el recurso de casación articulado por la actora a fs. 147/151, no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido, y en consecuencia, revocar la resolución de la Excma.
Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 153/154 vta. de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 147/151 y, en consecuencia, revocar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 153/154 vta.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse excusada la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 2404).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-;
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1091I.181 Tomo: XXIX Interlocutorio: 3430 Folio N°:5793/5796 Secretaría: 1
Fin de la sentencia