Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 38.253-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el fallo apelado, Resolución 433/17 respecto de la infracción tipificada en el art. 987 del Código Aduanero.
2Con relación a las sanciones impuestas, declarar que para la multa resulta aplicable la condonación prevista por el art. 56 de la ley 27.260 y art. 6to. de la Res. Gral. Afip 4007-E. Y con respecto a la pena de comiso, declarar que la misma debe ser confirmada.
3Con costas por su orden, excepto la tasa de actuación que se encuentra a cargo de la parte actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-33083244-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 27 de Marzo de 2023 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudia B. Sarquis, Horacio J. Segura y Miguel N. Licht, a fin de dictar resolución en los autos caratulados “VIOLA ANDRES JAVIER Y OTRO C/DGA S/ APELACIÓN” expediente Nro. 38.253-A, La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 12/17 y vuelta se presentan los recurrentes por apoderado, e interponen recurso de apelación contra la Resolución Nº 433/17, dictada en el expediente SC-038-25-2017/5. Que a tal respecto, la Sala F de este Tribunal emitió sentencia -con fecha 10 de octubre de 2018- que luce a fojas 44/46 de autos. Que dicho fallo fue apelado, y a fojas 95 a 97 obra el decisorio de agosto de 2020 dictado por la Sala V.- de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.
II. Que la Segunda Instancia declaró entonces la nulidad del pronunciamiento de fs. 44/46, y reenvió la presente causa al Tribunal Fiscal para que se pronuncie en cuanto al fondo de la cuestión, de conformidad a lo indicado en ese fallo. Para así resolver, tuvo en consideración que este Tribunal había declarado condonada de pleno derecho la multa establecida en la Resolución cuestionada, por la comisión prevista por el art. 987 del Código Aduanero, de conformidad con lo establecido en el Título II de la ley 27.260 y el art. 6° de la Resolución General Afip 4007-E. Asimismo, había declarado que la pena de comiso se hallaba firme y consentida. Ello, por el art. 7° de la referida Resolución y porque -según la Sala F- no había sido cuestionada de manera concreta, por lo que se hallaba firme y pasada en autoridad de cosa juzgada. Apelada la sentencia por ambas partes, la Excma. Cámara atendió a los argumentos desplegados en la expresión de agravios de los accionantes, con los razonamientos que despliega más adelante. Por otro lado, declaró inoficioso el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por el Fisco.
III. La Excma. Cámara recuerda que la parte actora cuestionó ante el T.F.N. la imputación infraccional formulada en los términos del art. 987 del C.A., tanto en lo relativo a la multa impuesta como al comiso. Resalta que, por ende, lo afirmado por la sentencia anterior en cuanto concluyó que la sanción de comiso se hallaba firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, no se corresponde con lo que resulta de la presente causa. Luego -destaca la Alzada- al haberse declarado condonada la deuda, la sentencia de la Sala F no advirtió que esa conclusión le impidió a la parte actora ejercer adecuadamente su derecho de defensa, en tanto no fueron valoradas las razones en virtud de las cuales afirma que no se habría cometido la infracción, ni las pruebas aportadas, hechos cuyo análisis está reservado en principio a este Tribunal. La sentencia de Segunda Instancia cita jurisprudencia (ver fojas 96 vuelta) y concluye que por no haber sido evaluados los extremos precedentemente enunciados de conformidad a lo establecido en el art. 1180 inciso a) del Código Aduanero, correspondía declarar la nulidad de la sentencia apelada. Y reenvió la causa al Tribunal, de modo que fue remitida a fin de que esta Sala se pronuncie sobre tales aspectos. En virtud de ello, también consideró inoficioso el tratamiento de los agravios planteados por el Fisco, en orden a que no se daban las condiciones para que la actora fuera beneficiada con la condonación de la multa dispuesta por el Tribunal Fiscal (en su fallo anterior).
IV. Así las cosas, en resumen, al inicio de estos actuados los Sres. Viola apelaron a fojas 12 a 17 vuelta la Resolución 433/17, por la cual la Aduana de Mendoza los condenó al comiso de la mercadería y al pago de una multa de $ 372.998,74.-, por considerarlos culpables de la infracción tipificada en el art. 987 del Código Aduanero. Relatan que en un procedimiento de control, Gendarmería Nacional les secuestró tablas de snowboard y fijaciones, aduciendo que era mercadería importada carente de documentación que acreditara su legal ingreso a plaza. A continuación expresan que en la primera oportunidad posible se entregó en la aduana de Mendoza despacho de importación, remitos y facturas que acreditaban la legítima introducción a plaza y la propiedad de las mercaderías.
Resaltan la claridad del dictamen técnico aduanero cuando concluye que “no existe razón alguna para sostener una infracción a la ley 22.415”. Ello, a pesar de la devolución del expediente por parte de la Jefa de la Sección Sumarios -tres meses después de la emisión de dicha pieza jurídica-, al Verificador y Supervisor de Asuntos Técnicos de la Aduana de Mendoza. El 29 de marzo de 2017 se fechó un nuevo dictamen, ratificando el primero y desestimando supuestas inconsistencias. No obstante, la Aduana de dicha provincia decidió instruir sumario por la comisión de la infracción hoy cuestionada, y corrió vista de lo actuado; manteniendo el secuestro de la mercadería incautada. Al contestar la vista -dicen los aquí actores a través de su mandatario- se destacó la nulidad del auto de apertura del sumario por carecer de la debida fundamentación, y se solicitó se dicte resolución declarando la inexistencia de la infracción imputada.
Luego del dictamen jurídico, se dictó el acto apelado. Al fundar el recurso en vista, en la presentación que resumo, se dice observar un encarnizamiento con los imputados, que se atribuye a la voluntad de participar en “el producido de lo que se obtenga en concepto de multa”. Se resaltan los dictámenes de fojas 24 y 38/38 vuelta de los antecedentes del caso (SC-038-25-2017/5). En síntesis, los demandantes analizan puntualmente la documentación aportada por ellos -discutida por la abogada dictaminante y por la Resolución en crisis- y detallan la factura de las tablas emitida por AGETSA International Business y el despacho de importación Nro. 16-001-IC04-024d135-J; así como el referido a las fijaciones (Factura 0003-00001983, emitida por The Edge Sports S.A.) e importadas por Despachos Nros. 15-092-IC04-004379-D y 14-001-IC04-140600D.
A continuación describen las afirmaciones encontradas entre la letrada dictaminante y el Sr. Supervisor de Asuntos Técnicos, ambos de la Aduana. La primera de ellas considera que no se justificó la cantidad de mercadería, mientras el segundo enfáticamente concluye todo lo contrario. Subsidiariamente, invocan el art. 898 del Código Aduanero. Ofrecen prueba y solicitan se revoque la resolución apelada, dejándose sin efecto la condena, con costas.
V. A fojas 33/37 y vuelta -previo emplazamiento- la representación fiscal contesta el traslado del recurso que le fuera oportunamente conferido. Realiza una reseña de los hechos de la causa. Se refiere al sumario aduanero, y detalla los aspectos que considera relevantes de las actuaciones administrativas. Niega todas y cada una de las afirmaciones, hechos, derecho, documentación y/o copias que contenga el escrito de apelación, que no sean objeto de su reconocimiento expreso. Subraya que las pruebas aportadas por la parte actora se contradicen unas a otras, por lo cual no puede salir indemne de la imputación que le endilga el servicio aduanero en el orden del artículo 987 del Código Aduanero.
Agrega que el ordenamiento aduanero establece los pasos a seguir, cronológicamente hablando, en relación a la mercadería de origen extranjero ingresada al país: a) Oficialización del Despacho de Importación; b) Liberación de la mercadería de la zona primaria aduanera (ZPA); c) Libre disposición de la mercadería; d) Transacción comercial de la mercadería entre particulares, con entrega de la misma, pago y expedición de facturas, remitos y demás documentación. Que resulta forzado el orden distinto que surge de la documental aportada por la recurrente, entre otros motivos porque la factura comercial resulta de fecha posterior al procedimiento en el que justamente se secuestrara esa mercadería. Que las facturas aportadas a fojas 21/23, resultan ser de comercio en el exterior (Chile) y además no se encuentran vinculadas a la mercadería incautada.
Que las facturas sólo podrían respaldar para otra firma (Agesta S.A.) la mercadería que figura en el despacho de importación Nro. 16 001 IC04024135-J. Que en consecuencia los Sres. Viola no pudieron acreditar que la mercadería cuestionada en el presente sumario en revisión hubiera sido adquirida por ellos antes de la infracción. En definitiva, que se han probado los requisitos que exige para su encuadre el art. 987 del C.A: 1) Tenencia de mercadería de origen extranjero -reconocido expresamente por la parte- 2) Fines comerciales: surgen de los propios dichos de la defensa en sede aduanera, y de la cantidad de cuarenta y siete (47) tablas. 3) Que no pudiere acreditarse su legal ingreso al país, surge de la documental aportada.
Transcribe normativa y jurisprudencia que considera favorables a su criterio. Ofrece prueba. Formula reserva del Caso Federal. Solicita se dicte sentencia confirmando el decisorio aduanero recurrido, con expresa imposición de costas.
VI. Que se elevan los autos a la Sala G y a fs. 120 se pasan a sentencia.
VII. Que, en cuanto resulta pertinente a los fines del análisis necesario para la resolución de esta causa, se observa que las actuaciones administrativas se inician con el acta de denuncia (de fecha 9 de julio de 2016) Nro. 2089/2016, en la cual consta la verificación de las 47 tablas y 3 fijaciones de marras en presunta infracción. A fojas 9, se presenta el 22 de setiembre del mismo año (más de tres meses después) y adjunta comprobantes. A fojas 24 luce informe técnico que hace notar que “los comprobantes aportados que amparan la mercadería retenida cumplen con lo dispuesto en el art. 9 del Decreto Nro. 4531/65”. Pero a fojas 25 -al verificarse la validez de comprobantes emitidos-, se detallan inconsistencias en dicha documentación. Y a fojas 28 se deja constancia de que la factura posee fecha posterior a la del Acta que da origen a las actuaciones (ver punto b). En el ítem c), se destaca que en la factura A no se justificaría la cantidad de la mercadería detentada al momento de la constatación. Luego, que el remito se realiza entre el mismo CUIT (d). Y que las marcas descriptas en el Acta de fojas 2 no figuran en toda la documentación presentada como descargo del administrado (e). Por todo ello, se solicita nuevo informe, el cual luce a fojas 38 (inf. Técn Nro. 18/17 Secc. Insp. Simultánea. Allí el Sr. Verificador ratifica su Informe Técnico anterior, 163/2016. A fojas 50 a 56 se observan nuevas presentaciones de los administrados. A fojas 59 a 61, se instruye sumario. A fojas 66 a 71 luce dictamen jurídico, y a fojas 72 a 78 obra la Resolución objeto del presente recurso.
VIII. Que, en primer lugar, corresponde -según lo indicado por el Tribunal de Alzada- tratar el tema de fondo, relativo a la infracción prevista en el art. 987 del Código Aduanero. Al respecto, procede traer a colación las razones en virtud de las cuales, por un lado, la Afip resolvió tener por probados los requisitos previstos en el tipo legal, es decir, la tenencia de mercadería de origen extranjero (reconocida por los recurrentes); los fines comerciales que se deducen tanto de la presunción por la cantidad de mercadería (47 tablas y 3 fijaciones) como de los dichos de los encartados; y la falta de prueba sobre su legítima introducción a plaza. Se entiende que este último es el tema en cuestión, atento el debate entre las partes que tiene como eje la documentación aportada por los apelantes. En este aspecto, se recuerda que es el sujeto imputado quien tiene la carga de probar fehacientemente la legítima introducción de la mercadería a plaza. El informe técnico sobre las características de la mercadería importada, no puede reemplazar el análisis jurídico de la prueba documental con la cual se pretendía acreditar que no resultara aplicable -en este caso- la normativa infraccional referida en el Acta que dio origen al sumario.
En el mismo sentido, resulta indiscutible que las normas aplicables establecen una cronología, lógica, en las etapas a cumplir respecto de las mercaderías de origen extranjero como las que nos ocupan. Pretender lo contrario implicaría desvirtuar toda la operatoria aduanera, bajo el pretexto de que en cualquier momento, “sine die” y sin orden alguno podría aportarse cualquier tipo de documento. Previo a todo, destaco que resulta por lo menos poco habitual, el aporte de una suerte de entrega de la mercadería que resulta anterior a la fecha en que la Aduana autorizó la salida de la zona primaria aduanera (8/06/2016). Luego, respecto del remito presentado, lo insólito es que en dicho documento una persona se hace entrega de dichos objetos a sí misma. (Ver al respecto fojas 16 de los antecedentes, donde se ofrece como prueba un remito de una empresa de Alejandro Viola, en la cual “recibe conforme” también Alejandro Viola). En el procedimiento actualmente vigente, en cambio, en primer lugar, debería oficializarse el despacho de importación. Luego, se produce la liberación de lo importado de la zona primaria aduanera, exclusivamente por parte del servicio aduanero. Fecho y después de ello, tiene lugar la libre disposición de la mercadería. Más tarde, se entrega y paga la misma entre particulares, con los correspondientes factura, remito y/u otros documentos mercantiles.
A diferencia de lo anterior, de la compulsa de las fechas de las pruebas aportadas posteriormente, así como de la propia demora que surge de esa presentación en la sede aduanera, se deducen las siguientes conclusiones:
1. Se entregó mercadería con la misma fecha de oficialización del despacho de importación (03/06/2016).
2. Se liberó la misma de la zona primaria aduanera el 08/06/2016.
3. Se agregó una factura, de fecha 11/07/2016, muy posterior a la de constatación de la infracción (09/07/2016).
4. A todo evento, se agregaron a fojas 21/23 de los antecedentes administrativos, facturas de origen extranjero ajenas a los presuntos infractores (que podrían respaldar sólo al importador AGESTA SRL).
Se observa que tampoco durante el trámite ante este Tribunal se han aportado otras pruebas, que permitan razonablemente -de algún modo- demostrar desde el punto de vista temporal, un nuevo elemento de convicción o correlativo sustento instrumental, que resulte suficiente para desvirtuar las conclusiones a las que arribaron tanto el dictamen jurídico, como la resolución bajo análisis.
Con tales fundamentos, no se advierte jurídicamente ningún obstáculo para confirmar lo decidido en el fallo aduanero que fuera objeto de la presente apelación, en cuanto se ha cometido la infracción prevista en el art. 987 del C.A.
IX. Se deriva de lo expuesto, que esta Sala también debe pronunciarse sobre las sanciones -multa y comiso- impuestas en dicho fallo.
Respecto a la pena de multa, resulta aplicable el régimen de condonación impuesto por la ley 27.260 y su reglamentación:
La Ley 27.260 “Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”, en el art. 52 del Título II “Regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras” del Libro II, establece que: “ Los contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentra a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos podrán acogerse por las obligaciones vencidas al 31 de mayo de 2016, inclusive, o infracciones cometidas relacionadas con dichas obligaciones... ”. “Se consideran comprendidas en el presente régimen (…) los cargos suplementarios por tributos a la exportación o importación, las liquidaciones de los citados tributos comprendidas en el procedimiento para las infracciones conforme lo previsto por la ley 22.415 y sus modificaciones...”.
Que el art. 56 de la Ley 27.260, en lo que importa, establece que: “...Las multas y demás sanciones, correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 31 de mayo de 2016, quedarán condonadas de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley y la obligación principal hubiera sido cancelada a dicha fecha...”.
Que la Resolución 3920/2016 en el art. 2, en lo que aquí interesa, establece que: “Podrán incluirse en el presente régimen, las obligaciones tributarias y de los recursos de la seguridad social vencidas al día 31 de mayo de 2016, inclusive, así como las infracciones cometidas relacionadas con esas obligaciones” “Se considerarán comprendidas en lo dispuesto en el párrafo precedente las obligaciones que se indican a continuación: (...)” “a) Los cargos suplementarios por tributos a la exportación o importación cuyo hecho imponible hubiera sido perfeccionado hasta el día 31 de mayo de 2016, inclusive, y las liquidaciones de los aludidos tributos comprendidas en el procedimiento para las infracciones, así como las multas por infracciones cometidas hasta la citada fecha, todo ello conforme a lo previsto por la Ley N° 22.415 y sus modificaciones” (cfme. Res. 4007/2017).
Que el art. 18 de la Resolución 3920/2016 dispone que: “...El capital cancelado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley N° 27.260, producirá la extinción de la acción penal, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación”.
Que la Resolución 4007/2017, en el art. 3 establece que: “El beneficio de condonación de sanciones en materia tributaria aduanera respecto del régimen de regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras, establecido en el Título II del Libro II de la Ley N°27.260 y reglamentada por la Resolución General N°3.920 y sus modificatorias, se ajustará a lo dispuesto en el inciso a) del Artículo 55 y en los Artículos 56, 57 y 62 de la ley citada, así como a lo indicado en los artículos siguientes de la presente. El juez administrativo interviniente será responsable de evaluar y aplicar las pautas de liberación en cada caso concreto” y en el art. 4 dispone: “Están alcanzados por el beneficio de condonación las sanciones previstas en la Ley N° 22.415 y sus modificaciones, correspondientes a infracciones - formales o sustanciales/materiales- cometidas hasta el 31 de mayo de 2016, inclusive, que no se encuentren firmes ni abonadas” y en el art. 6 establece que: “Cuando se trate de sanciones, que no se encuentren firmes ni abonadas, correspondientes a obligaciones sustanciales de naturaleza tributaria, el beneficio de condonación se aplicará cuando se verifique alguna de las siguientes condiciones: a) La obligación sustancial se encuentre íntegramente cancelada al 23 de julio de 2016, inclusive, y la sanción no se encuentre firme ni abonada a dicha fecha...”. “...Se consideran como infracciones sustanciales/materiales las que se encuentran tipificadas, entre otros, en los Artículos 954, inciso a), 965, inciso b), 966 -cuando el beneficio sea una excepción tributaria-, 970, 971, 973, 985, 986 y 987 de la Ley N° 22.415 y sus modificaciones”.
Que en la causa se ha imputado a la actora la comisión de la conducta prevista en el art. 987 del C.A., por lo cual, en virtud de lo expuesto y en los términos del art. 56 de la Ley 27.260 y normas complementarias, corresponde declarar condonada la multa impuesta en la Resolución apelada. Y según la redacción del art. 14 inciso a) de la Resolución General 3920 (AFIP) del 28/07/2016, las costas deben ser distribuidas en el orden causado, dado que la condonación legalmente impuesta, implica que no haya parte vencida.
Con respecto al comiso de la mercadería, en cambio, conforme el art. 7 de la Resolución 4007/2017: “Las penas de comiso no están alcanzadas por el beneficio de la condonación por cuanto la autorización del libramiento de las mercaderías puede afectar, entre otros bienes jurídicos tutelados, la seguridad y la salud pública, la política industrial, la política alimentaria, la sanidad animal o vegetal, la protección del patrimonio artístico y la preservación del medioambiente”. En consecuencia, por la normativa aplicable, corresponde confirmar la pena de comiso impuesta en la resolución aduanera apelada.
Sin perjuicio de los fundamentos que sustentan la presente decisión confirmatoria, pero en virtud de la complejidad que se ha reflejado en el análisis de las circunstancias particulares de este caso, considero que las costas deben imponerse en el orden causado.
Por todo ello voto por:
1. Confirmar el fallo apelado, Resolución 433/17 respecto de la infracción tipificada en el art. 987 del Código Aduanero.
2. Con relación a las sanciones impuestas, declarar que para la multa resulta aplicable la condonación prevista por el art. 56 de la ley 27.260 y art. 6to. de la Res. Gral. Afip 4007-E. Y con respecto a la pena de comiso, declarar que la misma debe ser confirmada.
3. Con costas por su orden, excepto la tasa de actuación que se encuentra a cargo de la parte actora. El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto precedente.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad SE
1. Confirmar el fallo apelado, Resolución 433/17 respecto de la infracción tipificada en el art. 987 del Código Aduanero.
2. Con relación a las sanciones impuestas, declarar que para la multa resulta aplicable la condonación prevista por el art. 56 de la ley 27.260 y art. 6to. de la Res. Gral. Afip 4007-E. Y con respecto a la pena de comiso, declarar que la misma debe ser confirmada.
3. Con costas por su orden, excepto la tasa de actuación que se encuentra a cargo de la parte actora. Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese Date: 2023.03.23 14:30:33 ART Date: 2023.03.27 10:39:58 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.03.27 11:05:58 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.03.27 11:06:58 -03:00
Fin de la sentencia