Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala II · Causa 0701 2530 22
CN °: 0701-2530-22.-
Lomas de Zamora, a los ...... fecha firma digital, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental doctores Pablo A. Little y Alejandro A. Rojas, para dictar sentencia en la causa nro. 0701-2530-22 seguida a Adriana Paola Gudar , por amenazas, atentado a la autoridad agravado y lesiones leves agravadas (dos hechos) en concurso real entre sí ; y practicado en su oportunidad el sorteo de Ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: doctores Rojas- Little.
Adriana Paola Gudar fue condenada por el señor Juez a cargo del Juzgado en lo Correccional n°3 departamental a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional, más las costas del proceso, por resultar autora penalmente responsable de los delitos de amenazas, atentado a la autoridad agravado y lesiones leves agravadas (dos hechos) en concurso real entre sí (arts. 5, 26, 29 inc. 3ero., 40, 41, 45, 55, 89, 92 en función del 80 inc. 8vo., 149 bis primer párrafo, 237 y 238 inc. 4to. del Cód. Penal).
Apelado dicho fallo por la señora defensora oficial, doctora María Victoría Baca Paunero, y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es admisible el recurso intentado?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión primera el señor Juez doctor Rojas dijo:
La defensa de Adriana Paola Gudar apela la condena de dos años de prisión de ejecución condicional con costas, por haber sido encontrada penalmente responsable del delito de amenazas, atentado a la autoridad agravado y lesiones leves agravadas (dos hechos) en concurso real entre sí.
Comienza diciendo, que a su entender no se encuentra acreditada la materialidad ilícita ni la autoría de su defendida, considerando que la prueba ventilada a lo largo del debate debió conducir a un criterio absolutorio por aplicación de lo previsto por el art. 1ro. del C.P.P.
Con relación a las amenazas que su asistida le habría efectuado a Ramón Baez, manifiesta que si bien éste último y Karina Navarro refirieron que fueron frases de contenido amenazante cuando le dijera a aquel “te vamos a quemar la casa”, no es tampoco menos cierto que fueron dadas en un contexto de discusión y alteración, que en modo alguno –dice– pudieron haber producido amedrentamiento.
Afirma que Ramón Baez resulta vecino de su defendida, conociéndola tanto a ella como a su grupo familiar, habiendo declarado que “los conoce y son personas agresivas, que siempre causan problemas en el barrio y agreden a sus hijos”, pero, sin embargo, al notar una pelea en la vía pública, se acercó al lugar sin optar por resguardarse a si mismo o a los integrantes de su familia.
Señala que en ningún momento se mencionó a su defendida, quien llegó cuando ya estaba la policía e intervino a efectos de sacar a Morales y llevarlo a su casa, cuestionándose en que momento habrían tenido lugar sus dichos amenazantes, negando de ese modo que hayan existido.
Postula que no se encuentra probado que alguna frase de Gudar tuviera capacidad de amedrentar a Baez, apuntando que se trataría de un vecino que fue a meterse al lugar donde se estaba peleando Carlos Morales, por lo que nada de esto le infirió temor, y mucho menos pudo haberle causado miedo los dichos de una mujer que ni siquiera participaba de la trifulca.
Remarca que su asistida carece de antecedentes penales, y que el mote de persona agresiva no se encuentra apoyado en circunstancias concretas, agregando que luego del suceso siguió viviendo en el mismo barrio que Baez, sin que existiera para éste o su familia el menor inconveniente.
En lo que respecta al delito de atentado a la autoridad y lesiones, considera que Gudar realizó una única acción o conducta y que no estuvo dirigida a lesionar a nadie, sino a impedir la detención de Carlos Morales.
Menciona que Gudar arribó al lugar junto a su hija, al sólo efecto de resguardar a su pareja, evitar que se peleara, intentar que volviera a su domicilio y fracasado esto, tratar de que no vuelva a la cárcel.
Por otra senda, niega que las conductas de Gudar se hayan dirigido a lesionar a los policías en forma dolosa, destacando que no fue detenida en el lugar del hecho sino cuando se dirigió a la seccional a interiorizarse de la situación de su marido, sin razón que lo ameritara legalmente.
Enfatiza en que la conducta descripta por los policías como realizada por Gudar en el lugar de los hechos tenía por objeto impedir la detención de su marido, y no así, el de lesionar a los policías, por lo que entiende debe únicamente achacársele el tipo penal previsto por el art. 238, inc. 4to. del fondal, debiendo haber quedado el delito de lesiones leves subsumido en la figura del atentado agravado, que tiene por finalidad precisamente otorgar una mayor protección penal para los casos en los que el funcionario público resulte expresamente atacado en forma física.
Por tales razones, denuncia la errónea aplicación e inobservancia de la ley sustantiva, solicita se revoque la sentencia apelada y se absuelva a Adriana Gudar de los delitos de amenazas y lesiones leves (dos hechos). Eventualmente, se readecúe la pena impuesta a una que no supere los seis meses de prisión de ejecución condicional conforme al art. 238, inc. 4to. del C.P., teniendo en cuenta que el “ a quo ” no valoró ninguna circunstancia agravante.
Por último se agravia de la pena impuesta, al considerarla a todas luces excesiva.
Expone que el juzgado que dictara la resolución en crisis ha incurrido en inobservancia de la ley sustantiva por cuanto ha dictado una pena sin fundamento en el juicio de culpabilidad, atento a que se han desechado las circunstancias atenuantes planteadas por la defensa y en cambio no se ha valorado ninguna cuestión agravante que explique la imposición de una pena muy superior al mínimo legal.
Concretamente, cuestiona la inobservancia del art. 41 del Código Penal, sin la debida motivación respecto a las situaciones relacionadas con la pena a aplicar.
Sobre la base de precedentes jurisprudenciales, enmarca los lineamientos que hacen a la determinación de la pena y que reclama sean objeto de consideración a la luz de lo que pretende.
Afirma que la individualización de la pena es aplicación de derecho y jamás mera discrecionalidad del juzgador, y en tal sentido, los factores que llevan a su determinación no sólo deben surgir de normas jurídicas, sino estar fundados en criterios racionales explícitos, teniendo en cuenta que el fin último de la pena de manera alguna es el castigo sino la rehabilitación del condenado.
De esa forma, menciona que de ninguna forma puede el juez simplemente valorar una u otra circunstancia que le merezca el hecho o el autor, sino que deberá utilizar los parámetros que el ordenamiento jurídico le proporcione estructurándolos en función de su relevancia y a partir de una interpretación sistemática y teleológica, por lo que concluye que no sólo debe expresar la circunstancia que use para agravar o atenuar la pena sino también en que influyó cada agravante o atenuante en la decisión final.
Relata que desde su punto de vista, no se ha utilizado un razonamiento lógico en la cuantificación de la sanción, solicitando se reduzca la pena impuesta a seis meses de prisión de ejecución condicional.
En primer término corresponde relevar el hecho que se tuvo por probado y que, por convenio de quien apela, se integró con las piezas agregadas en la etapa instructoria (art. 395 del C.P.P.).
El sentenciante entendió contar con prueba suficiente para tener por demostrado que Adriana Paola Gudar profirió amenazas a Ramón Enrique Baez mediante frases tales como “te vamos a prender fuego la casa”, logrando con sus dichos amedrentarlo. Asimismo, que en circunstancias en que los oficiales de policía Nicolás Daniel Mario y Melody Sanabria procedían a reducir a Carlos Morales, con la finalidad de que los numerarios del orden omitan el ejercicio de un acto propio de sus funciones, les propinó golpes de puño en el cuerpo y les arrojó botellas de vidrio, provocándole al oficial Mario Nicolas Daniel una herida cortante en el labio superior, hematomas en ambos pulsos y la fractura de un diente, lesiones caracterizadas como “graves” por demandar para su curación un lapso mayor al mes, y a Melody Wendy Sanabria, policontusiones en mano derecha y pierna derecha, caracterizadas como leves.
En lo que hace al primer punto de disconformidad y para su correcta atención, viene al caso repasar lo expuesto como vivenciado por quien resultara sujeto pasivo del delito de amenazas.
En tal sentido, el sentenciante relevó los dichos de Ramón Enrique Baez, quien refiriera que el día de los hechos, siendo aproximadamente las 06:00 horas, en circunstancias que se encontraba durmiendo dentro de su domicilio, es que escucha disturbios en la calle, frente a su vivienda, logrando apreciar, desde el patio delantero, una confrontación de gran magnitud y en la que Carlos -Morales- peleaba con otros masculinos, viendo que éste llevaba un cuchillo tipo carnicero de gran dimensión que blandía de lado a lado raspando el piso. Relató que al verlo, se acercó hacia donde estaba ingresando al patio y que con el cuchillo en la mano le manifestó “para vos también hay, te voy a matar”.
En tal contexto es que aparece en escena la aquí imputada, esposa de Morales, junto a su hija, Ludmila. Conforme a los dichos del mismo testigo, en primer término llevaron a Morales a su domicilio, permaneciendo Baez en el interior del suyo, siendo que momentos después regresa Gudar para decirle “te vamos a prender fuego la casa por tu culpa metieron preso a mi marido”, tomando una piedra y arrojándosela en dirección a su persona, retirándose ofuscada del lugar.
Lo expuesto por Baez se complementó con lo narrado por Karina Beatriz Navarro, esposa del nombrado, quien en lo que aquí interesa contó que siendo las 05:30 horas aproximadamente, en circunstancias que regresaba del hospital, es que escucha en la vía pública, a metros de su vivienda, ruidos y gritos generados por cuarenta personas aproximadamente, siendo que en ese momento ingresa el hijo de su pareja haciendo mención a que Morales había apuñalado a otro sujeto. Que al salir pudieron observar a Morales con una cuchilla en la mano, quien les dijo “para ustedes también hay les voy a incendiar la casilla”.
Dijo que luego en ese momento, se hizo presente la esposa de Morales -Gudar-, quien al notar la presencia policial empezó a comportarse de manera agresiva, violenta con los oficiales y con ella, quien también la amenazó diciendo “ya te voy a cruzar en la calle, no vas a quedar ni vos viva”. Agregó que al ver que el patrullero se retiró del lugar, regresó a su domicilio para agarrar un “cascote” y arrojárselo a Baez, al tiempo que exclamaba “hijo de puta, te voy a prender fuego todo, no va a quedar nada”.
No obstante el resto de las participaciones de conocimiento que dan cuenta del escenario en que habría tenido lugar el delito en análisis, de los testimonios reseñados puede advertirse claramente que contrariamente a lo sostenido por la apelante, la acción endilgada a su representada satisface acabadamente los recaudos del tipo penal de amenazas, por cuanto a que sus dichos se erigen con entidad suficiente como para alterar la libertad psíquica de quien se presenta como víctima, sin que resulte difícil sostener la perturbación del ánimo o la tranquilidad de espíritu que tales anuncios representaron a quienes iban dirigidos.
En tal sentido, cabe notar que los dichos amenazantes son mantenidos por ambos testimonios, en un contexto en que luego de que varias personas mantuvieran una pelea, la aquí imputada procuró evitar que su marido sea trasladado a la seccional mediante golpes y arrojando botellas al personal policial, por lo que la exteriorización de un comportamiento de tal magnitud, con el contenido agresivo e insubordinado que el mismo representa, no sólo frente a sus vecinos sino ante a la autoridad, coloca a su emisor en un marco de violencia que torna con un mayor índice de proyección la concreción del mal futuro anunciado y de ese modo, que su conducta se vea abarcada por el tipo penal endilgado.
En tales términos, ninguna duda cabe de la existencia de los dichos efectuados por la aquí imputada y de la capacidad de “amedrentamiento” de la frase emitida para su adecuación al tipo, pues, tal como lo hemos señalado en casos anteriores (causa nro. 07-00- 066774-16 Isinger Gomez Pablo, 07-00-56799-13 Baez Morales Nery Alejandro, entre otras), más allá del estado de alarma que pueda generar en su receptor, lo condicionante no es su concreta correspondencia con el fin propuesto, sino que objetivamente se les pueda otorgar aquella aptitud desde la óptica de un observador común, debiéndose ajustar el análisis a lo que la norma penal pretende tutelar.
En sintonía con ello, se enseña que “el núcleo de la ilegitimidad que se castiga no reside tanto en que ellas sean susceptibles de crear un estado de temor o inquietud en quien las sufre, sino en que ese estado le impone al individuo limitaciones que no tendrían que existir, que le impiden ejercer aquella libertad en la medida deseable, o sea, en que quiebran o perturban (mejor dicho, en que pueden crear el peligro de quebrar o perturbar) la situación de normalidad dentro de la que el sujeto pasivo puede determinarse sin traba alguna", (Carlos Creus - Jorge Buompadre: "Derecho Penal Parte General", Tomo I, Editorial Astrea pag. 358).
En lo que hace al segundo tramo del agravio, hemos de reseñar que los extremos probatorios que integran la configuración del delito de atentando a la autoridad han quedado al margen de la disconformidad del apelante, por lo que sólo cabe discernir si la norma que regula tal infracción contiene dentro de sus notas típicas el mandato de prohibición relativo al delito de lesiones leves.
Respecto a este punto, se apunta que “para una parte de la doctrina (Soler), las lesiones de ese carácter [leve] quedan absorbidas por la conducta agravada que venimos estudiando, lo cual, en algunos casos, vendrá a ser una solución arbitraria; puede haber lesiones de carácter leve que signifiquen un plus (que no resulten imprescindiblemente necesarias al modo de poner manos) que, por tanto, cobren significación en un hecho que si no es distinto merece superar el simple concurso aparente (p. ej., golpes repetidos); en esos casos bien se puede afirmar que nos hallaríamos ante un concurso ideal entre ambos delitos: el de lesiones leves y el de resistencia” – Carlos Creus - Jorge Buompadre, Derecho Penal Parte Especial, T II, Editorial Astrea, pág. 235 –.
Con cita del mismo autor, Riquert hace mención a que en estos casos, la “entidad de la lesión causada y, en especial, su motivación, es lo que dirime el solapamiento” entre ambas figuras -Marcelo Alfredo Riquert, Código Penal de la Nación comentado y anotado, Tomo III, pág.1947 -.
Consecuentemente, la problemática planteada, exige el análisis de la acción reprochada y el juicio de subsunción realizado por el a quo, cabiendo discernir si nos encontramos frente a un concurso aparente o si por el contrario, el delito de atentado a la autoridad agravado concursa idealmente con el de lesiones leves.
Para ello es necesario recordar que las lesiones causadas fueron descriptas como “propinar golpes de puño en el cuerpo y arrojarles botellas de vidrio a los oficiales”, provocando a Mario Nicolas Daniel una herida cortante en el labio superior, hematomas en ambos pulsos y la fractura de un diente, en tanto a la agente Melody Wendy Sanabria, policontusiones en mano derecha y pierna derecha.
Sin perder vista que es la circunstancia de “poner manos en la autoridad” lo que desplaza la adecuación de la conducta de su figura básica al tipo agravado, entiendo aquí que la conducta desplegada por la imputada excede el ámbito de protección de la norma que se pretende estipular como suficiente (art. 238 inc. 4to. del C.P.), desde que el acometimiento físico a los funcionarios públicos del modo que fue realizado y su resultado, revela un tipo de agresión con entidad suficiente para ser considerada por fuera de la fuerza necesaria para lograr la omisión del acto que los agentes se proponían realizar, llevándome ello a proponer su concurso ideal con el delito de lesiones leves ( art. 54 del C.P.).
Es el exceso de la agente lo que nos exime de un proceder arbitrario o meramente discrecional, pues a poco que se repara objetivamente en la acción realizada por Gudar, ninguna duda cabe de la existencia de un dolo de lesionar escindido del de evitar la aprehensión de su consorte, y desde esa forma de apreciar los acontecimientos es que la crítica de la defensa termina de ceder; no obstante considerar, claro está, hallarnos frente a una conducta que resulta típica de dos infracciones que concursan formalmente, tal como así lo expresara en el párrafo anterior.
En esa misma inteligencia, se ha entendido que encuadra “en los delitos de atentado a la autoridad en concurso ideal con lesiones leves (art. 238 inc. 4to. y 89 del Cód. Penal) la conducta del imputado que, al ser notificado por un agente de policía de la infracción de tránsito cometida en circunstancias de conducir su automóvil, procede a agredirlo físicamente originando un corte en la frente de la víctima” -C.N. Crim. y Corr., Sala IV, 29/05/02, “T.,M.”, Lexis, nro. 1/5509552-.
Se ha dicho también que “cuando en la resistencia violenta al funcionario público que actúa en el ejercicio legítimo de su función, se lesiona al mismo, por tratarse de delitos diversos (arts. 239 y 89 del C.P.) consecuencia de un mismo hecho, es aplicable la norma del art. 54 C.P. La misma situación se da en el atentado agravado por "poner manos en la autoridad" (art. 238 inc. 4to. C.P.)” citado en la sentencia, porque el lesionar al funcionario excede la acción de "poner manos" sobre él “ -CP0303 LP P 82003 RSD-98-93 S 20/05/1993-.
Lo expuesto, nos lleva a reflexionar respecto a la aplicación del delito de atentado a la autoridad agravado por poner manos en la autoridad (art. 238 inc. 4to. del C.P) simultáneamente con el de lesiones agravadas por ser causadas a un miembro de las fuerzas de seguridad pública, en el caso, policial (art. 92 en función del art. 80 inc. 8vo. del C.P).
Si se repara en que ambas normas procuran dotar de mayor protección al agente por su condición de tal frente a la exposición que su propia función representa, en el que el monopolio del poder coercitivo del Estado podría verse comprometido, mal podría albergarse una doble respuesta punitiva en perjuicio del justiciable, por lo que, en miras a no superponer el fundamento que hace a las circunstancias calificantes de las normas en juego y por imperio del principio de especialidad, he de propiciar se traslade la infracción penal a su figura básica (art. 89 del C.P.).
Considero, también, que la supresión de la agravante del delito de lesiones y el concurso formal establecido bajo la línea argumental propuesta, debe necesariamente tener directa incidencia sobre la dosificación de la pena a imponer, lo que también corresponde dirimir como otro punto de agravio de la defensa.
Es doctrina de nuestra Corte que el Código Penal no contiene un determinado sistema legal para efectuar la cuantificación de la pena, como así tampoco “un punto de ingreso a la escala penal dentro del marco de las escalas previstas para las penas divisibles en razón del tiempo o de la cantidad por los arts. 40 y 41 del Código Penal” (conf., entre otras, causas P. 74.318, sent. de 7-V-2003; P. 67.662, sent. de 10-IX-2003; P. 105.758, sent. de 3-III-2010; P. 111.426, sent. de 12-IX-2012; P. 112.316, resol. de 17-IV-2013 y P. 112.514, resol. de 24-IV-2013), sosteniendo asimismo que el “criterio divergente de la parte respecto de la incidencia sobre el quantum de la pena a aplicar de
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