Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala II · Causa 0700 61205 21
CN °: 0700-61205-21.-
Lomas de Zamora, a los ...... fecha firma digital, reunidos en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental doctores Pablo A. Little y Alejandro A. Rojas, para dictar sentencia en la causa nro. 0700-61205-21 seguida a GAUNA GUIDO DAMIAN , por VIOLACION DE DOMICILIO ; y practicado en su oportunidad el sorteo de Ley, resultó que en la votación debía observarse el orden siguiente: doctores Little- Rojas.
El señor Juez a cargo del Juzgado en lo Correccional n°7 departamental, absolvió a Guido Damián Gauna en orden al delito de violación de domicilio (art. 150 del Cód. Penal).
Apelado dicho fallo por el señor Agente Fiscal, doctor Diego Martín Benedetto, y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es admisible el recurso intentado?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión primera, el señor Juez doctor Little dijo:
Diego M. Benedetto, Agente Fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio n° 15 Departamental, interpone recurso de apelación contra el veredicto mediante el que el a quo absolvió a Guido Damián Gauna, por el hecho acontecido el día 17 de noviembre del año 2021, en la localidad y partido de Lomas de Zamora, en perjuicio de L.C.V.
Sostiene que concluida la audiencia oral y pública, con las pruebas producidas en el debate y las incorporadas por lectura, esa parte entendió que se encontraba acreditado el hecho consistente en que el día 17 de noviembre del año 2021, alrededor de las 23:00 horas, el nocente se presentó en el domicilio de L.C.V. ubicado en la calle Simón Bolivar n° 31, Piso Tercero, Departamento C, de la localidad y partido de Lomas de Zamora, al que ingresó contra su voluntad expresa.
Principalmente sustenta su parecer contrario a cuanto resolvió el a quo , a partir de su declaración, quien mencionó que esa noche no autorizó a Guido Damián Gauna al ingreso a su morada.
Pide el reexamen de lo valorado, la acreditación del fáctico y a partir de allí la condena del nocente.
En el análisis requiere se considere que el Sr. Juez ha tenido por cierto que el derecho de exclusión del domicilio de la calle Simón Bolivar n° 31, Piso Tercero, Departamento C, de la localidad y partido de Lomas de Zamora, se encontraba en cabeza de Valladares y que no existía un permiso tácito por parte de la nombrada respecto del imputado Gauna.
También que, tal como quedó asentado en la resolución, Gauna se dirigió al domicilio a "solucionar un conflicto de pareja" pese a la negativa de L.C.V., quien tenía derecho a excluirlo.
A partir de allí, indica que el agravio puntual de esa parte se encuentra delimitado a lo sostenido por el juzgador al entender que "en el contexto de esa relación, como se forjó el entredicho, a partir de los llamados o mensajes entre ambos, Gauna tomó conocimiento de esa negativa antes de ingresar al domicilio, lo que el a quo no habría tenido por acreditado.
A la vez, que quedó demostrado a través de las manifestaciones brindadas por la víctima durante su exposición en el debate oral y público, que ese día le dijo a Guido Damián Gauna que no concurriera a su departamento porque había ingerido bebidas alcohólicas y siempre que eso pasaba terminaba mal, especificando que se trató de una comunicación telefónica que tuvieron previo al arribo de Gauna al domicilio, lo que se encuentra claramente individualizado, al igual que el momento en que la víctima puso en conocimiento del imputado su decisión de no recibirlo ese día en su vivienda.
Que a diferencia de lo sostenido en el fallo impugnado, del debate y, particularmente de la declaración de la víctima, surge claramente cuándo el imputado tomó conocimiento que ese día no podía ingresar a la vivienda de la nombrada, lo que abastece para tener por configurado el delito previsto por en el art. 150 del Código Penal. Que el tipo legal reprime, al que entrare en morada o casa de negocio ajena, en sus dependencias o en el recinto habitado por otro, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo; preservando la libertad domiciliaria, como el lugar o sitio donde una persona se despoja de sus cuidados, relacionado con los intereses de seguridad, tranquilidad e intimidad, en un reducto de su vida o de su personalidad fuera del alcance de las relaciones sociales.
Con base en lo previsto por el artículo 18 de la C.N. en cuanto dispone que el domicilio es inviolable, también dispone el Pacto de San José de Costa Rica, que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su domicilio. Pide se tenga por configurado el dolo exigido por la figura, y bajo una mirada en el contexto de violencia de género en el que se desarrolló el suceso, requiere se revoque el decisorio.
Indica que el informe victimológico llevado a cabo sobre L.C.V. incorporado por lectura, demuestra la existencia de factores que harían presumir un riesgo para la víctima, como ser el reconocimiento de la disminución del contacto con su familia y amigos desde el comienzo de la relación con su pareja, el aceptar los malos tratos sufridos también en presencia de terceros, la falta de conciencia de riesgo/peligro, la desatención a las medidas cautelares impuestas por otro magistrado y su desobediencia, junto al desinterés respecto de un tratamiento especializado en la temática de género; todo lo cual lleva a la conclusión que la víctima se encontraba en la vulnerabilidad emocional y psicológica derivada de un vínculo que podría enmarcarse dentro de los parámetros de violencia de género.
Entiende que el contexto en el que se produjo el hecho, refuerza aún mas lo sostenido por la víctima, en cuanto a que ese día tomó la decisión de negarse a recibir en su vivienda al imputado, es decir que pese a la situación de vulnerabilidad detectada, tomó la determinación de no tener contacto personal con Gauna porque había ingerido bebidas alcohólicas y ello tornaba el vínculo hostil. Considera abastecido tanto el aspecto objetivo como el subjetivo del delito de violación de domicilio, siendo clara la responsabilidad penal del imputado.
Pide que se declare admisible el recurso interpuesto, dándosele el respectivo trámite, y se revoque el fallo atacado condenando a Guido Damián Gauna en orden al hecho calificado como violación de domicilio en contexto de violencia de género.
Al pronunciarse sobre el primer interrogante de las cuestiones, relativo a la acreditación de la materialidad infraccionaria, el a quo sostuvo que había decantado el consenso sobre el ingreso al departamento, la confesión calificada que brindó el intimado y la controversia sobre la transgresión al bien jurídico protegido por la figura del art. 150 del Código Penal.
Cita lo explicado por Donna sobre las variantes en torno a la paridad de los titulares del derecho de exclusión , en ciertas circunstancias dudosas, sobre el ámbito de desplazamiento vedado a terceros, por ejemplo, la casa de familia, donde los roles de autoridad están claros entre padres e hijos menores y que, será la voluntad de los primeros la que, razonablemente, deberá prevalecer sobre los segundos, a la hora de verificar la titularidad de ese derecho y, por añadidura, la voluntad de exclusión , acordando que para ser cometido se requiere el dolo directo (véase Edgardo Alberto Donna, Derecho Penal, parte especial, T° II, A, edit. Rubinzal Cuilzoni, pag. 291 y sig., 2001), que lo ventilado en la audiencia no permite acreditar la existencia del fáctico.
Explica que en la deriva del vínculo entre L.C.V. y Gauna, la titularidad de ese derecho estaba, a la fecha del suceso en debate, en cabeza de ésta, habiendo admitido el propio Gauna que había retornado, paulatinamente, a pernoctar, pero condicionado a una suerte de reválida diaria de su pareja; sin un permiso tácito.
Así, que en esa heterodoxia sentimental, que incluyó resignar la perimetral del fuero de familia, se venía gestando un nuevo capítulo de la relación.
En ese singular ambiente de tirantez, sostiene que la prueba de la intención (dolo) reposaba sobre cuándo, el acusado tomaba conocimiento de la determinación de su pareja de prohibirle el ingreso esa noche.
Invocando los dichos de la defensa, explica que si Gauna se propuso ir a "solucionar un conflicto de pareja", pese a la negativa de L.C.V., habría ido contra la voluntad de quien tenía derecho a excluirlo, ratificando el convencimiento acerca del acierto de elevar la causa a juicio. Lo expuesto, no entrañaba conforme surge de lo declarado en el debate por aquella junto a lo asentado por escrito en la audiencia del art. 308, que la circunstancia anticipada no se encontrara esclarecida.
Que al enfrentarse a un cuadro nebuloso, como el descripto, debía echar mano a lo previsto por el art. 1ro. del Código Procesal Penal que impone la regla de la duda, en favor del acusado, dictando veredicto absolutorio.
Con relación al testimonio de la L.C.V., las Reglas de actuación para el patrocinio de víctimas de violencia de género elaboradas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, indican que
“...debe valorar[se] el testimonio de la víctima y analizarlo en conjunto con los elementos que demuestran el contexto de violencia doméstica. Debe tener[se] en cuenta las características particulares que presentan estos casos, como la frecuente inexistencia de testigos directos –ya que los hechos suelen ocurrir puertas adentro–, el carácter cíclico de la violencia, las dificultades que experimentan las víctimas para denunciar y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Con frecuencia, el testimonio de la víctima es la única prueba directa del hecho ya que este tipo de delitos suelen ocurrir en el interior del hogar, o bien, en la intimidad de una pareja. En este sentido, se ha dicho: “entiende el Tribunal que la convicción judicial para resolver no depende de la cantidad de los elementos de prueba que se producen durante el juicio sino del valor y la fuerza probatoria que, fundada y racionalmente, se le asigne a los mismos, incluso cuando ella principalmente se asiente en el relato de la víctima” (“Esquel: condenado pese a la retractación de la víctima”, 25/06/2017). Desconocer el testimonio de la víctima en este tipo de hechos “constituiría una forma de violencia institucional revictimizante contraria a los parámetros internacionales en la materia” (“Esquel: condenado pese a la retractación de la víctima”, 25/06/2017). Sin embargo, en la mayoría de los casos existen otras pruebas indirectas (indicios) y de contexto que permiten corroborar el relato de la víctima y acreditar fehacientemente lo ocurrido. Pero aun en los casos en los que solo se cuenta con el testimonio de la víctima, esta circunstancia no impide la formulación de la acusación y la condena del imputado, ya que nuestro sistema de valoración probatoria se basa en la sana crítica y no adopta la regla “testigo único, testigo nulo”. Cuando nos referimos a la prueba en casos de violencia de género se debe tener en cuenta el caso ejemplificador que se dio ante la Corte IDH “Loayza Tamayo vs. Perú” donde el Tribunal sostuvo que, en general, la violación sexual se caracteriza por producirse en ausencia de testigos y que, “dada su naturaleza”, no se puede contar con pruebas documentales o gráficas, por lo que la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental.
La pautas de referencia aplican al caso en el que es reconocida la existencia de una medida perimetral, al parecer incumplida por acuerdo de ambos, aspecto sobre el que debería profundizarse a fin que sea la jurisdicción que la dispuso la encargada de dejarla sin efecto y eventualmente evaluar los riesgos que ello entrañaría cuando en mérito a cuanto viene analizado se encuentra en vilo el interés público por el que no sólo el ministerio público sino también la jurisdicción deben velar.
En otro sentido, y más allá del crédito que por lo reseñado merece otorgarse a lo señalado por la denunciante, nada existe para considerar que la víctima se haya pronunciado de modo diverso a lo sucedido, encontrando correlato todo cuanto expuso en las constancias obrantes en ocasión de haberse comunicado con el servicio de emergencia donde incluso se realizan referencias al can de la nombrada .
En tal sentido, a fs. 50 surge que el 18/11/2021, quedó constancia del llamado bajo el siguiente tenor "la ex pareja de su vecina, está agresivo y drogado, intenta agredir a la misma, amenaza con lastimar al perro de ambos, desconoce si está armado", lo que acopla precisamente con la escena descripta en la que expresamente le habría indicado al nocente que no ingresara al domicilio.
Respecto del delito en cuestión, expone Aboso que "en el caso de cónyuges separados, se discute la aplicación de esta figura. Entendemos que es posible cometer este delito de violación de domicilio cuando el cónyuge separado que ha hecho abandono del hogar conyugal ingresa de manera inopinada al domicilio". Aboso, Gustavo Eduardo "Código Penal de la República Argentina. Comentado, concordado con jurisprudencia". BdeF, 2018, pág. 842.
Por su parte Donna, sostiene que "en caso de divorcio se puede cometer el delito, pues el vínculo se halla disuelto. Azzi, Patricia "Delitos contra la libertad", Niño Luis F. y Martínez, Stella Maris, coordinadores, Ed. Ad-hoc, pág. 327.
Con relación al aspecto subjetivo exigido, "quien duda sobre la existencia de tal disenso, si penetra igual en la morada ajena, corre el riesgo de obrar contra la voluntad de dueño y en tal caso cometería el delito de violación de domicilio, por haber obrado con dolo eventual". Tazza Alejandro, "Código Penal de la Nación Argentina. Comentado. Parte Especial. Editorial Rubinzal-Culzoni, pág. 150.
Las circunstancias expuestas llevarán a revocar el decisorio, en la medida de los agravios (art. 210, CPP.).
En ese sentido, será este Tribunal el encargado de fijar la pena correspondiente. Ello en miras a las características del hecho y el principio de economía procesal que rige en la materia, en mérito a que el nombrado se encuentra prestando tareas y que el encierro lo colocaría innecesariamente en una situación más perjudicial, la imposición de reglas de conducta se aprecia como atinente para mitigar cuanto por el momento evidencia notorias conductas por parte del nocente reñidas con la temática de violencia de género, por cuya erradicación el Estado debe velar (conforme el compromiso asumido por la Argentina al ratificar la Convención de Belem do Pará), motivo por el cual habrá de imponerle una pena de ejecución condicional.
Para ello se aprecia también las características del hecho, y la utilidad que en el caso otorgará la imposición de reglas de conductas tendientes a que el imputado internalice la magnitud de la temática, y eventualmente encuentre en el tratamiento terapéutico herramientas para encausar la violencia que ha desplegado contra quien era su pareja, y sin ajuste a los parámetros impuestos por otro magistrado en pos de preservar su integridad, situación sobre la que no cabrá profundizar en mérito a lo anticipado y por no venir requerido por su violación.
Tratándose de una primera condena a pena de prisión que no excediera de tres años, es facultad de los tribunales además de disponer en el pronunciamiento que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena, imponer la realización de reglas de conducta.
La suspensión señalada obedece a la personalidad moral del condenado respecto de la que el tratamiento es esperable contribuya en su desarrollo, la actitud posterior al hecho en el que si bien se habría visto remiso a cooperar con la denunciante, nada existe para considerar que haya reiterado sus actitudes y fundamentalmente en los motivos que lo impulsaron a delinquir, la naturaleza del hecho y las demás circunstancias que evidencian un déficit en el control de las emociones y en reconocer límites en su conducta tanto respecto a los impuestos por la autoridad como fundamentalmente por una mujer. Quedó demostrado que ella le hizo saber que no tenía intención que fuera a su domicilio aún cuando lo hubiera hecho días previos.
Si bien las partes no han aportado prueba útil en pos de imponer este tipo de sanción, los informes existentes, fundamentalmente el víctimologíco, y demás circunstancias ventiladas pertinentes para formar criterio en pos de resolver la necesidad de la medida que es facultad disponer incluso ante un concurso de delitos, evidencia como más eficaz y útil que resulta de ejecución condicional junto a las reglas de conducta consecuentes.
Habida cuenta la inexistencia de agravantes a considerar, el monto de pena a imponer resultará el mínimo legal previsto para el tipo legal.
En razón de lo previsto por el artículos 27 bis del Código Penal, al suspender condicionalmente la ejecución de la pena, habrá de disponerse que, durante el plazo de dos años el condenado cumpla las siguientes reglas de conducta, que como se dijo resultan adecuadas para prevenir la comisión de nuevos delitos, especialmente vinculados con la temática de violencia de género conforme la señalada en el inciso 4.
De tal modo, deberá:
1. Fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato.
2. Abstenerse de concurrir al domicilio de la víctima, mientras exista restricción de otro magistrado.
3. Abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas.
4. Conforme lo previsto por los arts. 1,2,3,4,5,19,20,21,22 y 26 ley 26.485, y 7 ley 12.569 (t.o 14.509), deberá concurrir a terapia psicológica, ante el servicio para el abordaje de la violencia familiar (admisión varones ) al menos un día por semana, salvo que el profesional interviniente dispusiera modificar los alcances de lo ordenado conforme los parámetros de la ciencia que practica, pudiendo hacerlo tanto en ámbito público como en forma particular a su costo, debiendo en cualquiera de las modalidades adjuntar constancias específicas, haciéndole saber al profesional que intervenga que aborde el tratamiento bajo los parámetros que considere adecuados en vistas a los extremos acreditados en la condena.
5. Realizar trabajos no remunerados en favor del estado o de instituciones de bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo por espacio de 20 horas en alguna institución vinculada con el fomento de temáticas vinculadas con la erradicación de la violencia doméstica o de género.
Las reglas podrán ser modificadas por el juzgado de la instancia, según resulte conveniente al caso, haciéndosele saber al nocente que si persistiere o reiterare el incumplimiento, éste podrá revocar la condicionalidad de la condena, debiendo entonces el nocente cumplir la totalidad de la pena de prisión impuesta en la sentencia.
Arts. 26,27 bis, CEDAW, ley 26.485 y 12.256., 25 inc. 73 CN, y 2 CADH.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Rojas, adhirió al voto precedente y votó en igual sentido por los mismos fundamentos por ser ello su sincera convicción. A la cuestión segunda, el señor Juez doctor Little dijo:
Corresponde, dada la forma en como el Tribunal ha resuelto la cuestión primera, revocar el decisorio apelado en la medida de los agravios, debiendo el señor Juez de grado fijar la pena en mérito a las circunstancias atenuantes y agravantes.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Rojas adhirió al voto precedente y votó en igual sentido por los mismos fundamentos por ser ello su sincera convicción. Con lo que finalizado el acto, firmando los señores Jueces.
Lomas de Zamora, ...fecha firma digital-
Por la votación dada a las cuestiones anteriores, este Tribunal RESUELVE: revocar el decisorio apelado en la medida de los agravios, condenando a Guido Damián Gauna a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional, imponiéndosele la obligación de realizar un tratamiento psicológico durante el plazo de dos años y bajo apercibimiento de revocarse la cond
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.