Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 34.318-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución n° 133/14 (DE PRLA), recaída en la actuación SIGEA n° 12192-778-2009, conforme los fundamentos expuestos en los Considerandos que anteceden.
2Costas a la DGA vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-44046879-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 30 de Abril de 2024 Reunidos los Vocales de la Sala F, Dres. Pablo A Garbarino, Christian M González Palazzo y Juan Manuel Soria (subrogante), para resolver los autos caratulados “Vireyes Agropecuaria SA c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, expte. Nº 34.318-A, El Dr. Garbarino dijo:
I. Que a fs. 32/37 vta., se presenta por apoderado la firma VIREYES AGROPECUARIA S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución n° 133/14 (DE PRLA), dictada con fecha 4/02/14, por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros, en la actuación SIGEA n° 12192-778-2009, por la que se la condena el pago de una multa en los términos del artículo 969 del CÓDIGO Aduanero.
En primer término, realiza un breve relato de los hechos. Expresa que para cumplir con la obligación de exportación solicitó una prórroga a la ONCCA por razones de fuerza mayor relacionadas con el paro de transporte que fueron de público conocimiento y que afectaron a toda la industria. Agrega, que dicha prórroga fue concedida por el organismo, pero que en ese período fue suspendido del Registro de Importadores y Exportadores.
Considera que han ocurrido dos causales de fuerza mayor: la primera, la contemplada por la ONCCA y, la segunda, relacionada con la suspensión del Registro de Importadores y Exportadores. Destaca que en relación a esta última causal ha sido la propia DGA quien hizo imposible que pudiera darse cumplimiento a la obligación, aún dentro del plazo de la prórroga.
Sostiene que dicha suspensión fue totalmente arbitraria y que así lo determinó la Cámara Contenciosa Administrativa Federal, que ordenó levantar dicha decisión administrativa, ante la medida cautelar presentada de su parte en sede judicial.
Se refiere al artículo 731 del CÓDIGO Aduanero, manifestando que es el mismo Estado el que ha limitado la posibilidad de cumplir con la obligación de exportación, por lo que la infracción endilgada afecta al principio de equidad y de justicia.
Subsidiariamente, solicita se aplique la multa mínima contemplada en el artículo 969 de la ley 22.140. Cita jurisprudencia. Hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas a la DGA.
II. Que a fs. 47/50 vta., la representación fiscal contesta el traslado conferido y acompaña las actuaciones administrativas antecedentes de esta causa.
En primer término y por imperativo procesal, niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados por la actora que no sean objeto de su expreso reconocimiento o que surjan de las actuaciones administrativas. Se refiere expresamente a lo dispuesto en los artículos 728 a 731 del CÓDIGO Aduanero. Realiza una distinción entre supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor, sosteniendo que no corresponde la aplicación de ninguna de ellas al caso.
Manifiesta que es de aplicación al caso lo señalado en la ley 21.453, por su especificidad. Expresa que no puede aplicarse atenuación de la pena, dado que la recurrente ha sido condenada en reiteradas oportunidades por diferentes infracciones aduaneras. Cita jurisprudencia. Hace reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución recurrida, con costas.
III. Que habiéndose elevado los autos a esta Sala “F”, los mismos quedan en estado de dictar sentencia.
IV. Que de la compulsa de la actuación SIGEA n° 12192-778-2009 se desprende que la misma se inicia a fs. 1 con la consulta de las DJVE n° 07 001 DJVE 002233 P; a fs. 6 obra el acta de denuncia en términos del artículo 969 del CÓDIGO Aduanero y a fs. 9 se encuentra glosada la liquidación de la multa. A fs. 10 se dispone la apertura del sumario y se corre vista de lo actuado a la firma exportadora; y a fs. 13/16 vta. la recurrente contesta la vista conferida. Finalmente, a fs. 98/104 vta. obra la Resolución n° 133/14 (DE PRLA) por la que se condena a la firma “VIREYES AGROPECUARIA S.A.” al pago de una multa de $ 549.010,54 en los términos del artículo 969 del CÓDIGO Aduanero y del artículo 9° de la ley 21.453.
V. Que a continuación corresponde resolver si se ajusta a derecho la resolución apelada en autos por la que se le exige a la firma exportadora el pago de una multa en los términos del artículo 969 del CÓDIGO Aduanero y del artículo 9° de la ley 21.453.
Que la recurrente sostiene en su recurso inicial que no es merecedora de la sanción impuesta, en razón de que no pudo cumplir con la exportación comprometida en las DJVE n° 07 001 DJVE 002233 P por razones ajenas a ella, relacionadas con la suspensión del Registro de Importadores y Exportadores por parte de la Aduana. Que la demandada considera que la cuestión mencionada precedentemente no puede ser considerada como razón de eximente de responsabilidad y, por ello, corresponde el pago de una multa en los términos de los artículos 969 del CÓDIGO Aduanero y 9° de la ley 21.453.
Que, conforme surge del expediente administrativo, la actora se acogió al régimen opcional establecido por el artículo 729 del CÓDIGO Aduanero, el cual le permite al exportador calcular los tributos aduaneros a la fecha en que se perfecciona la compra-venta de la mercadería agraria y, de este modo, obtener una certeza del costo de la operación celebrada, con la obligación de exportar dicha mercadería en los plazos, formas y condiciones establecidos en el artículo 730 del propio CÓDIGO Aduanero.
Que, por su parte, el artículo 730 del CÓDIGO Aduanero establece que: “Cuando hubiere optado por el régimen previsto en el artículo 729, el exportador deberá, una vez registrado el contrato y dentro de los plazos que al efecto se establecieren, cumplir con la respectiva exportación. Se considerará que se ha cumplido con la exportación cuando la misma comprendiere por lo menos a un NOVENTA (90%) por ciento de la cantidad, peso o volumen declarados en el contrato registrado, de acuerdo a la especie de mercadería de que se tratare.”. Que, en el mismo sentido, el artículo 9 de la ley 21.453, bajo cuyo régimen se realizó la operación, establece que “Las ventas declaradas se darán por cumplidas cuando, dentro del plazo estipulado para la declaración jurada, el exportador hubiese registrado la declaración aduanera de exportación para consumo de por lo menos el NOVENTA POR CIENTO (90%) de la cantidad (peso o volumen) declarada...”.
Que, en este orden de ideas, el artículo 969 del CÓDIGO Aduanero impone la sanción al que “no cumpliere con la exportación en los plazos, forma y condiciones contempladas...”.
Que podemos observar que el incumplimiento de cualquiera de los dos requisitos que surgen de las normas citadas - exportar dentro del plazo establecido al menos el 90% de la mercadería - conlleva el incumplimiento al régimen de las DVJE.
Que, conforme surge de fs. 22 del expediente administrativo, el plazo para cumplir con la exportación de al menos el 90% de la mercadería amparada por la D.J.V.E. n° 07 001 DJVE 002233 P, vencía el 6 de octubre de 2008.
VI. Que, al respecto, cabe mencionar que la recurrente sostuvo que las mismas no fueron cumplidas a causa de su suspensión del Registro de Importadores y Exportadores, por parte de la Aduana.
Bajo tales premisas, corresponde a este Tribunal determinar si dicha razón configura o no causal suficiente de caso fortuito o fuerza mayor, como pretende la actora, debiendo analizarse, en tal sentido, si se trata o no de circunstancias que puedan considerarse propias o ajenas a los riesgos de toda actividad empresaria. Que el CÓDIGO Aduanero no recepta expresamente ante casos como el aquí debatido, la eximente de responsabilidad derivada de un incumplimiento acaecido en circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor. Para ello, resulta procedente remitirse al Código Civil y Comercial de la Nación que, en el artículo 1730 prescribe que “Se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado. El caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad, excepto disposición en contrario.”. El mencionado artículo continúa diciendo que: “Este Código emplea los términos “caso fortuito” y “fuerza mayor” como sinónimos.”, eliminando la antigua diferenciación entre el caso fortuito y la fuerza mayor. Sentado ello y siguiendo al profesor López Mesa, el hecho reputado como de fuerza mayor o caso fortuito debe ser a) “imprevisible” en tanto supere la aptitud normal de previsión que es dable exigir al deudor en función de la naturaleza de la obligación lo que centralmente implica que no sea razonablemente previsible; b) “inevitable” o “irresistible” en tanto sin mediar culpa –negligencia- el deudor resulta impotente para impedir el hecho que obsta al cumplimiento de la obligación. El evento debe no ser previsible para cualquier persona de capacidad intelectiva normal. De ser posible su previsión o aceptarlo como probable, se descarta su procedencia como fortuito o azaroso; c) el hecho debe ser “extraordinario”, exceder el orden natural; d) debe ser exterior –ajeno al deudor- lo que implica que debe probar el recaudo de extraneidad; e) debe ser “actual”, acaecido al tiempo del incumplimiento; f) el impedimento debe ser posterior a la toma de la obligación y g) el obstáculo debe ser “absoluto o insuperable”. La imposibilidad sobreviniente es absoluta. La mera dificultad para el cumplimiento no exime de responsabilidad al deudor, es necesario que se configure una verdadera imposibilidad. (Lopez Mesa, Marcelo J. Requisitos, efectos y prueba del caso fortuito en el nuevo Código. La Ley 01/06/2015. Cita on line AR/DOC/1563/2015.)
VII. Que, bajo tales condiciones, resulta insoslayable puntualizar que ha sido la propia empresa actora quien interpuso en sede judicial una medida cautelar, a los fines de levantar la referida suspensión de la firma en el correspondiente Registro de Importadores y Exportadores; como así también que con fecha 14 de noviembre de 2008 la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal dispuso ordenar a la DGA el levantamiento de la suspensión aplicada a la firma VIREYES AGROPECUARIA S.A. del Registro de Importadores y Exportadores con motivo de la falta de pago de las liquidaciones de derechos de exportación correspondientes a las liquidaciones de sendas destinaciones allí enunciadas, hasta tanto se resolviera en sede administrativa el recurso de reconsideración planteado contra la Resolución ONCCA nro. 1487/08. Tampoco debe perderse de vista, a los fines de merituar elementos de convicción suficientes con motivo de la resolución de la litis, que esta Sala ha resuelto la cuestión de fondo en relación a la aplicación de la referida Resolución en los autos caratulados 'VIREYES AGROPECUARIA S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación" (Expediente n° 31.256-A) con fecha 14 de febrero de 2020 y "VIREYES AGROPECUARIA S.A. el Dirección General de Aduanas s/'apelación" (Expediente n°33.218-A) con fecha 15 de noviembre de 2022, respectivamente, donde se dejó expresamente sentado que con fecha 18/09/2018 la Corte Suprema de Justicia de la Nación había declarado inadmisible el recurso extraordinario presentado por el Fisco Nacional en autos caratulados “VIREYES AGROPECUARIA S.A. c/E.N. – LEY 26.351 - ONCCA s/RESOL. 543/2008 sIPROCESO DE CONOCIMIENTO” y “VIREYES AGROPECUARIA S.A. c/E.N. - M. ECONOMIA - RESOL. 953/12 s/PROCESO DE CONOCIMIENTO", lo que implicó que pasara en autoridad de cosa juzgada la sentencia de la Sala III de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, mediante la cual se confirmó la sentencia dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal n° 7, mediante la cual se hiciera lugar a la demanda interpuesta por la actora admitiendo la impugnación de la Resolución ONCCA 1487/20, que es la norma que diera lugar a la suspensión de la actora en el correspondiente Registro de Importadores y Exportadores y, consecuentemente, impidiera cumplir con la Declaración Jurada de Venta al Exterior oficializada por la recurrente Nro. 07 001 DJVE 002233 P, en tiempo y forma.
Por ende, habida cuenta lo decidido en sede judicial, no corresponde evaluar ante esta instancia la validez de dicha Resolución ONCCA ni la consecuente suspensión originada en cabeza de la actora, haciendo verdad, en relación a la firma VIREYES AGROPECUARIA S.A., de las cuestiones allí dirimidas.
Que teniendo en cuenta lo expresado en los Considerandos que anteceden, y toda vez que se encuentra suficientemente acreditada la causal de fuerza mayor invocada por la firma recurrente, resulta innegable que la infundada suspensión en el Registro de Importadores y Exportadores en virtud de una norma cuya declaración judicial de nulidad ha adquirido firmeza y paso en autoridad de cosa juzgada, constituyó un cabal impedimento para el cumplimiento de la obligación de exportación objeto de autos, por lo que resulta ajustado a derecho revocar la resolución aduanera apelada, en cuanto ha sido materia de recurso, con costas a la DGA vencida, por no existir en la litis mérito alguno para apartarse del principio objetivo de la derrota.
Por ello, VOTO por:
1. Revocar la Resolución n° 133/14 (DE PRLA), recaída en la actuación SIGEA n° 12192-778-2009, conforme los fundamentos expuestos en los Considerandos que anteceden.
2. Costas a la DGA vencida.
El Dr. González Palazzo dijo:
1. En primer lugar hago propio el relato de los hechos y el detalle de los elementos acollarados a la presente por el Vocal preopinante.
2. En segundo, habré de adelantar que no comparto su propuesta y para ello, destaco lo siguiente: a. Como bien arguye la demandada –y se colige del escrito de apelación- la cuestión que aquí se ventila radica en el reproche formulado por la Aduana ante un incumplimiento en el que incurrió la actora, tal como ella misma lo reconoce, ergo, la acción típica y antijurídica no se encuentra discutida. b. Vireyes entiende que razones de fuerza mayor la eximen de culpa en tanto fue la misma Aduana quien la impulsó al incumplimiento al suspenderla “arbitrariamente” el 05/08/2008 del registro de importadores/Exportadores.
c. Esa suspensión, que estimó ilegítima, fue la causa que motivó su incumplimiento, blandiendo para reforzar su tesis, el fundamento de una medida cautelar dictada por la Excma Cámara del fuero el 14 de noviembre de 2008 en el marco del cuestionamiento de otra operación de comercio exterior.
d. El vencimiento del plazo para cumplir con lo que se obligó acaeció el 6 de octubre de 2008, esto es –claro está- mientras pesaba la aludida suspensión.
e. La aduana concedió una prórroga por 45 días para cumplir con lo comprometido el 22/08/08, reconociendo la existencia de un evento de caso fortuito o de fuerza mayor que afectaba la logística que requiere la dinámica para la exportación de granos.
1. Ahora bien, dicho lo anterior, habré de plasmar mi razonamiento para arribar a un temperamento condenatorio.
El Dr. Garbarino –siguiendo la tesis de la asistencia letrada de la recurrente- incorpora al debate el precedente de esta Sala en “Cargill S.A.C.I C/ DGA” Expte 39.298 Rta.16/05/19 en lo que hace al análisis de la aplicación de lo dispuesto en el art.1730 del CCyCNen la materia específica de esta competencia.
Como bien dije entonces – y es plenamente aplicable a este caso-, para exculparse, quien alega el caso fortuito o la fuerza mayor, debe acreditar los extremos que, evaluados en su conjunto, disuadan al juzgador que no cupo accionar posible alguno para evitar las consecuencias antijurídicas de su omisión, no siendo suficiente para ello la mera alegación del acaecimiento del hecho “irresistible, invencible o impredecible”. (SCBA, causa B 63.779, 30/5/2.012, voto del Dr. Hitters, in re "Usina Popular y Municipal de Tandil Sociedad de Economía Mixta P. de B. A. (O.C.E.B.A.) s/ Demanda contencioso administrativa")
En el caso nos encontramos con una mera afirmación sin pretensión de ser acreditada (ver escrito de apelación de fs.32/37vta).
El Código Civil y Comercial de la Nación en su art.1734 es claro al imponer la carga de la prueba en cabeza de quien la alega en su pretensión eximente de responsabilidad.
Alegar la existencia de un evento de fuerza mayor conmina al operador a adentrarse en un proceso intelectual enmarcado en los hechos que lo contienen y en la prueba que lo acredita.-
1. Sentado ello, habrá de analizarse las circunstancias fácticas del casus y, centralmente, el nexo causal –de colegirse- entre el incumplimiento reprochado y el evento eximente.-
a. Como lo dije, la Aduana reconoció –al prorrogar el plazo para dar cumplimiento a la exportación en los términos comprometidos- que existía un evento que afectaba el normal desenvolvimiento del comercio de granos, situación que fue de pública y notorio.
b. A ese contexto social habrá de adunársele la suspensión que pesaba sobre la exportadora del registro pertinente lo que conminaría a la imposibilidad material de cumplir con la obligación asumida.
1. La pregunta que cabrá realizarse a los efectos de verificar el nexo causal al que me referí podría formularse de la siguiente manera ¿Era realmente imposible cumplir con la obligación asumida frente al servicio aduanero”
Para develar esa interrogante, cabe adentrarse a la conducta asumida por la obligada frente a esa suspensión que afectó –indudablemente- el giro normal de sus negocios.
La recurrente respecto de ésta operación de exportación nada ha exteriorizado a los efectos de imponer lo que ahora pretende (la imposibilidad de cumplir) pues la medida cautelar cuyas copias se glosaron al expediente se refiere a la operaciones asociadas a las Destinaciones de Exportación 08003 EC01 005131-A, 08003 EC005132- B, 08040EC0100520-V y 08003EC0101004790K) respecto de la de autos puede verificarse –y afirmarse, en consecuencia- que la actora asumió un rol pasivo, limitándose a esperar con pasividad el advenimiento del plazo otorgado por la Aduana.
Puedo afirmar que Vireyes se limitó a ello. Sabía que se encontraba suspendida del registro de importadores y exportadores de la DGA y, amén de lo ilegítimo de la medida- solicitar –como lo hizo para otras operaciones- la intervención judicial para evitar el posterior reproche como el que aquí analizado. El hecho no fue impredecible. Pudo –como bien lo destacó el Fisco en los considerandos de la resolución recurrida- solicitar el cumplido sin sanción conforme lo establecido en el Art.9 de la Ley 21.453 (B.O. 11/11/76), previo a que fenezca el plazo de validez estipulado en el art. 8 de la Resolución 543/2008 (B.O. 30/05/2008), máxime cuando su situación ya había tenido acogida favorable de la DGA al solicitar una prórroga.
En conclusión, la actora se arropa de un evento para exculparse de responsabilidad pero nada ha probado –ni se verifica del contexto fáctico- respecto del nexo causal entre aquél y su incumplimiento final.
Por ello, corresponde confirmar la Resolución DPRLA 133/14 recurrida en la especia por medio de la cual condena a la firma Vireyes Agropecuaria S.A. a la pena de multa en los términos del art.969 del C.A. y formula cargo por tributos. Con Costas 1. Ahora bien Que, sentado ello, con relación al monto de la multa impuesta, conforme señera jurisprudencia de esta Sala F, entiendo que corresponde aplicar el porcentaje mínimo de la multa en un 10 % conforme lo establecido en el art. 969 del C.A., y no del 15% establecido en el art. 9° de la ley 21.453 que preceptúa: “Las ventas declaradas se darán por cumplidas cuando, dentro del plazo estipulado para la declaración jurada, el exportador hubiese registrado la declaración aduanera de exportación para consumo de por lo menos el noventa por ciento (90%) de la cantidad (peso o volumen) declarada. (in re: “BUNGE ARGENTINA SA c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación” (Expediente n° 37.545-A) y “J.L.
GURRIERI LEGUMBRES S.R.L. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”
2. Que el incumplimiento o la anulación de operaciones correspondientes a las declaraciones de ventas registradas, será sancionado con una multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor FOB de venta de la parte incumplida de la declaración, como máximo hasta el noventa por ciento (90%) de la cantidad declarada. Para la conversión de divisas a moneda nacional de curso legal a fin de calcular las multas referidas se tomará el tipo de cambio comprador más alto vigente al día del vencimiento de la declaración jurada”.
3. Que se ha señalado que “ambos tipos infraccionales reprimen la misma conducta: el incumplimiento del compromiso de exportación en los términos y cantidades asumidos. Visto y considerando que en ambas leyes existe un régimen represor previsto para la misma conducta, debemos determinar qué sanción corresponde aplicar al exportador que no exportare al menos el 90% de la cantidad manifestada en la Declaración Jurada de Venta al Exterior. No existe, entonces, una conducta con pluralidad de tipos, sino una conducta que configura el mismo tipo infraccional definido en dos leyes distintas. Por lo tanto, podemos concluir que no nos encontramos ante un concurso ideal” (Juan Patricio Cotter, “Las Infracciones Aduaneras”, 2° ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, p. 265).
Que, consecuentemente, visto que en el caso no se configura un concurso ideal, se debe definir qué norma es aplicable al caso, teniendo en cuenta cuál de ellas es posterior en el tiempo y cuál resulta más específica, analizando dicho resultado con el parámetro del principio de la ley penal más benigna.
Que la norma posterior en el tiempo resulta ser el art. 969 del C.A. (BO 28/03/1981) y no el art. 9 de la ley 21.453 (B.O. 11/11/1976); asimismo, cabe mencionar que el Código Aduanero constituye legislación de base, en tanto que la ley 21.453 consiste en un régimen específico, que debe interpretarse sistemáticamente con aquélla. Que si bien la norma del Código Aduanero resulta ser posterior en el tiempo, no obstante no es la específica, dicho resultado debe analizarse de todos modos de acuerdo con el principio de la ley penal más benigna, por lo que le asiste razón a la actora en dicho sentido.
1. Que es dable recordar que “el principio de aplicación de la ley penal más benigna constituye una excepción al principio general tutelado por el art. 18 de la C.N., la Convención Americana de Derechos Humanos, el art. 2 del Código Penal y en los art. 899, 900 y 901 del CA. La excepción resulta plenamente justificada, en primer lugar porque el cambio de la ley al quitar, por ejemplo, carácter delictivo a una acción, evidencia que no existe interés de la sociedad en penar o sancionar esta conducta; evidencia una evolución de las conductas que merecen reproche. Surge claro, entonces, que la nueva ley se aplica a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia si sus disposiciones resultan más benignas y se resuelve también la ultraactividad de la ley anterior para los actos realizados durante su vigencia, cuando es más favorable” (Juan Patricio Cotter, “Las Infracciones Aduaneras”, 2° ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, p.87).
2. Que, analizando ambas normas, a la luz del principio de la ley penal más benigna, se impone la aplicación de la sanción prevista en el art. 969 del C.A. y no la establecida en el art. 9 de la Ley de Exportación de Productos Agropecuarios (conf.: Giambastiani, Juan Pablo, “La exportación de productos agrícolas y la transgresión de la obligación impuesta como condición de un beneficio. Análisis comparativo de las sanciones previstas en el Código Aduanero y en la Ley de Exportaciones Agrícolas”, ED, 16/9/2010; Juan Patricio Cotter, “Las infracciones aduaneras”, 2° ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, ps. 265 y 266; Horacio Félix Alais, “Régimen infraccional aduanero”, Marcial Pons Argentina, 2011, ps. 356 y 357; M. A. Alsina, E. C. Barreira, R. X. Basaldúa, J. P. Cotter Moine, H. G. Vidal Albarracín, completado y actualizado por E. Barreira, R. Basaldúa, H. Vidal Albarracín, J. P. Cotter (H), A. Sumcheski y G. Vidal Albarracín (H), “Código Aduanero Comentado”, 1° ed., Abeledo Perrot, 2011, t. III, p. 432).
3. Que, por todo lo expuesto, cabe concluir que la multa aplicada del 15% de la mercadería no exportada no deviene ajustada a derecho, siendo de aplicación la multa mínima del 10% prevista en el art. 969 del CA.
4. Por ello, y de acuerdo a lo que se desprende de las actuaciones administrativas, el 90% del total de mercadería no exportada (por la DJVE 002233 P) ascendió a 4250 toneladas, lo que es equivalente a U$S 1.177.250; siendo el tipo de cambio de $ 3.109 al momento de la comisión del hecho, por lo que el valor del 90% de la mercadería no exportada asciende a $ 3.660.070,54, en consecuencia, el 10% de dicho valor, asciende al importe de $ 366.007,05 Por ello, VOTO por:
1. Confirmar parcialmente la Resolución DEPRLA nº 133/14, recaída en la Actuación Administrativa n°12192-778-2009, declarando que la suma en concepto de multa por la mercadería que resulta incursa en la infracción al art. 969 del C.A., respecto de la DJVE nro. 002233P, conforme los fundamentos expuestos en los Considerandos 6 a 12.-
2. Las costas se imponen por sus respectivos vencimientos, los que se estiman en un 67% a cargo de la firma actora y un 33% en cabeza del Fisco Nacional (DGA).
El Dr. Soria dijo:
Que, vistas las actuaciones administrativas, los hechos de la causa, la vigencia de la suspensión en el Registro de Exportadores soportada por la actora, así como las medidas cautelares judiciales que ello suscitó, cabe hacer lugar al planteo de la actora adhiriendo al voto y resolución del Dr. Garbarino.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución n° 133/14 (DE PRLA), recaída en la actuación SIGEA n° 12192-778-2009, conforme los fundamentos expuestos en los Considerandos que anteceden.
2. Costas a la DGA vencida.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9) y al Dr. Adrián Marcelo Míguez (20-14223510-3). Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Date: 2024.04.29 17:39:42 -03:00 Date: 2024.04.29 21:19:16 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Juan Manuel Soria Vocal Vocal Subrogante Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.04.30 07:26:37 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.04.30 07:26:38 -03:00
Fin de la sentencia