Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 30991-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada;
2Revocar el pronunciamiento apelado y distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
15444/2024 “Vireyes Agropecuaria SA (TF 30991-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
En Buenos Aires, a los 10 días del mes de diciembre del año 2024, reunida en acuerdo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para dictar sentencia en los autos “Vireyes Agropecuaria SA (TF 30991-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, El juez Rodolfo Eduardo Facio dijo:
I. El Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución nº 247/2012 dictada por el administrador de la aduana de San Lorenzo que había rechazado la impugnación realizada por la firma Vireyes Agropecuaria SA respecto del cargo nº 1717/2008 e impuso las costas a la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General de Aduanas. Para decidir de ese modo expuso:
i. El 12 de mayo de 2008 “se dictó el decreto 764/08 [...] en el que se estableció que la ley 26.351 sería aplicable a las ventas al exterior registradas en los términos de la ley 21.453, cuando las oficializaciones de las respectivas destinaciones de exportación fueran posteriores al 09.11.07, disponiéndose en su art. 3 que la ONCCA [...] sería la encargada de llevar el registro de las DJVE de la ley 21.453 y de dictar la normativa sobre los requisitos necesarios para acreditar los extremos del art. 1 de la ley 26.351 e informar a la AFIP las DJVE comprendidas en su art. 2 (incumplimiento del requisito de tenencia o adquisición de la mercadería)”.
ii. El 30 de junio de 2008 “la ONCCA informó a la AFIP, mediante el dictado de la resolución 1487/08 [...] cuáles eran las DJVE que por no haber acreditado la tenencia o adquisición de la mercadería en los términos de la ley 26.351 [...] debían pagar la alícuota mayor de derechos de exportación (art. 2 de la ley 26.351), indicando también aquéllas DJVE que sí la acreditaban. Tal resolución sirvió de fundamento al servicio aduanero para formular el cargo objeto de autos”.
iii. “Contra la resolución ONCCA 1487/08, la actora interpuso recurso de reconsideración, obteniendo como resultado el dictado de la resolución ONCCA 3407/11, por la cual se rechazó el recurso de reconsideración interpuesto. Tal respuesta de la ONCCA motivó la interposición del recurso de alzada, el que también fue rechazado a través de la resolución MAGyP 953/12”.
iv. “Ante tal situación, la actora interpuso sendas demandas contenciosas en sede judicial contra el Estado Nacional”.
v. “[E]l Juez de primera instancia resolvió, en fecha 30.09.16, hacer lugar a la impugnación formulada por la firma VIREYES AGROPECUARIA S.A respecto de las resoluciones ONCCA 543/08 y 1487/08, relativas a las DJVE 56166, 56220, 56649, 56674, 56866, 56867, 63683-objeto de autos-, 63743, 65016 y 66440 [...]. Tal decisorio fue luego confirmado por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en fecha 11.07.17 [...] que rechazó el recurso de apelación intentado confirmando en consecuencia la sentencia dictada en instancia anterior. Finalmente, en fecha 18.09.18, la Corte Suprema declaró inadmisible los recursos extraordinarios intentados, dejando firme el pronunciamiento de primera instancia”.
vi. “[S]iendo que el cargo 1717/08 cuestionado en autos carece en consecuencia de sustento y fundamentación fáctica, atento a que se hizo lugar a la impugnación formulada respecto de la resolución 1487/08, relativa a la DJVE 63683 -objeto de autos-, corresponde revocar la resolución apelada y por ende el cargo confirmado por la Aduana”.
vii. “Respecto a las costas, deben imponerse a la Aduana (art. 1163 del CA) atento haberse definido la cuestión conforme argumentos planteados oportunamente por la actora en todas las instancias de discusión”.
II. La parte demandada apeló y expresó los siguientes agravios que fueron replicados.
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i. Considera que existen diversas “circunstancias que habilitan el apartamiento del principio general de la derrota”.
ii. “[M]ediante la Sentencia Recurrida el Tribunal Fiscal revocó la Resolución Aduanera con fundamento en lo resuelto en el marco de los autos ‘MOLINO CAÑUELAS SACIFIA c/ ESTADO NACIONAL Y OTROS S/ AMPARO’, resolución que adquirió firmeza recién con la sentencia del 04/10/2016”.
iii. “[L]a Aduana oportunamente se consideró con derecho a litigar” porque “no podía conocer lo que iba a resolverse a futuro en el marco de la causa judicial y no tuvo más opción que seguir lo resuelto por la ONCCA, que gozaba de la presunción de veracidad del derecho administrativo”.
iv. “[T]eniendo en cuenta que la revocación de la Resolución Aduanera se sustentaba en las decisiones judiciales que declararon la inconstitucionalidad y/o ilegitimidad de las normas impugnadas, con posterioridad a la traba de la Litis, esta parte considera que existen motivos suficientes para que las costas sean impuestas por su orden”.
v. “[E]l principio general objetivo de la derrota no es absoluto, sino que admite excepciones, cuando existen motivos objetivamente consdierados que permitan inferir la existencia de una justa causa para litigar”.
III. De una lectura integral de la causa surgen diversas circunstancias relevantes que deben ser puestas de resalto:
i. La liquidación tributaria identificada como cargo nº 1717/2008 relativo a la destinación 08057EC01004327P fue emitida en el año 2008 como consecuencia del dictado de las resoluciones de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario nºs 1487/2008 y 1898/2008 que hicieron saber a la Administración Federal de Ingresos Públicos la nómina “de las DJVE que no han acreditado la adquisición o tenencia de la mercadería y los que si lo hicieron”.
ii. En el año 2012 la firma actora promovió dos demandas que tramitaron en el juzgado nº 7.
Fue dictada una única sentencia.
1. Causa “Vireyes Agropecuaria SA c/ EN-Mº Economía- RESOL 953/12 s/ proceso de conocimiento” (nº 46.917/2012).
Allí:
a. Impugnó la resolución nº 953/2012 MAGyP;
b. Impugnó las resoluciones 1.487/2008 y 3.407/2009 “dictadas por la ONCCA que fueron antecedentes de la referida Resolución 953/2012 del MAGyP”; y c. Subsidiariamente, peticionó “la declaración de inconstitucionalidad de la ley 26.351 y de aquellas otras disposiciones que la reglamentan y/o complementan (entre ellas el decreto 764 y las resoluciones 543 y 1.487), en la medida en que establecen con efecto retroactivo requisitos de cumplimiento adicionales a los oportunamente establecidos por el art. 6º de la ley 21.453 vigente al 9/11/07 para el otorgamiento de las DJVE y fijar las alícuotas aplicables a las exportaciones de granos”.
2. Causa “Vireyes Agropecuaria SA c/ EN-LEY 26351- ONCCA -RESOL 543/08 (S01:100706/09) s/ proceso de conocimiento” (nº 35.645/2009).
Allí cuestionó la resolución ONCCA nº 543/2008 con sustento en que “resulta viciada insanablemente en su objeto, ser irrazonable, arbitraria y haber sido dictada excediéndose en su competencia”.
iii. El 22 de marzo de 2012, mediante la resolución nº 247/2012 (AD SALO), el administrador de la aduana de San Lorenzo rechazó “la impugnación incoada por la firma ‘VIREYES AGROPECUARIA S.A.’ contra [el] Cargo Nº 1717/08 mas los intereses devengados hasta la fecha de la efectiva cancelación de los mismos”.
iv. El 30 de septiembre de 2016 el juzgado nº 7 hizo lugar a “la demanda interpuesta por la firma Vireyes Agropecuaria S.A. en el marco CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 15444/2024 “Vireyes Agropecuaria SA (TF 30991-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”
de las causas nº 35.645/2009 y nº 46.917/2012 y en consecuencia, [admitió] la impugnación de la resolución 1487/2008 en virtud de haber incluido a la actora en el Anexo I y de las confirmatorias”. Esa decisión fue confirmada por la Sala III el 11 de julio de 2017, que se encuentra firme dado que el 18 de septiembre de 2018 la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó, por inadmisible, en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
v. El 16 de febrero de 2024 el Tribunal Fiscal de la Nación revocó “ la resolución 247/12 (AD SALO) y por ende el cargo 1717/08 (SIGEA 13289-30912-2008)” por carecer “de sustento y fundamentación fáctica, atento a que se hizo lugar a la impugnación formulada respecto de la resolución 1487/08, relativa a la DJVE 63683 -objeto de autos-”.
IV. Desde esa perspectiva, sin perjuicio de que la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General de Aduanas expuso erróneamente que “el Tribunal Fiscal revocó la Resolución Aduanera con fundamento en lo resuelto en el marco de los autos ‘MOLINO CAÑUELAS SACIFIA c/ ESTADO NACIONAL Y OTROS S/ AMPARO’ ”, sus agravios deben ser admitidos dado que, como puede verse, el Tribunal Fiscal de la Nación revocó el cargo cuestionado como consecuencia del pronunciamiento judicial emitido en las causas “Vireyes Agropecuaria SA c/ EN-LEY 26351- ONCCA - RESOL 543/08 (S01:100706/09) s/ proceso de conocimiento” (nº 35.645/2009) y “Vireyes Agropecuaria SA c/ EN-Mº Economía- RESOL 953/12 s/ proceso de conocimiento” (nº 46.917/2012), que adquirió firmeza en el año 2018 (esta sala, causa “Molinos Cañuelas SACIFIA (TF 31062-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 14 de marzo de 2024, y Sala V, causas “Asociación de Cooperativas Argentinas Coop LTDA- TF 32364-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” , pronunciamiento del 29 de noviembre de 2022, y “Vireyes Agropecuaria SA (TF 33218-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 2 de julio de 2024).
V. En el contexto descripto, las costas de ambas instancias deben ser distribuidas en el orden causado, dadas las particulares circunstancias procesales que exhibe la causa (artículos 1163 del Código Aduanero y 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). En mérito de las razones expuestas, propongo al acuerdo: 1. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada; 2. Revocar el pronunciamiento apelado y distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado.
Las juezas Liliana María Heiland y Clara María do Pico adhieren al voto precedente.
En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: 1. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada; 2. Revocar el pronunciamiento apelado y distribuir las costas de ambas instancias en el orden causado.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Fin de la sentencia