Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente el art. 1 de la Resolución DE PRLA N°4876/2018, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación N°12197-5623-2010, declarando que el monto de la multa asciende a $40.560,96.
2Confirmar parcialmente el art. 3 de la citada resolución, declarando que el monto de los tributos adeudados asciende a USD 13.084,18, sin perjuicio de los intereses devengados desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista, hasta la fecha de su efectivo pago en los términos del art. 794 del CA. Revocarlo en cuanto a la exigencia de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3Costas por sus respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-53381207-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 29 de Mayo de 2026 En Buenos Aires, los Vocales integrantes de la Sala "G", Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, se reúnen para resolver en los autos caratulados: “VISTEON S.A. c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, Expediente 39.714-A.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Mediante la Resolución DE PRLA N°4876/18, la autoridad aduanera impuso a la firma VISTEON SA una sanción consistente en una multa y emitió el cargo correspondiente en forma solidaria con la aseguradora al determinar que incurrió en la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero (“CA”). La imputación encontró fundamento en el incumplimiento del régimen de importación temporal, en tanto la firma VISTEON SA habría omitido cancelar en su totalidad la mercadería importada temporariamente mediante la destinación de importación N° 07001IT14006990N.
II. Contra dicho pronunciamiento, la firma VISTEON SA interpone recurso de apelación, señalando que la importadora cumplió parcialmente con la exportación de la mercadería ingresada bajo el régimen de importación temporal. Denuncia la violación de su derecho de defensa en función del irrazonable plazo de tramitación del procedimiento. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Por su parte, el representante del organismo fiscal sostiene la validez del acto administrativo. Tras formular la negativa general de rigor, señala que la actora no ha acreditado el cumplimiento íntegro del régimen al que se acogió y desestima el planteo vinculado a la supuesta vulneración del derecho de defensa. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme el fallo recurrido, con costas.
Primera cuestión IV.- En ese estado de situación es pertinente considerar en primer turno si el acto administrativo cuestionado fue dictado en tiempo oportuno.
A ese respecto, cabe adelantar que, sin perjuicio de la postura mantenida en los casos EX-2019-97789030- APN- SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-
APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, respecto de la necesidad de notificar el acto de apertura sumarial para que opere la suspensión o interrupción del plazo de la prescripción, debo señalar que, en la especie, el procedimiento administrativo se ha llevado a cabo en manifiesta violación de la regla por la cual se exige a la administración la sustanciación de los procedimientos en tiempo diligente. En efecto, se puede colegir que el auto de apertura del sumario fue dictado el 30.07.2013, en tanto la notificación al supuesto responsable se efectuó mediante la corrida de vista de fecha 16.05.2018. En las citadas condiciones, no existe posibilidad alguna para explicar los casi diez años que mediaron entre el vencimiento de la destinación temporaria objeto de la presente investigación (18.09.2008) y la corrida de vista operada el 16.05.2018.
A tenor de esas circunstancias, se impone señalar, que el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional, disposición que otorga jerarquía constitucional a diversos instrumentos internacionales vinculados con la protección de los derechos humanos, obliga a tener en cuenta que el art. 8, inc. 1°, del Pacto de San José de Costa Rica, referente a las garantías judiciales, prescribe no solo el derecho a ser oído, sino también el de ejercer tal derecho con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. A su vez, el art. 25 del mismo tratado internacional, al consagrar la protección judicial, asegura la tutela judicial efectiva contra cualquier acto que viole los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional, la ley o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, aun cuando tal incumplimiento sea cometido por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
Por ende, considero importante remarcar que el derecho a ser notificado de un pronunciamiento judicial, sin dilaciones injustificadas, se manifiesta como un corolario del derecho de defensa en juicio consagrado en el art. 18 de nuestra Constitución Nacional. La Corte Interamericana de Derechos Huma-nos ha sostenido que todos los órganos del Estado que ejerzan funciones jurisdiccionales deben respetar estas garantías judiciales, en todas las instancias del proceso (Corte IDH, caso Tribunal Constitucional vs. Perú, sentencia del 31 de enero de 2001, párr. 69; caso Baena, Ricardo y otros vs. Panamá, sentencia del 2 de febrero de 2001; y Garantías judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 27). En efecto, la exigencia de la notificación en un plazo razonable se incorpora como un objetivo de la administración, de forma tal que la eficiencia y la eficacia se logren si los tiempos que insumen resultan ser proporcionados.
Ahora bien, el referido análisis debe considerar las recientes reformas incorporadas por la ley N° 27.742 de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (B.O. 08/07/2024) (en adelante, ley “Bases”) a la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos (L.P.A.); y, particularmente, las incorporaciones realizadas al crear el art. 1° bis, mediante el cual se establecen los principios fundamentales del procedimiento administrativo, entre los cuales se destacan la juridicidad, razonabilidad y, crucialmente, el derecho a un plazo razonable. Este derecho implica que los procedimientos administrativos deben tramitarse y concluir en un tiempo adecuado, garantizando así una tutela administrativa efectiva. Es así que, la obligación de la Administración de dictar resoluciones y notificarlas a los administrados se refuerza en este contexto, en el que se resalta o subraya que la inacción o la dilación en los plazos administrativos puede vulnerar derechos fundamentales.
Por lo tanto, el exceso en la demora de la notificación previamente señalada no sólo contraviene el principio de razonabilidad, sino que también podría interpretarse como una violación del derecho a la tutela administrativa efectiva. La ley “Bases” no sólo refuerza la necesidad de plazos razonables y la notificación oportuna, sino que también proporciona un marco jurídico que sostiene la exigencia de un procedimiento administrativo ágil y efectivo. En este sentido, entiendo que este Tribunal tiene el deber de asegurar que estos principios se respeten, garantizando así los derechos de los contribuyentes frente a la maquinaria administrativa.
En esas condiciones, encuentro que las particulares circunstancias de la causa llevan a declarar la invalidez del procedimiento sustanciado en estos actuados por no haberse observado pautas temporales razonables.
Segunda cuestión V.- Considerando lo expuesto, y en virtud del criterio mayoritario de la Sala G, corresponde ahora analizar los demás agravios planteados por la recurrente.
VI. Así las cosas, la cuestión de autos radica en determinar si se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del CA, con respecto a la mercadería importada temporariamente mediante la Destinación de Importación N° 07001IT14006990N.
VII. En dichos términos, es imperioso recordar que el artículo 250 del CA establece: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Esto significa que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Asimismo, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del CA incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del CA, es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
En ese sentido, resulta dable mencionar que, al tratarse de una importación temporaria, la carga de la prueba que acredite el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
De igual manera, debe ponderarse que, lo que está expresamente reglado, y específicamente respecto del régimen de perfeccionamiento del Decreto 1439/96 (Res. 72/92) –a cuyo amparo se efectuó la importación temporaria de autos–, mediante la Resolución ANA Nro. 127/92 y sus modificaciones, en el o en los respectivos permisos de embarque (de reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante) se debe consignar “...lo relativo al certificado de tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número del DIT (aduana de registro-dígito), clase y “cantidad” de la mercadería importada comprendida en la que se exporta, y el vencimiento de la importación temporaria”.
De modo tal que, ése es el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del DIT –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los PE) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
VIII. A estas alturas, previo a determinar si la actora dió cumplimiento o no a las obligaciones que asumió al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, resulta menester efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del CTC en los regímenes de importación temporaria.
Al respecto, tanto el referido Dec. 1439/96, como la Resolución M.E. y O.S.P. Nro. 72/92 impusieron a los beneficiarios de sus regímenes el deber de obtener el CTC expedido por la Secretaría de Industria.
Concretamente, establecen: “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación. A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos y si los mismos tienen valor comercial (...)” (art. 8 de la Resolución M.E. y O.S.P. 72/92 y art. 14 del Dec. 1439/96).
De lo apuntado, se sigue que la presentación del CTC es una de las obliga-ciones que contrae el importador en virtud de su acogimiento al régimen de importación temporaria a la que debe dar cumplimiento si pretende exportar la mercadería en la forma y condiciones en que se obligó evitando así incurrir en la infracción bajo análisis. Es que, en efecto, tal documento es el que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta. Más aún, el formulario conforme al cual los CTC eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del Nº de solicitud del CTC, debe indicarse tanto la PA del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que, el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su PA. En definitiva, de todo ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el CTC se refiere particularmente a la mercadería y a la PA que en él se detalla. Precisamente, es en virtud de esos datos que sur-gen del certificado, (cuyo contenido, se encuentra definido en el Anexo III al Res. S.I.C. Nro. 18/92) que la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los PE.
A fin de cuentas, existiendo un procedimiento reglado para la demostración del cumplimiento del régimen al cual se acogió la firma importadora, en lo que respecta a la documentación a presentar, dicho procedimiento exige al importador la sustitución de la declaración jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes (o su rectificatoria) por el CTC “al momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero” (conf. Art. 14 del Dto. 1439/96).
A mayor abundamiento, el art. 9, párrafo 3° de la Res. ME 72/92 (aplicable de conformidad con el art. 36 del Dto. 1439/96) establece que: “La SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO deberá emitir el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.) dentro del plazo de NOVENTA (90) días contados a partir de la fecha de presentación de la correspondiente solicitud, caso contrario la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos presentada por el usuario se dará por válida y tendrá carácter definitivo a los efectos del presente régimen”.
Sin embargo, y a los fines de determinar el alcance del artículo citado precedentemente, el art.18 de la Res. 18/92 establece: “A fin de que se haga efectivo lo dispuesto por el Artículo 9º de la Resolución M.E y O.S.P. N° 72/92, el interesado deberá intimar por escrito a esta Secretaría cinco (5) días antes del vencimiento del plazo de Noventa (90) días contemplado en el mencionado Artículo 9º, para que se emita el correspondiente certificado. Este plazo se computará a partir de la fecha de presentación de la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos integrada en forma correcta y de que el interesado haya cumplido con todos los requisitos establecidos por la Secretaría de Industria y Comercio”.
IX. A la luz de lo enunciado, se observa que la mercadería importada temporariamente se encuentra parcialmente reexportada, tal como se detalla del análisis de la descarga de insumos realizada conforme la documentación obrante en autos:
UNIDADES EN IT A CANCELAR ITEM SUBITEM CANTIDAD CANCELADO POSICIÓN ARANCELARIA INFRACCIÓN 07001IT14006990N 1 1 3.740,00 - 3.740,00 7607.11.90.900T
2 3.501,00 2.584,11 916,89 3 3.464,00 - 3.464,00 TOTAL 10.705 8.120,89 PERMISOS DE EMBARQUE PRESENTADOS POSICIÓN PE ÍTEM SUBITEM CANTIDAD CTIT OBSERVACIONES ARANCELARIA
07001EC03034202A 1 1 859,248 336827/05 7607.11.90.900T No acompaña CTC definitivo 07001EC03034428K 1 1 1.652,40 336827/05 7607.11.90.900T No acompaña CTC definitivo 07001EC03034434H 1 1 286,416 336827/05 7607.11.90.900T No acompaña CTC definitivo 070001EC03034918Y 1 1 88,452 336827/05 7607.11.90.900T No acompaña CTC definitivo 07001EC03035120A 1 1 286,416 336827/05 7607.11.90.900T No acompaña CTC definitivo 07001EC03035491L 1 1 567,068 336827/05 7607.11.90.900T No acompaña CTC definitivo 08001EC03027739S 1 2 104,089 3096/08 7607.11.90.900T - 08001EC03028073K 1 2 286,416 3096/08 7607.11.90.900T - 08001EC03028242X 1 2 23,587 3096/08 7607.11.90.900T - 08001EC03028533L 1 2 165,11 3096/08 7607.11.90.900T - 08001EC03028650L 1 2 572,832 3096/08 7607.11.90.900T - 08001EC03028860Y 1 2 210,039 3096/08 7607.11.90.900T - 08001EC03029011D 1 2 171,849 3096/08 7607.11.90.900T - 08001EC03029262L 1 2 305,511 3096/08 7607.11.90.900T - 08001EC01029493R 1 2 305,51 3096/08 7607.11.90.900T - 08001EC03029814Y 1 2 439,171 3096/08 7607.11.90.900T - Total descargado 2.584,11 En lo que respecta a los Permisos de Embarque presentados a los fines de acreditar la cancelación del Ítem 1, Subitem 1, corresponde señalar que la recurrente, si bien adjuntó copia de la solicitud del CTC, no hizo lo mismo respecto del CTC definitivo vinculado a la operación de autos. En ese mismo orden, tampoco surge que la actora haya intimado por escrito a la Secretaría en el plazo establecido por la norma a los efectos de que lo emita.
En virtud de lo señalado, no puede estarse a la presunción establecida en el art. 9 tercer párrafo de la Res. ME 72/92, ni considerarse a esa parte de la mercadería como reexportada, toda vez que la actora no ha cumplido con las obligaciones sustanciales, conforme el régimen que la amparaba.
En dicho sentido, cabe recordar que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin S.A.", sentencia del 01/10/91).
Asimismo, cabe aplicar en autos la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“Compañía de Circuitos Cerrados c/Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva”, sentencia del 9/03/2010, Fallos 333:161), según la cual “…la garantía de la defensa (art. 18 de la Constitución Nacional) no ampara la negligencia de las partes, pues quien ha tenido oportunidad para ejercer sus derechos responde por la omisión que le es imputable (Fallos: 287:145; 290:99 y 306:195, entre otros)”.
X. En definitiva, la cuestión tratada en el caso sub examine recae en analizar si el recaudo omitido es una exigencia sustancial al régimen aplicable o si, por el contrario, puede prescindirse de el para evitar incurrir en un rigorismo formal que desatienda la verdad jurídica objetiva. Frente a ello, observo que el CTC no es una exigencia baladí, todo lo contrario, ya que coadyuva a que el responsable colabore activamente en el ejercicio de las funciones de contralor que le asisten al organismo aduanero.
Atento lo examinado y teniendo en cuenta que parte de la prueba ofrecida por la actora como base de su defensa y ordenada en esta instancia no resulta ser suficiente para cumplir con la documentación exigida por el servicio aduanero, corresponde considerar parcialmente configurada la infracción endilgada por el servicio aduanero.
XI. En los términos expuestos, de las 10.705 unidades correspondientes a los insumos importados temporalmente mediante la Destinación de Importación N°07001IT14006990N, se desprende que solo se han reexportado 2.584,11 unidades mediante los Permisos de Embarque detallados en la descarga efectuada, quedando pendientes de cancelación 8.120,89 unidades. El saldo remanente no ha sido acreditado con la documentación analizada por este Tribunal, ni ha sido debidamente justificado por la actora. En consecuencia, no se ha demostrado el cumplimiento íntegro del régimen en relación con una parte de la mercadería importada temporalmente, lo que da lugar a los efectos tributarios e infraccionales previstos por la normativa aplicable (arts. 274 y 970 del CA).
XII. En relación con los conceptos IVA adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias, debe recordarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “Cladd ITA S.A. c/ EN – DGA, Resol. 2590/06 (expte n° 604155/01) s/DGA (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(…) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998), y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos 285:177). En el citado precedente, sobre esa base, se concluye que “(…) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (Fallos 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”. En tal inteligencia del asunto, la DGA carece de facultades para exigir los importes en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
XIII. En consecuencia, corresponde modificar la exigencia tributaria, conforme se detalla a continuación:
VALOR EN ADUANA POR UNIDAD VALOR EN DESTINACIÓN VALOR EN ADUANA (USD) CANTIDAD DE UNIDADES ADUANA POR UNIDAD 07001IT14006990N 47.742,27 10.705,00 4,46 UNIDADES EN INFRACCIÓN BASE DE CÁLCULO (VALOR DESTINACIÓN CANTIDAD DE UNIDADES EN ADUANA)
07001IT14006990N 8.120,89 36.219,17 DIT 07001IT14006990N
Concepto % Importe (USD)
Base Imponible 36.219,17 Derechos de Importación 12 4.346,30 Tasa de Estadística 0.50 181,10 Base IVA 40.746,56 IVA 21 8.556,78 TOTAL 13.084,18 En mérito a lo expuesto, y de conformidad con la liquidación practicada por el servicio aduanero a fs. 10 de las actuaciones administrativas —efectuada a razón de 1 USD = $3,10—, el importe adeudado en concepto de multa asciende a $40.560,96.
Por su parte, el monto de los tributos adeudados por la mercadería en infracción ascienden a la suma de USD 13.084,18, sin perjuicio de los intereses devengados desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista, hasta la fecha de su efectivo pago en los términos del art. 794 del CA.
Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar parcialmente el art. 1 de la Resolución DE PRLA N°4876/2018, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación N°12197-5623-2010, declarando que el monto de la multa asciende a $40.560,96.
2. Confirmar parcialmente el art. 3 de la citada resolución, declarando que el monto de los tributos adeudados asciende a USD 13.084,18, sin perjuicio de los intereses devengados desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista, hasta la fecha de su efectivo pago en los términos del art. 794 del CA. Revocarlo en cuanto a la exigencia de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3. Costas por sus respectivos vencimientos.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al Voto que antecede.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Sin perjuicio de compartir la inquietud expresada por el Sr. Vocal instructor respecto de la inusitada demora de la Aduana en analizar el hecho, entiendo que el análisis que aquél esbozó -y que reservó por encontrarse en minoría- excede el marco jurisdiccional decisorio para esta instancia. Adhiero al fondo de la cuestión.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente el art. 1 de la Resolución DE PRLA N°4876/2018, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación N°12197-5623-2010, declarando que el monto de la multa asciende a $40.560,96.
2. Confirmar parcialmente el art. 3 de la citada resolución, declarando que el monto de los tributos adeudados asciende a USD 13.084,18, sin perjuicio de los intereses devengados desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista, hasta la fecha de su efectivo pago en los términos del art. 794 del CA. Revocarlo en cuanto a la exigencia de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias.
3. Costas por sus respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2026.05.21 08:23:28 ART Date: 2026.05.21 13:11:51 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.05.29 11:46:36 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.05.29 11:49:00 -03:00
Fin de la sentencia