Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2023-25094492-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución Nro. 156/2023, dictada por el Jefe de Departamento de la Aduana de San Lorenzo (AD SALO), en las actuaciones administrativas SIGEA Nro. 17134-1727-2017.
2Costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-89529158-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 15 de Septiembre de 2026 Reunidos los Vocales de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, para dictar sentencia en el expediente EX-2023-25094492--APN-SGASAD#TFN “ VITERRA ARGENTINA S.A. (anteriormente OLEAGINOSA MORENO HNOS. SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA Y AGROPECUARIA) C/DGA S/ RECURSO DE APELACIÓN”, El Dr. Horacio J. Segura dijo:
I. Mediante el RE-2023-25093651-APN-SGASAD#TFN se presenta la firma VITERRA ARGENTINA S.A.
(anteriormente OLEAGINOSA MORENO HNOS. SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA Y AGROPECUARIA) e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nro. 156/2023, dictada por el Jefe de Departamento de la Aduana de San Lorenzo (AD SALO), en las actuaciones administrativas SIGEA Nro. 17134-1727-2017, mediante la cual se dispuso no hacer lugar a la solicitud de devolución de sumas pagadas en concepto de derechos de exportación, fijados por el Poder Ejecutivo Nacional mediante la Resolución N° 126/08, en relación a la Destinación Nro. 12057EC03000300W cuyo valor asciende a pesos ochocientos noventa y cinco mil ochocientos ochenta y tres con 13/100 ($ 895.883,13), con más sus intereses. Entiende que el Poder Ejecutivo Nacional fijo ilegalmente, a través de Resolución N° 126/08, en un 20% la alícuota del biodiesel en concepto de derechos de exportación, ya que fue dictada por el Ministerio de Economía en base a lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. Explica que la Resolución 126/08, que elevo la alícuota del 5% al 20% no fue ratificada por una ley formal del congreso. En el mismo sentido, plantea que la facultad de legislar en materia aduanera e imponer contribuciones, le corresponde al Congreso. Solicita la aplicación de la doctrina asentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Camaronera Patagónica S.A. c/ Dirección General de Aduanas”, resultando inconstitucional la alícuota fijada por la resolución mencionada, ello en virtud del principio de legalidad tributaria. Sostiene que, en el precedente señalado, la CSJN concluyó que los derechos de exportación son tributos, que por ello deben ser creados por el Congreso, que sus elementos esenciales deben estar establecidos por esa misma institución, y que las alícuotas podrían ser fijadas por el PE en tanto exista una delegación legislativa clara y precisa, que cumpla con los requisitos del artículo 76 de la Constitución Nacional. Solicita que se ordene la devolución de la suma reclamada, más los intereses corridos desde la fecha del pago, incrementada con la tasa de interés pasiva fijada por el Banco Central de la República Argentina, en sintonía con lo resuelto en el caso Alubia. Ofrece prueba, hace reserva de plantear el caso federal, y solicita que se revoque la resolución apelada, ordenando la devolución de los montos pagados, con más los intereses peticionados y con costas al Fisco.
II. En el IF-2023-68574150-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado conferido y mediante IF-2025-26269138-APN-DTD#JGM e IF-2025-26269219-APN-DTD#JGM acompaña las actuaciones administrativas SIGEA Nro. 17134-1727-2017. Hace una breve reseña de los hechos y formula una negativa genérica. Señala que la interpretación que hace la actora del precedente “Camaronera” es desacertada y no respeta el análisis completo de dicha sentencia ni el sentido que quiso darle el más Alto Tribunal. Sostiene que dicho Tribunal ha declarado la invalidez de las alícuotas por los derechos de exportación y que, muy por el contrario, ha declarado la validez de dichos derechos. Asimismo, señala que la Corte Suprema de Justicia de la Nación solo decide en procesos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos.
Explica que la resolución atacada ha sido dictada en ejercicio de las facultades conferidas al Poder Ejecutivo por los arts. 664 y 755 del Código Aduanero, dentro de los límites establecidos por el art. 666 del mismo cuerpo normativo. Analiza la realidad imperante en el comercio internacional, traducida en la velocidad del intercambio de mercaderías como también en el vertiginoso cambio coyuntural exterior, y entiende que se justifica la delegación en cabeza del Poder Ejecutivo a los efectos de establecer los aranceles y su quantum en función de los cambios producidos en el contexto internacional para así promover proteger y conservar la actividad productiva nacional. Cita jurisprudencia en sustento a su postura.
Se refiere al art. 13 de la ley N° 22.520, y a la ley N° 20.545 de “protección del trabajo y producción nacional”, así como la ley N° 22.450 de competencia de los Ministerios Nacionales. Se refiere a las materias de competencia del entonces Ministerio de Economía y destaca el inciso 9 del artículo 19 de la Ley 22.250 el cual prescribe que “compete al Ministerio de Economía, asistir al Presidente de la Nación en todo lo inherente al desarrollo de las actividades económicos nacionales, y en particular: (...) 9) entender en la elaboración, aplicación y fiscalización del régimen impositivo y aduanero”. Menciona el artículo 3 de la ley 25.645, el cual expresamente aprobó “la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994”.
Asimismo, agrega que la legislación delegante fue prorrogada en su vigencia por la Disposición Transitoria Octava de la reforma constitucional de 1994 y que, con arreglo a esta cláusula, el Congreso de la Nación prorrogó sucesivamente dicha legislación delegada a través de las leyes 25.145, 25.917 y 26.135. Así las cosas, entiende que la Resolución 126/08 del Ministerio de Economía y el Ministerio de Producción se dictó en función de lo previsto en la Ley 22.415, en la Ley de Ministerios y sus modificaciones, en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 2752/1991, 2275/1994 y sus modificatorios, y el Decreto Nº 509/2007 (ratificado por el Congreso de la Nación). Solicita que se aplique la doctrina establecida el fallo plenario dictado por el Tribunal Fiscal de la Nación, con fecha 26/04/2022.
En subsidio, requiere que se rechacen las repeticiones intentadas atento a que la actora traslado los derechos de exportación cuya devolución reclama, no existiendo así perjuicio alguno. Explica que no es procedente el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la recurrente en razón de lo normado por el art. 1164 del Código Aduanero. Cita jurisprudencia. Solicita que se aplique el criterio establecido por nuestra Corte Suprema en la causa “Cencosud S.A.” y los intereses previstos en los arts. 811 y 812 del C.A., y la Resolución Nº 314/2004 -y sus modificatorias-. Asimismo, desconoce los montos reclamados por la contraria. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que en fecha 3 de septiembre de 2026 (PV-2026-85554427-APN-VOCXXI#TFN) se elevan los autos a la Sala “G” y, con fecha 4 de septiembre de 2026 (IF-2026-85992392-APN-VOCXXI#TFN), se pasan a sentencia.
IV. Las actuaciones administrativas SIGEA Nro. 17134-1727-2017 se inician a fs. 1/17 con el recurso de repetición de las sumas pagadas en concepto de derechos de exportación, interpuesto por la actora, con fecha 21/12/2017, en sede aduanera. A fs. 18 obra constancia de ingreso al sistema SIADERE y a fs. 19 obra resumen de devolución cargada de acuerdo al Formulario 7458. A fs. 20 luce constancia de recepción del Permiso de Embarque N° 12057EC03000300W. A fs. 22 obra print de pantalla del Sistema Informático Malvina. A fs. 23 obra Nota N° 314/22 (SIS) efectuado por la Sección Inspección Simultanea de la Aduana de San Lorenzo, por el cual se expresa que no corresponde la devolución solicitada y que se abonó conforme a la normativa vigente. A fs. 24, la Sección Económica Financiera, informa el monto afectado a la destinación en dólares y el tipo de cambio. A fs. 25 obra print de pantalla del Sistema Informático Malvina. A fs. 31/32 obra la Resolución Nro. 156/2023 (AD SALO) y a fs. 33/36 su correspondiente constancia de notificación. Por ultimo obran anexos con copias de la empresa actora, relacionadas con la operación aduanera en trato.
Se deja constancia que como archivo embebido al IF-2025-26269219-APN-DTD#JGM, lucen agregadas copias relacionadas al Permiso de Embarque N° 12057EC03000300W, un certificado de importación temporaria y un informe técnico preliminar.
V. En las condiciones indicadas, las cuestiones planteadas en el sub examine son sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario del 26/04/2022 dictado por este Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación” (EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN), en la cual por mayoría los Vocales acordaron fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467.”
VI. En virtud de lo señalado, debe rechazarse la pretensión de devolución de los derechos de exportación abonados en relación al Permiso de Embarque Nro. 12057EC03000300W, en virtud de lo dispuesto en la Resolución N° 126/08.
VII. Las costas deberán ser soportadas por la vencida dado que la prohibición del análisis de la validez constitucional de la norma encuentra su antecedente en el dictado del C.A. (art. 1164).
Por lo expuesto, voto por:
1).- CONFIRMAR la Resolución Nro. 156/2023, dictada por el Jefe de Departamento de la Aduana de San Lorenzo (AD SALO), en las actuaciones administrativas SIGEA Nro. 17134-1727-2017.
2).- Costas a cargo de la actora.
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
Que adhiero al fondo de lo resuelto, excepto en relación a las costas, que considero deben ser impuestas por su orden en virtud de la complejidad de la cuestión en trato.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Licht.
En virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
1).- CONFIRMAR la Resolución Nro. 156/2023, dictada por el Jefe de Departamento de la Aduana de San Lorenzo (AD SALO), en las actuaciones administrativas SIGEA Nro. 17134-1727-2017.
2).- Costas por su orden.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente archívese.-
Date: 2026.09.14 17:44:32 ART Date: 2026.09.14 22:07:13 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.09.15 03:34:11 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.09.15 03:34:40 -03:00
Fin de la sentencia