Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2023-60894181-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar las Resoluciones N° 371/2023, 376/2023, 377/2023, 378/2023 y 379/2023, SIGEA N° 17134- 1849-2017, 17134-1845-2017, 17134-1836-2017, 17134-1848-2017 y 17134-1834-2017 respectivamente.
2Ordenar la devolución a la actora de los importes abonados en demasía, conforme los Considerandos V, VIII y IX, la que fue peticionada en el marco de las actuaciones administrativas N° 17134-1849-2017, 17134-1845-2017, 17134-1836-2017, 17134-1848-2017, 17134-1834-2017 y 17134-1857-2017 3. Costas a la demandada.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-63342538-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 26 de Junio de 2026 s/RECURSO DE APELACIÓN”.-
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, los Dres. Christian M. González Palazzo y Juan M. Soria, a fin de resolver en los autos caratulados “VITERRA ARGENTINA S.A. c/DGA s/RECURSO DE APELACIÓN”, Expte. N° EX-2023-
60894181- -APN-SGASAD#TFN.
El Dr. González Palazzo dijo:
I. Que, mediante RE-2023-60890466-APN-SGASAD#TFN, se presenta la firma VITERRA ARGENTINA S.A. (antes denominada OLEAGINOSA MORENO HERMANOS S.A.C.I.F.yA.) e interpone recurso de apelación contra las Resoluciones N° 371/2023, 372/2023, 376/2023, 377/2023, 378/2023 y 379/2023, recaídas en las actuaciones administrativas N° 17134-1849-2017, 17134-1857-2017, 17134-1845-2017, 17134-1836-2017, 17134-1848-2017 y 17134-1834-2017, respectivamente, dictadas el 17/04/2023 por el Jefe de Departamento de la Aduana de San Lorenzo, a través de las cuales se rechazaron los reclamos de repetición interpuestos con el objeto de obtener la devolución de derechos de exportación abonados en demasía respecto a operaciones de exportación de productos clasificados bajo la posición arancelaria N° 3826.00.00 (biodiesel), por la suma total de $5.862.993,97.
Indica que dicho monto fue indebidamente abonado, dado que el SIM liquidó automáticamente los derechos de exportación correspondientes a esas operaciones, aplicando una alícuota del 23,63% (conf. Decreto N° 1719/2012), cuando debió aplicarse una alícuota del 5% (conf. Decreto N° 509/2007). Argumenta que en un contexto en donde la industria argentina de los biocombustibles realizó grandes avances en poco tiempo, ocupando un importante sitio a nivel mundial, en relación a su producción y exportación, el Gobierno Nacional anunció, en el año 2012, una modificación del régimen de derechos de exportación fijos por ese entonces vigente, el cual sería reemplazado por un sistema de alícuotas móviles –mediante el dictado del Decreto 1719/2012-.
Manifiesta que, en ese contexto, entre el 05/11/2012 y el 07/07/2013, su mandante oficializó los permisos de embarque 12057EC03002118X, 12057EC03002009H, 12057EC01010056G, 12057EC01009275R, 12057EC01010341D y 12057EC01009279V, correspondientes a exportaciones de biodiesel (P.A. 3826.00.00), abonando por ello una alícuota de derechos de exportación del 23,63%, liquidada automáticamente por el SIM de acuerdo a lo establecido por el Decreto 1719/2012. Explica que adquiere particular relevancia en razón de que dicho decreto resulta nulo, de nulidad absoluta e insanable (art. 99, inc. 3°, de la Constitución nacional), en razón de que fue dictado por el Poder Ejecutivo Nacional en base a lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero (“CA”); norma que, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema in re “Camaronera Patagónica” (Fallos 337:388), resulta jurídicamente insuficiente para justificar la modificación de alícuotas de derechos de exportación.
Entiende que, por tal motivo, correspondía la aplicación de la alícuota de derechos de exportación nominal del 5%, establecida en el Decreto 509/2007. Explica que por ello reclamó, en sede administrativa, la devolución de la diferencia. Enumera una serie de argumentos, –entre otros, que se trata potestades exclusivas del Congreso en relación con la fijación de los derechos de exportación y en materia tributaria general, que se encuentra prohibida la delegación legislativa–, a los fines de justificar la improcedencia e inaplicabilidad de la alícuota del 23,63%, fijada por el Decreto 1719/2012. En cuanto a la tasa de interés aplicable, considera que debe aplicarse la solución prevista en el Código Aduanero, solicitando que se declare la inconstitucionalidad o inaplicabilidad de las tasas de interés previstas en las Resoluciones 314/2004 (0,5% mensual) y 559/2022 (3,84% mensual) por no respetar, al momento de la reglamentación, lo dispuesto en la ley y por resultar irrazonables (art. 28 de la Constitución nacional) y atentar contra el derecho de propiedad, y que se ordene la devolución de la suma reclamada, más los intereses corridos desde la fecha del pago, incrementada con la tasa de interés pasiva fijada por el Banco Central de la República Argentina.
Cita jurisprudencia. Ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita se revoquen las resoluciones apeladas, con costas.
II. Que, mediante IF-2023-111206129-APN-DTD#JGM, se presenta la representación fiscal, contesta el traslado del recurso que le fuera conferido y acompaña las actuaciones administrativas N° 17134-1849- 2017, 17134-1857-2017, 17134-1845-2017, 17134-1836-2017, 17134-1848-2017 y 17134-1834-2017. Realiza un breve relato de los hechos y, seguidamente, efectúa una negativa genérica de las afirmaciones de la actora que no sean objeto de su reconocimiento expreso. Aduce que la interpretación que efectúa la recurrente respecto del fallo “Camaronera” es desacertada. Cita los artículos 664, 666 y 755 del C.A., y jurisprudencia que hace a su derecho. Explica que la delegación establecida por el art. 755 se justifica en las cambiantes circunstancias de la economía, que ameritan en determinadas situaciones la adopción de medidas cuya oportunidad es incompatible con los tiempos del debate que normalmente requiere el dictado de una ley. En subsidio, solicita se rechace la repetición intentada atento que la actora no acreditó haber cargado con el costo de los derechos de exportación cuya devolución reclama. Sostiene que procede el rechazo de la acción del actor, por cuanto no ha explicado ni acreditado las razones que dan sustento al presunto perjuicio o interés concreto, siendo que en la especie se produjo la traslación del tributo al importador extranjero, quien, en definitiva, fue el que soportó económicamente los derechos de exportación. En relación al planteo efectuado por la contraria respecto a la tasa de interés aplicable cabe remitirse a lo que establece el Código Aduanero en relación a los intereses aplicables en los procedimientos de repetición. Cita los arts. 811 y 812 CA. Señala que el Tribunal Fiscal no tiene facultades para declarar la inconstitucionalidad, en virtud de lo establecido por el art. 1164 CA. Ofrece prueba, efectúa reserva de caso federal y, finalmente, solicita se confirmen las resoluciones apeladas, con costas.
III. Que, mediante PV-2023-114728725-APN-TFN#MEC se tiene por contestado el traslado. Mediante PV-2023-148446869-APN-VOCXVII#TFN se agregaron las actuaciones administrativas y se declaró la causa de puro derecho, quedando en estado de dictar sentencia según IF-2026-58195887-APN- VOCXVII#TFN.
IV. Que, las actuaciones administrativas N° 17134-1836-2017 se inician en fecha 27/12/2017 con la solicitud de repetición de los tributos pagados en relación al PE 12057EC01009275R. A fs. 24 obra el informe técnico de fecha 17/02/2023 y fs. 25 el informe de pago. A fs. 26, con fecha 15/03/2023, se tiene por presentada a la firma y no se hace lugar la prueba informativa y pericial ofrecida. Finalmente, en fecha 17/04/2023, se dicta la Resolución N° 377/2023 (AD SALO), rechazando la repetición solicitada. Que, las actuaciones administrativas N° 17134-1848-2017 se inician en fecha 27/12/2017 con la solicitud de repetición de los tributos pagados en relación al PE 12057EC01010341D. A fs. 23 obra el informe técnico de fecha 17/02/2023 y fs. 24 el informe de pago.
A fs. 25, con fecha 15/03/2023, se tiene por presentada a la firma y no se hace lugar la prueba informativa y pericial ofrecida. Finalmente, en fecha 17/04/2023, se dicta la Resolución N° 378/2023 (AD SALO), rechazando la repetición solicitada. Que, las actuaciones administrativas N° 17134-1849-2017 se inician en fecha 27/12/2017 con la solicitud de repetición de los tributos pagados en relación al PE 12057EC03002118X. A fs. 23 obra el informe técnico de fecha 28/03/2022 y fs. 24 el informe de pago. A fs. 26, con fecha 15/03/2023, se tiene por presentada a la firma y no se hace lugar la prueba informativa y pericial ofrecida. Finalmente, en fecha 17/04/2023, se dicta la Resolución N° 371/2023 (AD SALO), rechazando la repetición solicitada.
Que, las actuaciones administrativas N° 17134-1834-2017 se inician en fecha 27/12/2017 con la solicitud de repetición de los tributos pagados en relación al PE 12057EC01009279V. A fs. 24 obra el informe técnico de fecha 17/02/2023 y fs. 25 el informe de pago. A fs. 26, con fecha 15/03/2023, se tiene por presentada a la firma y no se hace lugar la prueba informativa y pericial ofrecida. Finalmente, en fecha 17/04/2023, se dicta la Resolución N° 379/2023 (AD SALO), rechazando la repetición solicitada. Que, las actuaciones administrativas N° 17134-1845-2017 se inician en fecha 27/12/2017 con la solicitud de repetición de los tributos pagados en relación al PE 12057EC01010056G. A fs. 23 obra el informe técnico de fecha 06/02/2023 y fs. 24 el informe de pago.
A fs. 25, con fecha 15/03/2023, se tiene por presentada a la firma y no se hace lugar la prueba informativa y pericial ofrecida. Finalmente, en fecha 17/04/2023, se dicta la Resolución N° 376/2023 (AD SALO), rechazando la repetición solicitada. Finalmente, las actuaciones administrativas N° 17134-1857-2017 se inician en fecha 27/12/2017 con la solicitud de repetición de los tributos pagados en relación al PE 12057EC03002009H. A fs. 23 obra el informe técnico de fecha 28/03/2022 y fs. 24 el informe de pago. A fs. 26, con fecha 15/03/2023, se tiene por presentada a la firma y no se hace lugar la prueba informativa y pericial ofrecida. Finalmente, en fecha 17/04/2023, se dicta la Resolución N° 372/2023 (AD SALO), no constando el art. 1 de la parte resolutiva.
V. Previo a adentrarnos en la cuestión de fondo, cabe poner el foco en las actuaciones administrativas N° 17134-1857-2017, y en particular en la Resolución N° 372/2023 (AD SALO), en la cual, como ya se señaló, no obra el art. 1 de la parte resolutiva. En consecuencia, y al no constar la resolución per se de la controversia, dicho acto administrativo es pasible, en principio, de la sanción de nulidad, claro está. Ahora bien, no puede soslayarse que el efecto propio de dicha declaración consiste en retrotraer las actuaciones al último acto procesal válido, lo cual, de seguirse tal derrotero, importaría profundizar la ya considerable dilación en la obtención de un pronunciamiento definitivo respecto de la pretensión articulada, con el correlativo menoscabo económico para la recurrente; máxime cuando el temperamento adoptado por el servicio aduanero en relación con las restantes resoluciones evidencia con suficiente claridad el criterio administrativo sobre la materia en debate.
En este contexto, las circunstancias reseñadas imponen al suscripto adoptar una solución que, sin apartarse del marco normativo aplicable, atienda a la economía procesal y a la tutela judicial efectiva, lo que conduce a reencuadrar el planteo deducido en los términos de un recurso de retardo.
A tales efectos, corresponde recordar que el artículo 1159 del Código Aduanero prevé que, en los supuestos de apelación por retardo en el dictado de la resolución definitiva del administrador en los procedimientos de impugnación, repetición e infraccionales, el apelante deberá requerir que el Tribunal Fiscal de la Nación se avoque al conocimiento del asunto, lo que –una vez habilitada la instanciadetermina la pérdida de competencia del órgano administrativo.
En los presentes, la avocación se encuentra implícita en el propio recurso de apelación oportunamente deducido, mediante el cual la administrada requirió la revisión jurisdiccional de la legalidad del procedimiento, en el cual –cabe destacarlo- no se ha dictado una resolución válida, con prescindencia de su eventual ajuste a derecho.
En virtud de las consideraciones precedentes, y hallándose, a criterio del suscripto, satisfechos los recaudos de procedencia exigidos por la normativa aplicable, sumado a las singulares circunstancias que evidencia el caso, queda de manifiesto la legitimidad de la decisión adoptada con la consecuente intervención de este Tribunal para entender y resolver de forma definitiva la controversia planteada. Asimismo, cabe señalar que una decisión distinta aparejaría el eventual, pero esperable a la luz del criterio adoptado por la administración, dispendio judicial.
VI. Ahora bien, sentado lo anterior, corresponde resolver si las resoluciones aduaneras apeladas, mediante las cuales se dispuso no hacer lugar a la devolución pretendida por la actora, y la situación analizada precedentemente, resultan ajustadas a derecho.
En los presentes, la firma solicita la devolución de la suma de $ 5.862.993,97, que según refiere habría abonado en demasía en relación a las operaciones documentadas mediante los PE 12057EC01009275R, 12057EC01010341D, 12057EC03002118X, 12057EC01009279V, 12057EC01010056G y 12057EC03002009H –con más intereses-, en concepto de derechos de exportación del 23,63% liquidados por el Sistema María según lo establecido por el Decreto 1719/2012 que fijó, para esa P.A., una alícuota móvil o de fórmula.
El art. 1° de dicho decreto establece: “…Modifícase la alícuota correspondiente al Derecho de Exportación aplicable a la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M) 3826.00.00, consignada en el Anexo XIV del Decreto Nº 509 de fecha 15 de mayo de 2007 y sus modificaciones, la que se determinará según la siguiente fórmula:
DE (expresado como %) = { (PR - CRCTE) * 100/ CRCTE} Donde:
DE = Alícuota del Derecho de Exportación CRCTE= Costos totales más retorno sobre el capital total empleado PR= Precio de Referencia…”
Seguidamente, el art. 2° señala: “…La “UNIDAD EJECUTIVA INTERDISCIPLINARIA DE MONITOREO” creada por la Resolución Conjunta Nº 438 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, Nº 269 del MINISTERIO DE INDUSTRIA y Nº 1.001 del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS de fecha 7 de agosto de 2012 será la responsable de calcular con una periodicidad quincenal el precio de referencia del biodiesel (PR) y los Costos totales más retorno sobre el capital total empleado (CRCTE) que conforman la fórmula de cálculo del artículo 1°, e informar a los organismos correspondientes la alícuota del Derecho de Exportación que queda así definida…”.
Que, preliminarmente y en cuanto a la doctrina fijada en el acuerdo plenario dictado por este Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, considero que dicho precedente abarca únicamente a los procedimientos de repetición de lo abonado en concepto de derechos de exportación cuya alícuota fue fijada por Decreto 793/2018, y teniendo en cuenta que en los presentes actuados se cuestiona el Decreto 1719/2012 –una norma distinta-, no corresponde su aplicación al caso bajo análisis.
Ahora bien, en cuanto a los antecedentes normativos de este caso, el Decreto 509/2007, publicado el 23/05/2007 en el Boletín Oficial, efectuó una serie de ajustes y modificaciones en relación a la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) y las alícuotas de derechos de exportación de determinadas P.A., entre las cuales no figuraba la mercadería involucrada en autos. Fue declarado válido por la Cámara de Senadores en fecha 22/8/2007, y por la Cámara de Diputados el 28/11/2007. Mediante la Resolución del Ministerio de Economía y Producción N° 126/2008, se incorporó al Anexo XIV del Decreto 509/2007 la P.A. (N.C.M.) 3824.90.29, fijándose una alícuota del 5%, exceptuando las mezclas de ésteres monoalquílicos de ácidos grasos de cadena larga derivados de aceites vegetales o grasas animales ("biodiesel"), a las que se les fijó un derecho de exportación del 20%.
Posteriormente, se dictó el Decreto 100/2012, mediante el cual se efectuaron ajustes y modificaciones a las P.A. (N.C.M.), y se mantuvo el derecho de exportación del 20% para el biodiesel –P.A. (N.C.M.) 3826.00.00-.
Seguidamente, el Decreto 1339/2012 modificó el Decreto 509/2007, elevando la alícuota correspondiente al derecho de exportación para la P.A. (N.C.M.) 3826.00.00 al 32%.
Finalmente, el Decreto 1719/2012, de fecha 19/09/2012, modificó nuevamente la alícuota correspondiente al derecho de exportación aplicable a la P.A. (N.C.M.) 3826.00.00, estableciendo, en este caso, un sistema de alícuota móvil o de fórmula.
VII. Sentado ello, cabe señalar que la temática que debemos abordar fue analizada y resuelta por el Máximo Tribunal en el caso “Camaronera Patagónica”, donde los magistrados fijaron los lineamientos para comprender si una norma mediante la cual el Poder Ejecutivo fija derechos de exportación cumple con el estándar constitucional –lo que otorgaría legalidad a dicha exigencia tributaria– o si, por el contrario, se excedieron las atribuciones otorgadas a tal poder conforme nuestra forma republicana de gobierno, invalidando de este modo la alícuota establecida mediante el actuar injustificado. Más allá de que en el precedente referido se declaraba la inaplicabilidad de dos resoluciones dictadas por el Ministerio de Economía, particularmente las N° 11/02 y N° 150/02, lo que nos concierne del fallo del Máximo Tribunal es que se entendió que dichas resoluciones eran violatorias de los arts. 76 y 99 inc. 3 de la Constitución Nacional, toda vez que el Poder Ejecutivo no podía dictar normas de carácter legislativo en materia tributaria, resaltando que, en cuanto a la división de competencias entre los poderes del Estado, la interpretación de dichos artículos debía ser estricta.
En lo que refería a la delegación para la creación del tributo contenida en la Resolución 11/02 –legislación delegada dictada con sustento en la legislación delegante preexistente a la reforma de la Constitución Nacional de 1994–, la Corte consideró inadmisible la normativa reseñada durante el período en que no contó con la ratificación del Congreso de la Nación, pero la reconoció como válida a posteriori de la ratificación efectuada, por cuanto a partir de allí existió una voluntad por parte del legislador lo suficientemente clara como para darle entidad legal idónea y poseer validez en los términos establecidos por el artículo 76 de la CN. En definitiva, la Corte invalidó parcialmente y hacia el pasado la norma ministerial por considerarla carente de respaldo legal y la convalidó desde la aprobación legislativa hacia el futuro.
Nuestra Carta Magna prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, expresando en su art. 76 que “(…) Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca (…)”. Asimismo, el art. 99 inc. 3 señala: “(…) El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros (…)”.
Por su parte, en la Ley 26.122 se establece que: "(…) las bases a las cuales debe sujetarse el poder delegado no pueden ser objeto de reglamentación por el Poder Ejecutivo (…)", y que el "(…) Poder Ejecutivo, dentro de los diez días de dictado un decreto de delegación legislativa lo someterá a consideración de la Comisión Bicameral Permanente (…)", “(…) las Cámaras se pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Nacional (…)”.
Lo mencionado ut supra, constituye un mecanismo de revisión posterior a las normas delegadas por el PEN, pudiendo aprobarlas o rechazarlas. Esto significa que, si bien el Congreso delega facultades legislativas, también las controla posteriormente a través del mecanismo antedicho.
Por lo expuesto, teniendo en consideración que el Decreto 1719/2012 modificó el elemento cuantitativo del tributo –parte estructural del impuesto– y que el mismo no fue posteriormente validado por el Congreso, se afectó el principio de legalidad tal como se estableció en la jurisprudencia de la Corte Suprema in re “Camaronera Patagónica”, donde, conforme lo referido precedentemente, se estableció el estándar de ratificación por el Congreso de una norma delegada nula de nulidad absoluta e insanable por inexistencia de norma delegante o incumplimiento de los requisitos del art. 76 de la Constitución. A mayor abundamiento, la Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo Federal en el expediente N° 13419/2025 –de igual carátula a la presente-, declaró la inconstitucionalidad de los derechos de exportación fijados por el Decreto 1719/2012.
En este sentido, en virtud de los lineamientos del Fallo “Camaronera Patagónica” y toda vez que el citado decreto no ha sido ratificado por el Congreso, corresponde declarar la invalidez de la exigencia tributaria realizada en base al mismo.
Por ello, corresponde revocar las Resoluciones N° 371/2023, 376/2023, 377/2023, 378/2023 y 379/2023, SIGEA N° 17134-1849-2017, 17134-1845-2017, 17134-1836-2017, 17134-1848-2017 y 17134-1834- 2017 respectivamente, y proceder a la devolución de las sumas abonadas en demasía en relación a los derechos de exportación de las operaciones documentadas en dichas actuaciones administrativas. De igual forma se debe proceder respecto de la operación documentada en el SIGEA N° 17134-1857-2017. Ahora bien, cabe señalar que la representación fiscal, en su contestación de traslado, solicita que “(…) se rechace la repetición intentada atento que la actora no acreditó haber cargado con el costo de los derechos de exportación cuya devolución reclama. De la compulsa de las actuaciones administrativas surge la debida acreditación de la traslación de los derechos de exportación y su inclusión en el precio de venta (…)”.
Siendo que el argumento citado no forma parte de la cuestión que suscitó la intervención de esta instancia jurisdiccional –al no hallarse en la resolución aduanera apelada-, no corresponde su tratamiento a los efectos planteados.
VIII. En cuanto a la moneda en que deberá llevarse a cabo la devolución de lo abonado indebidamente por la actora, corresponde estar a lo resuelto por el Máximo Tribunal en los autos caratulados “Cencosud SA (TF 29.535-A) c/DGA”, teniendo en consideración que la suma que la recurrente solicita que se le devuelva ha sido abonada en pesos.
IX. En relación con la tasa de interés, teniendo presente los pronunciamientos de la Alzada en cuanto al tema analizado (Sala I, “VITERRA ARGENTINA S.A.”, Expte. N° 13419/2025; Sala III, “Thomas de Sudamérica S.A.”, Expte. N° 37527/2016; y Sala V, “LDC ARGENTINA SA”, Expte. N° 38613/2025, entre otras), corresponde aplicar la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina desde la fecha del pedido de repetición hasta la puesta en vigencia de la resolución ex MH 598/2019 (01/08/2019), y las demás tasas vigentes correspondientes a cada período, conforme la reglamentación emitida al respecto.
X. En cuanto a las costas, corresponde imponerlas al Fisco, por aplicación del principio general de la derrota (art. 68 CPCCN y art. 1163 C.A.).
XI. Por todo lo anterior VOTO POR:
1. Revocar las Resoluciones N° 371/2023, 376/2023, 377/2023, 378/2023 y 379/2023, SIGEA N° 17134-1849-2017, 17134-1845-2017, 17134-1836-2017, 17134-1848-2017 y 17134-1834-2017 respectivamente.
2. Ordenar la devolución a la actora de los importes abonados en demasía, conforme los Considerandos V, VIII y IX, la que fue peticionada en el marco de las actuaciones administrativas N° 17134-1849- 2017, 17134-1845-2017, 17134-1836-2017, 17134-1848-2017, 17134-1834-2017 y 17134-1857-
2017 3. Costas a la demandada.
Así lo voto.-
El Dr. Juan M. Soria dijo:
Que, adhiero al voto del Vocal preopinante en cuanto hace lugar al reclamo de repetición a las sumas en pesos peticionada por la parte actora.
Así lo voto.-
Que, en virtud de los votos que anteceden, SE
1. Revocar las Resoluciones N° 371/2023, 376/2023, 377/2023, 378/2023 y 379/2023, SIGEA N° 17134- 1849-2017, 17134-1845-2017, 17134-1836-2017, 17134-1848-2017 y 17134-1834-2017 respectivamente.
2. Ordenar la devolución a la actora de los importes abonados en demasía, conforme los Considerandos V, VIII y IX, la que fue peticionada en el marco de las actuaciones administrativas N° 17134-1849-2017, 17134-1845-2017, 17134-1836-2017, 17134-1848-2017, 17134-1834-2017 y 17134-1857-2017 3. Costas a la demandada.
Regístrese y notifíquese.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo (Vocal Titular de la Vocalía de la 17° Nominación) y Juan M. Soria (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18° Nominación), ello en los términos del art. 52 del R.P.T.F.N.
Date: 2026.06.26 16:21:27 ART Date: 2026.06.26 18:20:52 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Subrogante Vocal Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.06.26 18:21:28 -03:00
Fin de la sentencia