Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2024-28238620-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución RESOL-2024-156-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, en cuanto dispuso no hacer lugar a la solicitud de repetición de los derechos de exportación formulados por la firma “VITERRA ARGENTINA S.A.” en el expte. SIGEA N° 17134-1812-2018 con costas a la parte actora (art. 1163 del CA).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-44876022-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 29 de Abril de 2025 S.A."
Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez, Juan Manuel Soria, y Claudia Beatriz Sarquis (como subrogante por encontrarse vacante la Vocalía de la 14ª Nominación), con la presidencia de la Sala a cargo del Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos "VITERRA ARGENTINA S.A. C /Dirección General de Aduanas s/recurso de apelación", EX-2024-28238620- -APN-SGASAD#TFN.
El Dr. Héctor H. Juárez dijo:
I. El 18.03.24 mediante el IF-2024-28238480-APN-DTD#JGM, la actora por apoderado, interpone recurso de apelación contra la Resolución RESOL-2024-156-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI dictada por la Aduana de San Lorenzo, recaída en el expediente administrativo SIGEA N° 17134-1812-2018, mediante la cual no se hizo lugar a la acción de repetición de derechos de exportación incoada por la firma "VITERRA ARGENTINA S.A.”, correspondiente a la destinación de exportación N° 13057EC03001581M oficializado el 18.10.13, cuestionando ante esta instancia la denegatoria de la suma de $ 4.116.946,18 pesos. En su presentación, la recurrente se agravia de los derechos de exportación fijados mediante Decreto N° 1719/2012; B.O. 20.9.2012, que, modifico las alícuotas del Decreto N° 1339/12, para la mercadería de biodiesel, dichos tributos resultan ilegítimos, conforme el art. 99, inc. 3° de la C.N. Entiende que el fallo de la Corte Suprema "Camaronera Patagónica" brindó lineamientos claros para el efectivo cumplimiento del principio de legalidad y reserva de ley que la resolución atacada no cumple. Afirma que el Decreto N° 1719/2012 no ha sido ratificado por el Congreso con anterioridad a la oficialización del Permiso de Embarque y que aumentó el porcentual, aplicando una alícuota, del 26,16%. Afirma que corresponde se aplique la alícuota de derechos de exportación nominal del 5% que establece el Decreto N° 509/2007 para la mercadería biodiesel. Expresa que la tasa de interés fijada por el art. 3 de la Resolución N° 314 (modificada por la Resolución 841/2010) es violatoria del derecho de igualdad, razonabilidad, seguridad jurídica y legalidad. Cita jurisprudencia, hace reserva de plantear el caso federal, solicita que se haga lugar at recurso de apelación interpuesto y deje sin efecto la resolucion recurrida, con costas.
II. El 14.10.24, por medio del IF-2024-111937484-APN-DTD#JGM la representante fiscal contesta el traslado del recurso. Luego de hacer una negativa genérica, contesta el traslado conferido. Manifiesta que la actora realiza una interpretación desacertada del Fallo "Camaronera" y afirma que en dicho precedente se expone que las leyes 22.415 y 25.561 "no establecieron los recaudos mínimos del tributo" y que no existió una "clara política legislativa" distinto al presente caso, que los recaudos establecidos por la normativa se han cumplido, porque las resoluciones atacadas han sido dictadas en el marco de las funciones que acuerda el Poder Ejecutivo en los artículos 664 y 755 del Código Aduanero y con la limitación determinada por el art. 666 del citado cuerpo legal. Cita jurisprudencia y explica que el decreto 1719/12 se dictó en función de lo previsto en la Ley 22.415, en la Ley de Ministerios y sus modificaciones, y en caso de las facultades conferidas por los Decretos N° 2752/1991 y 2275/1994 y sus modificatorios. En subsidio, afirma que debe rechazarse la repetición incoada por la actora por coincidir el valor FOB declarado con el precio de la mercadería que surge de la Factura de Exportación. Si dichos derechos de exportación fueron incluidos en el importe cobrado por la exportadora al importador del exterior, habría la traslación del derecho de exportación al precio de venta, sin un perjuicio al patrimonio de la actora. Expresa, con relación a la tasa de interés, que en autos corresponde la aplicación de la Resoluci6n Ministerial N° 314/2004 y recién a partir del 1° de agosto de 2019 la Resoluci6n N° 598/2019 y no retroactivamente como plantea la firma exportadora. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme la resolucion apelada, con costas.
III. Que la Actuación SIGEA N° 17134-1812-2018 se inicia el 29.11.18, con la solicitud de devolución de derechos de exportación abonados en el PE 13057EC03001581M. A continuación, luce planilla SIM, el permiso de embarque y a continuación, la Sección Inspección Simultanea informa que, no correspondería hacer lugar a la repetición solicitada ya que no se considera competente para resolver la cuestión de supremacía de leyes. El 19.12.23 se tiene por presentado, y por parte a la empresa y por constituido su domicilio. Luego, se rechaza la producción de prueba informativa y pericial contable por inconducente y dilatoria. A continuación, se dictó la resolucion RESOL-2024-156-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI que viene a apelar ante este Tribunal.
IV. El 25.04.25 se elevan los autos a la Sala "E” y se los pasa a sentencia.
V. Corresponde resolver en autos si la resolución apelada RESOL-2024-156-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI de la Aduana de San Lorenzo, en cuanto denegó la devolución de la suma pretendida por la firma VITERRA S.A. en concepto de diferencia de derechos de exportación abonados con relación al PE 13057EC03001581M, correspondiente al expte. SIGEA 17134-1812-2018, se ajusta a derecho.
Mediante dicho PE la actora documentó la exportación de biodiesel (P.A. 3826.00.00.100L) –Biodiesel y sus mezclas– abonando los derechos de exportación establecidos por el decreto 1719/12 que modificó la alícuota y la fijó en 26.16%. La actora toma como válidos los tributos del decreto 509/07 que establecían una alícuota del 5%, reclamando una diferencia del 21.16%.
Que, para el caso de autos, y para la exportación de biodiesel, corresponde tener presente que si bien, el artículo 6º de la ley de emergencia económica 25.561 estableció la creación de derechos de exportación sobre los hidrocarburos que sean obtenidos de los yacimientos situados en el territorio nacional, el “biodiesel”, es obtenido a partir de productos de origen agrícola, cuenta con un marco regulatorio específico y una posición arancelaria propia, que lo diferencia de los hidrocarburos.
A consecuencia de ello, se ha dictado la Resolución 126/08 del ME. y P. el 12.03.08, luego, se dictó el decreto 100/12 (BO: 31/01/12), también modificatorio del decreto 509/07, a través del cual se efectuaron nuevos ajustes en la Nomenclatura Común del MERCOSUR y se mantuvo en el 20% la alícuota de derechos de exportación para las mezclas de ésteres monoalquílicos de ácidos grasos de cadena larga derivados de aceites vegetales o grasas animales ("biodiesel") –ahora P.A 3826.00.00- (Art. 7 y Anexo VII). Posteriormente, el decreto 1339/12 (BO: 10/08/12) sustituyó el Anexo XIV del decreto 509/07, elevando al 32% las alícuotas correspondientes a la P.A 3826.00.00 (Art. 2). Más tarde, se dictó el decreto 1719/12 (BO: 20/09/12), que introdujo la P.A. involucrada en el P.E. de autos, y modificó la alícuota correspondiente a la P.A 3826.00.00 -consignada en el Anexo XIV del decreto 509/07-, estableciendo un sistema de alícuota móvil o de formula (art. 1) del 26.16% para el PE de autos. Cabe destacar que, el decreto 1719/12 se dicta en ejercicio de las facultades conferidas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por los incisos 1 y 2 del artículo 99 de la CONSTITUCION NACIONAL y por el artículo 755 apartado 1 inciso c) del Código Aduanero (Ley Nº 22.415 y sus modificaciones).
Que en primer lugar, la ley 25.561 (BO: 07.01.02) en cuanto declaró la emergencia cambiaria y económica que motivó la creación por el Congreso del derecho de exportación y la delegación en el Poder Ejecutivo de las facultades legislativas para fijar las alícuotas, fue prorrogada por el Congreso mediante las leyes 25.972 (BO: 17.12.2004); 26.077 (BO: 10.01.2006); 26.204 (BO: 20.12.2006); 26.339 (BO: 04.01.2008); 26.456 (BO: 16.12.2008); 26.563 (BO: 22.12.2009); 26.729 (BO: 28.12.2011); 26.896 (BO: 22.10.13) y 27.200 (BO:
04.11.15. que extendió su vigencia hasta el 31.12.17.
En tal sentido, durante un periodo de 15 años desde su creación y mediante sus sucesivas prórrogas existió una indubitable y clara voluntad del Congreso de gravar con derechos de exportación a las operaciones de este tipo. Las regulaciones legales del Congreso, especiales y específicas, se dispusieron además sin perjuicio del régimen general de delegación legislativa de la ley constitucional 26.122 (sancionada por el Congreso conforme la manda del art. 99 inc. 3 cuarto párrafo de la Constitución), vigente desde el 28.07.06 para todas las normas delegadas dictadas por el PEN -es decir previo al dictado del decreto 509/07 y cuyos fundamentales arts. 17 y 24 establecen la vigencia de las normas delegadas dictadas por el PEN desde su entrada en vigencia y hasta su ratificación o derogación por parte del Congreso. En caso de ratificación de la norma delegada por el Congreso, tal ratificación tiene efecto retroactivo y aún en el caso de su derogación, los efectos de tal acto derogatorio son prospectivos.
VI. Que atento los diversos planteos efectuados por la recurrente, corresponde en este punto dejar sentado que conforme lo dispuesto en el artículo 1164 del C.A., el Tribunal Fiscal de la Nación no puede pronunciarse sobre la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, salvo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiera declarado la inconstitucionalidad de las mismas, en cuyo caso este Tribunal podrá seguir la interpretación del Alto Tribunal.
VII. Que en relación a las facultades del Poder Ejecutivo Nacional para establecer los derechos de exportación corresponde estarse a la doctrina legal (art 151 de la Ley 11.683) fijada con fecha 26/04/2022, por este Tribunal en el Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN- SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, en donde por mayoría se acordó lo siguiente: “ARTICULO 1°.- … ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero.”.
VIII. Que en relación a la presunta vulnerabilidad del Principio de Reserva Legal planteado por la recurrente, debemos tener presente que al momento de los hechos de autos -y en la actualidad-, estas normas constitucionales interactuaban en forma conjunta al declarar la “vigencia” de la ley 22.415, ha declarado, en consecuencia, la vigencia de las delegaciones en ella dispuestas, y en los términos en ella consignados, y fundamentalmente, con la ley 26.122 (publicada en el Boletín Oficial con fecha 28-07-2006) que, precisamente, ha establecido un mecanismo adecuado de control y aprobación “a posteriori” (con posterioridad) del Congreso de la Nación, de los actos emitidos por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de las facultades delegadas.
Al respecto, tiene dicho la C.S.J.N. que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras; y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto, a la vez que debe darse pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos, de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional. (Conforme doctrina de la Corte Suprema in re: “Ford Motor Argentina S.A. c/ Administración Nacional de Aduanas”; “Obras Sanitarias de la Nación c/ Emilia Irma Frieboes de Bencich y otro”; “Gowland Acosta, Elena Sauze de c/ Provincia de Córdoba y otros”; entre muchos otros).
La ley 26.122, que se publicó en el Boletín Oficial el 28/07/2006 y que se incorpora al ordenamiento jurídico nacional como norma vigente a partir del 06/08/2006, es de nuclear importancia para comprender el tratamiento que a partir de esa fecha corresponde dar a los decretos del Poder Ejecutivo dictados por delegación legislativa, los cuales, a partir de entonces, si bien mantienen la fuerza ejecutoria desde su dictado, se encuentran sometidos al control posterior por parte de la autoridad delegante, el Congreso de la Nación. Es una norma central, que concilia los dos valores en juego: la eficacia de la administración y el principio de legalidad. La C.S.J.N. tiene dicho que “Las normas de la Constitución y de toda ley, deben ser interpretadas en forma coherente, de manera que armonicen entre ellas y no traben el eficaz y justo desempeño de los poderes atribuidos al Estado para el cumplimiento de sus fines, del modo más beneficioso para la comunidad...”. (CSJN, 1956/04/23: Grisolía, Francisco M. LL, 82, 690) (el subrayado me pertenece).
Corresponde en primer lugar efectuar una diferenciación y precisión conceptual: una cosa es establecer o fijar una alícuota de un tributo y otra muy distinta es “aprobar” o convalidar una alícuota ya fijada por un órgano competente (por delegación) pero sujeta a aprobación por parte del órgano delegante. Con respecto al primer supuesto, rige el principio de irretroactividad de la ley, es decir, la alícuota fijada solo rige desde su publicación, en cambio, en el segundo supuesto, la alícuota rige desde el dictado de la norma aprobada y no desde su aprobación.
Se trata de normas “condicionadas” o “ad referendum” de su aprobación por parte del órgano delegante investido con tal competencia originaria, pero que gozan de plena fuerza ejecutoria desde su dictado.
El artículo 17 de la ley 26.122, aplicable al caso de autos, establece precisa-mente que los decretos delegados dictados por el Poder Ejecutivo tienen plena vigencia de conformidad a lo establecido en el artículo 2º del Código Civil (actual Art. 5° del Código Civil y comercial de la Nación), es decir, que son plenamente válidos desde su dictado y publicación, mientras no sean rechazados por el Poder Legislativo.
En otros términos, los Decretos del Poder Ejecutivo, dictados en el ejercicio de facultades delegadas, gozan de plena validez y fuerza ejecutoria desde su dictado, y la misma se mantiene en tanto y en cuanto, el órgano delegante, el Congreso de la Nación, no proceda a su desaprobación o rechazo.
Debe tenerse presente que la Ley de Presupuesto de la Nación, habitualmente denominada “ley de leyes”, tiene precisamente por función establecer las pautas de recaudación, entre ellas, los derechos de exportación, que van a solventar -entre muchos otros- los gastos de la nación.
En definitiva, se ha cumplido con la finalidad procurada por la ley 26.122, esto es, que el Congreso de la Nación apruebe lo actuado en el marco de las facultades delegadas.
En este punto debe tenerse presente que el artículo 18 de la ley 26.122 prevé la intervención de oficio del Congreso de la Nación ante la falta de comunicación por parte del Poder Ejecutivo, por lo que el Congreso se encontraba claramente habilitado para intervenir y convalidar lo actuado.
IX. Cabe destacar que, las cuestiones planteadas en el presente caso, son análogas a lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación en el fallo Plenario como he comentado ut-supra, donde se aplicó la siguiente doctrina con fecha 26/04/2022, mediante IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- - APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, por mayoría acordó fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero.
X. Por último, corresponde aclarar que no es factible extender -como lo solicita la parte actora- al presente caso la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente Camaronera Patagónica S.A. (Fallos 337:388) toda vez que dicha causa trata de hechos acaecidos en el año 2002 y en consecuencia, el plexo jurídico (subsistema jurídico) y sus circunstancias concomitantes, difieren sustancialmente de las que rodean el presente caso, en donde el Poder Legislativo ha declarado vigentes las facultades delegadas (Ley 26.939), previsto su intervención “a posteriori” del dictado el Decreto Delegado (Ley 26.122) y producida la convalidación legislativa de las alícuotas establecidas por el Poder Ejecutivo.
XI. Que, en virtud de lo expuesto, los derechos de exportación fijados en el Decreto Nro. 1719/12 con sustento en la Emergencia Económica resultan legítimamente exigibles y correctamente abonados al momento de documentarse la exportación a consumo 13057EC03001581M, correspondiendo, en consecuencia, confirmar la Resolución RESOL-2024-156-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI en cuanto deniega la acción de repetición interpuesta por la actora VITERRA S.A.
XII. En relación a las costas, considero que las mismas deben ser impuestas a la actora vencida en conformidad a lo dispuesto en el art. 1163 del C.A..
Por lo expuesto, VOTO POR:
Confirmar la Resolución RESOL-2024-156-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI dictada por el Jefe de Departamento Aduana de San Lorenzo, en el SIGEA 17134-1812-2018, respecto a la exportación a consumo 13057EC03001581M, con costas (art. 1163 del C.A.).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Me remito a los considerandos I a IV del voto del Dr. Juárez.
II. Que, corresponde resolver si se ajusta a derecho la Resolución RESOL-2024-156-E-AFIP- ADSALO#SDGOAI, mediante la cual se dispuso no hacer lugar a la devolución pretendida por la actora. La actora solicita la devolución, en el marco del expediente SIGEA 17134-1812-2018, de la suma de $4.116.946,18, que según refiere habría abonado en demasía con relación al PE 13057EC03001581M. Mediante tal PE documentó la exportación de mercadería ubicada en la PA 3826.00.00.100L – Biodiesel BIODIESEL Y SUS MEZCLAS, SIN ACEITRES DE PETROLÉO O DE MINERAL BITUMINOSO O CON UN CONTENIDO INFERIOR AL 70% EN PESO DE ESTOS ACEITES - abonando los derechos de exportación liquidados por el Sistema María a una alícuota del 26,16% (alícuota móvil o de fórmula).
La actora manifiesta que la alícuota abonada fue fijada por el decreto 1719/12, que tilda de nulo, de nulidad absoluta e insanable, conforme el precedente de la Corte Suprema in re “Camaronera Patagónica” (Fallos: 337:388) del 15/04/14. En esta línea, sostiene que la alícuota que correspondía aplicar era la del 5%, que según refiere fue establecida por el decreto 509/07.
A todo evento por los fundamentos expuestos en mi voto en la causa “RIVARA S.A.” (EX-2020-91669654- - APN-SGASAD#TFN, ver en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2022/12/EX-2020- 91669654-APN -SGASADTFN-19-10-2022.pdf), sentencia del 19/10/22, no resulta aplicable al caso el plenario de este tribunal del 26/04/22. Sin perjuicio de los amplios fundamentos allí expuestos, me interesa rescatar de allí, por su conducencia para este caso, que la prohibición al Tribunal Fiscal de declarar la inconstitucionalidad de la leyes -art. 1164 del CA- que data del año 1981 –en rigor del año 1960, pues el CA replicó el art. 185 de la ley 11.683-, así como el art. 1 del referido plenario predican, exclusivamente, respecto al instituto clásico del control de constitucionalidad, pero nunca pudo alcanzar, por una evidente razón temporal, al régimen de validez constitucional de los arts. 76 y 99 inc. 3 de la Carta Magna, incorporado a ella recién con la reforma del año 1994. En consecuencia, aun cuando se consideraran válidos la prohibición del art. 1164 del CA (que data del año 1960) y el art. 1 del plenario del 26.04.22, dichos instrumentos no pueden predicar respecto del régimen de validez constitucional de normas delegadas bajo el régimen de los arts. 76 y 99 inc. 3 de la Constitución reformada en el año 1994, como la proyección de dichas normas sobre las legales vigentes (e.g. art. 755 del CA). El legislador de 1960 y 1981 jamás pudo prohibir la aplicación de un régimen de validez supra-legal que se sancionó recién en 1994, régimen de validez que de ningún modo puede confundirse con el instituto clásico del control de constitucionalidad.
Asimismo, en relación a la interpretación que corresponde a dichas normas constitucionales y legales (arts. 76 y 99 inc. 3 de la Constitución y art. 755 del CA) me remito, para ser breve, a los fundamentos que, en un caso análogo al presente, expuse en mi voto en los autos de esta Sala E, sentencia del 29.10.21, “PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA” (EX2020-24698973-APN-SGASAD#TFN), en donde se tratan los argumentos expuestos por las partes la cual, en mérito a la brevedad, se considera integrando este voto (puede verse en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2022/02/EX-2020-24698973-APN - SGASADTFN-29- 10-2021.pdf).
III. Dicho lo anterior corresponde, en primer lugar, señalar que mediante el dictado del decreto 509/07 (BO:
23.05.07. se efectuaron ajustes en la Nomenclatura Común del MERCOSUR y se fijaron las alícuotas de derechos de exportación para un determinado listado de P.A, conforme surge del art. 16 y Anexo XIV del referido decreto. Entre tales P.A no se encontraba la correspondiente a la mercadería objeto de autos.
Como es de público conocimiento, el referido decreto delegado 509/07 –dictado con base en una delegación constitucionalmente inválida de facultades legislativas, conforme la jurisprudencia de Fallos: 337:388 (“Camaronera Patagónica”)- fue luego sometido a la aprobación parlamentaria establecida por la ley 26.122. Así, fue declarado válido por resolución del Senado de la Nación del 22/08/07 y por resolución de la Cámara de Diputados del 28/11/07.
Bajo el estándar constitucional del considerando 11 del fallo “Camaronera”, aplicado al procedimiento de la ley 26.122 y al trámite seguido en el Congreso respecto al decreto delegado 509/07, puede decirse que su ratificación –estando el juego el principio de legalidad en materia tributaria- solamente tuvo la virtualidad de purgar el vicio originario de nulidad que padecía -relativa a aumentar las alícuotas de derechos de exportación- recién al completarse la intervención de las dos cámaras del Congreso, adquiriendo validez y vigencia constitucional también desde ese momento. En el caso ello ocurrió el 28/11/07 con la aprobación del decreto 509/07 por la Cámara de Diputados.
Ahora bien, de manera posterior a tal ratificación por el Congreso del decreto 509/07, recién se dictó la resolución MEyP 126/08 (BO: 12.03.08), a través de la cual se incorporó al anexo XIV del decreto 509/07 la posición arancelaria P.A 3824.90.29, fijándose, inicialmente, una alícuota de derechos de exportación del 5%, con excepción de las mezclas de ésteres monoalquílicos de ácidos grasos de cadena larga derivados de aceites vegetales o grasas animales ("biodiesel") –mercadería objeto de autos-, a la que se le fijó una alícuota del 20%. Luego, se dictó el decreto 100/12 (BO: 31/01/12), también modificatorio del decreto 509/07, a través del cual se efectuaron nuevos ajustes en la Nomenclatura Común del MERCOSUR y se mantuvo en el 20% la alícuota de derechos de exportación para las mezclas de ésteres monoalquílicos de ácidos grasos de cadena larga derivados de aceites vegetales o grasas animales ("biodiesel") –ahora P.A 3826.00.00- (Art. 7 y Anexo VII).
Posteriormente, el decreto 1339/12 (BO: 10/08/12) sustituyó el Anexo XIV del decreto 509/07, elevando al 32% las alícuotas correspondientes a la P.A 3826.00.00 (Art. 2). Más tarde, se dictó el decreto 1719/12 (BO: 20/09/12), que modificó la alícuota correspondiente a la P.A 3826.00.00 -consignada en el Anexo XIV del decreto 509/07-, estableciendo un sistema de alícuota móvil o de formula (art. 1).
Tres años más tarde, se publicó el decreto 160/15 (BO: 21/12/15), que fijó en 0% la alícuota para las mercaderías comprendidas en las P.A de los capítulos 28 a 40 de la Nomenclatura Común, con excepción de las mercaderías que clasifican en la PA 3826.00.00, para las que se mantuvo una alícuota del 32% (Art. 1), volviéndose así a lo establecido por el decreto 1339/12, previo al decreto 1719/12 –sistema móvil o de formula-. Luego de ello, se dictó el decreto 25/16 (BO: 07/01/16), que sustituyó el art. 1 del decreto 160/15 para volver al sistema previsto por el decreto 1719/12 -alícuota móvil o de formula-. Casi dos años más tarde, se dictó el decreto 1025/17 (BO: 13/12/17), que derogó el decreto 1719/12 (art. 1), y fijó en el 8% la alícuota correspondiente a la PA 3826.00.00 (Art. 2). Pocos días más tarde, se dictó el decreto 1126/17 (BO: 02/01/18), que mantuvo para la PA en trato la alícuota del 8% (Art. 11 y Anexo XIII).
Posteriormente, se dictó el decreto 486/18 (BO: 28/05/18), que sustituyó el Anexo XIII del decreto 1126, fijando para la P.A 3826.00.00 una alícuota del 15% (Art. 1). Asimismo, derogó el artículo 2 del decreto 1025/17. Más tarde, se dictó el decreto 793/18 (BO: 04/09/18), que fijó un derecho de exportación del 12% para todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR, hasta el 31/12/20.
Por último, se destaca que recién con el dictado de la ley 27.467 (BO: 04/12/18), el Congreso de la Nación interviene y dispone mantener la validez y vigencia de los decretos 1126/17, 486/18 y 793/18 (art. 82). En el caso de marras, el PE en trato fue oficializado el 18.10.13 abonándose los derechos de exportación establecidos por el decreto 1719/12, que fijó, para la P.A 3826.00.00.100L –Biodiesel-, una alícuota móvil o de fórmula, abonado en este caso el 26,16% (Art. 1).
IV. Aclarado ello, es menester recordar, en segundo lugar, que el art. 76 de la Constitución establece, como requisitos de validez inexcusables que debe revestir la legislación delegante (en el caso, la resolución 126/08), tres exigencias claras: ley delegante previa, que contenga las bases de la delegación, con plazo para su ejercicio. En tercer lugar, debe señalarse la relevancia que tiene en autos la jurisprudencia de la Corte Suprema in re “Camaronera Patagónica” (Fallos: 337:388), sentencia del 15/04/14, en cuanto establece, para la materia tributaria, el estándar jurisprudencial de ratificación por el Congreso de una norma delegada nula de nulidad absoluta e insanable por inexistencia de norma delegante o, de existir, incumplimiento de los requisitos del art. 76 de la Constitución.
Específicamente, véase que las normas delegantes de facultades que se invocan para el dictado de la resolución 126/08 (de modo genérico el CA, la ley de ministerios, el decreto 2275/94 y sus modificaciones y el decreto 2752/91), como su sustitutivo decreto 1719/12 (BO: 20/09/12), que deberían haber habilitado al Poder Ejecutivo Nacional a fijar o aumentar las alícuotas para las exportaciones de la mercadería objeto de autos, son normas que, prima facie, no superan el test del art. 76 de la Constitución -materia delegable, clara política legislativa, con plazo para su ejercicio-.
Así, resulta claro que la resolución 126/08 (BO: 12/03/08) como el decreto 1719/12 (BO: 20/09/12), no se dictaron con base en una delegación constitucionalmente válida de facultades legislativas, conforme la jurisprudencia de Fallos: 337:388 (“Camaronera Patagónica”). Asimismo, como ya se expuso, incorporó al Anexo XIV del decreto 509/07 la PA del biodiesel con las alícuotas iniciales del 5% y 20% recién el 12/03/08, es decir con meses de posterioridad a la ratificación legislativa del decreto 509/07, que tuvo lugar el 28/11/07 (aprobación de Cámara de Diputados) y que no contenía la PA de biodiesel del Anexo XIV incorporada por la resolución 126/08 (BO: 12/03/08).
Por ello, y porque tampoco fueron objeto de una ratificación posterior por el Congreso de acuerdo al mencionado estándar jurisprudencial establecido por la Corte, las alícuotas establecidas por dicha normativa -la resolución 126/08 y el decreto 1719/12 (BO: 20/09/12) que la sustituyó- padecen el vicio de nulidad absoluta e insanable que embarga al mencionado decreto (conf. Camaronera Patagónica, considerandos 9º, 10º y 11).
En consecuencia, la alícuota establecida por el decreto 1719/12 (BO: 20/09/12) –aplicada por el SIM en autosdebe invalidarse (por su naturaleza materialmente legislativa y como norma emanada del PEN sin ninguna intervención del Congreso) como nula de nulidad absoluta e insanable, conforme el art. 76 de la Constitución, por lo que el reclamo de repetición de la actora deviene legítimo y procedente.
V. Por todo lo anterior VOTO POR:
1. Declarar la nulidad absoluta e insanable del decreto 1719/12 (BO: 20/09/12) en toda su vigencia (art. 76 y 99 inc. 3 de la Constitución).
2. Revocar la resolución RESOL-2024-156-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA 17134-1812-2018, haciendo lugar a la devolución de la suma de $4.116.946,18, con más los intereses de los arts. 811 y 812 del Código Aduanero, que deberán calcularse desde la fecha en que la actora presentó su reclamo hasta la fecha del pago efectivo y total.
3. Imponer las costas a la Aduana.
La Dra. Claudia Beatriz Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Juárez, incluso en cuanto a la imposición de costas a efectos de lograr la mayoría necesaria para dictar sentencia.
Que en virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
Confirmar la Resolución RESOL-2024-156-E-AFIP-ADSALO#SDGOAI, en cuanto dispuso no hacer lugar a la solicitud de repetición de los derechos de exportación formulados por la firma “VITERRA ARGENTINA S.A.” en el expte. SIGEA N° 17134-1812-2018 con costas a la parte actora (art. 1163 del CA).
Regístrese y notifíquese. Oportunamente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, archívese. Suscriben la presente los Dres. Héctor H. Juárez, Juan Manuel Soria y Claudia Beatriz Sarquis (Vocal subrogante por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación) -conf. art. 52 del Reglamento de Procedimientos del TFN-).
Date: 2025.04.28 18:53:05 -03:00 Date: 2025.04.28 21:04:46 -03:00 Juan Manuel Soria Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Subrogante Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.04.29 13:11:38 -03:00 Hector Hugo Juarez Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.04.29 13:11:39 -03:00
Fin de la sentencia