Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 22777062-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada y revocar la Resolución n° 84/2022 dictada Alta en sistema: 07/02/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V por el Jefe de Departamento de la Aduana de San Lorenzo; en consecuencia, se reconoce el derecho de la actora a obtener el reintegro de la porción de los derechos de exportación abonados sin causa al oficializar el permiso de embarque nº 11 057 EC 03 002585 P (esto, es, el diferencial del 15% en la alícuota respecto de la del Decreto 509/07), con más los respectivos intereses (arts. 811 y 794, CA);
2Declarar inoficioso el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por el Fisco;
3Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación);
4Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V CAUSA N° 12512/2024 “VITERRA ARGENTINA SA (TF 22777062-A)
C/ DGA S/ RECURSO DE DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, febrero de 2025.-
VISTOS Y
El Sr. Juez de Cámara, Pablo Gallegos Fedriani, dijo:
I.-Que por decisorio del 11/12/2023, el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la Resolución nro. 84/2022 (AD SALO) impuesta a la firma Viterra Argentina SA, dictada en el expediente SIGEA nº 17134-1654 -2016/92, mediante la cual no se hizo lugar a la devolución de la suma de $548.276 pretendida y abonada en concepto de derechos de exportación en relación al PE Nº 11 057 EC 03 002585 P. Impuso las costas por su orden.- II.-Que el 22/12/23 apeló la actora y el 5/2/24 hizo lo propio la demandada 22/12/22, quienes expresaron agravios el 15/2/24 y 5/2/24 respectivamente, los que fueron contestados únicamente por la accionante el 10/4/24. El 29/8/24 dictaminó el Sr. Fiscal General y el 3/9/24 se llamaron autos para sentencia.-
III.-Que para decidir como lo hizo, el Tribunal Fiscal de la Nación sostuvo que las cuestiones planteadas eran sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario del 26/04/2022 en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ Recurso de apelación” (ex- 2020-24600163-APN-SGASAD#TFN).-
IV.-Que conforme surge del escrito de inicio, la actora entiende que, en la medida en que se trata de tributos que clasifican en la categoría de impuestos solo pueden ser válidamente creados mediante ley aprobada por el Congreso y que el principio de legalidad no cede en circunstancias de emergencia pública y se refiere tanto a la creación de los tributos como a la modificación de sus aspectos esenciales, invocando como aplicable al caso el fallo de la CSJN en la causa “Camaronera Patagónica”.- V.-Que se agravia la actora en cuanto el Tribunal Fiscal de la Nación no hizo lugar a la inconstitucionalidad planteada y, por ende, rechazó la repetición intentada. Sobre el punto, y con remisión al precedente de la CSJN en los autos “Camaronera Patagónica SA c/ Ministerio de Economía y otros s/ amparo” (Fallos: 337:338), sentencia del 15/4/2014, en su dictamen del 29/8/24 el Sr. Fiscal General ante esta Cámara expresó que: “…’a la luz del principio de legalidad tributaria, sólo el Congreso Nacional se encuentra habilitado a crear el hecho imponible o disponer sobre sus elementos esenciales, que incluyen, la fijación de la alícuota aplicable’” y Agregó: “…si bien el Alta en sistema: 07/02/2025 artículo 76 de la Constitución Nacional prevé, en casos de excepción, la posibilidad de que el PEN pueda dictar reglamentos delegados, lo admite sólo en determinadas materias que no incluyen la tributaria”.
Por ultimo entiende que planteos como el efectuado por la actora en esta actuaciones se sustentan en una posición asumida por la CSJN en el precedente ‘Camaronera Patagónica”.-
VI.-Que la cuestión a resolver en estos actuados resulta sustancialmente análoga a la examinada por esta Sala en la causa n° 51.458/19, caratulada “Gut Metal SRL C/ EN-AFIP s/Dirección General de Aduanas”, del 5 de mayo de 2022, a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad. El texto íntegro del pronunciamiento puede ser consultado en la página de la CSJN, en el link “Causas en Trámite - Consulta de Expedientes” ( www.csjn.gov.ar).-
En esa oportunidad, este tribunal, por aplicación del precedente "Camaronera Patagónica" de la CSJN decidió que resultaba incompatible con el texto constitucional la fijación de derechos de exportación por medio de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional y que la norma posterior que había pretendido convalidarlos sólo pudo haber tenido el efecto de instituir los mencionados tributos ex nunc.-
VII.-Que en atención a lo expuesto y a la autoridad moral de que se encuentran investidos los precedentes de la CSJN –de cuyos términos y solución solo en principio y por razones fundadas pueden apartarse los tribunales inferiores-, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la resolución apelada, declarar la nulidad de la Resolución nro 126/2008 y, consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de la suma de $548.276 abonada en concepto de derechos de exportación en relación al PE nro 11 057 S 03 002585 P, en la misma moneda en que fueron pagados (esto es, en pesos, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la mencionada causa C.1242.XLIX “Cencosud S.A. (TF 29.535-A) c/DGA”, del 15 de mayo de 2014).-
VIII.-Que se agravia la actora en cuanto a la tasa de interés fijada en la resolución nro. 559/22, cuya inconstitucionalidad del art. 4 pretende, y requiere la aplicación de la tasa activa del BCRA (de manera extemporánea, en la medida que no lo solicitó en la instancia precedente) o, en su defecto, la pasiva que publica mensualmente el BCRA.-
Alta en sistema: 07/02/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V IX.-Que en cuanto al planteo de inconstitucionalidad, el Sr. Fiscal General en su dictamen del 29/8/24 expresó que: “…opino que corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la Resolución Nº 559/2022 del Ministerio de Economía, toda vez que la apelante se limitó a señalar genéricamente que la aplicación de la tasa prevista en el art. 4 de esa norma ha devenido irrazonable y no refleja la evolución inflacionaria, sin efectuar un análisis riguroso que compruebe que esa norma resulte lesiva de sus derechos constitucionales…”, términos a los cuales adhiero en un todo, por lo que cabe desestimar la inconstitucionalidad pretendida.-
X.-Que por otra parte, como es jurisprudencia de este Tribunal, a las sumas cuya devolución se reconoce, deberán agregárseles los accesorios devengados a partir del momento establecido en el artículo 811 del Código Aduanero, calculados a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina. En cuanto a la tasa de interés aplicable, como lo ha puesto de relieve esta Sala en la causa nro. 64951/22: “Oleaginosa Moreno Hermanos SA. c/ DGA s/ Recurso directo de Organismo Externo”, sentencia del 14/02/23: “Que en lo relacionado con la tasa de interés aplicable, concretamente en orden a determinar si resulta razonable adicionar a las sumas cuya restitución fue admitida, la tasa de interés prevista en la resolución n° 314/04 del ex Ministerio de Economía y Producción, o bien si ella conduce a una solución manifiestamente irrazonable, corresponde remitir a lo expuesto por esta Sala V en las causas “Osram Argentina SACI c/EN-AFIP-DGI Resol. 30/11 s/Dirección General de Aduanas”, expte. n° 15.885/2011, del 17 de agosto de 2017, “Driollet Laspiur, Rogelio c/EN-AFIP s/Dirección General Impositiva”, expte. n° 29.472/2014, del 13 de diciembre de 2017, “Oleaginosa Moreno Hermanos SAC c/Administración Nacional de Aduanas s/recurso directo de organismo externo”, expediente n° 8070/2018, del 5 de septiembre de 2018, entre muchas otras, en las que se concluyó que deben ser adicionados los intereses a la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el BCRA.
Por lo demás, es del caso advertir que por medio de la Resolución nro. 598/19, publicada en el Boletín Oficial el 18 de julio de 2019, el Ministerio de Hacienda dispuso que “la tasa de interés aplicable a los supuestos previstos en el artículo 179 de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998, a los restantes supuestos de devolución, reintegro o compensación de los impuestos regidos por la citada ley y a los supuestos previstos en los artículos 811 y 838 del Código Aduanero, vigente en cada trimestre calendario, será la efectiva mensual surgida de considerar la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina para el período de treinta (30) días finalizado el día veinte (20) del mes inmediato anterior al inicio del referido trimestre” (cfr. artículo 4º)”.
Asimismo, a partir del 1° de septiembre de 2022 corresponde aplicar la tasa de interés prevista en la Alta en sistema: 07/02/2025 Resolución N° 559/2022 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial en fecha 25 de agosto de 2022; y a partir del 01/02/2024 la tasa de interés prevista en la Resolución N° 3/2024 del Ministerio de Economía (art. 4°), vigente a partir del 22 de enero de 2024 (v. art. 179, Ley Nº 11.683.-
XI.-Que en cuanto a los agravios de la demandada respecto de la forma en que fueron impuestas las costas, toda vez que se revoca el decisorio de la anterior instancia y habida cuenta de las especiales circunstancias de la causa, corresponde rechazar el recurso del Fisco Nacional e imponer las costas de ambas instancias a su cargo por aplicación del principio general de la derrota (arts. 1163 del CA y 68 del CPCCN).-
Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y admitir la acción de repetición promovida por la suma requerida, con más los intereses correspondientes que se liquidarán conforme a lo dispuesto en el considerando X de este voto. 2) Rechazar el recurso de apelación de la demandada. 3) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la parte vencida (arts. 1163 del CA y 68 del CPCCN). ASI VOTO.-
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Guillermo F. Treacy dijo:
I. Que adhiero a la solución propuesta en el voto que antecede en la medida en que –como señala mi colega preopinante- la cuestión debatida resulta sustancialmente análoga a la analizada por esta Sala en la causa nº 51.458/19, caratulada “Gut Metal SRL C/ EN-AFIP s/Dirección General de Aduanas”, el 5 de mayo de 2022.
II. Que, en efecto, el reglamento aquí cuestionado - Resolución MEyP n° 126/2008- pretendió modificar la alícuota del derecho de exportación sobre las mercaderías en trato usando como fundamento el Código Aduanero (v. último considerando del acto). Sin embargo, no se advierte que las previsiones de aquella norma contuvieran las bases suficientes para constituir una delegación válida, en los términos descriptos por la Corte Suprema en el precedente de Fallos: 337:388.
Allí la Corte recordó que "el principio de legalidad o de reserva de la ley no es sólo una expresión jurídico formal de la tributación, sino que constituye una garantía substancial en este campo, en la medida en que su esencia viene dada por la representatividad de los contribuyentes” y destacó que “[e]n tal sentido, este principio de raigambre constitucional abarca tanto a la Alta en sistema: 07/02/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V creación de impuestos, tasas o contribuciones especiales como a las modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones”. Además, el Alto Tribunal subrayó que “[…] ese valladar inconmovible que supone el principio de reserva de ley en materia tributaria tampoco cede en caso de que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa previsto por el artículo 76 de la Constitución”.
Aún más -como se expresó en el voto anterior- la Corte subrayó que “[…] ni la ley 22.415 ni mucho menos la 25.561 establecen, siquiera con mínimos recaudos, los elementos esenciales del tributo de que se trata”. En esas condiciones, no se advierte que el caso de los productos hidrocarburíferos pueda correr una suerte distinta solamente por la previsión contenida en el artículo 6º de la Ley nº 25.561. Y es que, tanto vale para el caso antes citado como en este la afirmación del tribunal cimero de que “[…] el Congreso Nacional no ha previsto cuál es la alícuota aplicable, ni siquiera mediante el establecimiento de unos baremos máximos y mínimos para su fijación”, y que , “[a]l guardar silencio el citado cuerpo legal respecto de la alícuota máxima que puede establecerse en materia de derechos de exportación, coloca a la resolución impugnada a extramuros de las normas y principios constitucionales antes reseñados”.
III. Que al igual que en aquellos casos, de lo que se trata en la especie, precisamente, es de determinar la compatibilidad con el plexo constitucional de los derechos de exportación fijados por medio de la Resolución MEyP nº 126/08 (que no recibió ratificación legislativa expresa posterior). Adviértase que la actora reclama el reintegro de la diferencia entre derechos de exportación fijados por el Decreto n° 509/07 (alícuota del 5%) y los liquidados y abonados el 7/12/2011 al oficializar el permiso de embarque en trato, con arreglo a lo dispuesto en la Resolución MEyP nº 126/08. Este último reglamento, al elevar un 15% la alícuota de los derechos de exportación respecto de la fijada en el Decreto 509/07- estableció un estableció tributo inexigible, por haber sido instituido mediante un acto administrativo inválido (arg. art. 14, inc. b), Ley Nº 19.549).
Razones de economía procesal hacen aconsejable seguir la doctrina de los fallos de la Corte Suprema cuando ella se refiere a asuntos análogos al que es materia de decisión, sin perjuicio de la posibilidad de que la parte interesada pueda invocar nuevos argumentos y razones que no hayan sido examinadas y justifiquen una solución distinta, situación que en el caso no se presenta (Fallos 212:51, considerandos 4° a 6°; 307:1094, considerando 2°, Alta en sistema: 07/02/2025 315: 2386, considerando 7°, 325:2723, 332:1488, considerando 3° del dictamen del procurador al que se remitió la Corte en su totalidad, 334:582)
Así, las consideraciones del tribunal cimero en el precedente citado en el considerando anterior resuelven la cuestión bajo estudio y obligan a acoger la apelación de la actora, dejar sin efecto la sentencia apelada, declarar la nulidad de la Resolución nº 126/08 y, consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa al oficializar el despacho de exportación nº 11 057 EC 03 002585 P, cuyo pago –por lo demás- no fue desconocido en autos por la demandada (v. en igual sentido, Sala II, causa n° 7714/2024 “Viterra Argentina SA (TF 22759023-A) c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, sentencia del 9 de agosto de 2024; entre otras).
IV. Que, sin embargo, el agravio referido a la constitucionalidad de la tasa de interés fijada en la Resolución n° 559/20222 no fue acompañado de la fundamentación robusta que este tipo de planteo exige -tal como señaló el Sr. Fiscal General en su dictamen- de manera que no puede acogerse.
V. Que, por ello, en consonancia con el voto que antecede, se propone: 1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada y revocar la Resolución n° 84/2022 dictada por el Jefe de Departamento de la Aduana de San Lorenzo; en consecuencia, se reconoce el derecho de la actora a obtener el reintegro de la porción de los derechos de exportación abonados sin causa al oficializar el permiso de embarque nº 11 057 EC 03 002585 P (esto, es, el diferencial del 15% en la alícuota respecto de la del Decreto 509/07), con más los respectivos intereses (arts. 811 y 794, CA); 2) Declarar inoficioso el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por el Fisco; 3) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación); 4) Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
ASÍ VOTO.
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge F. Alemany adhiere al voto del Dr. Treacy. En atención al acuerdo que antecede, este Tribunal
1. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada y revocar la Resolución n° 84/2022 dictada Alta en sistema: 07/02/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V por el Jefe de Departamento de la Aduana de San Lorenzo; en consecuencia, se reconoce el derecho de la actora a obtener el reintegro de la porción de los derechos de exportación abonados sin causa al oficializar el permiso de embarque nº 11 057 EC 03 002585 P (esto, es, el diferencial del 15% en la alícuota respecto de la del Decreto 509/07), con más los respectivos intereses (arts. 811 y 794, CA); 2) Declarar inoficioso el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por el Fisco; 3) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación); 4) Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
Pablo Gallegos Fedriani Jorge F. Alemany Guillermo F. Treacy Alta en sistema: 07/02/2025
Fin de la sentencia