Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 22860743-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocar la sentencia apelada, y reconocer el derecho de la firma Viterra Argentina SA a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados en más sin causa con más los intereses, de conformidad con lo establecido en el considerando XII. Costas de ambas instancias a la parte demandada vencida. Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 3/25 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SALA III
CAUSA Nº 48633/2025 “VITERRA ARGENTINA SA (TF 22860743-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de marzo de 2026. NAI Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Sumario de los hechos del caso La empresa Viterra Argentina SA, compañía dedicada a la comercialización y exportación de productos agrícolas, realizó una exportación de biodiesel, por lo que abonó derechos de exportación, establecidos por la Resolución N° 126/08, la cual no fue ratificada legislativamente. En consecuencia, solicitó la devolución del importe abonado, lo que fue rechazado mediante el acto administrativo dictado por el Jefe del Departamento Aduana San Lorenzo. En consecuencia, la empresa interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, el que desestimó su pretensión, por aplicación de un fallo plenario del Tribunal Fiscal de la Nación.
II. Sentencia del Tribunal Fiscal En este entendimiento, la Sala “E” del Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, mediante la sentencia del 26/5/2025, confirmó la Resolución Nº 57/2023 (AD SALO), dictada por el Jefe de Departamento de la Aduana de San Lorenzo, en las actuaciones SIGEA Nº 17134-1712-2017. Asimismo, impuso las costas a la parte actora vencida.
Para así decidir, el Tribunal Fiscal de la Nación luego de hacer un análisis de las actuaciones administrativas, señaló que, las cuestiones planteadas en la causa bajo estudio resultaban sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario del 26/4/2022, IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN, dictado en la causa EX-2020-24600163-APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso de apelación”, en la cual el Tribunal Fiscal por mayoría había acordado: “ARTÍCULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTÍCULO 2 °.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero”.
A continuación, puntualizó que no resultaba factible extender al presente caso la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente Camaronera Patagónica S.A. (Fallos 337:388), toda vez que dicha causa trata de hechos acaecidos en el año 2002 y en consecuencia, el plexo jurídico (subsistema jurídico) y sus circunstancias concomitantes, difieren sustancialmente de las que rodean el caso bajo estudio, en el cual el Poder Legislativo declaró vigentes las facultades delegadas (Ley N° 26.939), y previó su intervención “a posteriori” del dictado el Decreto Delegado (Ley N° 26.122).
Ello así, concluyó que los derechos de exportación fijados en la Resolución N° 126/08 del Ministerio de Economía y Producción con sustento en la Emergencia Económica resultaba legítimamente exigible y correctamente abonados al momento de documentarse la exportación a consumo 12057EC03000020V, correspondiendo, en consecuencia, confirmar la Resolución Nº 57/2023 (AD SALO) en cuanto deniega la acción de repetición interpuesta por la actora Viterra SA.
III. Agravios de la parte actora Contra aquel pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso de apelación el 8/7/2025 (v. IF-2025-73850127-APN-DTD#JGM), y expresó agravios el 12/8/2025 (v. IF-2025-88286577-APN-DTD#JGM), los que no merecieron réplica de la contraria.
En primer lugar, aduce que el pago efectuado resulta ilegítimo en tanto el mismo se sustentó en la Resolución Nº 126/08, la que estableció la alícuota aplicable para los derechos de exportación cancelados, y la que es nula, de nulidad absoluta e insalvable, ya que no reconocen fuente en una norma legal. A continuación, señala que en el caso del biodiesel la última alícuota con ratificación legislativa es la nominal del 5% establecida por el Decreto Nº 509/2007. Así, alega que los derechos de exportación oportunamente abonados, fueron liquidados y abonados en base a una alícuota inaplicable (nominal del 20%) por estar fijada por una norma inconstitucional (Resolución ME Nº 126/08). De este modo, considera que se le debe restituir a la parte actora la diferencia entre los derechos de exportación efectivamente abonados (calculados en base a la alícuota inconstitucional del 20% fijada por la Resolución ME Nº 126/08) y el menor importe que le hubiese correspondido abonar si el tributo se hubiese estimado en base a la última norma que fijó válidamente los derechos de exportación aplicables al biodiesel (esto es, la alícuota nominal del 5% fijada por el Decreto Nº 509/2007).
Seguidamente, sostiene que la modificación de la alícuota de derechos de exportación efectuada por la Resolución Nº 126/08 resulta inconstitucional ya que encuentra su origen en una norma de rango infralegal y el artículo 755 del Código Aduanero en que se fundamenta su dictado no subsana dicha circunstancia, en tanto no constituye una delegación legislativa válida, en los CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SALA III CAUSA Nº 48633/2025 “VITERRA ARGENTINA SA (TF 22860743-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
términos requeridos por el artículo 76 de la Constitución Nacional. Asimismo, puntualiza que dicha afirmación se sustenta en la posición asumida por la Corte Suprema en el precedente “Camaronera”.
En este orden de ideas, refiere que el precedente “Camaronera” no es el único que respalda el pedido de la parte actora, en tanto la jurisprudencia hizo lugar a reclamos de la misma índole con motivo de la inconstitucionalidad de la Resolución Nº 126/08 y el Decreto Nº 793/2018, decreto que resulta análogo a la resolución aquí impugnada.
También, peticiona que, a los fines de calcular los intereses resarcitorios previstos en los artículos 811, 812 y concordantes del Código Aduanero, se reconozca una tasa de interés que no sea inferior a la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina.
Por último, solicita que se declare inconstitucional o inaplicable la tasa de interés mensual de 0,5% prevista en el artículo 4 de la Resolución N° 314/2004 del Ministerio de Economía y Producción, vigente hasta el 31/7/2019. Ello, en tanto considera que la mencionada tasa no constituye un razonable resarcimiento por la privación del uso del capital en el tiempo que estuvo bajo el poder del organismo fiscal.
IV. El Dictamen del Sr. Fiscal General El 30/12/2025, dictaminó el Fiscal General sobre la competencia de la Sala, la admisibilidad del recurso y los planteos de inconstitucionalidad formulados por la actora (confr. Dictamen Nº 7103/2025).
Al respecto, en cuanto al planteo de inconstitucionalidad de la Resolución Nº 126/2008, señaló que la misma resulta sustancialmente análoga a la examinada en los puntos 4 al 8 del dictamen del 16/9/2025, en el precedente “Viterra Argentina SA (TF 28490324-A) c/ DGA s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 29946/2025, a cuyos términos se remitió por razones de brevedad.
V. Alcances del pronunciamiento De manera preliminar, es necesario advertir que esta Sala no se encuentra obligada a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de la alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (confr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/2008; “Multicanal S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986”, del 21/5/2009; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/2010; “CPACF- Inc Med (2-III-11) c/ BCRA- Comunicación ‘A’ 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/2011, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018, “Martínez, José Domingo y otros c/ EN-M° Seguridad -PSA- s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, Causa Nº 48697/2017, del 25/11/20, “Cargill SACI c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa N° 55388/2019, del 18/10/22; “Pioneer Argentina SRL -TF 39782- A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 15567/2021; del 17/12/2024; entre otros).
VI. Antecedentes fácticos y normativos de la controversia Mediante el Decreto N° 509/2007 (B.O. 23/5/2007), el Poder Ejecutivo Nacional estableció los derechos de exportación correspondientes a las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR consignadas en las tres planillas que fueron incorporadas a su Anexo XIV (artículo 16). Asimismo, por su intermedio se mantuvo la vigencia de los Decretos N° 310/2022, N° 809/2002 y N° 645/2004, así como de las Resoluciones N° 526/2002 del Ministerio de Economía y N° 335/2004, N° 336/2004, N° 337/2004, N° 532/2004, N° 537/2004, N° 534/2006 y N° 776/2006 del entonces Ministerio de Economía y Producción (artículo 17). A esos fines, el decreto dispuso que se aplicaran las alícuotas del derecho de exportación para las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR contempladas en su Anexo XV (artículo 18). Por su parte, el Poder Ejecutivo fijó para las mercaderías no alcanzadas por las disposiciones anteriores un derecho de exportación del 5% (artículo 19). Dicho decreto fue ratificado por el Senado de la Nación y por la Cámara de Diputados con fechas 22/8/2007 y 28/11/2007, respectivamente. Posteriormente, a través de la Resolución N° 126/2008 del ex Ministerio de Economía y Producción (B.O. 12/3/2008), se incorporó al Anexo XIV del Decreto N° 509/2007 la posición arancelaria de la Nomenclatura Común del MERCOSUR 3824.90.29, la que quedó alcanzada por un derecho de exportación del CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SALA III CAUSA Nº 48633/2025 “VITERRA ARGENTINA SA (TF 22860743-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
5%, a excepción de las mezclas de ésteres monoalquílicos de ácidos grasos de cadena larga derivados de aceites vegetales o grasas animales (“biodiesel”), que tributarían un derecho de exportación del 20% (artículo 1°).
A través del Decreto N° 100/2012 (B.O. 31/1/2012), el Poder Ejecutivo sustituyó las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR comprendidas en los Anexos XIV y XV del Decreto N° 509/2007 por las consignadas en las planillas que fueron incorporadas a los Anexos VII y VIII del nuevo decreto (artículos 7° y 10).
En este contexto normativo, conforme de las actuaciones SIGEA N° 17134-1712-2017, Viterra Argentina S.A. interpuso reclamo de repetición ante la Dirección General de Aduanas con el objeto de que se le devolvieran las sumas abonadas en concepto de derechos de exportación correspondientes a la operación registrada en la destinación 12057EC03000020V —oficializada el 4/1/2012— en tanto habían sido liquidadas por el servicio aduanero conforme a la alícuota del 20% contemplada en la Resolución N° 126/2008 del ex Ministerio de Economía y Producción, la que —según los términos de la actora en su reclamo— “es contraria a derecho, por encontrarse la norma que fija tal alícuota gravemente afectada en su legalidad constitucional”. Por tal motivo, solicitó la repetición “por la diferencia entre (i) los derechos de exportación efectivamente abonados (calculados en base a la alícuota inconstitucional del 20% fijada por la Res. 126/08 ME) y (ii) el menor importe que le hubiese correspondido abonar si el tributo se hubiese estimado en base a la última norma que fijó válidamente los derechos de exportación aplicables al biodiesel (esto es, la alícuota nominal del 5% fijada por el Decreto 509/2007)” (v. fs. 1/16; páginas 130 a 179 de la documentación digitalizada en el oficio DEO incorporado a la causa el 9/12/2025).
El 6/2/2023, por medio de la Resolución Nº 57/2023 (AD SALO), la Jefatura de Departamento de la Aduana de San Lorenzo decidió no hacer lugar al pedido de repetición (confr. fs. 31/32 del expediente SIGEA N° 17134-1712-2017). Para decidir de ese modo, el servicio aduanero tuvo presente que, de acuerdo con lo informado por la Sección Inspección Simultánea, “teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la Resolución 126/08 MEYP el 13/03/08, la cual fija una alícuota del 20 % para la aplicación de los derechos de exportación para la PA 3826.00.00 (biodiesel) y posteriormente el Decreto 100/12 el 31/01/12 al cual mantiene la misma alícuota, la DDT implicada abonó conforme el importe correspondiente por dicho importe…”. También consideró que esa misma dependencia había puesto de resalto que “el Decreto 509/07 que invoca la firma para ser aplicado, no se encontraba vigente para la mercadería en cuestión, al momento de la oficialización de la DDT, el mismo fue modificado por la Resolución 126/08 MEYP (vigente 13/03/08), que fija una alícuota del 20 % posteriormente modificado por el Decreto 1339/12/ (vigente 11/01/12), que fija la alícuota en 32% y por último el Decreto 1719/12 (vigente 19/09/12), donde fija una alícuota móvil, resultante de la aplicación de una fórmula matemática allí descripta”. Finalmente, tuvo en cuenta que, conforme lo informado por esa sección, “no sería de su competencia determinar la inconstitucionalidad ni la supremacía de una norma sobre la otra”. Sobre la base de esas consideraciones, el servicio aduanero concluyó que “resulta procedente rechazar el recurso de repetición promovido, atento que los derechos de exportación fueron abonados conforme la normativa vigente a la fecha del hecho imponible”. Añadió que las normas cuestionadas no tenían su origen en el organismo fiscal, “limitándose éste a cumplir con las competencias delegadas de aplicar, percibir y fiscalizar tributos y accesorias dispuestas por las normas aduaneras, por ello solo corresponde pronunciarse sobre la legalidad del procedimiento instado, mas no es competente para efectuar juicios sobre la validez constitucional”.
Contra dicho acto administrativo, el 2/3/2023, la firma exportadora interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, el cual —como se indicó— fue rechazado el 26/5/2025.
VII. Delimitación de la cuestión controvertida Así expuestos los antecedentes de la causa y atento los términos en que ha quedado trabada la litis, la cuestión sometida al conocimiento y decisión de este Tribunal consiste en: (i) dilucidar la validez constitucional de la Resolución N° 126/2008 del ex Ministerio de Economía y Producción; y (ii), una vez superado ese primer examen, para el caso en que la respuesta fuera negativa, en determinar si resulta procedente la repetición con los alcances solicitados en el recurso, contemplando que la actora admitió la exigibilidad de la alícuota del 5% de derechos de exportación contemplada en el Decreto N° 509/2007.
VIII. Reseña de las normas aplicables al caso Sentado lo expuesto, corresponde describir el plexo normativo aplicable. En este orden de ideas, cabe señalar que la Constitución Nacional dispone lo siguiente: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SALA III CAUSA Nº 48633/2025 “VITERRA ARGENTINA SA (TF 22860743-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca” (artículo 76, primer párrafo, de la Constitución Nacional).
Por otro lado, en su artículo 99 prevé que el Presidente de la Nación posee diversas atribuciones, entre las que se encuentran –en lo que aquí interesa– las siguientes: (i) expedirá las instrucciones y reglamentos que sean necesarias para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias (inciso 2º); (ii) es quien participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y las hace publicar, pero no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo (inciso 3º).
Asimismo, en el mismo inciso se dispone que “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”. A tal fin, “El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso” (artículo 99, inciso 3º).
A su vez el artículo 100 establece que tanto el jefe de gabinete de ministros como los demás ministros secretarios no solo tienen a su cargo el despacho de los negocios de la Nación, sino que también a ellos les corresponde refrendar y legalizar los actos del presidente por medio de su firma, los cuales sin dicho requisito, carecen de eficacia. Además, el mencionado artículo determina que el jefe de gabinete de ministros es a quien le corresponde refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los cuales también estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente (inciso 12).
Por su parte, el artículo 755 del Código Aduanero establece que el Poder Ejecutivo podrá “a) gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviere gravada con este tributo; b) desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este tributo; y c) modificar el derecho de exportación establecido”.
IX. Jurisprudencia de la Corte Suprema aplicable al caso En estas condiciones, procede adelantar que la Resolución N° 126/2008 del ex Ministerio de Economía y Producción no cumplió con el principio de legalidad a la luz de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Camaronera Patagónica” (Fallos: 337:388), dictado el 15/4/2014, en el que la mayoría del Máximo Tribunal destacó la indudable naturaleza tributaria de los derechos de exportación.
Ello así, señaló que se trataba de un “tributo cuya definición puede comprenderse en el artículo 724 del Código Aduanero, en tanto grava el hecho de la exportación misma de la mercadería, para consumo, involucrando una carga pecuniaria coactiva para el sujeto pasivo que realice la acción gravada prevista por la norma, con destino a las arcas públicas” (considerando 6º).
Asimismo, destacó que en el Código Aduanero se determinó la posibilidad de que este tipo de gravámenes fuera establecido con finalidad recaudatoria, es decir, para nutrir el erario público y también con el objeto de cumplir con los demás fines estatales.
En este sentido, la Corte Suprema mencionó que “las razones que se invocaron para dictar la resolución 11/02 se inscriben dentro de tal caracterización pues en los considerandos que precedieron a dicha norma se aludió al fuerte deterioro de los ingresos fiscales (…) No obstante ello, corresponde reiterar que el ‘derecho’ establecido por la resolución mencionada es por su naturaleza un tributo –específicamente, un impuesto–, más allá de los fines que con él se hayan querido lograr” (considerando 7º).
Así las cosas, y luego de señalar que la controversia suscitada requería el examen de compatibilidad de las normas en debate —especialmente el artículo 755 del Código Aduanero y la Resolución 11/2002— con las que la Constitución Nacional fijó para el establecimiento de los gravámenes, afirmó que “nuestra Ley Fundamental prescribe, de manera reiterada y como regla primordial, tanto en el art. 4º como en los arts. 17 y 52, que solo el Congreso impone las contribuciones referidas en el primero de ellos”, y puntualizó que el principio de legalidad o reserva de ley, de raigambre constitucional “abarca tanto a la creación de impuestos, tasas o contribuciones especiales como a las modificaciones de los CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SALA III CAUSA Nº 48633/2025 “VITERRA ARGENTINA SA (TF 22860743-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
elementos esenciales que componen el tributo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones” (considerando 8º). A continuación, en relación con el principio de reserva de ley en materia tributaria indicó que el mismo no cede en el supuesto de que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa, recordando que ella misma sostuvo al respecto que “los aspectos sustanciales del derecho tributario no tienen cabida en las materias respecto de las cuales la Constitución Nacional (art. 76), autoriza, como excepción y bajo determinadas condiciones, la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo” (considerando 9º).
A partir de tal premisa, destacó que el legislador no había determinado de manera cierta e indudable la forma de cuantificar la prestación, sino que había recurrido a lo dispuesto por la Resolución N° 11/2002, de manera que el Congreso Nacional no había previsto cuál era la alícuota aplicable, ni siquiera mediante el establecimiento de unos baremos máximos y mínimos para su fijación. Por lo tanto, concluyó que “al guardar silencio el citado cuerpo legal respecto de la alícuota máxima que puede establecerse en materia de derechos de exportación, coloca a la resolución impugnada a extramuros de las normas y principios constitucionales antes reseñados” (considerando 9º, último párrafo). Seguidamente, en el considerando 10 explicó la utilidad que revisten los tributos aduaneros como herramienta estadual frente a las fluctuaciones que presenta el comercio internacional, exponiendo que en el ámbito de los derechos aduaneros “cobra relevancia la doctrina según la cual ‘tratándose de materias que presentan contornos o aspectos tan peculiares, distintos y variables que al legislador no le sea posible prever anticipadamente la manifestación concreta que tendrán en los hechos, no puede juzgarse inválido, en principio, el reconocimiento legal de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida’”. A continuación, mencionó que en ese contexto, resultaba admisible que el Congreso atribuyera al Poder Ejecutivo determinadas facultades, las que se ceñirían exclusivamente al aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, consistiendo por lo tanto en autoriza elevar o disminuir las alícuotas aplicables, siempre y cuando, para el ejercicio de dicha atribución, se fijaran pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa.
A partir de este análisis la Corte Suprema concluyó que la Resolución N° 11/2002 resultaba inválida.
Sin embargo, en el considerando 11 descartó que pudiera desconocerse que la Ley N° 25.645 había aprobado “la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma de 1994”, destacando que “[e]s evidente que los términos empleados por el legislador al sancionar la ley 25.645 constituyen una clara manifestación de su decisión política de ratificar la legislación delegada dictada hasta el 24 de agosto de 2002…”, lo cual representó “…la voluntad expresa del Congreso Nacional en la materia y solo pueden ser interpretados en el sentido de que quiso conferir rango de ley al contenido de todas las normas delegadas dictadas con anterioridad a su entrada en vigencia”.
Por lo tanto, negando que la Ley N° 25.645 pudiera convalidar retroactivamente una norma que adolecía de nulidad absoluta e insanable como la Resolución N° 11/02, declaró que no existía “razón alguna para privarla de efectos en relación con los hechos acaecidos después de su entrada en vigencia…”, resolviendo que la invalidez del reglamento se circunscribía al período comprendido entre el 5/6/2002 y el 24/8/2002, momento —este último— a partir del cual había comenzado a regir la Ley N° 25.645.
X. Precedentes análogos Así, pues, las cuestiones sometidas a consideración de esta Sala resultan sustancialmente análogas a las examinadas por la Sala IV de esta Cámara en la causa 21.889/2025, caratulada “Molinos Río de la Plata S.A. (TF 48766282-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia 25/3/2025; cuyos términos y conclusiones resultan plenamente aplicables presente caso (v., en particular, considerandos 9º a 11).
Allí concluyó que, de acuerdo con la doctrina sentada por la Corte Suprema, el aumento o disminución de alícuotas de derechos de exportación por parte del Poder Ejecutivo, dentro de un margen claramente delimitado por una ley del Congreso de la Nación, podría hallar fundamento válido tanto en el ejercicio de la potestad reglamentaria prevista en el artículo 99, inciso 2º, de la Constitución Nacional, como en la técnica de la delegación legislativa bajo los lineamientos del artículo 76 de la Constitución Nacional. Sin embargo, cualquiera sea el marco escogido por el Ejecutivo para implementar la medida, el Congreso debe haber preestablecido pautas y límites precisos en lo relativo al aspecto cuantitativo del tributo o, por lo menos, la alícuota máxima aplicable, a fin de proporcionar una “clara política legislativa” o una “base de delegación suficiente”, y así dar plena satisfacción al principio de reserva de ley en materia tributaria.
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Sobre esa base, afirmó que los derechos de exportación fijados por la Resolución N° 126/2008 del entonces Ministerio de Economía y Producción, pretendiendo hacer uso de facultades legislativas delegadas, no habían satisfecho con los presupuestos establecidos por la Corte Suprema en el mencionado precedente “Camaronera Patagónica”, pues el aspecto cuantitativo del tributo había quedado completamente librado al arbitrio del Poder Ejecutivo Nacional. En tal sentido, destacó que la resolución ministerial había invocado las facultades otorgadas por el artículo 755 del Código Aduanero, lo que, si bien era constitucionalmente válido, resultaba insuficiente por sí solo para otorgar una delegación suficiente al Poder Ejecutivo en tanto allí nada se previó acerca de la alícuota máxima aplicable. Agregó que las restantes normas citadas por la resolución tampoco permitían tener por cumplido ese parámetro, puesto que no identificaban ninguna ley formal que hubiera establecido un nivel máximo de imposición para las ventas al exterior de la mercadería de que se trata.
Entonces, señaló que resultaba indudable la invalidez de la Resolución N° 126/2008 del ex Ministerio de Economía y Producción, toda vez que, por su intermedio, se había creado una carga tributaria y fijado una alícuota de derechos de exportación sin que existiese una clara política legislativa, incursionando el Poder Ejecutivo —de esta manera— en una materia reservada por mandato constitucional al Congreso de la Nación.
Por lo demás, con fundamento en análogas consideraciones se han dictado diversos pronunciamientos de esta Cámara (confr. Sala I, in rebus: “Molinos Río de la Plata S.A. (TF 38345-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 45.067/2023, del 27/8/2024; “Molinos Río de la Plata S.A. (TF 40099-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 343/2024, del 5/9/2024; “Viterra Argentina S.A. (TF 22888499-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 5834/2025, del 2/9/2025; Sala II, in rebus: “Viterra Argentina S.A. (TF 22759023-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 7714/2024, del 9/8/2024; “Viterra Argentina S.A. (TF 22884252-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 13.173/2024, del 10/10/2024; “Viterra Argentina S.A. (TF 2298644-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 14.667/2024, del 29/10/2024; Sala IV, in rebus: “Viterra Argentina S.A. (TF 2890802-A) s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 10.269/2025, del 23/9/2025; y Sala V, in rebus: “Viterra Argentina S.A. (TF 22777062-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 12.512/2024, del 6/2/2025; “Viterra Argentina S.A. (TF 23060026-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 3444/2025, del 12/5/2025; “Viterra Argentina S.A. (TF 23023201-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 20.186/2024, del 26/6/2025).
XI. Aplicación de dichos precedentes al caso sub examine De conformidad con todo lo reseñado y explicado, y advirtiendo que el planteo de autos guarda semejanza sustancial con las causas mencionadas en el considerando que antecede —ello, tanto desde el plano fáctico como jurídico—, en línea con lo allí resuelto, corresponde admitir los agravios presentados por la firma actora y, en consecuencia, dejar sin efecto la sentencia apelada.
Por ello, toda vez que las operaciones de exportación vinculadas a la destinación 12057EC03000020V oficializada el 4/1/2012 —esto es, mientras la alícuota allí establecida no contaba con ningún tipo de convalidación legislativa— también deberá reintegrarse la diferencia entre la suma pagada en concepto de derechos de exportación determinados conforme a la alícuota prevista en la Resolución N° 126/2008 declarada inconstitucional y los que hubieran correspondido abonar a la luz de la establecida en el Decreto N° 509/2007.
XII. Intereses En cuanto a los intereses que habrán de adicionarse a las sumas a reintegrar (artículo 811 del Código Aduanero), estos deberán calcularse desde la fecha de interposición del reclamo de repetición, es decir, desde el 21/12/2017. Respecto a la tasa de interés aplicable, atento a la fecha a partir de la cual deberán computarse los accesorios y el planteo de inconstitucionalidad introducido por la actora con relación a la prevista en la Resolución N° 314/2004 del ex Ministerio de Economía y Producción, corresponde estar a lo resuelto por este Tribunal en las Causas 37.527/2016 y 2267/2018, caratuladas “Thomas de Sudamérica S.A. c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y “Oleaginosa Moreno Hermanos S.A. c/ Administración Nacional de Aduanas s/ recurso directo de organismo externo”, sentencias del 12/10/2017 y 30/8/2018, respectivamente; así como por la Sala IV de esta Cámara en las causas 49.628/2018 y 19.255/2021, caratuladas “Oleaginosa Moreno Hermanos S.A. c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y “Oleaginosa Moreno Hermanos S.A. (TF 33490-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencias del 26/3/2019 y 10/2/2022, también en forma respectiva (conf. esta Cámara, Sala IV, in re: “Viterra Argentina S.A. (TF 28489578-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa17.088/2025, sentencia del 12/6/2025).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SALA III
CAUSA Nº 48633/2025 “VITERRA ARGENTINA SA (TF 22860743-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Por lo tanto, los intereses deberán calcularse de la siguiente manera: (i) desde el momento de la presentación del reclamo y hasta el 31/7/2019, a la tasa pasiva promedio mensual publicada por el Banco Central de la República Argentina, atento la inconstitucionalidad declarada;
(ii) entre el 1/8/2019 y el 31/8/2022, la tasa de interés fijada en el artículo 4° de la Resolución Nº 598/19 del Ministerio de Hacienda;
(iii) desde el 1/9/2022 y hasta el 31/1/2024, la tasa del artículo 4° de la Resolución (MH) Nº 559/22;
(iv) a partir del 1/2/2024 y hasta el 28/2/2025, la tasa prevista en el artículo 4°, primer párrafo, de la Resolución Nº 3/24, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 10° de esa norma;
(v) para los intereses devengados desde el 1/3/2025 y hasta el momento del efectivo pago, se aplicará la tasa del 0,75% mensual, en cumplimiento del artículo 3° la Resolución N° 199/25 del Ministerio de Economía; y (vi) a partir del 1/7/2025, según la tasa fijada en la resolución 823/2025 del Ministerio de Economía (artículo 3º) o la que en el futuro pudiera regir, hasta el momento del efectivo pago, en las condiciones establecidas por la Corte Suprema al dictar sentencia el 15/5/2014 en la causa “Cencosud (TF 29535-A) c/ DGA” y de conformidad con la liquidación que deberá practicarse oportunamente (confr. esta Sala, in re: “Molinos Río de la Plata S.A. (TF 76851120-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 5404/2025, del 27/11/2025, y sus citas).
XIII. Costas Por último, en cuanto a la imposición de costas, teniendo en cuenta que por la presente se resuelve revocar el decisorio de la anterior instancia, y que tampoco se advierte la existencia de cuestiones suficientes para que el Tribunal se aparte del principio general de la derrota, corresponde imponerlas —en ambas instancias— a la parte demandada vencida (artículos 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN).
Por ello, en mérito de lo precedentemente expuesto, SE RESUELVE: hacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocar la sentencia apelada, y reconocer el derecho de la firma Viterra Argentina SA a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados en más sin causa con más los intereses, de conformidad con lo establecido en el considerando XII. Costas de ambas instancias a la parte demandada vencida. Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 3/25 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese a las partes y al señor Fiscal General y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia