Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 22893756-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir el recurso de la parte actora, revocar la resolución apelada, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el decreto 100/12 y admitir la repetición de la diferencia en pesos reclamada ($358.341,89), más los intereses previstos por el artículo 811 del Código Aduanero, calculados con arreglo a lo dispuesto en el considerando 7º.
2Imponer las costas de ambas instancias al Fisco Nacional y declarar inoficioso un pronunciamiento sobre su apelación.
3Diferir el pago de la tasa de justicia a cargo de la parte demandada, con arreglo a lo dispuesto en el considerando 9°.
El Sr. Juez de Cámara Sergio G. Fernández suscribe la presente conforme a lo dispuesto en la Resolución JS Nº 8/25.
CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
9840/2025 “VITERRA ARGENTINA SA (TF 22893756-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de agosto de 2025.
VISTA:
La elevación del expediente TF 22893756-A (v. DEO del 8/4/25) “a fin de considerar los recursos de apelación interpuestos por la actora y el fisco nacional el 28/10/2024 (v. IF-2024-117932484-APN-DTD#JGM e IF-2024-117977273-APN- DTD#JGM), concedidos el 01/11/2024 (v. PV-2024-119980393-APN-VOCXXI#TFN)
contra la sentencia dictada el 15/09/2024… (v. INLEG-2024-100190887-APN- VOCXXI#TFN)” (v. nota en la pág. 432 del expte. electrónico, donde también consta que ambas partes expresaron agravios dentro del plazo legal, pero solo la actora contestó el traslado conferido); y
1. Que el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, confirmó la resolución AD SALO 74/2023, recaída en la actuación SIGEA 17134-1806-2017, en cuanto había denegado la devolución de una diferencia de derechos de exportación, abonada en los términos de la resolución MEyP 126/08 y con relación al permiso de embarque 12057EC03001383L.
Para resolver como lo hizo, consideró aplicable la doctrina del acuerdo plenario del 26/4/22, dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-APNSGASAD#TFN), donde se fijó que: a) el Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, en un caso concreto y ante un planteo efectuado por un recurrente; b) el Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el artículo 755 del Código Aduanero; c) no corresponde declarar la invalidez del decreto 793/18 respecto de destinaciones de exportación registradas a partir de su entrada en vigencia (4/9/18) y hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467.
Sobre esa base, se abstuvo de pronunciarse sobre la validez constitucional de la citada resolución MEyP 126/08, respecto de la cual entendió extensibles aquellas conclusiones mutatis mutandi, y rechazó la repetición.
Distribuyó las costas por su orden en atención a la complejidad de la cuestión.
2. Que, principalmente, la actora sostuvo que debían revisarse las conclusiones del organismo jurisdiccional porque se apartaban del principio de reserva de ley en materia tributaria, tal como fue entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
Explicó que, de acuerdo con aquel precedente, la resolución MEyP 126/08 debía declararse inconstitucional porque únicamente se sustentó en la ley 22.415 (Código Aduanero) y la Ley de Ministerios (t.o. dto. 438/92), así como en lo dispuesto por los decretos 2752/91 y 2275/94. Sin embargo, ninguna de esas normas contuvo una clara política legislativa para delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de fijar alícuotas de derechos de exportación, tanto para el biodiesel como otras mercaderías. Añadió que el artículo 76 de la Constitución Nacional tampoco admitía una subdelegación como la que tuvo lugar en el caso.
Según señaló, a través del permiso de embarque 12057EC03001383L, oficializado el 6/7/12, había documentado la exportación de biodiesel (PA 3826.00.00) y abonado una alícuota de derechos del 20%; la cual habría sido automáticamente liquidada por el SIM con sustento en la ya citada resolución MEyP 126/08 (p. 370, expte. cit.). También mencionó que había promovido ante la Aduana de San Lorenzo el correspondiente reclamo de repetición por el importe que consideró indebidamente abonado, consistente en la diferencia entre la alícuota abonada (20%) y la que le hubiese correspondido abonar si el tributo se liquidaba con arreglo al decreto 509/07 (5%) -que, a su entender, fue la última norma a través de la cual se habían establecido válidamente derechos de exportación para el biodiesel, toda vez que fue aprobada por resoluciones de ambas cámaras del Congreso Nacional- (p. 376, expte. cit.).
Sobre esa base, pidió la devolución de la suma de $358.341,89 (v. pp. 3 y 370, expte. cit.).
En otro orden de ideas, planteó la inconstitucionalidad de las tasas de interés previstas en el artículo 3° de la resolución MEyP 314/04y en la resolución ME 559/2022, CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 9840/2025 “VITERRA ARGENTINA SA (TF 22893756-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
en tanto llevaban a la desvalorización de su crédito. Pidió que fuesen reemplazadas por la tasa de interés de las operaciones de pase activas para el BCRA o, en su defecto, la tasa pasiva promedio publicada por el BCRA (p. 407, expte. cit.).
3. Que, por su parte, el Fisco Nacional cuestionó la distribución de las costas y argumentó que no concurrían motivos para apartarse del principio general de la derrota.
4. Que, el 30/4/25, dictaminó el Fiscal General sobre la competencia de la Cámara, la admisibilidad formal del recurso y los planteos de inconstitucionalidad formulados por la actora.
A este último respecto, advirtió que “si bien la accionante solicitó la repetición de la diferencia entre lo abonado por aplicación de la Resolución N° 126/2008 (alícuota del 20%), al considerar que esa norma resulta inconstitucional por carecer de ratificación legislativa, y la establecida en el Decreto N° 509/2007 (5%), lo cierto es que, a la fecha en que se oficializó el Permiso de Embarque en debate —31/07/2012 (v. página 282 y 295 de las actuaciones administrativas)—, se encontraba vigente el Decreto N° 100/2012, sobre la base del cual los derechos de exportación se liquidaron a la alícuota allí establecida”. Siendo ello así, consideró inoficioso un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la citada resolución 126/08 “dado que el tributo no fue aplicado teniendo en cuenta esa norma, sino una posterior que no se encuentra cuestionada de forma específica por la contribuyente” (v. punto 5 del dictamen).
5. Que, como principio general, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 726 del Código Aduanero, es aplicable el derecho de exportación establecido por la norma vigente a la fecha de registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo. A su vez, a los fines de la liquidación de tales derechos en aquellas operaciones que se hubiesen registrado al amparo del régimen especial de la ley 21.453, resulta de aplicación la alícuota vigente a la fecha de cierre de cada venta (art. 6º). Más allá de lo expuesto, en este caso la actora consintió el importe equivalente a la alícuota del 5% que le hubiese correspondido abonar por aplicación del decreto 509/07, en la inteligencia de que ese nivel de imposición contaba con aprobación legislativa y había sido legítimamente percibido por el Fisco. Por lo tanto, el alcance de la repetición queda circunscripto a la diferencia porcentual reclamada (15%).
Resta precisar que por medio del permiso de embarque involucrado en esta actuación (12057EC03001383L), oficializado el 31/7/12, la actora exportó mercadería de la PA 3826.00.00 y abonó una alícuota de derechos del 20% (p. 295, expte. cit.). Con independencia de la norma que la accionante mencionó en sus presentaciones, la que tuvo efectiva incidencia en el caso —de acuerdo al momento de registro de la destinación, la mercadería involucrada y lo informado por la propia Aduana (v. esp. p. 187, expte. cit.)— fue el decreto 100/12. De manera que corresponde examinar la validez constitucional del decreto 100/12 a la luz del principio iura novit curia (doctr. Fallos: 337:179 y 347:178, entre otros); para luego determinar la procedencia de la repetición, con el alcance solicitado en la demanda —es decir, contemplando que la actora consintió una alícuota del 5% y solo reclama una diferencia de derechos del 15%— (en igual sentido, cfr. esta Sala, causa 6958/25 “Molino Cañuelas SACIFIA (TF 19458002-A) c/ DGA”, sent. del 6/5/25, entre otras).
6. Que la validez constitucional del decreto 100/12 ya fue analizada por este Tribunal en la causa 45070/23 “Molinos Rio de la Plata SA (TF 39607-A) c/ DGA”, sentencia del 11/4/24; cuyos considerandos 6° y 7° se dan por reproducidos por razones de brevedad.
En esos términos, corresponde admitir los agravios de la parte actora, revocar la resolución apelada, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el decreto 100/12 y admitir la repetición de la diferencia en pesos reclamada ($358.341,89), más los intereses previstos por el artículo 811 del Código Aduanero.
7. Que, con respecto a las tasas de interés aplicables, se remite a lo decidido por esta Sala en las causas homónimas 49628/18 y 19255/21 “Oleaginosa Moreno Hermanos SA”, sentencias del 26/3/19 y 10/2/22, respectivamente. Como consecuencia de ello, corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo 3º de la resolución MEyP 314/04 y disponer la aplicación al caso de la tasa de interés pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina, desde la fecha del reclamo de CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 9840/2025 “VITERRA ARGENTINA SA (TF 22893756-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
repetición (22/12/17, v. p. 137 expte. cit.) y hasta el 31/07/19 –esto último, en consideración a la entrada en vigencia de la resolución MH 598/19–.
Por otro lado, se dan por reproducidos los argumentos de esta Sala en la causa 63190/19 “Industrial and Commercial Bank of China c/ AFIP – DGI s/ DGI”, sentencia del 7/11/23 (esp. consid. 16), para rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la tasa prevista en el artículo 4° de la ME 559/22.
8. Que las costas de ambas instancias se imponen al demandado vencido, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (arts. 1163 y 1182 del CA, y arts. 68, primer párrafo, y 279, del CPCCN). De modo que deviene inoficioso pronunciarse sobre la apelación del Fisco Nacional.
9. Que resta examinar la solicitud de diferimiento de pago de la tasa de justicia formulada por el demandado (v. escrito del 15/4/25).
Al respecto, el artículo 2° de la acordada 66/90 de la Corte federal establece que, cuando el Estado Nacional debe integrar dicho tributo antes de que quede firme la sentencia de condena, el pago podrá ser diferido para el año correspondiente al siguiente ejercicio financiero, a fin de que pueda ser previsto en el presupuesto respectivo. Tal postergación en el pago no excluye que este Tribunal cuente con los medios necesarios para el control de su cumplimiento.
En consecuencia, corresponde hacer lugar al pedido y diferir el pago de la tasa de justicia por la suma de $2.350 (v. proveído del 8/4/25, punto V, segundo párrafo); debiendo el apoderado fiscal acreditar, dentro de los 15 días, las medidas adoptadas por su superioridad para la inclusión del crédito en el presupuesto correspondiente. Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Admitir el recurso de la parte actora, revocar la resolución apelada, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el decreto 100/12 y admitir la repetición de la diferencia en pesos reclamada ($358.341,89), más los intereses previstos por el artículo 811 del Código Aduanero, calculados con arreglo a lo dispuesto en el considerando 7º.
2. Imponer las costas de ambas instancias al Fisco Nacional y declarar inoficioso un pronunciamiento sobre su apelación.
3. Diferir el pago de la tasa de justicia a cargo de la parte demandada, con arreglo a lo dispuesto en el considerando 9°.
El Sr. Juez de Cámara Sergio G. Fernández suscribe la presente conforme a lo dispuesto en la Resolución JS Nº 8/25.
Regístrese, notifíquese y siga la causa con el DEOX enviado el 23/4/25.
JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI SERGIO G. FERNÁNDEZ
Fin de la sentencia