Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 22899425-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar los agravios de la parte actora y admitir los agravios de la parte demandada y 2. Imponer las costas de ambas instancias a la parte actora.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
22644/2024 VITERRA ARGENTINA SA (TF 22899425-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 19 de marzo de 2026 ID Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. La firma actora interpuso recurso de apelación contra la resolución n° 73/2023 (AD SALO) de la Administración Federal de Ingresos Públicos (actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero —ARCA—), mediante la cual se rechazó el pedido de repetición de la suma de $437.367,75 abonada en concepto de derechos de exportación, más sus intereses, correspondiente a la destinación n° 12057EC03001382K, oficializada el 31/07/2012.
Sostuvo que se vio obligada a tributar a la alícuota del 20%, establecida en la resolución n° 126/2008, que —dijo— resulta nula, de nulidad absoluta e insanable (artículo 99, inciso 3°, de la Constitución Nacional), en razón de que fue emitida por el Ministerio de Economía y Producción sobre la base del artículo 755 del Código Aduanero, que, de acuerdo con el criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Camaronera Patagónica” (Fallos: 337:388), “resulta jurídicamente insuficiente para justificar la modificación” de uno de los elementos esenciales de los tributos. Y afirmó que, por ese motivo, correspondía la aplicación de la alícuota nominal del 5% fijada en el decreto 509/2007.
II. El Tribunal Fiscal de la Nación —por mayoría— confirmó —con costas por su orden— la resolución aduanera.
Para así decidir, consideró que las cuestiones planteadas resultan sustancialmente análogas a las que fueron examinadas en el acuerdo plenario "Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación" suscripto por ese tribunal el 26 de abril de 2022.
III. Ambas partes apelaron ese pronunciamiento y expresaron agravios. Las quejas de la parte actora, que no merecieron réplica, pueden sintetizarse en los siguientes puntos:
(i) Reiteró su planteo de inconstitucionalidad de la resolución n° 126/2008, alegando que el “artículo 755 del CA en que se fundamenta su dictado (…) no constituye una delegación legislativa valida, en los términos requeridos por el artículo 76 de la Constitución Nacional”.
(ii) Invocó la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Camaronera Patagónica” (Fallos: 337:388). (iii) Solicitó que se declare la inconstitucionalidad de la tasa de interés prevista en las resoluciones n°s 314/2004 (Ministerio de Economía y Producción), 559/2022 y 3/2004 (Ministerio de Economía).
Los agravios que ofreció la parte demandada, que fueron contestados, se circunscribieron a la distribución de las costas dispuesta en el pronunciamiento apelado.
IV. Esta sala dio intervención al fiscal, quien dictaminó sobre los planteos de inconstitucionalidad formulados por la parte actora.
V. En primer término, corresponde examinar los agravios formulados por la parte actora.
Con esa finalidad, cabe reseñar las circunstancias más relevantes de la causa:
(ii) La firma actora planteó un reclamo administrativo de repetición por la diferencia entre los derechos de exportación efectivamente abonados “calculados en base a la alícuota inconstitucional fijada por la resolución 126/08” y “la menor que le hubiese correspondido abonar si el tributo se hubiese estimado en base a la última norma que fijó válidamente los derechos de exportación” aplicables a la operación involucrada, que indicó es la tasa del 5% establecida en el decreto 509/2007.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
22644/2024 VITERRA ARGENTINA SA (TF 22899425-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO (ii) En la resolución n° 73/2023, la Aduana de San Lorenzo señaló que teniendo en cuenta “la entrada en vigencia de la Resolución 126/08 MEYP el 13/03/08 la cual fija una alícuota del 20% para la aplicación de los derechos de exportación [para la operación involucrada —biodiesel—] y posteriormente el decreto 100/12 [vigente desde el 31/01/2012] el cual mantiene la misma alícuota”, los derechos de exportación impugnados fueron liquidados y abonados “conforme la normativa vigente a la fecha del hecho imponible”. Asimismo, informó que el decreto 509/2007 que invocó la firma para ser aplicado, no se encontraba vigente para la mercadería involucrada al momento de la oficialización de la destinación, pues fue modificado por la resolución n° 126/2008 que fijó una alícuota del 20%, al igual que el decreto 100/2012, y posteriormente modificado por otras normas —decretos 1339/2012 y 1719/2012—.
(iii) En el recurso interpuesto ante el Tribunal Fiscal de la Nación la firma actora reiteró en que debe hacerse lugar a la repetición intentada, con fundamento en la inconstitucionalidad de la resolución n° 126/2008 (Ministerio de Economía y Producción).
(iv) Idéntica posición asumió la firma actora al fundar su recurso de apelación ante esta cámara.
VI. En ese contexto fáctico, y en un sentido concordante con el dictamen del fiscal, corresponde desestimar los agravios de la parte actora en tanto se limitó a cuestionar la constitucionalidad de la resolución n° 126/2008, toda vez que “el sustento tributario cuya repetición aquí se intenta, no se fundó en esa norma, sino en una posterior [decreto 100/2012] que no fue específicamente atacada por la exportadora en sus agravios” (esta sala, causas n°s 16.626/2024, “Viterra Argentina SA (TF 25142270-A), c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 22 de abril de 2025, y su cita, y 7516/2025 “Viterra Argentina SA (TF 25607977-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 9 de octubre de 2025).
VII. Las costas de ambas instancias deben ser soportadas por la parte actora, ya que no se advierte ningún motivo para apartarse del principio objetivo de la derrota, previsto en el artículo 68, párrafo primero, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Consecuentemente, deben admitirse los agravios de la parte demandada. En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: 1. Desestimar los agravios de la parte actora y admitir los agravios de la parte demandada y 2. Imponer las costas de ambas instancias a la parte actora.
Regístrese, notifíquese —al fiscal general por medio de los correos electrónicos informados en su dictamen— y devuélvase.
Se hace constar que suscriben la presente decisión dos integrantes de la sala por hallarse vacante el tercer cargo (art. 109 del R.J.N.).
Fin de la sentencia