Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 22960431-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. N° 15746/2025 “VITERRA ARGENTINA SA (TF 22960431-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de agosto de 2025.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que a través de la resolución de fecha 25/09/2024 la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación -por mayoría- revocó la resolución N° 87/2022 (AD SALO) dictada en marco de las actuaciones administrativas SIGEA N° 17134-1654-2016/84. En consecuencia, hizo lugar a la repetición intentada por la parte actora por la suma de $474.047 ,67, con más los intereses correspondientes. Impuso las costas a cargo de la parte demandada.
Para así decidir, puso de resalto que la Resolución MEyP N° 126/08 -a partir de la cual la actora había abonado la alícuota del 20% sobre la mercadería objeto de autos, en relación al P.E.
11057EC03001911H- no se había dictado “[…] con base en una delegación constitucionalmente válida de facultades legislativas, conforme la jurisprudencia de Fallos: 337:388 (‘Camaronera Patagónica’)”. Por ello, y en tanto no había sido objeto de ratificación posterior por parte del Poder Legislativo, las alícuotas fijadas por dicha norma padecían del vicio de nulidad absoluta e insanable.
II. Que la parte demandada interpuso recurso de apelación en fecha 29/11/2024 y expresó agravios en esa misma oportunidad (conf. páginas 724/737 del archivo que contiene las actuaciones del TFN) los que fueron replicados por la parte actora (ver páginas 746/791 de ese documento).
En su escrito recursivo cuestionó que el Tribunal Fiscal hubiera declarado la invalidez de la Resolución N° 126/08.
A su vez, indicó que resultaba inaplicable al caso la doctrina fijada por la CSJN en el precedente “Camaronera Patagónica”. En ese punto, señaló que “[…] la situación es diferente, por cuanto ya no se trata de una norma carente de respaldo legal puesto que [la] Resolución [N° 126/08], a diferencia de la Resolución 11/02, se encontraba sujeto al procedimiento de aprobación legislativa reglado en Alta en sistema: 13/08/2025 la Ley N° 26.122, que reconoce la validez de la norma delegada desde el mismo momento de su entrada en vigencia, en tanto no sea expresamente derogada por el Congreso de la Nación”.
III. Que a fojas 3/7 de la presente causa tomó intervención el Sr. Fiscal General. En lo relativo a los agravios de la demandada indicó que -a su parecer- el caso debía resolverse con arreglo a los lineamientos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de Fallos 337:388.
IV. Que la cuestión a resolver resulta sustancialmente análoga a la examinada por esta Sala en la causa N° 51.458/19, caratulada “Gut Metal SRL C/ EN-AFIP s/Dirección General de Aduanas”, del 5 de mayo de 2022, N° 12512/2024 “Viterra Argentina SA (TF 22777062-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 06/02/2025, y N° 3444/2025 “Viterra Argentina SA (TF 23060023-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 13/05/2025, a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad.
En efecto, el reglamento aquí cuestionado -Resolución MEyP N° 126/2008- pretendió modificar la alícuota del derecho de exportación sobre las mercaderías en trato usando como fundamento el Código Aduanero (v. último considerando del acto). Sin embargo, no se advierte que las previsiones de aquella norma contuvieran las bases suficientes para constituir una delegación válida, en los términos descriptos por la Corte Suprema en el precedente de Fallos: 337:388. Allí la Corte recordó que "el principio de legalidad o de reserva de la ley no es sólo una expresión jurídico formal de la tributación, sino que constituye una garantía substancial en este campo, en la medida en que su esencia viene dada por la representatividad de los contribuyentes” y destacó que “[e]n tal sentido, este principio de raigambre constitucional abarca tanto a la creación de impuestos, tasas o contribuciones especiales como a las modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones”.
Además, el Alto Tribunal subrayó que “[…] ese valladar inconmovible que supone el principio de reserva de ley en materia tributaria tampoco cede en caso de que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa previsto por el artículo 76 de la Constitución”. Aún más, la Corte subrayó que “[…] ni la ley 22.415 ni mucho menos la 25.561 establecen, siquiera con mínimos recaudos, los Alta en sistema: 13/08/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V elementos esenciales del tributo de que se trata”. En esas condiciones, no se advierte que el caso de los productos involucrados en autos pueda correr una suerte distinta solamente por la previsión contenida en el artículo 6º de la Ley nº 25.561. Y es que, tanto vale para el caso antes citado como en este la afirmación del tribunal cimero de que “[…] el Congreso Nacional no ha previsto cuál es la alícuota aplicable, ni siquiera mediante el establecimiento de unos baremos máximos y mínimos para su fijación”, y que, “[a]l guardar silencio el citado cuerpo legal respecto de la alícuota máxima que puede establecerse en materia de derechos de exportación, coloca a la resolución impugnada a extramuros de las normas y principios constitucionales antes reseñados”.
V. Que al igual que en aquellos casos, de lo que se trata en la especie, precisamente, es de determinar la compatibilidad con el plexo constitucional de los derechos de exportación fijados por medio de la Resolución MEyP Nº 126/08 (que no recibió ratificación legislativa expresa posterior).
Adviértase que la actora reclama el reintegro de la diferencia entre derechos de exportación fijados por el Decreto N° 509/07 (alícuota del 5%) y los liquidados y abonados al oficializar el permiso de embarque en trato, con arreglo a lo dispuesto en la Resolución MEyP Nº 126/08. Este último reglamento, al elevar un 20% la alícuota de los derechos de exportación respecto de la fijada en el Decreto N° 509/07- estableció un estableció tributo inexigible, por haber sido instituido mediante un acto administrativo inválido (arg. art. 14, inc. b), Ley Nº 19.549).
Razones de economía procesal hacen aconsejable seguir la doctrina de los fallos de la Corte Suprema cuando ella se refiere a asuntos análogos al que es materia de decisión, sin perjuicio de la posibilidad de que la parte interesada pueda invocar nuevos argumentos y razones que no hayan sido examinadas y justifiquen una solución distinta, situación que en el caso no se presenta (Fallos 212:51, considerandos 4° a 6°; 307:1094, considerando 2°, 315: 2386, considerando 7°, 325:2723, 332:1488, considerando 3° del dictamen del procurador al que se remitió la Corte en su totalidad, 334:582). Así, las consideraciones del tribunal cimero en el precedente citado en el considerando anterior resuelven la cuestión bajo estudio. Por ello, correspondería rechazar el recurso de apelación de la demandada y confirmar la resolución del Tribunal a quo.
Alta en sistema: 13/08/2025 VI.- Que en virtud de lo expuesto correspondería: 1)
Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmar la resolución apelada en cuanto hizo lugar a la repetición intentada por la parte actora; 2) Imponer las costas de esta instancia a cargo de la demandada por resultar vencida (artículo 68, primer párrafo, del CPCCN).
Todo lo cual, ASÍ SE RESUELVE.
El Sr. Juez de Cámara, Dr. Jorge F. Alemany no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia (cfr. art. 109 RJN). Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente, devuélvase.
Guillermo F. TREACY Pablo GALLEGOS FEDRIANI Alta en sistema: 13/08/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Alta en sistema: 13/08/2025
Fin de la sentencia