Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 22974627-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de la actora, dejar sin efecto el decisorio del Tribunal Fiscal de la Nación del día 26/05/2025, revocar la Resolución N°62/2022 (AD SALO), dictada por la Aduana de San Lorenzo (DI RAHI), en las actuaciones SIGEA Nro. 17134-1654-2016/100, y declarar su derecho a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa al oficializar el despacho de exportación nº 11057EC03002284L;
2Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 68, 1° parte, CPCCN; y 1163, CA).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. Nº 46.152/2025 VITERRA ARGENTINA SA (TF 22974627 -A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de febrero de 2026.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que el 26 de mayo de 2025 la Sala “E” del Tribunal Fiscal de la Nación rechazó el recurso interpuesto por la firma actora y confirmó la Resolución N° 62/2022 (AD SALO), dictada por la Aduana de San Lorenzo (DI RAHI), en las actuaciones SIGEA Nro. 17134-1654 -2016/100 (v. páginas 417/25 del DEO:21175031, que contiene las actuaciones ante el TFN). En ese acto se había rechazado el reclamo de repetición por la suma de $316.143,48 en concepto de derechos de exportación presuntamente abonados en demasía, correspondiente a al permiso de embarque N° 11057EC03002284L. El a quo impuso las costas a la actora vencida.
Para decidir como lo hizo el tribunal explicó que las cuestiones planteadas en la causa resultaban sustancialmente análogas a las consideradas en el acuerdo plenario del 26/04/2022 dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación” (EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN), a cuyos fundamentos y conclusiones remitió.
Señaló que en el marco de aquél, la mayoría de los Vocales habían fijado la siguiente doctrina legal “ARTÍCULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante un planteo efectuado por un recurrente. ARTÍCULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero”.
Concluyó, entonces, que debía rechazarse pedido de repetición de los derechos de exportación liquidados y pagados en relación con la destinación Nro. 11057EC03002284L en virtud de lo dispuesto en la Resolución N° 126/08.
Alta en sistema: 11/02/2026 II.- Que la parte actora recurrió la resolución reseñada en el primer considerando y expresó sus agravios el 12/08/2025 (v. p. 433/87 del DEO), los cuales fueron replicados por la parte contraria el 22/09/2025 (v. p. 513/7 del DEO).
La accionante afirma en su crítica que el derecho de exportación cuya restitución pretende fue ilegítimamente establecido por el Poder Ejecutivo Nacional mediante la referida Resolución N° 126/08, en contraposición con el principio de reserva de ley en materia tributaria. Señala que la norma delegante contenida en el artículo 755 del Código Aduanero, no cumple los recaudos constitucionales exigidos para el ejercicio de esa facultad (arg. art. 76, CN). Subraya, además, que en cualquier caso la fijación de tributos mediante actos del Poder Ejecutivo –aún mediante reglamentos delegados- comporta una violación del principio de reserva de ley, inquebrantable en materia tributaria (arg. arts. 4, 17, 52, 75, inc. 1, CN) y, en consecuencia, una transgresión del orden de prelación normativo consagrado por el constituyente.
Adicionalmente pone de resalto que no se han cumplido los recaudos exigidos por la Ley N° 22.792 para la subdelegación. Entiende que, en el caso del biodiesel, la última alícuota con ratificación legislativa es la nominal del 5% establecida por Decreto N° 509/2007 y reclama, por eso, la diferencia con la alícuota del 20% fijada en la Resolución N° 126/08.
Afirma que la decisión del a quo se aparta de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
En último término, cuestiona la tasa de interés aplicable.
En particular, cuestiona la fijada con la Resolución MEP n° 314/04 y solicita que se la reemplace por la tasa pasiva promedio que publica el BCRA.
III. Que a fs. 22/5 tomó intervención el Sr. Fiscal General.
En su dictamen remitió a la opinión vertida el 16/09/2025 en la causa CAF 29946/2025 “Viterra Argentina SA (TF 28490324-A) c/ DGA s/Recurso directo de organismo externo ”.
IV. Que la cuestión debatida resulta sustancialmente análoga a la analizada por esta Sala en la causa nº 51.458/19, caratulada “Gut Metal SRL C/ EN-AFIP s/Dirección General de Aduanas”, el 5 de mayo de 2022.
Alta en sistema: 11/02/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V V.- Que, en efecto, el reglamento aquí cuestionado - Resolución MEyP n° 126/2008- pretendió modificar la alícuota del derecho de exportación sobre las mercaderías en trato usando como fundamento el Código Aduanero (v. último considerando del acto). Sin embargo, no se advierte que las previsiones de aquella norma contuvieran las bases suficientes para constituir una delegación válida, en los términos descriptos por la Corte Suprema en el precedente de Fallos: 337:388.
Allí la Corte recordó que "el principio de legalidad o de reserva de la ley no es sólo una expresión jurídico formal de la tributación, sino que constituye una garantía substancial en este campo, en la medida en que su esencia viene dada por la representatividad de los contribuyentes” y destacó que “[e]n tal sentido, este principio de raigambre constitucional abarca tanto a la creación de impuestos, tasas o contribuciones especiales como a las modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones”.
Además, el Alto Tribunal subrayó que “[…] ese valladar inconmovible que supone el principio de reserva de ley en materia tributaria tampoco cede en caso de que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa previsto por el artículo 76 de la Constitución”. Aún más -como se expresó en el voto anterior- la Corte subrayó que “[…] ni la ley 22.415 ni mucho menos la 25.561 establecen, siquiera con mínimos recaudos, los elementos esenciales del tributo de que se trata”. En esas condiciones, no se advierte que el caso de los productos hidrocarburíferos pueda correr una suerte distinta solamente por la previsión contenida en el artículo 6º de la Ley nº 25.561. Y es que, tanto vale para el caso antes citado como en este la afirmación del tribunal cimero de que “[…] el Congreso Nacional no ha previsto cuál es la alícuota aplicable, ni siquiera mediante el establecimiento de unos baremos máximos y mínimos para su fijación”, y que , “[a]l guardar silencio el citado cuerpo legal respecto de la alícuota máxima que puede establecerse en materia de derechos de exportación, coloca a la resolución impugnada a extramuros de las normas y principios constitucionales antes reseñados”.
VI. Que, al igual que en aquellos casos, de lo que se trata en la especie, precisamente, es de determinar la compatibilidad con el plexo constitucional de los derechos de exportación fijados por medio de la Resolución MEyP nº 126/08 (que no recibió ratificación legislativa Alta en sistema: 11/02/2026 expresa posterior). Adviértase que la actora reclama el reintegro de la diferencia entre derechos de exportación fijados por el Decreto n° 509/07 (alícuota del 5%) y los liquidados y abonados el 7/12/2011 al oficializar el permiso de embarque en trato, con arreglo a lo dispuesto en la Resolución MEyP nº 126/08. Este último reglamento, al elevar un 15% la alícuota de los derechos de exportación respecto de la fijada en el Decreto 509/07- estableció un estableció tributo inexigible, por haber sido instituido mediante un acto administrativo inválido (arg. art. 14, inc. b), Ley Nº 19.549). Razones de economía procesal hacen aconsejable seguir la doctrina de los fallos de la Corte Suprema cuando ella se refiere a asuntos análogos al que es materia de decisión, sin perjuicio de la posibilidad de que la parte interesada pueda invocar nuevos argumentos y razones que no hayan sido examinadas y justifiquen una solución distinta, situación que en el caso no se presenta (Fallos 212:51, considerandos 4° a 6°; 307:1094, considerando 2°, 315: 2386, considerando 7°, 325:2723, 332:1488, considerando 3° del dictamen del procurador al que se remitió la Corte en su totalidad, 334:582) Así, las consideraciones del tribunal cimero en el precedente citado en el considerando anterior resuelven la cuestión bajo estudio y obligan a acoger la apelación de la actora, dejar sin efecto la sentencia apelada, declarar la nulidad de la Resolución nº 126/08 y, consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa al oficializar el despacho de exportación nº 11057EC03002284L, cuyo pago –por lo demás- no fue desconocido en autos por la demandada (v. en igual sentido, esta Sala, causas n° 12512/2024 “Viterra Argentina SA (TF 22777062-A) c/ DGA s/ recurso de directo de organismo externo”, del 06/020/2025; y n° 3264/2025 “Viterra Argentina Sa (TF 25616625-A) c/ DGA s/ recurso de directo de organismo externo”, del 26/06/2025; Sala II, causa n° 7714/2024 “Viterra Argentina SA (TF 22759023-A) c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, sentencia del 9 de agosto de 2024; entre otras).
VII. Que, en lo relacionado con la tasa de interés aplicable, concretamente en orden a determinar si resulta razonable adicionar a las sumas cuya restitución fue admitida, la tasa de interés prevista en la resolución n° 314/04 del ex Ministerio de Economía y Producción, o bien si ella conduce a una solución manifiestamente irrazonable, corresponde remitir a lo expuesto por esta en las causas “Osram Argentina SACI c/EN-AFIP-DGI Resol. 30/11 s/Dirección General de Aduanas”, expte. n° 15.885/2011, del 17 de agosto de 2017, “Driollet Alta en sistema: 11/02/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Laspiur, Rogelio c/EN-AFIP s/Dirección General Impositiva”, expte. n° 29.472/2014, del 13 de diciembre de 2017, “Oleaginosa Moreno Hermanos SAC c/Administración Nacional de Aduanas s/recurso directo de organismo externo”, expediente n° 8070/2018, del 5 de septiembre de 2018 (entre muchas otras).
Por los motivos expuestos en esos pronunciamientos, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y disponer que a las sumas cuya devolución fue admitida en el marco de la presente causa corresponde adicionar los intereses devengados a partir del momento establecido en el artículo 811 del Código Aduanero, a la tasa de interés pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, hasta el 18/07/2019. Desde ese momento, habrá de estarse, al tiempo de liquidar el crédito, a las tasas fijadas por las sucesivas resoluciones de la cartera competente que en cada momento hayan servido de reglamentación de la norma mencionada.
Por lo expuesto el tribunal RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso de la actora, dejar sin efecto el decisorio del Tribunal Fiscal de la Nación del día 26/05/2025, revocar la Resolución N°62/2022 (AD SALO), dictada por la Aduana de San Lorenzo (DI RAHI), en las actuaciones SIGEA Nro. 17134-1654-2016/100, y declarar su derecho a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa al oficializar el despacho de exportación nº 11057EC03002284L; 2) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 68, 1° parte, CPCCN; y 1163, CA).
Se deja constancia de que la Vocalía n° 15 de esta Sala se encuentra vacante (art. 109, RJN).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Guillermo F. TREACY Pablo GALLEGOS FEDRIANI Alta en sistema: 11/02/2026 Alta en sistema: 11/02/2026
Fin de la sentencia