Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 25100819-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir el recurso de la parte actora, revocar la resolución apelada, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el decreto 100/12 y admitir la repetición de la diferencia en pesos reclamada ($283.998,71), más los intereses previstos por el artículo 811 del Código Aduanero, calculados con arreglo a lo dispuesto en el considerando 6º.
2Imponer las costas de ambas instancias al Fisco Nacional.
CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
39404/2025 “VITERRA ARGENTINA SA (TF 25100819-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, abril de 2026.
VISTA:
La elevación del expediente TF 25100819-A (v. DEO del 31/10/25) “a fin de considerar el recurso de apelación interpuesto por la actora el 30/05/2025 (v. IF-2025- 58282614-APN-DTD#JGM), concedido el 05/08/2025 (v. PV-2025-85441339-
APNVOCXV#TFN) contra la sentencia dictada el 09/04/2025, en cuanto confirma la Resolución N° 166/2023 (AD SALO), con costas a la actora (v. IF-2025-37252154-APN- VOCXV#TFN)” (v. nota en la pág. 460 del expte. electrónico, donde también consta que la actora expresó agravios dentro del plazo legal y que el Fisco Nacional los contestó); y
1. Que el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, confirmó la resolución AD SALO 166/23, recaída en la actuación SIGEA 17134-1733-2017, en cuanto había denegado la devolución de una diferencia de derechos de exportación, abonada en los términos del decreto 100/12 y con relación al permiso de embarque 12057EC03000375L.
Para resolver como lo hizo, consideró aplicable la doctrina del acuerdo plenario del 26/4/22, dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-APNSGASAD#TFN), donde se fijó que: a) el Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, en un caso concreto y ante un planteo efectuado por un recurrente; b) el Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el artículo 755 del Código Aduanero; c) no corresponde declarar la invalidez del decreto 793/18 respecto de destinaciones de exportación registradas a partir de su entrada en vigencia (4/9/18) y hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467.
Sobre esa base, se abstuvo de pronunciarse sobre la validez constitucional del citado decreto, respecto del cual entendió extensibles aquellas conclusiones mutatis mutandi, y rechazó la repetición.
Agregó que no cabía extender al presente caso la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388) toda vez que dicha causa se trataron hechos acaecidos en 2002, es decir, antes de que el Poder Legislativo hubiese declarado vigentes las facultades delegadas (ley 26.939), y previsto su intervención a posteriori en los términos de la ley 26.122; produciéndose la convalidación legislativa de las alícuotas establecidas por el Poder Ejecutivo. La mayoría impuso las costas a la actora vencida.
2. Que, principalmente, la actora sostuvo que debían revisarse las conclusiones del organismo jurisdiccional porque se apartaban del principio de reserva de ley en materia tributaria, tal como fue entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
Explicó que, de acuerdo con aquel precedente, la resolución MEyP 126/08 y el decreto 100/12, que mantuvo el nivel de derechos para la mercadería involucrada en el caso, debían declararse inconstitucionales porque no se sustentaron en leyes que contuviesen una clara política legislativa para delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de fijar alícuotas de derechos de exportación.
Según señaló, a través del permiso de embarque 12057EC03000375L, oficializado el 17/2/12, había documentado la exportación de biodiesel y abonado una alícuota de derechos del 20%; la cual habría sido automáticamente liquidada por el SIM con sustento en la ya citada resolución MEyP 126/08 y el decreto 100/12 (v. p. 375, expte. cit.). También mencionó que había promovido ante la Aduana de San Lorenzo el correspondiente reclamo de repetición por el importe que consideró indebidamente abonado, consistente en la diferencia entre la alícuota abonada (20%) y la que le hubiese correspondido abonar si el tributo se liquidaba con arreglo al decreto 509/07 (5%) -que, a su entender, fue la última norma a través de la cual se habían establecido válidamente derechos de exportación para el biodiesel, toda vez que fue aprobada por resoluciones de ambas cámaras del Congreso Nacional- (p. 381, expte. cit.). Sobre esa base, pidió que se devolviese la suma de $283.998,71 (v. pp. 3 y 374, expte. cit.).
En otro orden de ideas, planteó la inconstitucionalidad de la tasa de interés prevista en el artículo 3° de la resolución MEyP 314/04, en tanto llevaba a la desvalorización de su crédito. Pidió que fuese reemplazada por la tasa de inflación publicada por el IPC, desde el mes de promoción de la demanda hasta el 31/7/19. En su defecto, solicitó que se aplique la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina (pp. 425-432, expte. cit.).
3. Que, el 18/11/25, dictaminó el Fiscal General sobre la competencia de la Cámara, la admisibilidad formal del recurso y los planteos de inconstitucionalidad formulados por la actora.
4. Que, como principio general, y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 726 del Código Aduanero, es aplicable el derecho de exportación establecido por la norma vigente a la fecha de registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo. A su vez, a los fines de la liquidación de tales derechos en aquellas operaciones que se hubiesen registrado al amparo del régimen especial de la ley 21.453, resulta de aplicación la alícuota vigente a la fecha de cierre de cada venta (art. 6º).
Más allá de lo expuesto, en este caso la actora consintió el importe equivalente a la alícuota del 5% que le hubiese correspondido abonar por aplicación del decreto 509/07, en la inteligencia de que ese nivel de imposición contaba con aprobación legislativa y había sido CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 39404/2025 “VITERRA ARGENTINA SA (TF 25100819-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
legítimamente percibido por el Fisco. Por lo tanto, el alcance de la repetición queda circunscripto a la diferencia porcentual reclamada (15%).
Resta precisar que por medio del permiso de embarque involucrado en esta actuación (12057EC03000375L), oficializado el 17/2/12, la actora exportó mercadería de la PA 3826.00.00 y abonó una alícuota de derechos del 20% (p. 376, expte. cit.). Con independencia de las normas que la accionante mencionó en sus presentaciones, la que tuvo efectiva incidencia en el caso —de acuerdo al momento de registro de la destinación, la mercadería involucrada y lo informado por la propia Aduana (v. esp. p. 171, expte. cit.)— fue el decreto 100/12. De manera que corresponde examinar la validez constitucional del decreto 100/12 a la luz del principio iura novit curia (doctr. Fallos: 337:179 y 347:178, entre otros); para luego determinar la procedencia de la repetición, con el alcance solicitado en la demanda —es decir, contemplando que la actora consintió una alícuota del 5% y solo reclama una diferencia de derechos del 15%— (en igual sentido, cfr. esta Sala, causa 6958/25 “Molino Cañuelas SACIFIA (TF 19458002-A) c/ DGA”, sent. del 6/5/25, entre otras).
5. Que la validez constitucional del decreto 100/12 ya fue analizada por el Tribunal en la causa 45070/23 “Molinos Rio de la Plata SA (TF 39607-A) c/ DGA”, sentencia del 11/4/24; cuyos considerandos 6° y 7° se dan por reproducidos por razones de brevedad. En esos términos, corresponde admitir los agravios de la parte actora, revocar la resolución apelada, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el decreto 100/12 y admitir la repetición de la diferencia en pesos reclamada ($283.998,71), más los intereses previstos por el artículo 811 del Código Aduanero.
6. Que, con respecto a la tasa de interés aplicable, se remite a lo decidido por esta Sala en las causas homónimas 49628/18 y 19255/21 “Oleaginosa Moreno Hermanos SA”, sentencias del 26/3/19 y 10/2/22, respectivamente. Como consecuencia de ello, corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo 3º de la resolución MEyP 314/04 y disponer la aplicación al caso de la tasa de interés pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina, desde la fecha del reclamo de repetición y hasta el 31/7/19 –esto último, en consideración a la entrada en vigencia de la resolución MH 598/19 y las que la reemplazaron–.
7. Que, dado el modo en que se decide, las costas de ambas instancias se imponen al demandado vencido, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (arts. 1163 y 1182 del CA, y arts. 68, primer párrafo, y 279, del CPCCN).
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Admitir el recurso de la parte actora, revocar la resolución apelada, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en el decreto 100/12 y admitir la repetición de la diferencia en pesos reclamada ($283.998,71), más los intereses previstos por el artículo 811 del Código Aduanero, calculados con arreglo a lo dispuesto en el considerando 6º.
2. Imponer las costas de ambas instancias al Fisco Nacional.
Regístrese, notifíquese y siga la causa con el DEOX enviado el 14/11/25.
ROGELIO W. VINCENTI JORGE EDUARDO MORÁN MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia