Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 25102869-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir la apelación deducida por Viterra Argentina SA, revocar el pronunciamiento del 12/8/2024 dictado por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación, dejar sin efecto la resolución AD SALO 153/2023, declarar -en el caso- la inconstitucionalidad de la resolución ex MEyP 126/2008 en cuanto elevó la alícuota en cuestión al 20% -mantenida por el decreto 100/2012- y, consecuentemente, admitir la acción de repetición seguida por la nombrada firma, en los términos y con los alcances resultantes de los Considerandos XIV, XVI y XVII;
2Desestimar el recurso de apelación deducido por el Fisco Nacional; y
3Disponer que la totalidad de las costas generadas por estas actuaciones, tanto en lo concerniente a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional.
Buenos Aires, 12 de septiembre de 2025.-
VISTOS estos autos 5833/2025 caratulados “Viterra Argentina SA (TF 25102869-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y
I. El 27/12/2017, Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFyA solicitó a la Aduana de San Lorenzo (Provincia de Santa Fe), la devolución de las sumas que -en su entendimiento- habría abonado indebidamente en concepto de derechos de exportación respecto de la destinación “12 057 EC03 000427 J”, que le fueran liquidados conforme lo normado por la resolución ex MEyP 126/2008, con más los intereses correspondientes (ver esp. fs. 153/184 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
En prieta síntesis, sustentó su reclamo en que la alícuota nominal en base a la cual se estimaron, liquidaron y abonaron los derechos de exportación correspondientes a la destinación en cuestión (del 20%, fijada por la resolución 126/08 ME), era contraria a derecho, por encontrarse la norma que fija tal alícuota gravemente afectada en su legalidad.
En ese sentido, señaló que resultaría procedente la repetición peticionada por la diferencia de tributos entre los derechos de exportación efectivamente abonados (calculados en base a la alícuota que tildó de inconstitucional, del 20%, fijada por la resolución mencionada anteriormente) y el importe que hubiera correspondido abonar si el tributo se hubiese estimado en base a la última norma que fijó válidamente los derechos de exportación aplicables al biodiesel (es decir, la alícuota del 5%, fijada por el decreto 509/2007).
El fundamento de la inconstitucionalidad endilgada radica en que, al tiempo de la oficialización de la solicitud de exportación, la alícuota en cuestión no contaba con la necesaria ratificación del Congreso Nacional. Por lo que debía retrotraerse a la última alícuota ratificada al momento de los hechos, que sería la del 5%, fijada por el decreto 509/2007.
En cuanto a los términos de la devolución, reclamó que el pago fuera efectuado en dólares estadounidenses, o bien, si fuera en pesos argentinos, el monto necesario para adquirir, al momento de su efectiva cancelación, la cantidad de dólares estadounidenses oportunamente abonados; ello con más intereses a calcular según la tasa de interés pasiva fijada por el BCRA, conforme lo resuelto por el Alto Tribunal en autos “Alubia” y esta Cámara en ciertos precedentes citados (conf. esp. capítulo V “Importe de la repetición, moneda de devolución” del reclamo administrativo).
II. Por resolución AD SALO 153/2023, el Departamento Aduana de San Lorenzo desestimó el pedido de devolución seguido por Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFyA (ver esp. fs. 209/211 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
III. Solicitada la revisión del acto por parte de Viterra Argentina SA, como continuadora de Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFyA, por resolución del 12/8/2024, la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación desestimó la pretensión actoral y, en consecuencia, confirmó la resolución aduanera en cuanto rechazó la acción de repetición intentada, con costas por su orden (conf. esp. fs. 337/341 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
Para así decidir, en sustancial síntesis, fue aplicada la doctrina resultante de la decisión plenaria del Tribunal Fiscal de la Nación adoptada en autos “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, resol. del del 26/4/2022, según la cual: -dicho organismo administrativo con facultades jurisdiccionales se encontraba imposibilitado de declarar la inconstitucionalidad de una norma, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente;
-el Poder Ejecutivo Nacional se encontraba facultado para establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el artículo 755 del Código Aduanero; y -no correspondía declarar la invalidez del decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal de la Nación debiera expedirse respecto de resoluciones que denegaran la repetición de derechos de exportación abonados por aplicación del mencionado precepto respecto de destinaciones registradas a partir del 4/9/2018, fecha de entrada en vigencia del decreto en cuestión, y hasta el 4/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467.
Resta añadir que la distribución de las costas, respondió a la complejidad de la cuestión debatida.
IV. Disconforme con lo resuelto, Viterra Argentina SA apeló, fundando oportunamente su pretensión recursiva (ver esp. fs. 359 y 375/420 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
Tras referir los antecedentes del caso, en sustancial síntesis, la exportadora:
-cuestionó la aplicación de la solución plenaria adoptada en autos “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA”;
-planteó la ilegitimidad del pago efectuado, sustentado en la resolución ex MEyP 126/2008, que estableció la alícuota aplicable para los derechos de exportación cancelados, a la que tildó de nula de nulidad absoluta e insalvable, por no reconocer fuente en una norma legal válida;
-recordó que los derechos de exportación, resultan ser impuestos, sobre los cuales rige el principio de legalidad en materia tributaria;
-recordó que la Resolución 126/08 del Ministerio de Economía fue dictada en fecha 10.02.2008, modificando el Decreto 509/2007. Y que a partir de allí se fijó la alícuota al biodiesel en el 20%, cuando en la normativa vigente hasta su sanción aquella era del 5%; -enfatizó que dicha resolución, ni los posteriores decretos que aumentaron la alícuota fueron ratificados por el Congreso, con anterioridad a la oficialización del Permiso de Embarque, de modo que su aplicación contradice el principio de reserva de ley conforme los lineamientos de la CSJN en el precedentemente “Camaronera Patagónica”; -sostuvo que, en función de ello, debía entenderse que en en el caso del biodiesel, la última alícuota con ratificación legislativa era la nominal del 5% establecida por Decreto 509/2007;
-sostuvo que debía revisarse lo decidido por importar un apartamiento del principio de legalidad en materia tributaria, tal como fuera destacado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA”, op. cit.;
-hizo hincapié en la prohibición de llevar a cabo delegaciones legislativas en el Poder Ejecutivo Nacional, conforme lo normado por el artículo 76 de la Constitución Nacional, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso Nacional estableciera al efecto.
En este sentido, advirtió que podría juzgarse válido el reconocimiento legal de atribuciones que quedaran libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, pero siempre que la política legislativa hubiera sido claramente establecida por el Congreso Nacional, lo que no habría acontecido en la especie.
-explicó que el derecho de exportación establecido por medio de la resolución ex MEyP 126/2008 resultaba inconstitucional, por carecer de sustento en ley delegante alguna, siendo dictada sin la existencia de una clara política legislativa en la materia;
-alegó que el artículo 755 del Código Aduanero no configuraba una norma delegante válida, en tanto no establecía los elementos esenciales del tributo de que se trataba;
-postuló que la fijación de la alícuota de un derecho de exportación no constituía una facultad autónoma o reglamentaria del Poder Ejecutivo Nacional en los términos del artículo 99, incisos 1° y 2°, de la Constitución Nacional; y -precisó los alcances y términos de la doctrina que emanaba del fallo dictado por el Alto Tribunal en autos “Camaronera Patagónica SA”, que -en su entendimiento- resultaba plenamente aplicable al caso.
Al fin de reforzar su pretensión, citó distintos precedentes jurisprudenciales en los que fuera aplicada la doctrina resultante de “Camaronera Patagónica SA”.
En función de lo expuesto, consideró que correspondía admitir su pedido de repetición.
Luego, en cuanto a los términos en que debía ordenarse la devolución, sostuvo que el contexto inflacionario de los últimos años y la creciente desvalorización de la moneda nacional, determinaban que la prohibición de actualización de los créditos fiscales y la tasa de interés del prevista en el artículo 4° de la resolución ME 559/2022 resultaran ilegítimas e inconstitucionales al ocasionarle un daño económico y financiero. Al punto, sostuvo que la tasa de interés prevista en la resolución ME 559/2022 resultaba negativa, neutralizando así la función resarcitoria de tales accesorios; importando un retroceso respecto de las tasas vigentes bajo la resolución ex MH 598/2019.
Resaltó que la jurisprudencia reconoció a los contribuyentes una tasa mayor a la prevista por la resolución ex MEyP 314/2014, aplicando en su lugar la tasa pasiva promedio que publica el BCRA.
Solicitó que se declarara la inconstitucionalidad o inaplicabilidad de la tasa de interés prevista en la resolución ME 559/2022, y, por consiguiente, se dispusiera la aplicación de la tasa de interés de las operaciones de pase activas para el BCRA, o, en su defecto, la aplicación de la tasa pasiva promedio publicada por el BCRA.
Por lo expuesto, Viterra Argentina SA solicitó que se revocara el pronunciamiento dictado por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación y, en consecuencia, se hiciera lugar al pedido de repetición que intentara, con más los intereses resarcitorios correspondientes y costas. Dicha presentación no fue replicada por el Fisco Nacional.
V. También apeló la AFIP - DGA, fundando en ese mismo acto su pretensión recursiva (ver esp. fs. 345/352 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
Cuestionó únicamente el modo en que fueron distribuidas las costas.
Manifestó que, en la especie, correspondía estar al principio general rector en la materia previsto en el artículo 68, primera parte, del CPCCN.
Puso de resalto que resultó vencedor en el pleito y que por el pronunciamiento recurrido no se justificó válidamente el apartamiento del lineamiento general que determina que las costas sean soportadas por el vencido.
Tildó de infundada y escueta la justificación dada por el pronunciamiento apelado para apartarse del principio general rector en la materia.
Citó doctrina que, en su entendimiento, avalaría su postura.
En función de lo expuesto, el Fisco Nacional peticionó que se revocara -en cuanto fue motivo de agravio- el pronunciamiento apelado, con costas de esta instancia judicial a cargo de la exportadora. Dicha presentación fue replicada por la firma exportadora (conf. esp. fs. 365/369 del hipervínculo que antecede).
VI. Remitidas las actuaciones en vista, el señor Fiscal General de Cámara, con fecha 16/4/2025 consideró:
i.- que se si bien la accionante solicitó la repetición de la diferencia entre lo abonado por aplicación de la Resolución N° 126/2008 (alícuota del 20%), al considerar que esa norma resulta inconstitucional por carecer de ratificación legislativa, y la establecida en el Decreto N° 509/2007 (5%), lo cierto es que, a la fecha en que se oficializó el Permiso de Embarque en debate —24/02/2012 (v. página 248 del DEO)—, se encontraba vigente el Decreto N° 100/2012, sobre la base del cual los derechos de exportación se liquidaron a la alícuota allí establecida. Siendo ello así, entendió que devenía inoficioso un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la Resolución N° 126/2008, dado que el tributo no fue aplicado teniendo en cuenta esa norma, sino una posterior que no se encuentra cuestionada de forma específica por la contribuyente; y ii.- que lo mencionado anteriormente tornaba inoficioso, también, el planteo de inconstitucionalidad de las resoluciones ministeriales que fijaron las tasas de interés.
VII. En este contexto, en primer término, cuadra advertir respecto de lo señalado por el señor Fiscal General, que el objeto de la presente se circunscribe a que se “haga lugar al presente recurso de apelación, revoque la Sentencia y, consecuentemente, se ordene a la AFIP-DGA el reembolso de la suma de $646.108,58, abonados en forma indebida por mi mandante, con más los intereses resarcitorios correspondientes (conf. a lo solicitado en el apartado VI infra). Con costas”. Ello en el entendimiento de que la alícuota que debería haber abonado era del 5% y no del 20%, como efectivamente lo hiciera.
Y si bien a la fecha de oficialización del permiso de embarque se encontraría vigente el decreto 100/2012, ello luce, en el caso, irrelevante, puesto que la alícuota en cuestión -del 20%- fue establecida por la Resolución 126/2008, siendo mantenida únicamente respecto del producto exportado por el decreto mencionado, que por cierto, tampoco contaba con la ratificación del Congreso Nacional a la fecha de oficialización de la destinación involucrada en autos.
Por ello, la objeción a la procedencia de la acción en punto a la incidencia del decreto 100/2012 luce, en el caso, inatendible; ello en tanto y en cuanto el pago efectuado y motivo de repetición, necesariamente se sustentó en la alícuota fijada en la resolución ex MEyP 126/2008, cuya nulidad absoluta e insalvable fue oportunamente articulada, por no reconocer fuente en una norma legal válida, sumado a su falta de ratificación legislativa con anterioridad a la oficialización del permiso de embarque involucrado en autos, contrariando el principio de reserva de ley conforme los lineamientos fijados por la CSJN en el precedentemente “Camaronera Patagónica SA”, op. cit..
VIII. Por otra parte, cabe señalar que no se encuentran controvertidas las operaciones de exportación bajo trato, ni los elementos resultantes de sus declaraciones, las características de la mercadería involucrada, su posición arancelaria, etcétera; limitándose la controversia suscitada, atento los términos del reclamo seguido, a determinar si se ajusta a derecho el pago de derechos de exportación al 20% de su valor FOB o debiera aplicarse la alícuota del 5%.
Al punto, resulta atinado destacar que, en el caso, mediante la destinación “12 057 EC03 000427 J”, la firma exportó mercadería bajo la posición arancelaria “3824.90.85.000M”; reclamando la devolución de la diferencia entre lo abonado en concepto de derechos de exportación por aplicación de la alícuota elevada al 20% por la resolución ex MEyP 126/2008 y lo que, en su entendimiento, hubiera correspondido de aplicar la norma correcta, esto es, el decreto 509/2007.
IX. Precisado ello, cuadra advertir que, en la especie, no se encuentra controvertido que por decreto 509/2007 se fijó una alícuota en concepto de derecho de exportación respecto del biodiesel del 5%; siendo elevada al 20% mediante la resolución ex MEyP 126/2008.
Al respecto, cuadra señalar:
-que de los considerandos que anteceden su parte resolutiva surge que la resolución ex MEyP 126/2008 fue dictada en función de lo previsto en el Código Aduanero, la Ley de Ministerios, según su texto ordenado por decreto 438/1992 y sus modificaciones; y en uso de las facultades conferidas por los decretos 2752/1991 y 2275/1994 y sus modificatorios; y -que, conforme lo normado en su artículo 2°, la resolución ex MEyP 126/2008 entró en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina, lo que aconteció el 12/3/2008; por manera que surtió efectos a partir del 13/3/2008. A todo evento, de la mercadería en cuestión, por decreto 100/2012 se efectuaron ajustes sobre el listado de los ítems de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.), sustituyendo posiciones arancelarias determinadas en distintos anexos. Modificando los Derechos de Importación Extrazona para mercadería de una posición arancelaria distinta a la que aquí se analiza.
X. Precisada la plataforma fáctica y normativa involucrada en la especie, se advierte que, a los fines de la dilucidación del caso, cuadra seguir la doctrina que emana del pronunciamiento dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Camaronera Patagónica SA c/Ministerio de Economía y otros s/amparo”, sent. del 15/4/2014 (registrado en Fallos, 337:388).
En dicha oportunidad, el Alto Tribunal, al analizar la validez de la resolución del Ministerio de Economía 11/2002, por la que se fijaron ciertos derechos a la exportación para consumo, a determinadas mercaderías, identificadas según la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), destacó, en cuanto aquí interesa resaltar, que:
-el principio de reserva de ley en materia tributaria no cede en caso que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa previsto por el artículo 76 de la Constitución Nacional; -los aspectos sustanciales del derecho tributario no tienen cabida en las materias respecto de las cuales la Constitución Nacional (artículo 76), autoriza, como excepción y bajo determinadas condiciones, la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo;
-ni la ley 22.415 ni mucho menos la 25.561 establecieron, siquiera con mínimos recaudos, los elementos esenciales del tributo examinado;
-resultaba admisible que el Congreso Nacional atribuya al Poder Ejecutivo Nacional ciertas facultades circunscriptas, exclusivamente, al aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, es decir, elevar o disminuir las alícuotas aplicables, siempre y cuando, para el ejercicio de dicha atribución, se fijasen pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa;
-la resolución cuestionada no se ajustaba a los parámetros señalados, pues el aspecto cuantitativo del derecho de exportación quedó -en el caso- completamente librado al arbitrio del Poder Ejecutivo Nacional;
-el Poder Legislativo Nacional dictó las leyes 25.148, 25.645, 25.918, 26.135 y 26.519, con incidencia en la solución de dicha controversia; advirtiéndose al respecto que -con excepción de la ley 26.519- las restantes contenían una estructura similar ya que, por una parte, ratificaban la totalidad de la delegación legislativa, por los plazos y en las condiciones que allí se establecen y, en lo que al caso interesaba, aprobaban la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994; -si bien la decisión de ratificar en forma general un amplio y variado número de normas que abarcaban diversas materias podía ser objetable desde el ángulo de la técnica legislativa, ello no resultaba suficiente para privar de validez a la ley 25.645 y a aquellas que, con el mismo objetivo, la precedieron o sucedieron; y -la ley 25.645 carecía de eficacia para convalidar retroactivamente una norma que adolecía de nulidad absoluta e insanable - como la resolución ME 11/2002-, pero no existía razón alguna para privarla de efectos en relación con los hechos acaecidos después de su entrada en vigencia.
Con asiento en estas consideraciones, el Alto Tribunal determinó que la invalidez de la resolución 11/2002 se circunscribía al período comprendido entre el 5/3/2002 (fecha en que entró en vigor) hasta el 24/8/2002, momento a partir del cual rige la ley 25.645, disposición que le otorga a su contenido rango legal.
XI. Si bien los pronunciamientos del Alto Tribunal no resultan obligatorios para los tribunales de las instancias anteriores fuera de los juicios en los que son dictados, en atención a la trascendencia que en el orden judicial revisten las decisiones de la Autoridad Suprema del Poder Judicial de la Nación, corresponde por razones de economía procesal y a fin de evitar un dispendio jurisdiccional, aplicar la doctrina sentada por aquel (conf. CSJN, Fallos, 311:1644 y 2004 y esta Sala, en autos 3950/2017 “Macchiavelli, Andrea Mariana c/EN - Mº Justicia DDHH s/proceso de conocimiento”, sent. del 28/11/2019 y su cita; entre otros). Es que, ciertamente, y en consonancia con lo que se viene expresando, no puede dejarse de lado la doctrina que emana de los precedentes del Máximo Tribunal pues, tal como se ha sostenido reiteradamente, los restantes tribunales deben un acatamiento moral a su doctrina, habida cuenta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resulta ser el máximo intérprete de la aplicación del derecho en el ámbito nacional, lo que torna aconsejable seguir sus lineamientos para así mantener la unidad de la interpretación de la ley. XII.- En este contexto, cuadra señalar que las consideraciones del Máximo Tribunal en el precedente antes reseñado, dan respuesta al caso y determinan la admisión de la apelación deducida por la accionante, la revocación del pronunciamiento recurrido, la inconstitucionalidad, en el caso, de la alícuota del 20% establecida por resolución ex MEyP 126/2008 -que no fuera modificada por el decreto 100/2012- y, consecuentemente, el reconocimiento del derecho de Viterra Argentina SA a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa válida, con asiento en el dispositivo normativo atacado, al oficializar la destinación “12 057 EC03 000427 J”, cuyo pago -por lo demás- no fue desconocido en autos por el Fisco Nacional.
XIII. A todo evento, cuadra precisar que, en la especie, no concurren los presupuestos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó en “Camaronera Patagónica SA” (op. cit.) para permitir eventualmente, por las particulares necesidades que la reglamentación del comercio exterior impone, la regulación por la Administración de ciertos pormenores y detalles concernientes a los derechos aduaneros previamente fijados por el Congreso Nacional (conf. arg. artículo 99, inciso 2°, de la Constitución Nacional).
En efecto, tal como resulta de lineamientos referidos al tiempo de reseñar la decisión adoptada en el fallo en cuestión, a criterio del Alto Tribunal, resultaría admisible que el Congreso Nacional atribuyera al Poder Ejecutivo Nacional ciertas facultades circunscriptas, exclusivamente, a la determinación del aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, autorizando así a elevar o disminuir las alícuotas aplicables, siempre y cuando, para el ejercicio de dicha atribución se fijaran pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa.
En el caso, se advierte que la atacada resolución ex MEyP 126/2008, que elevó la alícuota del 5% al 20%, no cumple con los presupuestos legales y constitucionales requeridos en la materia impositiva, careciendo de sustento legal al crear una carga tributaria y fijar una alícuota de derechos de exportación; materia que se encuentra reservada, exclusiva y excluyentemente al Congreso de la Nación. A lo que cabe añadir que como se dijo, la situación no se modifica por el dictado del decreto 100/2012, en tanto de sus Anexos, resulta que no alteró ni fijó aranceles para la posición involucrada en autos.
Es que, tal como la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresara en “Camaronera Patagónica SA” (op. cit.), el principio de reserva legal en materia tributaria no cede en caso que se actúe por medio del mecanismo de la delegación legislativa previsto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, pues éste refiere exclusivamente a determinadas materias de administración o de emergencia económica, con plazo fijo para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.
Al margen de ello, la delegación legislativa se encuentra prohibida, en particular por el propio artículo 76, primer párrafo, así como por el artículo 99, ambos de la Constitución Nacional.
Por tanto, la delegación contenida en el artículo 755 del Código Aduanero, en cuanto dispone que el Poder Ejecutivo Nacional podrá gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviera gravada con este tributo; desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este tributo; y modificar el derecho de exportación establecido, en modo alguno alcanza para dar validez a la impugnada resolución ministerial.
En este sentido, cuadra advertir que la resolución ex MEyP 126/2008 no se ajusta a los parámetros antes señalados, pues el aspecto cuantitativo del derecho de exportación quedó (a tenor del texto contenido en la norma delegante) librado exclusivamente al arbitrio del Poder Ejecutivo Nacional, careciendo -por tanto- de sustento legal el ejercicio de tal facultad delegada; ello así, en tanto el precepto cuestionado fijó unilateralmente y sin contar con el imprescindible respaldo de una “clara política legislativa”, la totalidad de los aspectos cuantitativos del impuesto, materia reservada, exclusiva y excluyentemente al Congreso de la Nación, el cual por cierto omitió toda indicación sobre el particular al disponer la delegación.
XIV. Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso, revocar el pronunciamiento de la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación, dejar sin efecto la resolución AD SALO 153/2023 y, consecuentemente, admitir la acción de repetición intentada por Viterra Argentina SA por la diferencia de tributos entre la aplicación de la alícuota establecida por la resolución ex MEyP 126/2008 -mantenida por el decreto 100/2012- y el régimen que hubiera regido la operatoria, esto es, el decreto 509/2007, consentido por la accionante.
XV. En igual sentido se ha pronunciado esta Sala, en autos 13.173/2024 “Viterra Argentina SA (TF 22884252-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 10/10/2024; en autos 7714/2024 “Viterra Argentina SA (TF 22759023-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 9/8/2024; y en autos 14.667/2024 “Viterra Argentina SA (TF 22986944-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 29/10/2024; entre muchos otros.
XVI. Sentado lo anterior, en lo atinente a la moneda en que habrá de cancelarse la obligación, sin perjuicio de las manifestaciones de la exportadora en torno al modo que correspondería disponer el reintegro, conforme las pautas resultantes del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos C.1242.XLIX.REX "Cencosud SA (TF 29.535-A) c/DGA", sent. del 15/5/2014, y toda vez que según surge de las actuaciones administrativas, los tributos cuya restitución se admitió fueron abonados en pesos argentinos, producto de haberse convertido el importe de los dólares estadounidenses al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 20 de la ley 23.905, la devolución debe efectuarse en la misma moneda nacional en que fue hecho el pago (conf. esta Sala, en autos 47.726/2012 "Sancor CUL (TF 26.219-A) y otro c/DGA”, resol. del 2/12/2014, entre muchos otros).
A mayor abundamiento, cabe señalar que el artículo 809 del Código Aduanero, que regula la devolución de los tributos que el Fisco ha cobrado indebidamente, establece expresamente que la Aduana devolverá directamente los importes que hubiera percibido indebidamente en concepto de tributos. En consecuencia, si percibió un importe en pesos, no hay razón para que se considere que, si procede su devolución, se origina para el Fisco Nacional una deuda en dólares (conf. -en este sentido- CSJN, en autos "Cencosud SA”, op. cit., esp. Considerando 8º).
XVII. Definida la moneda de pago, en orden al alcance de la condena, se dispone que el reintegro deberá ser comprensivo de los intereses devengados desde la petición administrativa de repetición y hasta el efectivo pago (conf. artículo 811 del Código Aduanero), a calcular: -desde el reclamo ante la autoridad aduanera (del 27/12/2017) y hasta que comenzó a surtir efectos la resolución ex MH 598/2019 (el 1/8/2019; conf. su artículo 10), según la tasa pasiva promedio mensual que publica la autoridad monetaria, según lo dispuesto en la Comunicación BCRA 14.290 (conf. esta Sala, en autos 80.607/2018 “Industrial and Comercial Bank of China SA c/EN - AFIP - DGI s/Dirección General Impositiva”, resol. del 16/6/2022 y sus citas, entre otros; pronunciamiento respecto del cual, ante la denegatoria del recurso extraordinario federal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró el 12/9/2023 inadmisible la correspondiente presentación directa intentada por el Fisco Nacional, habiendo -por tanto- quedado en consecuencia firme el referido decisorio);
-a partir del 1/8/2019 y hasta el 31/8/2022, según lo normado por la resolución del ex Ministerio de Hacienda 598/2019; -a partir del 1/9/2022 y hasta el 1/2/2024, conforme la tasa prevista en los artículos 4° y 6° de la resolución del Ministerio de Economía 559/2022.
A tales efectos, corresponde desestimar el planteo de inconstitucionalidad formulado por la exportadora respecto de la resolución ME 559/2022, puesto que la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad institucional, que debe considerarse como última ratio del orden jurídico (conf. CSJN, Fallos, 302:1149 y 303:241, entre muchos otros), por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o garantía constitucional invocados; supuesto que no se encuentra suficientemente acreditado en el sub examine.
Es que la declaración de inconstitucionalidad de una norma impone a quien la pretende, demostrar claramente de qué forma aquélla contraría la Constitución Nacional, causándole un gravamen y, para ello, es menester que precise y acredite fehacientemente en el supuesto concreto el perjuicio que le genera la aplicación del dispositivo (conf. CSJN, Fallos, 316:687; 324:3345; 325:645; 327:1899; 328:4282; entre muchos otros).
En dicho contexto, lo cierto y determinante es que la actora se limitó a efectuar manifestaciones genéricas respecto a la lesividad de la normativa impugnada, sin acreditar de qué modo la resolución ME 559/2022, conculcaría sus derechos constitucionales. En definitiva, Viterra Argentina SA no efectuó un análisis riguroso que compruebe debidamente la lesión constitucional denunciada en el caso concreto; lo que determina el rechazo del planteo dirigido a cuestionar la validez de la resolución Ministerio de Economía 559/2022, que -por tanto, según fuera previamente indicado- ha de ser aplicada a los efectos del cobro de los intereses adeudados por la condena de autos, durante el período en el que rigiera.
Por lo demás, a mayor abundamiento, en consonancia con postulaciones previamente vertidas, recuérdese que existen normas específicas que regulan la materia, razón por la cual han de ser seguidas (conf., en este sentido, esta Sala, en autos 41.253/2022 “Parra, Mónica Mercedes y otro c/EN - AFIP - Ley 20.628 s/proceso de conocimiento”, sent. del 3/10/2023 y sus citas; entre otros).
-finalmente, a partir del 1/2/2024, conforme la tasa prevista en la resolución del Ministerio de Economía 3/2024; y, en su caso, por las normas que la reemplazaron o que la modifiquen en lo futuro, según el lapso de devengamiento de tales accesorios.
XVIII. Finalmente, en atención al modo en que se decide, y al no advertirse razones suficientes para apartarse del principio general rector en la materia, corresponde que las costas vinculadas tanto a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional, vencido (conf. artículos 68, primera parte, y 279, ambos del CPCCN y artículo 1163 del Código Aduanero).
Estas mismas circunstancias determinan -de por sí- el rechazo de la apelación del Fisco Nacional.
Por los fundamentos que anteceden, el Tribunal
1. admitir la apelación deducida por Viterra Argentina SA, revocar el pronunciamiento del 12/8/2024 dictado por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación, dejar sin efecto la resolución AD SALO 153/2023, declarar -en el caso- la inconstitucionalidad de la resolución ex MEyP 126/2008 en cuanto elevó la alícuota en cuestión al 20% -mantenida por el decreto 100/2012- y, consecuentemente, admitir la acción de repetición seguida por la nombrada firma, en los términos y con los alcances resultantes de los Considerandos XIV, XVI y XVII;
2. desestimar el recurso de apelación deducido por el Fisco Nacional; y 3º) disponer que la totalidad de las costas generadas por estas actuaciones, tanto en lo concerniente a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional.
Regístrese, notifíquese -a las partes y al señor Fiscal General de Cámara- y, oportunamente, gírese al Tribunal Fiscal de la Nación.-
MARÍA CLAUDIA CAPUTI JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia