Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 25146995-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
12686/2024 VITERRA ARGENTINA SA (TF 25146995-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, febrero de 2025.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Que, el 6/2/24, el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución AD SALO 149/23, recaída en la actuación 17134-1789-2018, en cuanto denegó la devolución de la diferencia de derechos de exportación que la actora había reclamado con sustento en la invalidez constitucional de la resolución SH 126/08 y con relación al permiso de embarque 13057EC03000174J.
Para resolver como lo hizo, consideró que la cuestión planteada era similar a la que se había resuelto en el acuerdo plenario dictado el 26/4/22 en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-
APNSGASAD#TFN), donde se fijó como doctrina legal que: a) el Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, en un caso concreto y ante un planteo efectuado por un recurrente; b) el Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el artículo 755 del Código Aduanero; c) no corresponde declarar la invalidez del decreto 793/18 respecto de destinaciones de exportación registradas a partir de su entrada en vigencia (4/9/18) y hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467.
Sobre esa base, se abstuvo de pronunciarse sobre la constitucionalidad de la citada resolución SH 126/08 y rechazó la repetición.
Por último, distribuyó las costas por su orden dada la complejidad de la cuestión (v. pp. 377-379 de la versión digital del expte. TF 25146995-A, remitida con el oficio del 12/8/24).
2. Que el Fisco Nacional interpuso apelación el 25/3/24, que se concedió el 26/3/24, se fundó el 22/4/24 y fue replicada el 16/5/24 (v. pp. 390, 392, 455-458 y 462-466, expte. cit.).
En síntesis, sostuvo que no concurrían motivos suficientes para apartarse del principio general de la derrota en materia de costas.
3. Que, por su parte, la actora interpuso recurso de apelación el 25/3/24, que se concedió el 26/3/24, se fundó el 19/4/24 y fue replicado el 16/5/24 (v. pp. 382, 392, 405- 450 y 471-485, expte. cit.).
En sustancia, pidió que se revisase el criterio del tribunal de origen; que se declarase inconstitucional la resolución SH 126/08 por haber regulado un aspecto esencial de un tributo de modo incompatible con el principio de reserva de ley, tal como fue entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388); y que se admitiese la devolución de la suma solicitada ($741.782,05), más intereses a la tasa pretendida (v. pp. 405-406, expte. cit.).
Según señaló, a través del permiso de embarque 13057EC03000174J, oficializado el 24/1/13, había documentado la exportación de biodiesel y abonado una alícuota de derechos del 20%”; la cual fue automáticamente liquidada por el SIM con sustento en la ya citada resolución SH 126/08. También mencionó que había promovido ante la Aduana de San Lorenzo el correspondiente reclamo de repetición por el importe que consideró indebidamente abonado, consistente en la diferencia entre la alícuota abonada (20%) y la que le hubiese correspondido abonar si el tributo se hubiese estimado en base al decreto 509/07 (5%) que, a su entender, fue la última norma a través de la cual se habían establecido válidamente derechos de exportación para el biodiesel, toda vez que fue aprobada por resoluciones de ambas cámaras del Congreso Nacional- (v. esp. pp. 411-412, expte. cit.).
Finalmente, planteó inconstitucionalidad de la tasa de interés prevista en el artículo 4° de la resolución ME 559/22 porque, al mantenerse en un porcentaje fijo, no alcanzaba a cubrir la inflación y lesionaba su derecho de propiedad.
4. Que, el 29/8/24, dictaminó el Fiscal General sobre la competencia de la Sala, la admisibilidad del recurso y los planteos de inconstitucionalidad formulados por la actora. A este último respecto, advirtió que “si bien la accionante solicitó la repetición de la diferencia entre lo abonado por aplicación de la Resolución N° 126/2008 (alícuota del 20%), al considerar que esa norma resulta inconstitucional por carecer de ratificación legislativa, y la establecida en el Decreto N° 509/2007 (5%), lo cierto es que, a la fecha en que se oficializó el Permiso de Embarque en debate —24/01/13—, se encontraba vigente el Decreto N° 1719/2012, sobre la base del cual los derechos de exportación se liquidaron conforme a las alícuotas móviles allí establecidas. Siendo ello así, entiendo que deviene inoficioso un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la Resolución N° 126/2008, dado que el tributo no fue aplicado teniendo en cuenta esa norma, sino una posterior que no se encuentra cuestionada de forma específica por la contribuyente” (punto 5 del dictamen).
5. Que, si bien es cierto que, al interponer su recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación y expresar agravios ante esta Cámara, la actora fundó su pretensión en la inconstitucionalidad de la resolución SH 126/08, conforme a la cual dijo haber abonado la diferencia de derechos de exportación cuya devolución solicita (v. esp. pp. 5-6 y 405-406, expte. cit.), no es menos cierto que en el reclamo interpuesto en sede aduanera invocó la inconstitucionalidad del decreto 1719/12 (v. pp. 133-146, expte. cit.).
Concordemente, la resolución AD SALO 149/23 rechazó la repetición de la diferencia entre los derechos de exportación efectivamente abonados (calculados en base a la alícuota del 23.63% del citado decreto 1719/12) y el menor importe que le hubiese correspondido abonar a la actora conforme al decreto 509/07 (v. pp. 191-193, expte. cit.). A su vez, en la página 177 de los antecedentes obra una certificación del importe en pesos efectivamente abonado por la actora en concepto de derechos de exportación, y en la página 232 se visualiza una copia del permiso de embarque involucrado en esta actuación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 12686/2024 VITERRA ARGENTINA SA (TF 25146995-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO (PE 13057EC03000174J), a partir de la cual se corrobora que la actora documentó el 24/1/13 la exportación para consumo de biodiesel y abonó una alícuota de derechos de exportación del 23,63%.
Resta aclarar que el Fisco no planteó oposición al principio de congruencia al contestar el recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, ni al replicar agravios en esta instancia.
Teniendo en cuenta, entonces, los hechos y los términos en que se trabó la litis, corresponde examinar la validez constitucional del decreto 1719/12 a la luz del principio iura novit curia (doctr. Fallos: 337:179 y 347:178, entre otros); para luego determinar la procedencia de la repetición, con el alcance solicitado en la demanda -es decir, contemplando que la actora consintió una alícuota del 5% de derechos de exportación-.
6. Que la invalidez constitucional de derecho de exportación establecido por el decreto 1719/12 a la luz del precedente “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388) ya fue declarada por este Tribunal en la causa 41274/23 “Molinos Rio de la Plata SA (TF 39038-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 7/3/24, especialmente considerandos 6° y 7°; a cuyos términos cabe remitir para evitar reiteraciones.
7. Que, sobre esa base, corresponde revocar la decisión apelada y admitir la repetición de la suma de $741.782,05 a fin de no arribar a un resultado económico más amplio que el pretendido por la empresa actora al confeccionar el formulario F4 (v. p. 3, expte cit.).
8. Que, en cuanto a la tasa de interés aplicable, se remite a lo dicho por esta Sala en la causa 63190/19 “Industrial and Commercial Bank of China c/ AFIP – DGI s/ DGI”, sentencia del 7/11/23 (esp. consid. 16), que conduce a rechazar el planteo de inconstitucionalidad del artículo 4º de la resolución ME 559/22. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
9. Que, dado el modo en que se decide, las costas de ambas instancias se imponen al demandado vencido (arg. arts. 1163 y 1182 del CA; y arts. 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN); lo que, a su vez, torna insustancial tratar el recurso del Fisco. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
Se deja constancia que el Sr. juez de Cámara Rogelio W. Vincenti no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia (Art. 109 RJN).
Regístrese, notifíquese ––a las partes y a la Fiscalía General–– y siga la causa según su estado (v. DEO enviado el 22/8/24).
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia