Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 25152961-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la decisión apelada en cuanto fue materia de agravio; con costas (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
2Diferir el pago de la tasa de justicia a cargo del demandado conforme lo dispuesto en el considerando 5º.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
11316/2026 “VITERRA ARGENTINA SA (TF 25152961-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO ”
Buenos Aires, 7 de abril de 2026.
VISTA: La elevación del expediente TF 25152961-A (v. DEOX del 17/3/26) a fin de tratar “el recurso de apelación interpuesto por el fisco nacional el 16/11/2025 (v. IF- 2025-127303379-APN-DTD#JGM) concedido el 28/11/2025 (v. PV-2025-132187754- APN-VOCXVII#TFN) contra la sentencia dictada el 13/11/2025, en cuanto a la imposición de costas (v. INLEG-2025-126612242-APN-TFN#MEC). Por su parte, la actora contestó agravios el 22/12/2025 (v. RE-2025-141424409-APN-DTD#JGM)” (v. pág. 939 del expediente citado); y
1. Que el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, confirmó la resolución 141/23, recaída en las actuaciones administrativas SIGEA 17134-1779-2018, en cuanto había denegado la devolución de una diferencia de alícuota de derecho de exportación, abonada con relación a la destinación 13057EC03000378P y en los términos del decreto 1719/12.
Para resolver como lo hizo, consideró aplicable la doctrina del acuerdo plenario del 26/4/22, dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-APNSGASAD#TFN).
La mayoría distribuyó las costas por su orden, tomando en consideración que la cuestión se resolvía por una doctrina plenaria.
2. Que el Fisco Nacional planteó que la resolución aduanera resultó confirmada en su totalidad y que el tribunal administrativo no había esgrimido motivos suficientes para apartarse del principio general de imposición de costas al vencido.
3. Que el artículo 1163 del Código Aduanero (texto según el art. 273 de la ley 27.430 –BO 29/12/17–) establece que “[l]a parte vencida en juicio deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiere solicitado. Sin embargo, la Sala respectiva podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad de la eximición…” (énfasis añadido).
Es decir que, en su actual redacción, y a diferencia de lo que ocurría con el texto modificado por el decreto 1684/93, el Código Aduanero faculta al Tribunal Fiscal de la Nación para eximir total o parcialmente al litigante vencido de pagar los gastos de la contraria, tal como lo hace la ley 11.683 en materia de imposición interna (cfr. esta Sala, causa 86874/17 “Spicer Ejes Pesados SA”, sent. del 26/12/17 y sus citas). 1 4º) Que, en ese marco, no se advierten motivos que justifiquen apartarse de lo decidido con relación a las costas de la anterior instancia.
En concreto, no puede obviarse que la validez constitucional de los derechos de exportación a la luz del principio de legalidad tributaria aún suscita numerosas controversias y que, con antelación al referido plenario, el Tribunal Fiscal de la Nación se expedía sobre esa clase de planteos, aunque sin exhibir un criterio uniforme; tal como lo demuestran las distintas opiniones de los vocales que suscribieron el acuerdo del 26/4/22 y los antecedentes individuales a los que algunos de ellos remitieron para responder los puntos 2 y 3 de la convocatoria (v. gr. votos de los doctores González Palazzo y Soria).
Resta señalar que esta Sala ha convalidado idéntica solución en materia de costas en otras causas análogas a la presente (cfr. causas 26486/23 “Cormedic SA (TF 69974744-A) c/ DGA”, sent. del 22/8/23; 41250/23 “Transportadora de gas del sur SA (TF 36718-A) c/ DGA”, sent. del 10/10/23; 44428/23 “Transportadora de Gas del Sur SA (TF 36729-A) c/ DGA”, sent. del 5/12/23; entre otras).
5. Que corresponde ahora examinar la solicitud de diferimiento de pago de la tasa de justicia a cargo del demandado (v. escrito del 30/3/26).
Al respecto, el artículo 2° de la acordada 66/90 de la Corte federal establece que, cuando el Estado Nacional debe integrar dicho tributo antes de que quede firme la sentencia de condena, el pago podrá ser diferido para el año correspondiente al siguiente ejercicio financiero, a fin de que pueda ser previsto en el presupuesto respectivo. Tal postergación en el pago no excluye que este Tribunal cuente con los medios necesarios para el control de su cumplimiento.
En consecuencia, corresponde hacer lugar al pedido y diferir el pago de la tasa de justicia por la suma de $2.350 (v. primer auto, punto V); debiendo el apoderado fiscal acreditar, dentro de los 15 días, las medidas adoptadas por su superioridad para la inclusión del crédito en el presupuesto correspondiente.
Por lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la decisión apelada en cuanto fue materia de agravio; con costas (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
2. Diferir el pago de la tasa de justicia a cargo del demandado conforme lo dispuesto en el considerando 5º.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
ROGELIO W. VINCENTI JORGE EDUARDO MORÁN MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia