Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 25575988-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocar la sentencia apelada, y reconocer el derecho de la firma Viterra Argentina SA a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados en más sin causa con más los intereses, de conformidad con lo establecido en el considerando XII. Costas de ambas instancias a la parte demandada vencida. Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SALA III
CAUSA Nº 22880/2024 “VITERRA ARGENTINA SA (TF 25575988-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 3/25 de esta Cámara.
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CAUSA Nº 22880/2024 “VITERRA ARGENTINA SA (TF 25575988-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de noviembre de 2025. NAI Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Sumario de los hechos del caso La empresa Viterra Argentina SA, compañía dedicada a la comercialización y exportación de productos agrícolas, realizó una exportación de biodiesel, por lo que abonó derechos de exportación, establecidos por la Resolución Nº 1719/12, la cuál no fue ratificada legislativamente. En consecuencia, solicitó la devolución del importe abonado, lo cual fue rechazado mediante el acto administrativo dictado por el Jefe del Departamento de Aduana de San Lorenzo. En consecuencia, la empresa interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, el cual desestimó su pretensión, por aplicación de un fallo plenario del Tribunal Fiscal de la Nación.
II. Sentencia del Tribunal Fiscal En este entendimiento, la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, mediante la sentencia del 6/9/2024, confirmó la Resolución Nº 146/2023 (AD SALO), dictada por el Jefe de Departamento de la Aduana de San Lorenzo (DI RAHI), en las actuaciones SIGEA Nº 17134-1761-2018. Asimismo, impuso las costas por su orden.
Para así decidir, el Tribunal Fiscal de la Nación luego de hacer una análisis de las actuaciones administrativas, señaló que, las cuestiones planteadas en la causa bajo análisis resultaban sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario del 26/4/2022, IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN, dictado en la causa EX-2020-24600163-APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso de apelación”, en la cual el Tribunal Fiscal por mayoría había acordado: “ARTÍCULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTÍCULO 2 °.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.
A continuación, concluyó que debía rechazarse la pretensión de devolución de los derechos de exportación abonados en relación al Permiso de Embarque Nº 13057EC03000574N en virtud de lo dispuesto en la Resolución N° 126/08.
III. Agravios del Fisco Nacional Contra aquel pronunciamiento, la parte demandada interpuso recurso de apelación y expresó agravios el 17/10/2024, los que fueron contestados por la parte actora el 11/11/2024.
Se agravia únicamente respecto de la imposición de las costas. Ello así, alega que imponer las costas por su orden cuando la parte demandada resultó vencedora en el pleito y, además, la cuestión en debate fue resuelta con los mismos argumentos sostenidos por la representación fiscal al contestar el recurso de apelación interpuesto ante el Tribunal Fiscal, y considerando que la parte actora no podía desconocer la existencia del Plenario, hace que la eximición de costas al perdidoso sea nula.
IV. Agravios de la parte actora Por su parte, contra el pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso de apelación el 2/10/2024 y expresó agravios el 11/10/2024, los cuales fueron contestados por el fisco el 13/11/2024.
En primer lugar, aduce que el pago efectuado resulta ilegítimo en tanto el mismo se sustentó en la Resolución Nº 126/08, que estableció la alícuota aplicable para los derechos de exportación cancelados, la cual es nula, de nulidad absoluta e insalvable, ya que no reconoce fuente en una norma legal.
A continuación, señala que en el caso del biodiesel la última alícuota con ratificación legislativa es la nominal del 5% establecida por el Decreto Nº 509/2007. Así, alega que los derechos de exportación oportunamente abonados, fueron liquidados y abonados en base a una alícuota inaplicable (nominal del 20%) por estar fijada por una norma inconstitucional (Resolución ME Nº 126/08). De este modo, considera que se le debe restituir a la parte actora la diferencia entre los derechos de exportación efectivamente abonados (calculados en base a la alícuota inconstitucional del 20% fijada por la Resolución ME Nº 126/08) y el menor importe que le hubiese correspondido abonar si el tributo se hubiese estimado en base a la última norma que fijó válidamente los derechos de exportación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SALA III CAUSA Nº 22880/2024 “VITERRA ARGENTINA SA (TF 25575988-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
aplicables al biodiesel (esto es, la alícuota nominal del 5% fijada por el Decreto Nº 509/2007).
Seguidamente, sostiene que la modificación de la alícuota de derechos de exportación efectuada por la Resolución Nº 126/08 resulta inconstitucional ya que encuentra su origen en una norma de rango infralegal y el artículo 755 del Código Aduanero en que se fundamenta su dictado no subsana dicha circunstancia, en tanto no constituye una delegación legislativa válida, en los términos requeridos por el artículo 76 de la Constitución Nacional. Asimismo, puntualiza que dicha afirmación se sustenta en la posición asumida por la Corte Suprema en el precedente “Camaronera”.
En este orden de ideas, refiere que el precedente “Camaronera” no es el único que respalda el pedido de la parte actora, en tanto la jurisprudencia hizo lugar a reclamos de misma índole con motivo de la inconstitucionalidad de la Resolución Nº 126/08 y el Decreto Nº 793/2018, decreto que resulta análogo a la resolución aquí impugnada.
Por último, plantea la inconstitucionalidad de la Resolución Nº 559/2022. Al respecto, manifiesta que la prohibición de actualización de los créditos fiscales y la tasa de interés aplicable para los casos de repetición, conforme el artículo 4 de la Resolución Nº 559/2022 del Ministerio de Hacienda con vigencia a partir del 1/9/2022 afectan el derecho de propiedad de la firma actora y violan los principios constitucionales de no confiscatoriedad y razonabilidad.
Ello así, solicita se declare la inconstitucionalidad de la Resolución Nº 559/2022 o la inaplicabilidad de la tasa de interés prevista en la misma, y que se aplique la tasa de interés de las operaciones de pase activas para el Banco Central de la República Argentina, o en su defecto, la aplicación de la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina.
V. El Dictamen del Sr. Fiscal General El 11/7/2025, dictaminó el Fiscal General sobre la competencia de la Sala, la admisibilidad del recurso y los planteos de inconstitucionalidad formulados por la actora (confr. Dictamen Nº 3452/2025).
A este último respecto, advirtió que “si bien la accionante solicitó la repetición de la diferencia entre lo abonado por aplicación de la Resolución N° 126/2008 (alícuota del 20%), al considerar que esa norma resulta inconstitucional por carecer de ratificación legislativa, lo cierto es que, a la fecha en que se oficializó el Permiso de Embarque en debate –09/04/2013 (cfr. pág. 208)–, se encontraba vigente el Decreto N° 1719/12, sobre la base del cual los derechos de exportación se liquidaron a la alícuota allí establecida (26,63%). Siendo ello así, entiendo que deviene inoficioso un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la Resolución N° 126/2008, dado que el tributo no fue aplicado teniendo en cuenta esa norma, sino una posterior que no se encuentra cuestionada de forma específica por la contribuyente”.
VI. Alcances del pronunciamiento De manera preliminar, es necesario advertir que esta Sala no se encuentra obligada a seguir a los apelantes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de la alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (confr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/2008; “Multicanal S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986”, del 21/5/2009; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/2010; “CPACF- Inc Med (2-III-11) c/ BCRA- Comunicación ‘A’ 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/2011, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018, “Martínez, José Domingo y otros c/ EN-M° Seguridad -PSA- s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, Causa Nº 48697/2017, del 25/11/20, “Cargill SACI c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa N° 55388/2019, del 18/10/22; “Pioneer Argentina SRL -TF 39782- A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 15567/2021; del 17/12/2024; entre otros).
VII. Iura novit curia.
Si bien al interponer su recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación y expresar agravios ante esta Cámara la actora fundó su pretensión en la inconstitucionalidad de la Resolución Nº 126/08, conforme a la cual dijo haber abonado la diferencia de derechos de exportación cuya devolución solicita, con independencia de la norma que la accionante mencionó en sus presentaciones, la que tuvo efectiva incidencia en el caso —de acuerdo al momento de registro de la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SALA III CAUSA Nº 22880/2024 “VITERRA ARGENTINA SA (TF 25575988-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
destinación, la mercadería involucrada y lo informado por la propia Aduana— fue el Decreto Nº 1719/2012.
Asimismo, conforme surge de las actuaciones SIGEA Nº 17134-
1761-2018 (agregadas mediante DEO Nº 17135180), mediante Nota Nº 426/22 del 2/5/2022 de la Sección Inspección Simultánea se expresó que al momento de la oficialización del permiso de embarque Nº 13057EC03000574N se encontraba vigente el Decreto Nº 1719/12. Seguidamente, obra Nota Nº 247/2022 del 20/5/2022, en la cual se informan los derechos de exportación abonados por la parte actora, y también se visualiza una copia del permiso de embarque involucrado en esta actuación (PE 13057EC03000574N), a partir de la cual se corrobora que la actora documentó el 9/4/2013 la exportación para consumo de biodiesel de la PA 3826.00.00.100L, y abonó una alícuota de derechos de exportación del 26,63%. Además, la Resolución Nº 146/2023 (AD SALO) rechazó la repetición de la diferencia entre los derechos de exportación efectivamente abonados según el Decreto Nº 1719/12 y el menor importe que le hubiese correspondido abonar a la actora conforme al Decreto Nº 509/07.
A su vez, no está de más advertir que el fisco nacional no ha planteado una excepción de defecto legal ni ha argumentado la improcedencia del recurso con fundamento en esta inconsistencia u oposición al principio de congruencia al contestar el recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación; tampoco al contestar agravios en esta instancia.
Al respecto, cabe dejar sentado que, teniendo en cuenta los hechos y los términos en que ha quedado planteada la litis corresponde examinar la validez constitucional del Decreto Nº 1719/2012 a la luz del principio iura novit curia (doctr. Fallos: 337:179 y 347:178, entre otros); para luego determinar la procedencia de la repetición, con el alcance solicitado en el recurso –es decir, contemplando que la actora consintió una alícuota del 5% de derechos de exportación– (en similar sentido, esta Sala, in rebus: “Viterra Argentina SA (TF 25629572-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 20188/2024, del 28/10/2025; “Viterra Argentina SA (TF 22907174-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 7717/2024, del 15/7/2025; y “Soyapampa SA (TF 72308171-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 41464/2023, del 6/03/2025; y esta Cámara, Sala IV, in rebus: “Viterra Argentina SA (TF 25645280- A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 16275/2024, del 14/11/2024; y “Viterra Argentina SA (TF 23000758-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 16298/2025, del 12/6/2025).
VIII. Reseña de las normas aplicables al caso Sentado lo expuesto, corresponde describir el plexo normativo aplicable. En este orden de ideas, cabe señalar que la Constitución Nacional dispone lo siguiente: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca” (artículo 76, primer párrafo, de la Constitución Nacional).
Por otro lado, en su artículo 99 prevé que el Presidente de la Nación posee diversas atribuciones, entre las que se encuentran –en lo que aquí interesa– las siguientes: (i) expedirá las instrucciones y reglamentos que sean necesarias para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias (inciso 2º); (ii) es quien participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y las hace publicar, pero no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo (inciso 3º).
Asimismo, en el mismo inciso se dispone que “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”. A tal fin, “El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso” (artículo 99, inciso 3º).
A su vez el artículo 100 establece que tanto el jefe de gabinete de ministros como los demás ministros secretarios no solo tienen a su cargo el despacho de los negocios de la Nación, sino que también a ellos les corresponde refrendar y legalizar los actos del presidente por medio de su firma, los cuales sin dicho requisito, carecen de eficacia. Además, el mencionado artículo determina que CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SALA III CAUSA Nº 22880/2024 “VITERRA ARGENTINA SA (TF 25575988-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
el jefe de gabinete de ministros es a quien le corresponde refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los cuales también estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente (inciso 12).
Por su parte, el artículo 755 del Código Aduanero establece que el Poder Ejecutivo podrá “a) gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviere gravada con este tributo; b) desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este tributo; y c) modificar el derecho de exportación establecido”.
IX. Precedentes análogos IX.1. Teniendo en consideración todo lo expuesto, resulta conveniente destacar que la presente cuestión ya ha sido examinada por esta Sala en los precedentes “Molinos Río de La Plata SA (TF 38343-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 41273/2023, del 25/4/2024; “Catajuy SRL c/ EN DGA s/ DGA”, Causa N° 377/2021, del 18/10/2022; y “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 25041338-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa N° 26.963/2022, del 29/12/2022.
En las causas mencionadas fue puesta de resalto la naturaleza “delegada” del reglamento allí cuestionado (Decreto Nº 793/18) en tanto fija derechos de exportación, señalando que al dictarlo el Poder Ejecutivo ejerció potestades materialmente legislativas, sin que se encuentren reunidos los recaudos exigidos por el artículo 76 de la Constitución Nacional para considerar que hubiera mediado una delegación legislativa válida.
Asimismo, declaró la aplicación de la doctrina emanada del precedente “Camaronera Patagónica” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 337:338), señalando que la ratificación legislativa, como regla general, carece de efectos retroactivos respecto de decretos que adolecen de insanable inconstitucionalidad original, como en el caso.
Indicó también el Tribunal que el planteo relacionado con la Ley Nº 26.122 no altera la decisión, dado que el vicio fue congénito y superado con la ley del Congreso posterior. Finalmente, también se pronunció en sentido negativo respecto a la necesidad de probar que el tributo no fue trasladado al precio de la mercadería. En función de estas consideraciones, admitió la repetición por el periodo comprendido entre el dictado del Decreto Nº 793/18 y su ratificación legislativa.
IX.2. En este mismo sentido se expidió la Sala IV de esta Cámara, declarando la invalidez constitucional del Decreto Nº 1719/12, en la sentencia dictada el 7/3/2024 en la causa “Molinos Rio de la Plata SA (TF 39038-A) c/ DGA” (Expte. Nº 41274/2023).
Para ello, el mencionado Tribunal puntualizó que el aumento o disminución de alícuotas de derechos de exportación por parte del Poder Ejecutivo, dentro de un margen claramente delimitado por una ley del Congreso, podría hallar fundamento válido tanto en el ejercicio de la potestad reglamentaria prevista en el artículo 99, inciso 2º, de la Constitución Nacional, como en la técnica de la delegación legislativa y bajo los lineamientos del artículo 76 de la Constitución, siempre que el Congreso establezca previamente pautas y límites precisos en lo relativo al aspecto cuantitativo del tributo o, por lo menos, la alícuota máxima aplicable, a fin de proporcionar una “clara política legislativa” o una “base de delegación suficiente”, y así dar plena satisfacción al principio de reserva de ley en materia tributaria (confr. Sala IV, “Bunge Argentina SA”, Causa Nº 51372/2022, del 13/12/2022).
Sin embargo, observó que este recaudo no se encontraba satisfecho en el caso del Decreto Nº 1719/12, en la medida en que éste no cumple con el principio de reserva de ley a la luz de la doctrina de “Camaronera Patagónica” (confr. esta Cámara, Sala IV, in re: “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA”, Causa Nº 20415/2021, del 31/5/2022, en especial su décimo considerando).
En razón de lo expuesto, concluyó en la invalidez del Decreto Nº 1719/12, toda vez que por su intermedio se creó una carga tributaria y se fijó una alícuota de derechos de exportación sin que existiese una clara política legislativa, incursionando de esta manera el Poder Ejecutivo Nacional en una materia reservada exclusivamente al Congreso de la Nación.
X. Aplicación de los precedentes al caso Los fundamentos y conclusiones de los precedentes mencionados resultan aplicables al presente caso.
En efecto, el Decreto Nº 1719/12 (BO 20/9/2012) dispuso la modificación de la alícuota correspondiente al derecho de exportación aplicable a la posición arancelaria da la Nomenclatura Común del Mercosur 3826.00.00, consignada en el anexo XIV del Decreto Nº 509/07 del 15/5/2007 y sus modificaciones, la que se fijará según la fórmula consignada en su primer artículo. Esta modificación no ha sido objeto de ratificación legislativa a la fecha en que fuer oficializada la operación de exportación ya mencionada, lo cual determina su CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL SALA III CAUSA Nº 22880/2024 “VITERRA ARGENTINA SA (TF 25575988-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
invalidez constitucional, de conformidad con la doctrina emanada del precedente “Camaronera Patagónica” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya citado (en sentido análogo, esta Sala, in re: “LDC ARGETNINA SA (TF 36454-A) c/ DGA”, Causa Nº 65461/2022, del 2/2/2024).
Por lo tanto, se debe revocar la sentencia apelada y la resolución aduanera cuestionada, declarar la invalidez del Decreto N° 1719/12 y ordenar la devolución de los derechos de exportación abonados por aplicación de dicha norma en exceso del que quedó consentido por la exportadora.
XI. Inconstitucionalidad de la Resolución ME Nº 559/2022 Respecto del agravio deducido por la parte actora en relación con la inconstitucionalidad de la Resolución ME Nº 559/2022 y la solicitud tendiente a que la tasa que esa norma fija sea reemplazada por la tasa activa o, en su defecto, por la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina, el mismo debe ser rechazado.
Ello, debido a que la apelante se limitó a señalar genéricamente que su aplicación afecta su derecho de propiedad, sin efectuar un análisis riguroso que compruebe que esa norma resulte lesiva de sus derechos constitucionales (confr. esta Sala, in re: “Lixis SAU (TF 85354116-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 14663/2024, del 20/02/2025).
Al respecto, resulta oportuno añadir que la Sala IV del fuero ha destacado que los agravios basados en que la aplicación de la tasa antedicha no resultaría equiparable a los índices inflacionarios, no cumple con las exigencias establecidas por el Máximo Tribunal. Y concluyó que “dar favorable acogida a la argumentación de la actora, en los términos en que ha sido planteada, conllevaría a un desconocimiento de las normas dispuestas por el legislador, a través de las cuales se instauró la prohibición de indexación, mediante las leyes 23.928 y 25.561” (confr. “Industrial And Commercial Bank Of China c/ AFIP – DGI s/Dirección General Impositiva”, Causa N° 63190/2019, del 7/11/2023), doctrina que también ha extendido a las repeticiones aduaneras (confr. “PBB Polisur SRL (TF 22571331-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 16279/2024, del 19/11/2024, considerando 6º).
XII. Intereses En cuanto a los intereses que habrán de adicionarse a las sumas a reintegrar (artículo 811 del Código Aduanero), en la medida en que la solicitud de repetición fuera presentada el 28/11/2018, los intereses deberán calcularse de la siguiente manera:
(i) desde la fecha de la presentación del reclamo de repetición hasta el 31/8/2019, se aplicará la tasa prevista en el artículo 4° de la Resolución Nº 314/04 del Ministerio de Economía y Producción;
(ii) entre el 1/9/2019 y el 31/8/2022, la tasa de interés fijada en el artículo 4° de la Resolución Nº 598/19 del Ministerio de Hacienda;
(iii) desde el 1/9/2022 y hasta el 31/1/2024, la tasa del artículo 4° de la Resolución (MH) Nº 559/22;
(iv) a partir del 1/2/2024 y hasta el 28/2/2025, la tasa prevista en el artículo 4°, primer párrafo, de la Resolución Nº 3/24, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 10° de esa norma; y (v) para los intereses devengados desde el 1/3/2025 y hasta el momento del efectivo pago, se aplicará la tasa del 0,75% mensual, en cumplimiento del artículo 3° la Resolución N° 199/25 del Ministerio de Economía, o la que la sustituya en el futuro.
XIII. Costas Por último, en cuanto a la imposición de costas, teniendo en cuenta que por la presente se resuelve revocar el decisorio de la anterior instancia, y que tampoco se advierte la existencia de cuestiones suficientes para que el Tribunal se aparte del principio general de la derrota, corresponde imponerlas —en ambas instancias— a la parte demandada vencida (artículos 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN).
En concordancia, resulta inoficioso expedirse respecto del agravio deducido por la parte demandada.
Por ello, en mérito de lo precedentemente expuesto, SE RESUELVE: hacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocar la sentencia apelada, y reconocer el derecho de la firma Viterra Argentina SA a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados en más sin causa con más los intereses, de conformidad con lo establecido en el considerando XII. Costas de ambas instancias a la parte demandada vencida. Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 3/25 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese a las partes y al señor Fiscal General y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia