Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 25586511-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar la apelación del Fisco Nacional y, por ende, confirmar el pronunciamiento del 18/9/2024 dictado por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación, en cuanto fue materia de agravios, con costas.
Buenos Aires, 17 de octubre de 2025.-
VISTOS estos autos 10271/2025 caratulados “Viterra Argentina SA (TF 25586511-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y
I. El 28/11/2018, Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFyA solicitó a la Aduana de San Lorenzo (Provincia de Santa Fe), la devolución de las sumas que -en su entendimiento- habría abonado indebidamente en concepto de derechos de exportación respecto de la destinación “13 057 EC03 000804 J”, que le fueran liquidados conforme la alícuota establecida por la Unidad de Monitoreo creada por la Resolución MEyF 438, según lo previsto en el decreto 1719/2012 (es decir, para el periodo en cuestión, según puntualizó, una alícuota nominal del 26,16%), con más los intereses correspondientes (ver esp. fs. 143/174 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
En prieta síntesis, sustentó su reclamo en que la alícuota nominal en base a la cual se estimaron, liquidaron y abonaron los derechos de exportación correspondientes a la destinación en cuestión, era contraria a derecho, por encontrarse la norma que fija tal alícuota gravemente afectada en su legalidad.
En ese sentido, señaló que resultaría procedente la repetición peticionada por la diferencia de tributos entre los derechos de exportación efectivamente abonados y el importe que hubiera correspondido abonar si el tributo se hubiese estimado en base a la última norma que fijó válidamente los derechos de exportación aplicables al biodiesel (es decir, la alícuota del 5%, fijada por el decreto 509/2007). El fundamento de la inconstitucionalidad endilgada radica en que, al tiempo de la oficialización de la solicitud de exportación, la alícuota en cuestión no contaba con la necesaria ratificación del Congreso Nacional. Por lo que debía retrotraerse a la última alícuota ratificada al momento de los hechos, que sería la del 5%, fijada por el decreto 509/2007.
En cuanto a los términos de la devolución, reclamó que el pago fuera efectuado en dólares estadounidenses, o bien, si fuera en pesos argentinos, el monto necesario para adquirir, al momento de su efectiva cancelación, la cantidad de dólares estadounidenses oportunamente abonados; ello con más intereses a calcular según la tasa de interés pasiva fijada por el BCRA, conforme lo resuelto por el Alto Tribunal en autos “Alubia” y esta Cámara en ciertos precedentes citados (conf. esp. capítulo V “Importe de la repetición, moneda de devolución” del reclamo administrativo).
II. Por resolución AD SALO 128/2023, el Departamento Aduana de San Lorenzo desestimó el pedido de devolución seguido por Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFyA (ver esp. fs. 51/53).
III. Solicitada la revisión del acto por parte de Viterra Argentina SA, como continuadora de Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFyA, por resolución del 18/9/2024, la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, hizo lugar a la pretensión actoral y, en consecuencia, declaró la nulidad absoluta e insanable la resolución 126/08 en toda su vigencia (art. 76 y 99 inc. 3 de la Constitución), revocó la resolución n° 128/2023, haciendo lugar a la devolución de la suma de $204.390,14, con más los intereses de los arts. 811 y 812 del Código Aduanero, que deberán calcularse desde la fecha en que la actora presentó su reclamo hasta la fecha del pago efectivo y total. Finalmente, impuso las costas a la Aduana (conf. fs. 316/322 del hipervínculo incluido en el primer Considerando). Para así decidir, luego de reseñar las constancias de la causa y de la evolución normativa involucrada en autos, puso de relieve que el artículo 76 de la Constitución Nacional establecía como requisitos de validez inexcusables que debe revestir la legislación delegante tres exigencias claras: ley delegante previa, que contenga las bases de la delegación, con plazo para su ejercicio. Así, trajo a colación la jurisprudencia de la Corte Suprema, puntualmente en referencia a “Camaronera Patagónica” (Fallos: 337:388), en cuanto establece, para la materia tributaria, el estándar jurisprudencial de ratificación por el Congreso de una norma delegada nula de nulidad absoluta e insanable por inexistencia de norma delegante o, de existir, incumplimiento de los requisitos del art. 76 de la Constitución.
En función de ello, determinó que la resolución 126/08 no se dictó con base en una delegación constitucionalmente válida de facultades legislativas, por lo que la alícuota establecida por la resolución 126/08 –aplicada por el SIM en autos- debe invalidarse (por su naturaleza materialmente legislativa y como norma emanada del PEN sin ninguna intervención del Congreso) como nula de nulidad absoluta e insanable, conforme el art. 76 de la Constitución, por lo que el reclamo de repetición de la actora deviene legítimo y procedente.
IV. Disconforme con lo resuelto, ambas partes interpusieron recurso de apelación. La firma actora con fecha 5/11/2024, desistiendo del mismo con fecha 14 del mismo mes; y la Aduana lo interpuso el 5/11/2024, fundándolo el 29/11/2024, el que fue contestado por la parte actora con fecha 26/12/2024.
Tras referir los antecedentes del caso, en sustancial síntesis, la Aduana se agravió de que el Tribunal se hubiera apartado de lo dispuesto por el artículo 1164 del C.A., al realizar el control de constitucionalidad de una norma.
Indicó que la sentencia emanada del TFN no podrá contener pronunciamiento respecto de la falta de validez constitucional de las leyes tributaria o aduaneras y sus reglamentaciones, a no ser que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiere declarado la inconstitucionalidad de las mismas, en cuyo caso podrá seguirse la interpretación efectuada por ese tribunal.
Y aclaró que en dicho caso debe referirse a la misma situación jurídica que motiva la causa y no a circunstancias análogas o parecidas, que por inducción o deducción pudieren adaptarse al caso. A continuación, enfatizó lo que entendió que era el correcto análisis del caso, en referencia al voto en minoría.
Al respecto indicó que correspondía resolver la cuestión en remisión al Fallo Plenario “PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. s/ recurso de apelación”, IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN, de fecha 22 de abril de 2022, por el cual se realizó un análisis pormenorizado de la situación (análoga a la presente causa) determinando la confirmación de la Resolución Aduanera.
Por otro lado, afirmó que en el caso se estaba aplicando en forma errónea el criterio adoptado por la CSJN en el fallo “Camaronera” y la Ley 26.122.
Explicó que en el precedente “Camaronera”, la Corte estableció que la delegación legislativa allí debatida, en el contexto dictado, excedía las atribuciones del Poder Ejecutivo en el marco de los artículos 76 y 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, en la medida en que se consideró a la Resolución 11/02 allí controvertida como “legislación delegada dictada con sustento en la legislación delegante preexistente a la reforma de la Constitución Nacional de 1994” y ello así en tanto no se habrían fijado las pautas reglamentarias esenciales del tributo, lo que no ocurriría en el presente caso.
Resaltó que en “Camaronera” la Corte sostuvo la validez del artículo 755 del C.A., y fijó las pautas que viabilizarían en su consideración la delegación legislativa reglamentaria para el caso de los derechos de exportación.
Sostuvo que resultaba indiferente si la fijación de la alícuota establecida por la Resolución Nº 126/08 constituyó el ejercicio de una facultad reglamentaria o una delegada puesto que, aun cuando cupiera encuadrarla en la categoría de facultades delegadas la solución arribada era, a su entender, igualmente incorrecta, puesto que en ningún caso podía asimilarse esta causa al caso “Camaronera”.
Explicó que en el caso no se trata de una norma carente de respaldo legal puesto que dicha Resolución, a diferencia de la Resolución 11/02, se encontraba sujeto al procedimiento de aprobación legislativa reglado en la Ley N° 26.122, que reconoce la validez de la norma delegada desde el mismo momento de su entrada en vigencia, en tanto no sea expresamente derogada por el Congreso de la Nación. Cabe agregar que con fecha 25/8/2025 se corrió vista al señor Fiscal General.
V. Que cabe precisar que no se encuentran controvertidas las operaciones de exportación bajo trato, ni los elementos resultantes de sus declaraciones, las características de la mercadería involucrada, su posición arancelaria, etcétera; limitándose la controversia suscitada, atento los términos del reclamo seguido, a determinar si se ajusta a derecho el pago de derechos de exportación efectuado o debiera aplicarse la alícuota del 5%.
Al punto, resulta atinado destacar que, en el caso, mediante la destinación “13 057 EC03 000804 J”, la firma exportó mercadería bajo la posición arancelaria “3826.00.00”; reclamando la devolución de la diferencia entre lo abonado en concepto de derechos de exportación por aplicación de la alícuota elevada al 26,16% por la resolución ex MEyP 126/2008, y modificatorias, y lo que, en el entendimiento de la parte actora hubiera correspondido de aplicar la norma correcta, esto es, el decreto 509/2007.
VI. Que puesto ello de relieve, el fondo de la cuestión discutida en los presentes autos se subsume al reclamo efectuado por la firma actora respecto de los derechos de exportación liquidados y abonados con posterioridad al dictado del Decreto Nº 126/2008 y decreto 1719/2012 (es decir, toda norma carente de ratificación legislativa que fije o modifique los derechos de exportación para la mercadería en cuestión), poniendo en tela de juicio su constitucionalidad (y, como se mencionó, las de sus modificatorios).
En tales condiciones, la cuestión a resolver en estos actuados resulta sustancialmente análoga a la examinada por esta Sala en las causas 5833/2025 caratulada “Viterra Argentina SA (TF 25102869-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 12/9/2025 (ver específicamente Considerandos VII a XIV), y 47777/2023 caratulados “Bunge Argentina SA (TF 48385959-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, sentencia 3/4/2024, a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad. El texto íntegro del pronunciamiento puede ser consultado en la página de la CSJN, en el link “Causas en Trámite - Consulta de Expedientes” (www.csjn.gov.ar).
En esa oportunidad, este tribunal, por aplicación del precedente "Camaronera Patagónica" de la CSJN decidió que resultaba incompatible con el texto constitucional la fijación de derechos de exportación por medio de una resolución del Poder Ejecutivo Nacional. Por lo que, en definitiva, se resolvió que correspondía dejar sin efecto la sentencia apelada, declarar la inconstitucionalidad de la resolución 126/2008 y su modificatorio decreto 1719/2012, también carente de ratificación legislativa, y consecuentemente reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa, al oficializar el despacho de exportación denunciado (oficializado el 15/5/2013), cuyo pago -por lo demás- no fue desconocido en autos por la demandada (en el mismo sentido Sala V, in re, expte. 51.458/2019, “Gut Metal SRL c/EN -AFIP s/Dirección General de Aduanas”, sentencia del 6/05/2021).
VII. Que lo hasta aquí desarrollado sella la suerte de la cuestión traída a conocimiento de esta Alzada y torna inoficioso pronunciarse respecto de los restantes planteos esgrimidos por la parte demandada.
VIII. Que, finalmente, en atención al modo en que se decide, y al no advertirse razones suficientes para apartarse del principio general rector en la materia, corresponde que las costas vinculadas tanto a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional, vencido (conf. artículos 68, primera parte, y 279, ambos del CPCCN y artículo 1163 del Código Aduanero).
Por los fundamentos que anteceden, el Tribunal RESUELVE: rechazar la apelación del Fisco Nacional y, por ende, confirmar el pronunciamiento del 18/9/2024 dictado por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación, en cuanto fue materia de agravios, con costas. Regístrese, notifíquese -a las partes y al señor Fiscal General de Cámara- y, oportunamente, gírese al Tribunal Fiscal de la Nación.-
MARÍA CLAUDIA CAPUTI JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia