Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 25597999-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar los recursos de apelación de ambas partes y confirmar por los fundamentos aquí desarrollados, el decisorio del Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto confirmó la Resolución N° 135/2023 (AD SALO), dictada por el Jefe de Departamento de la Aduana de San Lorenzo;
2Imponer las costas de esta Alzada en el orden causado (arts. 68, segunda parte, del CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. Nº 11085/2024 “VITERRA ARGENTINA SA (TF 25597999-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de octubre de 2025.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que el 13 de diciembre de 2024 la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación rechazó el recurso interpuesto por la firma actora y confirmó la Resolución N°135/2023 (AD SALO), dictada por el Jefe de Departamento de la Aduana de San Lorenzo, en las actuaciones SIGEA Nro. 17134-2483-2019 (v. págs. 323/325 del archivo contenido en DEO N° 14788088, que contiene las actuaciones ante el TFN). En dicho acto administrativo se había rechazado el reclamo de repetición por la suma de $1.153.370,41 en concepto de derechos de exportación presuntamente abonados en demasía, correspondientes a los permisos de embarque N°14057 EC03 000635 M. El Tribunal impuso las costas por su orden en razón de haber resuelto con base en un plenario y por la complejidad del asunto.
Para así decidir, consideró que la cuestión analizada resultaba sustancialmente análoga a la que se había debatido en esos estrados con relación a los derechos fijados por el Decreto N° 793/18, de manera que resultaba aplicable la doctrina legal establecida en el Acuerdo Plenario del 26/04/2022 dictado por ese Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DCA s/ Recurso de apelación” (EX-2020-24600163- - APN-SGASAD#TFN). Recordó que allí se determinó que: i) el TFN no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley; ii) el Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero; iii) no corresponde declarar la invalidez del Decreto N° 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018. Por ello, rechazó el recurso de la empresa.
II. Que contra esa decisión, la actora interpuso un recurso de apelación el 22/12/2024 y expresó agravios el 15/02/2025 (conf. págs. 330 y 343/388 del archivo que contiene las actuaciones del TFN) los que no fueron replicados por su contraria.
En su presentación, afirmó que el derecho de exportación cuya restitución pretende fue ilegítimamente establecido por el Poder Ejecutivo Nacional mediante la referida Resolución N° 126/08, en contraposición con el principio de reserva de ley en materia tributaria. Señaló que la norma delegante contenida en el artículo 755 del Código Aduanero, no cumple los recaudos constitucionales exigidos para el ejercicio de esa facultad (arg. art. 76, CN). Y que, en cualquier caso, la fijación de tributos mediante actos del Poder Ejecutivo -aún mediante reglamentos delegados- comporta una violación del principio de reserva de ley, inquebrantable en materia tributaria (arg. arts. 4, 17, 52, 75, inc. 1, CN) y, en consecuencia, una transgresión del orden de prelación normativo consagrado por el constituyente.
Entiende que, en el caso del biodiesel, la última alícuota con ratificación legislativa es la nominal del 5% establecida por Decreto N° 509/2007 y reclama, por eso, la diferencia con la alícuota del 20% fijada en la Resolución N° 126/08.
Afirma que la decisión del a quo se aparta de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
Finalmente, cuestionó la aplicación de la tasa de interés prevista en la Resolución ME N° 559/22 y solicitó la aplicación de la tasa de interés de las operaciones de pase activas para el BCRA.
III. Que también la parte demandada recurrió la resolución reseñada en el primer considerando y expresó agravios el 20/02/2025 (conf. págs. 394/395 del archivo que contiene las actuaciones del TFN), los cuales fueron replicados por la actora el 05/04/2025.
En su escrito recursivo cuestionó la imposición de costas decidida en la instancia previa y solicitó que estas fueran impuestas a la apelante vencida, toda vez que no existían motivos para apartarse del principio general de la derrota que rige en la materia.
IV. Que a fojas 4/9 de las presentes actuaciones tomó intervención el Sr. Fiscal General.
En lo relativo a los agravios de la actora indicó que “[…] si bien la accionante solicitó la repetición de la diferencia entre lo abonado por aplicación de la Resolución N° 126/2008 (alícuota del 20%), CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V al considerar que esa norma resulta inconstitucional por carecer de ratificación legislativa, y la establecida en el Decreto N° 509/2007 (5%), lo cierto es que, a la fecha en que se oficializó el Permiso de Embarque en debate -22/05/2014-, se encontraba vigente el Decreto N° 1719/2012, sobre la base del cual los derechos de exportación se liquidaron a las alícuotas móviles allí establecidas”.
En consecuencia, consideró inoficioso pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Resolución N° 126/2008 “[…] dado que el tributo no fue aplicado teniendo en cuenta esa norma, sino una posterior que no se encuentra cuestionada de forma específica por la contribuyente”.
V. Que la fecha de oficialización del permiso de embarque involucrado (22/05/2014) da cuenta de que los derechos cuya repetición se intenta fueron abonados como consecuencia de lo dispuesto en el Decreto N° 1719/2012. Sin embargo, tal como puso de relieve el dictamen fiscal, la argumentación de la actora gira en torno al cuestionamiento de la constitucionalidad de la Resolución N° 126/2008 y los derechos de exportación instituidos en ella.
En consecuencia, el pronunciamiento del tribunal sobre la legalidad de este último acto resultaría inadecuado en tanto, como es sabido, es de la esencia del Poder Judicial decidir colisiones efectivas de derechos y resulta ajeno a su función el hacer declaraciones generales o abstractas (en sentido concordante Fallos: 2:253; 24:248; 193:524; 210:897; 215:343 y muchos otros, y esta Sala en sentido análogo in re: 20189/2024 “Viterra Argentina SA (TF 25602071-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 03/04/2025; N° 3264/2025 “Viterra Argentina SA (TF 25616625-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo” del 26/06/2025; y N° 3280/2025 “Viterra Argentina SA (TF 25637897-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo” del 01/07/2025, entre otras.
VI. Que, por lo demás, habida cuenta de la conclusión alcanzada respecto de la cuestión de fondo y los fundamentos arriba expresados, corresponde desestimar el agravio de la demandada, confirmar lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación sobre el punto, e imponer las costas de esta instancia también por su orden (art. 68, segundo párrafo del CPCCN).
Por lo expuesto el Tribunal RESUELVE: 1) Rechazar los recursos de apelación de ambas partes y confirmar por los fundamentos aquí desarrollados, el decisorio del Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto confirmó la Resolución N° 135/2023 (AD SALO), dictada por el Jefe de Departamento de la Aduana de San Lorenzo; 2) Imponer las costas de esta Alzada en el orden causado (arts. 68, segunda parte, del CPCCN).
Se deja constancia de que la Vocalía N° 15 de esta Sala se encuentra vacante (art. 109 RJN).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Guillermo F. TREACY Pablo GALLEGOS FEDRIANI
Fin de la sentencia