Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 25605547-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, dejar sin efecto la sentencia apelada, declarar la inconstitucionalidad —en el caso— del Decreto N° 1719/2012 y, consecuentemente, admitir la acción de repetición seguida por la nombrada firma, en los términos y con los alcances resultantes de los Considerandos V, VI y VII, y
2Disponer que la totalidad de las costas generadas por estas actuaciones, tanto en lo concerniente a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional (arts. 68, 1º parte y 279 del CPCCN).
CAF 46146/2025 VITERRA ARGENTINA SA (TF 28224327-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 14 de abril de 2026.- VS VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 04/06/2025, la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución 133/2023 (AD SALO) de la Aduana de San Lorenzo dictada en el expediente administrativo SIGEA 17134- 2440-2019, en cuanto rechazara la repetición de los derechos de exportación abonados por la actora OLEAGINOSA MORENO HNOS. SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA Y AGROPECUARIA (actualmente VITERRA ARGENTINA S.A.) al momento de documentar la exportación a consumo 15057EC03000581N, con costas (art. 1163 del C.A.).
Para así resolver, sostuvo que, las cuestiones planteadas en el sub examine eran sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario del 26/04/2022 dictado por ese Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación” (EX-2020-24600163- - APN-SGASAD#TFN), en la cual por mayoría los Vocales acordaron fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero.” En función de ello desestimó el planteo respecto del decreto 1719/2012.
En tales condiciones, consideró que debía rechazarse la pretensión de devolución de los derechos de exportación abonados en relación a la destinación nro. 15057EC03000581N.
Por último, estimó que las costas debían imponerse a la actora vencida de conformidad a lo dispuesto en el art.1163 del C.A. (v. págs. 366/374 del DEO 21174877 -Tribunal Fiscal de la Nación, incorporado con fecha 03/12/2025).
II. Que, disconforme con lo resuelto, la parte actora interpuso recurso de apelación con fecha 04/08/2025, fundándolo el 25/08/2025 (ver fs. 377 y 383/406, respectivamente, de las actuaciones ante el Tribunal Fiscal de la Nación).
Corrido el pertinente traslado, el Fisco Nacional contestó el 24/09/2025 (ver fs. 432/457 del DEO 21174877 -Tribunal Fiscal de la Nación-, incorporado con fecha 03/12/2025).
Con fecha 10/02/2026 emitió su dictamen el señor Fiscal General.
III. Apelación de la firma actora:
En primer lugar, luego de referir los antecedentes del caso, la exportadora, cuestionó la aplicación de la solución plenaria adoptada por el Tribunal Fiscal de la Nación en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA”. Sostuvo que el Decreto 1719/2012 es nulo de nulidad absoluta e insanable, por haber sido dictado por el Poder Ejecutivo sin una delegación legislativa válida. Afirmó que el art. 755 del Código Aduanero no constituye norma delegante suficiente conforme el art. 76 de la Constitución Nacional, de acuerdo a la doctrina de la Corte Suprema en “Camaronera Patagónica”. Así, entendió que la única alícuota legalmente vigente para el biodiesel era la del 5% fijada por el Decreto 509/2007, debiendo restituirse la diferencia abonada en exceso, ello por ser la última alícuota con ratificación legislativa.
Citó jurisprudencia a modo de respaldo de sus argumentos.
Resaltó que el principio de legalidad tributaria exige que tanto la creación como la modificación de los elementos esenciales de un tributo —incluida la alícuota— sean dispuestos por el Congreso. Agregó que las facultades reglamentarias del art. 99 incs. 1° y 2° CN no autorizan al Poder Ejecutivo a fijar tributos, y que tampoco puede alegarse un “reconocimiento” legislativo posterior como convalidación retroactiva.
Criticó que el Tribunal Fiscal se haya limitado a reproducir la doctrina plenaria que, a su juicio, se aparta de “Camaronera Patagónica”, validando la utilización de normas constitucionales que refieren a la potestad exclusiva del Congreso de la Nación para crear o modificar tributos; normas que instauran el principio de reserva de ley o legalidad en materia tributaria que, según comprende, ha sido vulnerado a través de la emisión del decreto 1719/2012.
Respecto de los intereses, únicamente señaló que “en función de la forma en la que resolvió la cuestión de fondo, el tribunal a quo no se expidió acerca de la actualización del capital reclamado. En efecto, le solicito a V.E. que, al revocar la Sentencia, reconozca su actualización, o -en su defecto- solicito que ordene la devolución del capital reconociendo una tasa de interés que esté en línea con los índices de inflación que se registren en nuestro país, la cual actualmente se encuentra provista por la tasa de interés de las operaciones de pase activas para el BCRA o en su defecto, la aplicación de una tasa de interés que, en el contexto inflacionario actual, no sea negativa, debido a los altos niveles de inflación”.
En función de lo expuesto, consideró que correspondía admitir su pedido de repetición, con más los intereses resarcitorios correspondientes; por ende, solicitó que se revocara el pronunciamiento dictado por el Tribunal Fiscal de la Nación.
IV. Que, en primer lugar, cuadra advertir que no se encuentra controvertido en autos que, para concretar la exportación documentada el 11/06/2015 mediante el permiso de embarque objeto de autos, la firma actora efectuó el pago de la suma de $391.223,54 en concepto de derechos de exportación, de conformidad con lo establecido por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1719/2012 (B.O. 20/09/2012), que para la fecha de la operación — conforme lo informado por la administración— fijó un derecho de exportación del 26,16% (conf. cálculo automático de SIM) aplicable al biodiesel (P.A. 3826.00.00).
V. Que puesto ello de relieve, en el sub examine la firma actora reclama el reintegro de los derechos de exportación que —según sostiene— fueron indebidamente liquidados en exceso por aplicación de la alícuota indicada fijada en virtud del Decreto N° 1719/2012, cuya validez constitucional cuestiona, por entender que dicho decreto carecía de una delegación legislativa válida para establecer tributos.
En tales condiciones, la cuestión a resolver en estos actuados resulta sustancialmente análoga a la examinada por esta Sala en la causa “Oleaginosa Moreno Hermanos SA (TF 44871288-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, expte. N° 46.955/2023, sentencia del 22/3/2024 (ver específicamente Considerandos V a XI), a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad. El texto íntegro del pronunciamiento puede ser consultado en la página de la CSJN, en el link “Causas en Trámite - Consulta de Expedientes” (www.csjn.gov.ar).
En esa oportunidad este Tribunal, aplicando el precedente “Camaronera Patagónica”, resolvió que el Poder Ejecutivo carecía de facultades para fijar derechos de exportación como lo hiciera en el caso, pues el artículo 755 del Código Aduanero no constituye una norma delegante válida en ausencia de una ley del Congreso que establezca los elementos esenciales del tributo. Se especificó que el aspecto cuantitativo de los derechos de exportación establecidos por el decreto 1719/2012 respondió de manera exclusiva a su decisión discrecional, sin contar con el imprescindible respaldo de una “clara política legislativa”, que fijara la totalidad de los aspectos cuantitativos del impuesto, materia reservada, exclusiva y excluyentemente al Congreso de la Nación. Por lo que, en definitiva, corresponde dejar sin efecto la sentencia apelada, declarar la inconstitucionalidad —en el caso— del Decreto Nº 1719/2012 y, consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados en exceso, al oficializar el despacho de exportación denunciado (11/06/2015), cuyo pago —por lo demás— no fue desconocido en autos por la demandada (en el mismo sentido Sala IV del Fuero en autos 41.274/2023 “Molinos Río de la Plata SA (TF 39.038-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 8/8/2023).
VI. Que, sentado lo anterior, en lo atinente a la moneda en que habrá de cancelarse la obligación, en atención a los claros y precisos términos del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("Cencosud SA - TF 29.535-A c/DGA", del 15/05/2014), cabe remitir –en lo que pertinente–, a lo decidido por este Tribunal en la causa “Molfino Hermanos S.A. (TF 32275313-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, expte. N° 13.598/2025, sentencia del 4/07/2025 (ver específicamente Considerando XII), entre otros.
VII. Que, definida la moneda de pago, en orden al alcance de la condena, la cuestión a resolver en estos actuados resulta sustancialmente análoga a la examinada por esta Sala en la causa 20.372/2024 caratulada “Viterra Argentina SA (TF 2299742-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 30/12/2024 (considerando XVII), a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad.
Así las cosas, y con relación al planteo de inconstitucionalidad de la resolución n° 314/04, corresponde remitirse a lo resuelto por este Tribunal en la causa nro. 3.596/2025 caratulada “Viterra Argentina SA (TF 60904132-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo” del 20/05/2025, (considerando XIV), cuyos fundamentos resultan íntegramente aplicables al presente, en tanto se declaró la inconstitucionalidad de la resolución MECON nro. 314/04 por resultar irrazonable y lesiva para el patrimonio del contribuyente.
En dicho precedente –en lo sustancial– se estableció que, frente a la desproporción generada por la diferencia entre los intereses fijados a favor del Fisco y los previstos para los contribuyentes, correspondía aplicar la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina (Comunicado N° 14.290) desde la fecha de la solicitud de repetición hasta el 1/08/2019 y, a partir de entonces, se aplicará hasta el efectivo pago, la tasa prevista en la Resolución Nº 598/2019.
De ese modo, se declara la inconstitucionalidad de la tasa establecida en el art. 3° de la resolución ME nº 314/2004 –actualizada por la resol. ME nº 841/2010– aplicable en los casos de devolución, reintegro o compensación de tributos, correspondiendo disponer en este caso, la aplicación de la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina (Comunicado Nº 14.290), que regirá desde la fecha de la solicitud de repetición hasta el 1/08/2019 y, a partir de entonces, se aplicará hasta el efectivo pago, la tasa prevista en la Resolución Nº 598/2019 (ver esta Sala, in re, expte.: 25. 216/2023, “Oleaginosa Moreno Hermanos SA (TF 36646-A) c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, sent. del 14/07/2023 y expte. n° 44.036/2023, “Molinos Río de la Plata SA (TF 92681777-A) c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, sent. del 5/04/2024, entre otros). Asimismo, se deja aclarado que a partir del 1/9/2022, los intereses correrán conforme la tasa prevista en los artículos 4° y 6° de la resolución del Ministerio de Economía 559/2022; a partir del 1/02/2024, conforme la tasa prevista en los artículos 4° y 6° de la resolución del Ministerio de Economía 3/2024; a partir del 1/03/2025 por el art. 3° de la resolución 199/2025; y a partir del 1/07/2025, por el art. 3° de la resolución 823/2025, todas del Ministerio de Economía; y en su caso, por las normas que los modifiquen.
VIII. Que, finalmente, en atención al modo en que se decide, y al no advertirse razones suficientes para apartarse del principio general rector en la materia, corresponde que las costas vinculadas tanto a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional, vencido (conf. artículos 68, primera parte, y 279, ambos del CPCCN y artículo 1163 del Código Aduanero).
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1º) hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, dejar sin efecto la sentencia apelada, declarar la inconstitucionalidad —en el caso— del Decreto N° 1719/2012 y, consecuentemente, admitir la acción de repetición seguida por la nombrada firma, en los términos y con los alcances resultantes de los Considerandos V, VI y VII, y 2º) disponer que la totalidad de las costas generadas por estas actuaciones, tanto en lo concerniente a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional (arts. 68, 1º parte y 279 del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia