Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 25607977-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar los agravios de la parte actora y admitir los agravios de la parte demandada y 2. Imponer las costas de ambas instancias a la parte actora.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
7516/2025 VITERRA ARGENTINA SA (TF 25607977-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En Buenos Aires, a los 9 días del mes octubre de del año 2025, reunida en acuerdo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para dictar sentencia en los autos “Viterra Argentina S.A. (TF 25607977-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, El juez Rodolfo Eduardo Facio dijo:
I. La firma actora interpuso recurso de apelación contra la resolución n° 134/2023, emitida en las actuaciones SIGEA 17134-2435-2019, mediante la cual la Aduana de San Lorenzo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Dirección General de Aduanas, rechazó el reclamo de repetición por la suma de $291.172,43, abonada en concepto de derechos de exportación, correspondiente al permiso de embarque n° 15057EC01007940R.
Sostuvo que se vio obligada a tributar a la alícuota del 20%, establecida en la resolución n° 126/2008, que —dijo— resulta nula, de nulidad absoluta e insanable (artículo 99, inciso 3°, de la Constitución Nacional), en razón de que fue emitida por el Ministerio de Economía sobre la base del artículo 755 del Código Aduanero, que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente “Camaronera Patagónica” (Fallos: 337:388), “resulta jurídicamente insuficiente para justificar la modificación” de uno de los elementos esenciales de los tributos.
Y afirmó que, por ese motivo, correspondía la aplicación de la alícuota nominal del 5% establecida en el decreto 509/2007.
II. El Tribunal Fiscal de la Nación confirmó —con distribución de las costas por su orden— la resolución n° 134/2023.
Sostuvo que es aplicable el acuerdo plenario del 26 de abril de 2022 dictado por ese tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA ”, en la que se acordó la siguiente doctrina legal:
“ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”. Sin perjuicio de ello, el Vocal preopinante señaló que de la resolución apelada surge que los derechos de exportación fueron liquidados en base a la alícuota fijada por el decreto 1719/2012. No obstante lo cual, en razón de los argumentos expuestos en su voto y por el modo en que se resuelve la cuestión, “tal circunstancia no afecta lo decidido.”
III. Ambas partes interpusieron sendos recursos de apelación.
IV. Los agravios que ofreció la parte demandada, que fueron contestados, se circunscribieron a la distribución de las costas dispuesta en el pronunciamiento apelado.
V. Las quejas de la parte actora, que no merecieron réplica, pueden sintetizarse en los siguientes puntos:
(i) No es aplicable la doctrina plenaria invocada.
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7516/2025 VITERRA ARGENTINA SA (TF 25607977-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO (ii) El pronunciamiento apelado se apartó de los lineamientos trazados por la Corte Suprema en la causa “Camaronera Patagónica”. (iii) La resolución n° 126/2008, que fue aplicada en el momento de registrarse la operación de exportación aquí involucrada, es inconstitucional por haber sido emitida por el Poder Ejecutivo Nacional en abierta contradicción al principio de legalidad y no contar con una posterior ratificación legislativa.
(iv) La tasa de interés prevista en la resolución nº 559/2022 del Ministerio de Hacienda es irrazonable.
VI. En primer término, corresponde examinar los agravios formulados por la parte actora.
Con esa finalidad, cabe reseñar las circunstancias más relevantes de la causa:
(i) La parte actora planteó un reclamo de repetición por la diferencia entre los derechos de exportación efectivamente abonados, correspondiente al permiso de embarque 15057EC01007940R; calculados a la tasa nominal del 10,86%, fijada con apoyo en el régimen establecido en el decreto 1719/2012, “y el menor importe que le hubiere correspondido abonar si el tributo se hubiese estimado en base a la última norma que fijó válidamente los derechos de exportación aplicables al biodiesel (esto es, la alícuota nominal del 5% fijada por el Decreto 509/2007)”.
(ii) En la resolución n° 134/2023, la Aduana de San Lorenzo señaló que los derechos de exportación impugnados fueron abonados de conformidad con el régimen previsto en el decreto 1719/2012, vigente en el momento de perfeccionamiento del hecho imponible, y que no es de su competencia emitir un pronunciamiento con relación a la validez constitucional de las normas impugnadas por la firma actora.
(iii) En el recurso interpuesto ante el Tribunal Fiscal de la Nación la parte actora modificó su pretensión y requirió la repetición de la diferencia abonada entre: “(i) los derechos de exportación efectivamente abonados (calculados en base a la alícuota inconstitucional del 20% fijada por la Res. 126/08); y (ii) el menor importe que le hubiese correspondido abonar si el tributo se hubiese estimado en base a la última norma que fijó válidamente los derechos de exportación aplicables al biodiesel (esto es, la alícuota nominal del 5% fijada por el Decreto 509/2007)”.
(iv) Ese cambio de enfoque defensivo fue expresamente advertido por el vocal preopinante en el pronunciamiento recurrido.
(v) La parte actora insistió en su memorial en que debe hacerse lugar a la repetición intentada, con fundamento en la inconstitucionalidad de la resolución n° 126/2008 del Ministerio de Economía.
VII. En ese contexto fáctico, corresponde desestimar los agravios de la parte actora en tanto se limitó a cuestionar la constitucionalidad de la resolución n° 126/2008, toda vez que “el sustento tributario cuya repetición aquí se intenta, no se fundó en esa norma, sino en una posterior (dec. 1719/12) que no fue específicamente atacada por la exportadora en sus agravios” (causa n° 16.626/2024, “Viterra Argentina SA (TF 25142270-A), c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 22 de abril de 2025, y su cita).
VIII. Las costas de ambas instancias deben ser soportadas por la parte actora, ya que no se advierte ningún motivo para apartarse del principio objetivo de la derrota, previsto en el artículo 68, párrafo primero, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Consecuentemente, debe admitirse los agravios de la parte demandada.
En mérito de las razones expuestas, propongo al acuerdo: 1.
Desestimar los agravios de la parte actora y admitir los agravios de la parte demandada y 2. Imponer las costas de ambas instancias a la parte actora.
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7516/2025 VITERRA ARGENTINA SA (TF 25607977-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO La jueza Liliana María Heiland adhiere al voto precedente.
En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: 1. Desestimar los agravios de la parte actora y admitir los agravios de la parte demandada y 2. Imponer las costas de ambas instancias a la parte actora.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Se hace constar que suscriben la presente decisión dos integrantes de la sala por hallarse vacante el tercer cargo (art. 109 del R.J.N.).
Fin de la sentencia