Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 25616625-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar los recursos de apelación de ambas partes y confirmar por los fundamentos aquí desarrollados, el decisorio del Tribunal Fiscal de la Nación del día 21/12/2023, en cuanto confirmó la Resolución N° 169/2023 (AD SALO), dictada por el Jefe del Departamento de la Aduana de San Lorenzo en el marco de la actuación SIGEA N° 17134-1759-2017;
2Imponer las costas de esta Alzada en el orden causado (arts. 68, segunda parte, del CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
VITERRA ARGENTINA SA (TF 25616625-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de junio de 2025.-
VISTOS Y
El Sr. Juez de Cámara, Doctor Pablo Gallegos Fedriani dijo:
I.-Que mediante decisión del 21 de diciembre de 2023, el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó –con costas por su orden– la Resolución N° 169/2023 (AD SALO), dictada por el Jefe del Departamento de la Aduana de San Lorenzo en el marco de la actuación SIGEA N° 17134-1759-2017. En dicha resolución, la Administración rechazó la solicitud de la parte actora de devolución de $630.817,78 abonados en concepto de derechos de exportación correspondientes al Permiso de Embarque de biodiesel N° 12057 EC03 000777 R.
Para así decidir, el Tribunal Fiscal de la Nación sostuvo que el caso se encuadraba dentro de los lineamientos fijados en el Acuerdo Plenario del 26 de abril de 2022 en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.”, donde se estableció que el Tribunal no tiene competencia para declarar la inconstitucionalidad de normas y que el Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación conforme al artículo 755 del Código Aduanero. Además, destacó que la Resolución MEyP N° 126/08 y sus modificaciones, que elevaron la alícuota de exportación del biodiesel del 5% al 20%, fueron dictadas dentro del marco normativo vigente. En consecuencia, la Sala “G” consideró que la recurrente no tenía derecho a la repetición de los tributos abonados, ya que el Decreto 1719/12 estaba vigente al momento de la oficialización del permiso de embarque.
II.-Que contra dicho pronunciamiento, con fecha 29 de diciembre de 2023, la parte actora interpuso recurso de apelación y expuso sus agravios el 19 de febrero de 2024, sin que estos fueran objeto de réplica por la contraparte.
Por otro lado, con fecha 11 de marzo de 2024, la parte demandada también interpuso recurso de apelación y presentó sus agravios el 4 de abril de 2024, los cuales fueron respondidos por su contraria el 17 de diciembre de 2024.
Elevada la causa a este Tribunal, el 7 de marzo de 2025 se expidió el Fiscal General y, acto seguido, el 18 de marzo de 2025 se llamaron autos para sentencia.
III.-Que la actora se agravia al considerar la Resolución MEyP N° 126/08 nula de nulidad absoluta e insalvable, al no tener sustento en una norma legal dictada por el Congreso. Argumentó que dicha resolución violó el principio de legalidad tributaria y el de reserva de ley, ya que modificó un elemento esencial del tributo sin una base normativa válida, contrariando lo dispuesto en los artículos 1, 29, 4, 17, 52, 75 inciso 1, 76 y 99 inciso 3 de la Constitución Nacional. Asimismo, sostuvo que el Tribunal Fiscal erró al desestimar su reclamo con base en el Plenario “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.”, ya que dicho precedente se aparta de la doctrina de la Corte Suprema establecida en el fallo “Camaronera Patagónica”, según el cual los derechos de exportación deben ser establecidos por ley formal y no pueden ser creados ni modificados por normas infralegales sin ratificación legislativa.
En este sentido, alegó que la Resolución 126/08 nunca fue ratificada por el Congreso antes de la oficialización del Permiso de Embarque, lo que la torna inaplicable y genera un derecho a la repetición de la diferencia abonada. En subsidio, manifestó que, aun cuando se admitiera una delegación legislativa, la norma delegante debería haber fijado parámetros claros para la determinación de la alícuota, lo que no ocurrió en el caso del artículo 755 del Código Aduanero, cuya validez constitucional también cuestionó. Finalmente, sostuvo que la falta de reconocimiento del derecho a la repetición genera una exacción ilegal y vulnera el derecho de propiedad, solicitando que, en caso de hacerse lugar a su pretensión, se actualice el monto reclamado conforme índices de inflación o, en su defecto, se aplique una tasa de interés acorde a la realidad económica vigente, que no implique un perjuicio adicional para la actora.
III.1.-Por su parte, la demandada limita su agravio exclusivamente a la imposición de costas por su orden. Argumentó que la sentencia debía haber aplicado el principio general en materia de costas, según el cual estas deben ser soportadas por la parte vencida en el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V litigio. Señaló que la complejidad del caso y la aplicación del precedente plenario "Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A." no constituían fundamentos suficientes para apartarse de dicha regla, ya que la actora decidió litigar pese a que el Tribunal Fiscal carece de competencia para declarar la inconstitucionalidad de normas tributarias o aduaneras, conforme el artículo 1164 del Código Aduanero.
Además, destacó que el rechazo del planteo de repetición era previsible y que la actora persistió en su reclamo aún cuando existía un fallo plenario que resolvía la cuestión en su contra, por lo que no cabía apartarse del criterio de imposición de costas a la vencida. Finalmente, citó doctrina y jurisprudencia para reforzar su postura y enfatizó que la eximición de costas solo podría justificarse si la actora hubiera desistido del proceso al tomar conocimiento del cambio jurisprudencial, lo que en el caso no ocurrió. En virtud de ello, solicitó la revocación de la sentencia en lo referido a la distribución de costas y que estas fueran íntegramente impuestas a la parte actora.
IV.-Que cabe destacar que el Sr. Fiscal consideró que resultaba inoficioso emitir pronunciamiento respecto de la constitucionalidad de la Resolución N° 126/2008 del Ministerio de Economía y Producción, por cuanto la liquidación del tributo cuestionado se efectuó sobre la base de la normativa vigente al momento del hecho imponible, a saber, el Decreto N° 100/2012, cuya validez no fue impugnada de modo específico por la actora. En efecto, el Fiscal señaló que, si bien la recurrente fundó su pretensión de repetición en la alegada inconstitucionalidad de la citada Resolución N° 126/2008, lo cierto es que la alícuota aplicada obedeció a una disposición posterior –no controvertida– que mantenía el gravamen en un 20% sobre la exportación de biodiesel. En consecuencia, también se estimó inoficioso el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad referido a la normativa sobre intereses, toda vez que la cuestión principal carecía de sustento fáctico y jurídico para su procedencia, solicitando, en definitiva, ser notificado del pronunciamiento definitivo.
V.-Que, por razones de brevedad y con fundamento en la adecuada exposición de los hechos y del derecho efectuada, corresponde adherir y hacer propios los sólidos argumentos vertidos en el dictamen fiscal, el cual constituye suficiente sustento para la decisión que aquí se adopta. En efecto, tal como correctamente lo expone el Sr. Fiscal General, la solución propuesta se funda en que, al momento de oficializarse el Permiso de Embarque objeto de autos –esto es, el día 19 de abril de 2012, conforme surge de las páginas 272/282 del expediente incorporado mediante DEO N° 17417657–, se hallaba vigente el Decreto N° 100/2012, norma que establecía una alícuota del 20% para los derechos de exportación aplicables al biodiesel (PA 3826.00.00). Por consiguiente, resulta innecesario expedirse sobre la constitucionalidad de la Resolución N° 126/2008, cuya validez fue cuestionada por la parte actora, por cuanto dicha disposición no fue la base normativa utilizada para la determinación del tributo en cuestión. La vigencia del citado decreto torna, pues, inoficioso el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad formulado.
V.1. En virtud de lo expuesto, corresponde señalar que un pronunciamiento por parte de este Tribunal sobre la legalidad del acto cuya impugnación carece de relevancia concreta resultaría impropio y ajeno a las funciones que constitucionalmente competen al Poder Judicial (conf. causa n° 20189/2024, “Viterra Argentina SA (TF 25602071-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 3 de abril de 2025). Ello así, por cuanto es principio reiteradamente sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que incumbe a los jueces decidir conflictos jurídicos efectivos, resultando ajeno a su potestad emitir declaraciones meramente abstractas o de carácter general (Fallos: 2:253; 24:248; 193:524; 210:897; 215:343, entre otros).
VI.-Que en cuanto a los agravios de la demandada respecto de la forma en que fueron impuestas las costas, habida cuenta de la conclusión alcanzada respecto de la cuestión de fondo y los fundamentos arriba expresados, corresponde desestimar tal agravio, confirmar lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación sobre el punto, e imponer las costas de esta instancia también por su orden (art. 68, segundo párrafo del CPCCN).
VII.-Que por lo antes expuesto, corresponde: 1)
Rechazar los recursos de apelación de ambas partes y confirmar por los fundamentos aquí desarrollados, el decisorio del Tribunal Fiscal de la Nación del día 21/12/2023, en cuanto confirmó la Resolución N° 169/2023 (AD SALO), dictada por el Jefe del Departamento de la Aduana de San Lorenzo en el marco de la actuación SIGEA N° 17134-1759-2017; 2) Imponer las costas de esta Alzada en el orden causado (arts. 68, segunda parte, del CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V ASI VOTO.-
Los Sres. Jueces de Cámara, Dr. Jorge Alemany y Dr. Guillermo F. Treacy, adhieren al voto que antecede.- En atención al resultado del Acuerdo que antecede, SE
1. Rechazar los recursos de apelación de ambas partes y confirmar por los fundamentos aquí desarrollados, el decisorio del Tribunal Fiscal de la Nación del día 21/12/2023, en cuanto confirmó la Resolución N° 169/2023 (AD SALO), dictada por el Jefe del Departamento de la Aduana de San Lorenzo en el marco de la actuación SIGEA N° 17134-1759-2017; 2) Imponer las costas de esta Alzada en el orden causado (arts. 68, segunda parte, del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
Pablo Gallegos Fedriani Guillermo F. Treacy Jorge Alemany
Fin de la sentencia