Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 25637897-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar los recursos de apelación de ambas partes y confirmar por los fundamentos aquí desarrollados, el decisorio del Tribunal Fiscal de la Nación del día 29/02/2024, en cuanto confirmó la Resolución N°167/2023 (AD SALO), dictada por el Jefe de Departamento de la Aduana de San Lorenzo (DI RAHI), en las actuaciones SIGEA Nro. 17134-1820-2017;
2Imponer las costas de esta Alzada en el orden causado (arts. 68, segunda parte, del CPCCN).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. Nº 3.280/2025 VITERRA ARGENTINA SA (TF 25637897-A)
c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de junio de 2025.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que el 29 de febrero de 2024 la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación rechazó el recurso interpuesto por la firma actora y confirmó la Resolución N°167/2023 (AD SALO), dictada por el Jefe de Departamento de la Aduana de San Lorenzo (DI RAHI), en las actuaciones SIGEA Nro. 17134-1820-2017 (v. páginas 353/6 del DEO: 17417643, que contiene las actuaciones ante el TFN). En esos actos se habían rechazado el reclamo de repetición por la suma de $121.868,05 en concepto de derechos de exportación presuntamente abonados en demasía, correspondientes a los permisos de embarque N° 12 057 EC 01 006927 S. El Tribunal impuso las costas por su orden en razón de haber resuelto con base en un plenario y por la complejidad del asunto. Para decidir como lo hizo el a quo explicó que las cuestiones planteadas en la causa resultaban sustancialmente análogas a las consideradas en el acuerdo plenario del 26/04/2022 dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación” (EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN), a cuyos fundamentos y conclusiones remitió.
Señaló que en el marco de aquél, la mayoría de los Vocales habían fijado la siguiente doctrina legal “ARTÍCULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante un planteo efectuado por un recurrente. ARTÍCULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTÍCULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto en el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”. Alta en sistema: 02/07/2025 Concluyó, entonces, que debía rechazarse pedido de repetición de los derechos de exportación liquidados y pagados en relación con la destinación Nro. 12057EC01006927S en virtud de lo dispuesto en la Resolución N° 126/08.
II. Que la parte actora recurrió la resolución reseñada en el primer considerando y expresó sus agravios el 7/11/2024 (v. p. 394/439 del DEO), los cuales fueron replicados por la parte contraria el 26/12/2024 (v. p. 457/500 del DEO).
La accionante afirma en su crítica que el derecho de exportación cuya restitución pretende fue ilegítimamente establecido por el Poder Ejecutivo Nacional mediante la referida Resolución N° 126/08, en contraposición con el principio de reserva de ley en materia tributaria. Señala que la norma delegante contenida en el artículo 755 del Código Aduanero, no cumple los recaudos constitucionales exigidos para el ejercicio de esa facultad (arg. art. 76, CN). Señala, además, que en cualquier caso la fijación de tributos mediante actos del Poder Ejecutivo –aún mediante reglamentos delegados- comporta una violación del principio de reserva de ley, inquebrantable en materia tributaria (arg. arts. 4, 17, 52, 75, inc. 1, CN) y, en consecuencia, una transgresión del orden de prelación normativo consagrado por el constituyente.
Adicionalmente pone de resalto que no se han cumplido los recaudos exigidos por la Ley N° 22.792 para la subdelegación. Entiende que, en el caso del biodiesel, la última alícuota con ratificación legislativa es la nominal del 5% establecida por Decreto N° 509/2007 y reclama, por eso, la diferencia con la alícuota del 20% fijada en la Resolución N° 126/08.
Afirma que la decisión del a quo se aparta de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
En último término, cuestiona la tasa de interés aplicable.
En particular, cuestiona la fijada con la Resolución ME n° 559/22 y solicita que se la reemplace por la tasa de interés de las operaciones de pase activas para el BCRA.
III. Que también la parte demandada recurrió la resolución reseñada en el primer considerando y expresó agravios el 17/10/2024 (p. 371/7 del DEO), los cuales fueron replicados por la actora el 11/11/2024 (v. p. 445/9)
Alta en sistema: 02/07/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V El Fisco cuestiona la distribución de costas de la instancia previa.
IV. Que a fs. 22/5 tomó intervención el Sr. Fiscal General.
En lo relativo a los agravios de la actora indicó que “[…] si bien la accionante solicitó la repetición de la diferencia entre lo abonado por aplicación de la Resolución N° 126/2008 (alícuota del 20%), al considerar que esa norma resulta inconstitucional por carecer de ratificación legislativa, y la establecida en el Decreto N° 509/2007 (5%), lo cierto es que, a la fecha en que se oficializó el Permiso de Embarque en debate (el día 02/08/2012 v. páginas 151/155)—, se encontraba vigente el Decreto N° 100/2012, sobre la base del cual los derechos de exportación se liquidaron a la alícuota allí establecida”.
En consecuencia, consideró inoficioso pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Resolución N° 126/2008 “[…] dado que el tributo no fue aplicado teniendo en cuenta esa norma, sino una posterior que no se encuentra cuestionada de forma específica por la contribuyente”.
V. Que la fecha de oficialización (2/08/2012) del permiso de embarque involucrado (v. p. 154/5 del DEO que contiene las actuaciones ante el TFN) da cuenta de que los derechos cuya repetición se intenta fueron abonados como consecuencia de lo dispuesto en el Decreto N° 100/2012 (conf. art. 7º), vigente a partir del 1/2/2012 (conf. art. 16 y BO del 31/01/2012). Los mismo surge -aunque con un esfuerzo interpretativo mayor- de la Nota N° 346/22 obrante en la página 212 del DEO.
Sin embargo, tal como puso de relieve el dictamen fiscal, la argumentación de la actora gira en torno al cuestionamiento de la constitucionalidad de la Resolución N° 126/2008 y los derechos de exportación instituidos en ella.
En consecuencia, el pronunciamiento del tribunal sobre la legalidad de este último acto resultaría inadecuado (causa n° 20189/2024 “Viterra Argentina SA (TF 25602071-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 3/04/2025) en tanto, como es sabido, es de la esencia del Poder Judicial decidir colisiones efectivas de derechos y resulta ajeno a su función el hacer declaraciones generales o abstractas (Fallos: 2:253; 24:248; 193:524; 210:897; 215:343 y muchos otros).
Alta en sistema: 02/07/2025 VI.- Que, por lo demás, habida cuenta de la conclusión alcanzada respecto de la cuestión de fondo y los fundamentos arriba expresados, corresponde desestimar el agravio de la demandada, confirmar lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación sobre el punto, e imponer las costas de esta instancia también por su orden (art. 68, segundo párrafo del CPCCN).
Por lo expuesto el tribunal RESUELVE: 1) Rechazar los recursos de apelación de ambas partes y confirmar por los fundamentos aquí desarrollados, el decisorio del Tribunal Fiscal de la Nación del día 29/02/2024, en cuanto confirmó la Resolución N°167/2023 (AD SALO), dictada por el Jefe de Departamento de la Aduana de San Lorenzo (DI RAHI), en las actuaciones SIGEA Nro. 17134-1820-2017; 2) Imponer las costas de esta Alzada en el orden causado (arts. 68, segunda parte, del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Guillermo F. TREACY Jorge Federico ALEMANY Pablo GALLEGOS FEDRIANI Alta en sistema: 02/07/2025
Fin de la sentencia