Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 25645280-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
16275/2024 VITERRA ARGNETINA SA (TF 25645280-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, noviembre de 2024.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Que, el 5/2/24, el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución AD SALO 148/23, recaída en la actuación 17134-1841-2017, en cuanto denegó la devolución de la diferencia de derechos de exportación que la actora había reclamado con sustento en la invalidez constitucional de la resolución SH 126/08 y con relación al permiso de embarque 12057EC01009429S.
Para resolver como lo hizo, consideró que la cuestión planteada era similar a la que se había resuelto en el acuerdo plenario dictado el 26/4/22 en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020- 24600163-APNSGASAD#TFN), donde se fijó como doctrina legal que: a) el Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, en un caso concreto y ante un planteo efectuado por un recurrente; b) el Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el artículo 755 del Código Aduanero; c) no corresponde declarar la invalidez del decreto 793/18 respecto de destinaciones de exportación registradas a partir de su entrada en vigencia (4/9/18) y hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467 (4/12/18).
Sobre esa base, se abstuvo de pronunciarse sobre la constitucionalidad de la citada resolución SH 126/08 y rechazó la repetición.
Por último, distribuyó las costas por su orden porque el fallo plenario sobre la base del cual se resolvía era posterior al inicio de la acción (v. pp. 296-298 de la versión digital del expte. TF 25645280-A) c/ DGA, remitida con el oficio del 8/10/24).
2. Que el Fisco Nacional interpuso y fundó apelación el 21/3/24, que se concedió el 25/3/24 y fue replicada el 29/4/24 (v. pp. 305-308, 314 y 368-372, expte. cit.).
En síntesis, sostuvo que no concurrían motivos suficientes para apartarse del principio general de la derrota en materia de costas.
3. Que, por su parte, la actora interpuso recurso de apelación el 21/3/24, que se concedió el 25/3/24, se fundó el 17/4/24 y fue replicado el 24/5/24 (v. pp. 309, 314, 316- 361 y 378-397, expte. cit.).
En sustancia, pidió que se revisase el criterio del tribunal de origen; que se declarase inconstitucional la resolución SH 126/08 por haber regulado un aspecto esencial de un tributo de modo incompatible con el principio de reserva de ley, tal como 1 fue entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388); y que se admitiese la devolución de la suma solicitada ($307.817,06), más intereses a la tasa pretendida (v. pp. 316-317, expte. cit.). Según señaló, a través del permiso de embarque 12057EC01009429S, oficializado el 2/11/12, había documentado la exportación de biodiesel (PA 3826.00.00) y abonado una alícuota de derechos del 20%”; la cual fue automáticamente liquidada por el SIM con sustento en la ya citada resolución SH 126/08. También mencionó que había promovido ante la Aduana de San Lorenzo el correspondiente reclamo de repetición por el importe que consideró indebidamente abonado, consistente en la diferencia entre la alícuota abonada (20%) y la que le hubiese correspondido abonar si el tributo se hubiese estimado en base al decreto 509/07 (5%) -que, a su entender, fue la última norma a través de la cual se habían establecido válidamente derechos de exportación para el biodiesel, toda vez que fue aprobada por resoluciones de ambas cámaras del Congreso Nacional- (v. esp. pp. 323-324, expte. cit.).
Finalmente, planteó inconstitucionalidad de la tasa de interés prevista en el artículo 4° de la resolución ME 559/22 porque, al mantenerse en un porcentaje fijo, no alcanzaba a cubrir la inflación y lesionaba su derecho de propiedad.
4. Que, el 30/10/24, dictaminó el Fiscal General sobre la competencia de la Sala, la admisibilidad del recurso y los planteos de inconstitucionalidad formulados por la actora.
A este último respecto, advirtió que “si bien la accionante solicitó la repetición de la diferencia entre lo abonado por aplicación de la Resolución N° 126/2008 (alícuota del 20%), al considerar que esa norma resulta inconstitucional por carecer de ratificación legislativa, y la establecida en el Decreto N° 509/2007 (5%), lo cierto es que, a la fecha en que se oficializó el Permiso de Embarque en debate —02/11/2012 (v. página 204 del DEO)—, se encontraba vigente el Decreto N° 1719/2012, sobre la base del cual los derechos de exportación se liquidaron conforme a las alícuotas móviles allí establecidas. Siendo ello así, entiendo que deviene inoficioso un pronunciamiento sobre la constitucionalidad de la Resolución N° 126/2008, dado que el tributo no fue aplicado teniendo en cuenta esa norma, sino una posterior que no se encuentra cuestionada de forma específica por la contribuyente” (punto 6 del dictamen).
5. Que, si bien es cierto que al interponer su recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación y expresar agravios ante esta Cámara la actora fundó su pretensión en la inconstitucionalidad de la resolución SH 126/08, conforme a la cual dijo haber abonado la diferencia de derechos de exportación cuya devolución solicita (v. esp. pp. 4-5 y 316- 318, expte. cit.), no es menos cierto que en el reclamo interpuesto en sede aduanera invocó la inconstitucionalidad del decreto 1719/12 (v. pp. 109-122, expte. cit.).
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16275/2024 VITERRA ARGNETINA SA (TF 25645280-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Concordemente, la resolución AD SALO 148/23 rechazó la repetición de la diferencia entre los derechos de exportación efectivamente abonados (calculados en base a la alícuota del 23.63% del citado decreto 1719/12) y el menor importe que le hubiese correspondido abonar a la actora conforme al decreto 509/07 (v. pp. 167-169, expte. cit.).
A su vez, en la página 151 de los antecedentes obra una certificación del importe en pesos efectivamente abonado por la actora en concepto de derechos de exportación, y en la página 253 se visualiza una copia del permiso de embarque involucrado en esta actuación (PE 12 057 EC01 9429S), a partir de la cual se corrobora que la actora documentó el 2/11/12 la exportación para consumo de biodiesel de la PA 3826.00.00.100L, y abonó una alícuota de derechos de exportación del 23,63%. Resta aclarar que el Fisco no planteó oposición al principio de congruencia al contestar el recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, ni al contestar agravios en esta instancia.
Teniendo en cuenta, entonces, los hechos y los términos en que se trabó la litis, corresponde examinar la validez constitucional del decreto 1719/12 a la luz del principio iura novit curia (doctr. Fallos: 337:179 y 347:178, entre otros); para luego determinar la procedencia de la repetición, con el alcance solicitado en la demanda -es decir, contemplando que la actora consintió una alícuota del 5% de derechos de exportación-.
6. Que la invalidez constitucional de derecho de exportación establecido por el decreto 1719/12 a la luz del precedente “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388) ya fue declarada por este Tribunal en la causa 41274/23 “Molinos Rio de la Plata SA (TF 39038-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 7/3/24, especialmente considerandos 6° y 7°; a cuyos términos cabe remitir para evitar reiteraciones.
7. Que, sobre esa base, corresponde admitir la repetición de la suma de $307.817,06 a fin de no arribar a un resultado económico más amplio que el pretendido por la empresa actora al confeccionar el formulario F4 (v. p. 70, expte cit.).
8. Que, en cuanto a la tasa de interés aplicable, se remite a lo dicho por esta Sala en la causa 63190/19 “Industrial and Commercial Bank of China c/ AFIP – DGI s/ DGI”, sentencia del 7/11/23 (esp. consid. 16), que conduce a rechazar el planteo de inconstitucionalidad del artículo 4º de la resolución ME 559/22. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
3 9°) Que, dado el modo en que se decide, las costas de ambas instancias se imponen al demandado vencido (arg. arts. 1163 y 1182 del CA; y arts. 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN); lo que, a su vez, torna insustancial tratar el recurso del Fisco. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
10. Que resta examinar la solicitud de diferimiento de pago de la tasa de justicia formulada por el demandado (v. escrito del 18/10/24).
Al respecto, el artículo 2° de la acordada 66/90 de la Corte federal establece que, cuando el Estado Nacional debe integrar dicho tributo antes de que quede firme la sentencia de condena, el pago podrá ser diferido para el año correspondiente al siguiente ejercicio financiero, a fin de que pueda ser previsto en el presupuesto respectivo. Tal postergación en el pago no excluye que este Tribunal cuente con los medios necesarios para el control de su cumplimiento.
En consecuencia, corresponde hacer lugar al pedido y diferir el pago de la tasa de justicia por la suma de $2.350 (v. proveído del 8/10/24, punto V); debiendo el apoderado fiscal acreditar, dentro de los 15 días, las medidas adoptadas por su superioridad para la inclusión del crédito en el presupuesto correspondiente. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
Regístrese, notifíquese ––a las partes y a la Fiscalía General–– y devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia